"La inclusión es construir democracia"

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"La inclusión es construir democracia"
La secretaria de Inclusión Social del Municipio de Quito, Margarita Carranco, analiza en esta entrevista el desmantelamiento de algunos programas sociales capitalinos en la administración de Augusto Barrera y pasa revista a su agenda sobre cómo reconstruir el tejido de la sociedad civil y las Ongs en Quito.
11 de Agosto del 2014
Redacción Plan V

Una fuente con agua, explica la secretaria de Inclusión del Municipio Metropolitano de Quito, Margarita Carranco, detecta las malas energías de las personas que ingresan a su despacho, en el tercer piso del Edificio Municipal ubicado en La Mariscal, al centro norte capitalino.

Desde las ventanas de Carranco se divisan los campanarios góticos de Santa Teresita y también la Plaza de los Presidentes, uno de los sitios más concurridos de ese barrio capitalino, centro de la bohemia y sede nocturna de la diversidad humana. 

El equipo de PLAN V, contra todo pronóstico de la propaganda oficial, pasa la prueba: no se forman burbujas en el agua que detecta las malas vibraciones. La secretaria se muestra satisfecha, y tras poner en su computador su música preferida, entra en materia.

¿Cuál será su aporte personal a la gestión municipal?
Como terapeuta que soy tengo una nueva mirada. Pienso que no debemos caer en la mirada punitiva, sino en buscar expertos de medicina alternativa, por ejemplo. Se busca por medio de leyes como el Código Penal mandar a la gente a la cárcel, lo cual es un instrumento equivocado para mejorar. Cuando nos ponemos a plantear cosas que mandar a la cárcel tres años a quien tiene una actitud homofóbica o racista, creo que no estamos solucionando el problema en su raíz. Nos parece una dimensión equivocada: hay que corregir esas cosas de otra manera. No digo que no se sancione un racismo o un acto de violencia sexual injustificable, pero sí pienso que se debe tener un enfoque más bien terapéutico, de atención a la víctima, al agresor, a los hijos, a todos quienes necesitan atención. Nuestro abordaje debe ser mirar a todos los actores de la violencia y lograr una sociedad de convivencia. Debemos ir a un abordaje holístico de todas estas problemáticas. Llegar a la causa y no al efecto. Por eso estamos dedicados a más cárceles y más patrullas.

¿Pero su visión no choca con ciertas minorías que reinvindican como logro precisamente la implementación de normas penales supuestamente justas?
Pienso que ninguna de las personas que tienen identidad sexual distinta quiere que se meta preso a sus críticos, sino que están pidiendo que haya sensibilización sobre su situación. Creo que nadie está pidiendo que la solución sea la cadena perpetua.

¿Entonces, usted no estuvo de acuerdo con cierta propuesta de que haya convoyes del trolebús solo para mujeres para combatir los casos de acoso?
No, en los primeros documentos que entregué al alcalde Rodas hice saber que eso era un retroceso. Las mujeres hemos luchado por la coeducación, no vamos a volver a la segregación en el transporte público. Debemos, estando juntos, respetarnos mutuamente. El movimiento de mujeres se opuso a esto, se presentaron propuestas que nos pusieron a debatir, eso fue lo interesante de este tema. Nos vamos a reunir con La Marcha de las Putas y otras organizaciones sobre los casos de acoso.

"Las mujeres hemos luchado por la coeducación, no vamos a volver a la segregación en el transporte público. Debemos, estando juntos, respetarnos mutuamente".

¿Cuáles son los desafíos en materia de inclusión en la ciudad de Quito? Usted ha tenido ya cien días para hacer un balance de la situación, ¿qué cosas dejó pendiente el anterior alcalde?
He encontrado algunas falencias. Cuando Paco Moncayo fue alcalde se crearon áreas estratégicas de gestión, como eran la económica, la social, la de planificación, la territorial y la de planificación. Se creó el área social porque se pensaba que los municipios habían tenido un rol restringido a construir equipamiento urbano y su gestión social era más bien asistencialista. Por eso se planteó sacar las políticas sociales del asistencialismo y construir políticas públicas. Una de las muestras de ello fue la creación de los Centros de Equidad y Justicia para atender a las víctimas de violencia. O crear el sistema de protección para niños, niñas y adolescentes, por medio del Consejo de Protección de Derechos. Se creó un Consejo contra el Racismo, se dictaron ordenanzas de movilidad humana, para los derechos de personas con identidad sexual distinta y contra el tráfico de personas. Hubo una serie de ordenanzas que determinaban un camino para atender a los sectores prioritarios. Se debe hacer un balance sobre lo que hizo la administración anterior con relación a lo que se planteó en la gestión de Paco Moncayo. Así, nos encontramos con una Secretaría de Inclusión debilitada, que está al mismo nivel que el resto, cuando debe estar en el nivel estratégico. Esto porque de nada sirve tener transporte o espacios público si dentro de esos espacios hay seres humanos con problemas de violencia concretos que no son atendidos. Hay problemáticas sociales que hay que resolver. 

Encontramos una Secretaría muy débil, en acciones que se convertían en eventos pero no en políticas públicas. Rescato el funcionamiento de espacios como los CDC, que han servido como espacio para los jóvenes, para el arte y la cultura. Los centros de equidad y justicia estuvieron a punto de desaparecer, pero se van a fortalecer en esta administración, al igual que en los espacios y políticas para los jóvenes y las personas de la tercera edad. En el caso de la tercera edad, es necesario que haya espacios adicionales a la recreación con un modelo de gestión que incluya la salud y el acompañamiento. 

La Casa de Movilidad Humana fue convertida en una oficina con dos personas, cuando originalmente era una casa para los migrantes y su atención integral. Esto evidencia que en ese tema no hubo decisión política. 

En la niñez, el Conpina no cumplió con fuerza su labor. El Consejo contra el Racismo se acabó... 

¿Este escenario de desmantelamiento de los planes municipales coincide con la política del Gobierno de fortalecer sus propias políticas sociales? 
Creo que sí, fue una etapa de cinco años en la que el Gobierno local fortalecía las políticas del Gobierno central. Hay eventos como cuando el Gobierno nacional asumió la velada libertaria del Diez de Agosto, varias cosas locales pasaron a lo nacional, y se perdieron aspectos de participación ciudadana. A pesar de ello, estamos recogiendo lo bueno, como los CDCs y varios espacios públicos. La política de Mauricio Rodas es valorar los procesos que se han realizado y crear nuevos aspectos.

¿Cuál es la situación actual de los gobiernos locales, tomando en cuenta el marco legal aprobado en el actual Gobierno?
Hay una nueva etapa, en donde el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización (Cootad) obliga a los gobiernos locales a crear un sistema de protección de derechos, no solamente referidos a los niños, como ocurría en el pasado. Hay también una Ley de Consejos de Igualdad que nos han llevado a la decisión política de implementar los derechos de manera progresiva. No se puede empaquetar los procesos en categorías que pierden la especificidad de los derechos. La decisión política de Rodas al respecto es visibilidad a nueve grupos, para que los procesos y organizaciones de la sociedad civil recuperen su carácter y singularidad. La sociedad civil fue perdiendo espacio y se dijo que ya no se necesitaba a las Eón.  Este debilitamiento de las Eón y la sociedad civil es evidente, y este nuevo gobierno local es el espacio que estos nueve grupos podrán tener para construir nuevos espacios. 

¿Este fenómeno de debilitamiento de la sociedad civil  y las Ongs se explica por la ideología oficial de que todo debe estar dentro del Estado, nada fuera de él?
Con la constitución de los consejos de protección de derechos, se están cumpliendo las leyes actuales. Tenemos todos los elementos legales para trabajar en el marco de la figura de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. La descentralización permite que los consejos de protección se construyan de acuerdo con las especificidades de cada ciudad y esto permite que revivan las organizaciones de la sociedad civil y las Eón. Se reactivan alrededor de la consulta de cómo construir este consejo de protección de derechos. En ese marco se vigilará el cumplimiento de estas políticas. 

¿Es posible que funcionen así estos consejos en el marco de un Gobierno no digamos autoritario, pero sí fuerte, que establece líneas de acción y que se atribuye la representación de la sociedad en su conjunto?
Partimos de la decisión política del alcalde Rodas. Eso es importante, pues este Consejo tendrá autonomía, y va a vigilar al Municipio y a sus acciones en el cumplimiento de derechos. Se necesita, sin duda, la decisión política también del Gobierno nacional, con el cual debemos trabajar en conjunto. Los ciudadanos no están viendo banderas políticas, sino que quieren que se cumplan sus derechos. En el caso por ejemplo de trata de personas, es un tema que tiene que ver no solo con el Municipio, sino con el Ministerio del Interior, con el Ministerio Público, con varias instituciones. Lo importante es hacer cumplir esos derechos.

Usted habla de nueve grandes grupos, de nueve minorías con las cuales se ha reunido. Hay desniveles en términos de la organización, de la presencia pública de estas minorías, ¿cómo se puede fortalecer estos procesos sociales desde el Municipio?
Esa es una excelente pregunta. Si usted los ve a los grupos, unos tienen mayor formación, mejores herramientas y otros son totalmente débiles y dispersos. Le pongo por ejemplo los grupos de movilidad humana: refugiados, retornados, migrantes, emigrantes, que son los de organización más débil. Son ciudadanos como nuestros compatriotas que están en el extranjero, que tienen derechos y que requieren atención. Pienso que están mucho más colisionados el movimiento de mujeres, las organizaciones de GLBTI,  las de niñez, por ejemplo. Los jóvenes están desencanta, por falta de políticas públicas. Es necesario crear una escuela de formación de líderes, para formar a los dirigentes de las minorías y para hacer un relevo generacional. Muchas de estas organizaciones deben dar paso a los y las jóvenes para que tomen la posta. Hay que evitar la figuración política, que se aterricen las figuras en los grupos sociales. Debe haber alterabilidad en la construcción de democracia, y no terminar hablando de temas personales. La democracia se construye en el disenso y el consenso. Queremos fortalecer el tejido social y enseñar a respetar a quien piensa diferente. 

¿Cómo concretar estas aspiraciones y planteamientos?
Por medio de las agendas. Ya tenemos las de los grupos GLBTI, también de las mujeres y niños. Cada movimiento tiene su ritmo. La hegemonía no es amiga de la democracia. El gobierno local va a ser un facilitador de los proyectos de vida. Vamos a ejecutar planes de igualdad, tomando en cuenta las líneas de base, los indicadores sociales. En talleres se va a priorizar la política para cada organización, que se le van a entregar al alcalde. Acogeremos estas políticas y vamos a disminuir estas brechas de inequidad. La sociedad civil se convierte en veedores de esas mismas políticas: vamos a capacitar a nuestros funcionarios en la inclusión y a la gente por medio de una política de inclusión. Al final de cada año la sociedad civil va a informar sobre el cumplimiento de estas políticas. Para el 2017 Quito debe ser declarada la ciudad de la inclusión.

"Apoyar marchas o eventos concretos no es suficiente: no solo se busca expresión sino atención en temas como salud."

¿Cómo evitar caer en la tentación de incluir más a unos que a otros? Por ejemplo, en el caso de los discapacitados que gracias al ex vicepresidente Lenín Moreno tuvieron un verdadero auge, mientras que a las minorías sexuales se las sigue mirando con recelos morales y religiosos?
Hay que ser inclusivos en el presupuesto. No igualitario: equitativo. Esto significa, que debe ser de acuerdo con el número real de habitantes que forman parte de esa minoría. Por ejemplo: cuando hablamos de maltrato en el hogar, esto afecta a un amplio porcentaje de la población. Debemos basarnos en estadísticas sobre cuántos son indígenas, cuántos son negros, cuál es la población de minorías sexuales, etc. De acuerdo con esa población es que debemos ser equitativos, así evitamos que se discrimine a unos más que a otros. 

¿Hay minorías sobreexpuestas en la ciudad y otras que no tienen espacios?
No nos hemos planteado ese problema, pero hay grupos, como los de movilidad, con los que no se ha trabajado lo suficiente. En las primeras reuniones que tuvimos con ellos vimos mucha rabia, eso es señal de abandono. Las organizaciones GLBTI, por ejemplo, lucharon por una ordenanza que contiene políticas concretas. Hay grupos que han estado más relegados. Apoyar marchas o eventos concretos no es suficiente: no solo se busca expresión sino atención en temas como salud. Pienso por ejemplo en los indígenas de las comunas de Quito, que han terminado convirtiéndose en barrios porque tenían así más beneficios. La plurinacionalidad es un tema que tenemos pendiente. El consejo de protección de derechos será un gran instrumento para que aprendemos a incluirnos entre nosotros. Tendremos sistemas de protección para los grupos más vulnerables y propondremos la transversalización de los enfoques. 

¿Habrá presupuestos específicos para estos programas?
Vamos a trasladar a cada dependencia municipal estas necesidades, para que hagan lo suyo. Hay un gran reto: unir fuerzas la sociedad civil y el gobierno local. El Cootad dice que el consejo de participación debe ser financiado. Vamos a cuantificar las disminuciones de las brechas. El Municipio va a distribuir los recursos para los proyectos que se realicen por medio de la participación ciudadana. Estamos determinando cuántos recursos se destinan a los programas sociales.