Los 15 indicios que apuntan al "crimen de Estado" en el caso de Jorge Gabela

Los 15 indicios que apuntan al "crimen de Estado" en el caso de Jorge Gabela
Una Comisión Legislativa remitió a la Fiscalía y a la Unidad de Análisis Financiero un informe en que se señalan algunos indicios que harían presumir que la muerte del general (r) Jorge Gabela, ex comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, no fue en un intento de robo a su hija sino en una conspiración en la que estarían involucrados civiles y militares. Las denuncias del ex general sobre los helicópteros hindúes habrían motivado una trama de ocultamientos en donde se habría usado el poder del Estado.
25 de Noviembre del 2018
Redacción Plan V

Una noche lluviosa de 2010, en una urbanización cerrada de Guayaquil, tres hampones en un carro entraron. Seguían a una joven, según parecía, para robarle. Cuando la alcanzaron, estaba en la puerta de su casa. Al oír sus gritos su padre salió a ayudarla y forcejeó con los delincuentes, que estaban armados. Uno de ellos disparó. El padre cayó malherido, con un balazo a la altura del hombro, y moriría pocos días después. Lo que parecería un capítulo de la habitual inseguridad de nuestro país tomó una connnotación especial cuando se supo que el padre herido de muerte en el forcejeo era el general (r) Jorge Gabela, ex comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y denunciante de uno de los más polémicos procesos de compra de material bélico: la adquisición, por más de 45 millones de dólares, de siete helicópteros de rescate a una firma de la India. 

La semana anterior, una Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional presentó al Pleno un informe, que fue aprobado, en donde se hace una nueva recopilación de los sucesos que rodearon la compra de los helicópteros Druhv, a la firma hindú HAL.


Una comisión multipartidista analizó el Caso Gabela y concluyó que podría haber un crimen de Estado. 


La Comisión recibió testimonios de varios de los involucrados en la trama del caso Gabela. 

Desde antes del Gobierno de Rafael Correa, la Fuerza Aérea había insistido en que necesitaba por lo menos siete helicópteros pequeños para rescate, pues no se trataba de naves de combate o transporte de tropas. El ataque de las Fuerzas Militares de Colombia al cuartel general del jefe de las FARC, Raúl Reyes, ubicado en el territorio amazónico ecuatoriano, en 2008, puso de nuevo en el tapete la necesidad de la compra de los aparatos, pues los militares alegaron que, en esa ocasión, carecían de medios para presentarse en el lugar del bombardeo contra los guerrilleros, ordenado por entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y que había violado la soberanía nacional. 

Lo que parecería un capítulo de la habitual inseguridad de nuestro país tomó una connnotación especial cuando se supo que el padre herido de muerte en el forcejeo era el general (r) Jorge Gabela, ex comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.

Según el informe de la Comisión, hay varios indicios que hacen pensar en que la muerte del general, quien de manera pública había cuestionado la compra de helicópteros hindués para la FAE, no fue un simple asalto en medio de la noche, sino una conspiración en la que civiles y militares se habrían coordinado para ocultar qué pasó realmente. Aunque el delito como tal no existe en el Ecuador, la Comisión declaró que podría haberse cometido un "crimen de Estado", por lo que remitió los insumos que pudo recoger a la Fiscalía y pidió a la Unidad de Análisis Financiero que realice un control más a fondo de las cuentas y los bienes de por lo menos 68 personas, entre ellas, el ex presidente Rafael Correa, varios miembros de su Gabinete, funcionarios de varios ministerios, y militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana de distintos grados, quienes habían participado tanto en el proceso de compra de los helicópteros cuanto en una Comisión creada por el propio Gobierno para investigar el suceso. 

Pero, más allá de las declaraciones políticas ¿qué indicios se han podido sistematizar sobre si, realmente, la muerte del general Jorge Gabela pudo haber sido una conspiración estatal?

La línea del tiempo

En el norte de Quito vive el coronel (r) Mario Pazmiño. Ex oficial de fuerzas especiales del Ejército, fue asignado a la Inteligencia militar en donde hizo carrera. Cuando ocurrió el bombardeo de Colombia al cuartel general de las FARC en territorio ecuatoriano, en 2008, el Gobierno de Rafael Correa lo señaló como uno de los responsables, por, supuestamente, haber entregado información a Colombia y Estados Unidos antes que al propio Gobierno. 


El coronel (r) Mario Pazmiño es veedor del Caso Gabela y ha analizado a fondo la polémica. Fotos: Luis Argüello

Pazmiño fue blanco de ataques en sabatinas, y fue demandado siete veces por el Gobierno correísta. Se retiró del Ejército y continuó haciendo declaraciones sobre los sucesos de Angostura y como analista militar y de inteligencia. Ahora forma parte de una veeduría que el Consejo de Participación conformó sobre el Caso Gabela y ha estudiado a fondo los hechos aún sin aclarar que rodean la muerte del aviador, quien fue piloto de aviones de combate antes de ser comandante general. 

Para el coronel (r) hay por lo menos 15 indicios que podrían servir de pistas de un "crimen de Estado" en el caso de Gabela. 

Mario Pazmiño fue blanco de ataques en sabatinas y fue demandado siete veces por el Gobierno correísta. Se retiró del Ejército y continuó haciendo declaraciones sobre los sucesos de Angostura y como analista militar y de inteligencia. Ahora forma parte de una veeduría que el Consejo de Participación conformó sobre el Caso Gabela.

1.- ¿Qué es un crimen de Estado?

Pazmiño propone diferenciar entre el crimen organizado y el crimen de Estado. La diferencia radica en que el crimen organizado tiene una estructura para planificar un acto delictivo, como una mafia típica. En el crimen de Estado, en cambio, hay elementos similares, pero con la participación de funcionarios, recursos, instituciones del Estado concertados para cometer un delito, en especial, una violación de derechos humanos contra una persona o grupo de personas. "Los crímenes de Estado son violaciones importantes de derechos, como un secuestro. En el caso Balda se ejecutó un secuestro en otro país por parte de funcionarios públicos y con recursos públicos", recuerda Pazmiño.

2.- El crimen de Estado no es un delito tipificado en el Ecuador

Durante el debate del informe, la asambleísta correísta Marcela Aguiñaga, tras minimizar la calidad del informe en términos jurídicos, destacó que el crimen de Estado no es un delito en el Ecuador, pues el tipo penal no existe en el Código Orgánico Integral Penal. "Es verdad que no consta como delito", admite el coronel Pazmiño, pero las convenciones internacionales de derechos humanos sí lo reconocen. 

3.- ¿Una vendetta entre funcionarios públicos se convierte en crimen de Estado automáticamente?

Para el coronel Pazmiño, si se usa el aparato, el poder, los recursos del Estado para cometer un delito se puede hablar claramente de un crimen de Estado.

4.- Los procesos fallidos para comprar helicópteros de rescate y el ataque a las FARC

Cuatro procesos hubo en la Fuerza Aérea para comprar los helicópteros de rescate, por lo menos desde febrero de 2006, es decir, desde antes que Rafael Correa llegara al poder. Entre 2006 y 2008 hubo cuatro procesos para comprar aparatos de este tipo, y el ataque colombiano al campamento de las FARC el 1 de marzo de 2008 facilitó el proceso.

¿Pero, para qué sirven esos helicópteros? Pazmiño recuerda que su uso principal es el rescate de pocas personas, como, por ejemplo, de un piloto derribado en una guerra convencional. El coronel se pregunta si tal amenaza era plausible en 2008, pues el fantasma de la guerra con el Perú se había esfumado y los aviones de guerra no iban a ser utilizados contra otra fuerza aérea. "Lo que había en la frontera eran grupos irregulares, pero no había elementos para requerir la compra de equipos de rescate. Lo que hubiera sido conveniente es comprar helicópteros de combate o de transporte de tropas, no para rescatar pilotos", sostiene el coronel. "Es una cuestión extraña del contrato como tal", pero el ex ministro de Defensa, Wellington Sandoval, declaró en 2008 prioritario para la seguridad nacional la compra de esos helicópteros. Para julio de 2008, cuando la Junta de Defensa Nacional pidió los certificados de los helicópteros hindúes, se encontró que solo tenían una vigentes para el territorio de la India. Aún así los compraron. 

¿Pero, para qué sirven esos helicópteros? Pazmiño recuerda que su uso principal es el rescate de pocas personas, como, por ejemplo, de un piloto derribado en una guerra convencional. El coronel se pregunta si tal amenaza era plausible en 2008, pues el fantasma de la guerra con el Perú se había esfumado y los aviones de guerra no iban a ser utilizados contra otra fuerza aérea.

5.- Sale Gabela de la FAE, llegan los Dhruv y empiezan los accidentes

Para julio de 2008, sin embargo, los helicópteros fueron recibidos por la Fuerza Aérea, a pesar de que no cumplían con las bases. El 9 de abril de 2008, el general Jorge Gabela dejó la comandancia de la Fuerza Aérea, pero continuó criticando de manera pública la compra de las naves a la India. En la Fuerza Aérea un Comité de Contrataciones se encargó del proceso y amparado en la emergencia dio paso a la compra. El general Gabela había estado siempre en contra de comprar los helicópteros, pues no tenían buenas recomendaciones. El costo, sin embargo, era bastante bajo comparado con material europeo o norteamericano. Uno a uno, varios de los helicópteros empezaron a accidentarse. Cuatro de los siete cayeron, y en dos ocasiones se concluyó que hubo fallas humanas. Uno de los estrellados fue el helicóptero ejecutivo de uso presidencial, en el cual volaba habitualmente el ex presidente Rafael Correa. Varios militares murieron en los accidentes. 

6.- Reparaciones cuestionables y sospechas sobre los informes

En las reparaciones de las hélices de las naves hindúes, la Fuerza Aérea empezó a utilizar pegas epóxicas, un tipo de pegamento recomendado paara unir metales. Inclusive se hizo una reparación así en el propio helicóptero presidencial. "Es inaudito que se hayan cogido fallas con ese tipo de pega, más aún en la nave presidencial", señala el coronel Pazmiño. Sobre las fallas humanas de los pilotos -que los familiares simplemente rechazan- Pazmiño cree que un nuevo equipo de peritos debería investigar los accidentes de los helicópteros Dhruv. Todos los helicópteros dan un viraje hacia la izquierda y se pierde el control, recuerda Pazmiño, pero destaca que Junta Investigadora de Accidentes está conformada por oficiales de las tres fuerzas. "Esta junta puede recibir presiones, por eso es necesario que haya una nueva evaluación de los informes sobre los accidentes", precisa. 

7.- Gabela, un  "problema" para el Gobierno y el mando de la FAE

Mientras ocurrían los accidentes en las naves de la Fuerza Aérea, la presión hacia el Gobierno empezó a hacerse cada vez mayor, recuerda Pazmiño. En el correato, acostumbrado a manipular la opinión pública por rutina, las sospechas sobre que los Dhruv fueron un fiasco empezaron a volverse un problema que se les salía de las manos. Como era habitual en el correato, decidieron tomar el control de la situación. "La posición del Gobierno se volvió crítica, así como los enfrentamientos entre el general Gabela y el mando de la Fuerza Aérea" recuerda Pazmiño. El primer accidente dio más fuerza a las críticas de Gabela, y el general Alonso Espinosa dispone que se lo mantenga vigilado y si iba a las bases de la FAE se le informe de manera inmediata. 

8.- Los primeros indicios del crimen de Estado: la FAE sigue a Gabela 

Pero una cosa es que no le dejaran entrar a las bases aéreas por la polémica pública y otra que la propia Fuerza Aérea ordenó seguir a Gabela en sus actividades diarias. "Desde la veeduría entregamos material que no había sido utilizado antes. Ubicamos a personas que estaban haciendo vigilancia directa al general Gabela. Quienes dijeron que eso no pasaba mentían. Era militares en activo de la FAE que lo seguían y hay fotografías de eso", destaca Pazmiño, y advierte que la Fiscalía pidió que no se haga público el tema para continuar con la investigaciones. La vigilancia al general de la Fuerza Aérea empezó tres meses antes, por lo menos, de la muerte de Gabela, pero no se descarta que en los seguimientos hayan estado también la Policía y la Secretaría de Inteligencia. "Veinte o treinta días antes del asesinato está marcándose una vigilancia puntual", dice Pazmiño. 

 

"Desde la veeduría entregamos material que no había sido utilizado antes. Ubicamos a personas que estaban haciendo vigilancia directa al general Gabela. Quienes dijeron que eso no pasaba mentían. Era militares en activo de la FAE que lo seguían y hay fotografías de eso".

9.- Los motivos del espionaje

Pero, ¿para qué seguía la Fuerza Aérea a Gabela? Pazmiño cree que pueden ser dos cosas: saber con quién se reunía o simplemente intimidarlo. "Una vigilancia abierta es para generar temor, ese tipo de vigilancia es la que Gabela denuncia, lo seguían a una cuadra". El seguimiento podía ser tanto para intimidar -haciéndose notar- o para obtener información, explica Pazmiño.

10.- La muerte de Gabela: la camioneta fantasma y la Fiscalía

La noche del 19 de diciembre de 2010 Gabela es baleado en su casa y muere poco después. Recibió un solo tiro que le entró por la clavícula. Tras el disparo los agresores huyeron, sin intentar rematar a Gabela ni constatar que lo habían matado. 

 A los quince minutos, la esposa del general ve en las cercanías de su casa una camioneta de la Fuerza Aérea, con logotipos y personal uniformado, rondando el sector. No llegaron a la casa, pero se estacionaron afuera del conjunto habitacional. "Creemos que se trataba de una camioneta antidelincuencial de las fuerzas de reacción, pero eso no se ha investigado lo suficiente". Esa misma noche, un fiscal compareció en el lugar sin seguir los procedimientos para no contaminar la escena del crimen. Pocos días después tres personas fueron detenidas por el robo y por portar armas. No se les procesó por asesinato. Alias Francis, quien presuntamente disparó, salió a los dos años de la cárcel y fue asesinado en Guayaquil. En pruebas de polígrafo que se realizó a los tres hampones, todos las pasaron. Sin embargo, la Fiscalía investigó un supuesto nexo entre la hija del general y los delincuentes, y un hasta un posible consumo de drogas de la joven. "Esas cosas generan dudas sobre las intenciones del crimen". Los otros dos hampones están detenidos todavía, acusados solo de porte de armas, y no han dicho absolutamente nada sobre si fueron enviados como sicarios contra Gabela. 

11.- El Comité Interinstitucional y el perito extranjero

El ataque y la muerte de Gabela pusieron en apuros al Gobierno correísta. El 3 de octubre de 2012 Rafael Correa crea un Comité Interinstitucional para investigar la muerte del general. Formaban parte los ministros de Defensa, Justicia, Interior, Seguridad y Transparencia de Gestión. Pero por lo menos 80 personas fueron al Comité, pues los ministros mandaban delegados de sus instituciones. En el seno de ese Comité, que llegó a tener reuniones reservadas, el Gobierno decide contratar a una especie de detective privado argentino, el perito forense Roberto Mesa, quien al margen del proceso legal es contratado para que haga una consultoría sobre qué pudo haber pasado en este caso. Mesa era un viejo conocido del correato, pues había hecho dos informes previos, pero sus trabajos estaban fuera del proceso judicial o del trabajo de la Fiscalía. Para 2013, el argentino entregó sus "productos", en uno de los cuales se mencionaron los nombres de personas que podrían haber sido los autores intelectuales de una conspiración para matar al general. "La Fiscalía tenía parado el caso y el Gobierno quería demostrar que había sido un asalto. La señora Ochoa empezó a presionar y eso les motivó a contratar al perito extranjero", explica Pazmiño.

El Gobierno decide contratar a una especie de detective privado argentino, el perito forense Roberto Mesa, quien al margen del proceso legal es contratado para que haga una consultoría sobre qué pudo haber pasado en este caso.

Se trataba de una forma de "transparentar las cosas". Al final, los ministros de Correa le hicieron conocer sobre las conclusiones del investigador argentino, aunque éste dice que nunca lo recibió, pero sí se le habría hecho una presentación. Correa, destaca Pazmiño, debió enviar el informe a la Fiscalía y hacerlo público pero no lo hizo. Para Marcela Aguiñaga, es difícil de creer que las 80 personas que fueron al Comité hayan sabido la teoría del detective argentino sobre la conspiración sin que ninguno haya dicho nada. "No es que los 80 fueron a todas las reuniones. Hubo reuniones reservadas del presidente con algunos ministros y ahí se conoció el tercer producto", precisa Pazmiño. Para el Gobierno, la única conclusión aceptable era que fue un caso de delincuencia común, y como no se decía eso en el informe de Mesa, empezaron a presionar a éste para que cambie el documento. Como Mesa no lo hizo, ellos mismos alteraron el informe lo que provocó nuevos problemas para el Gobierno. Finalmente, el "tercer producto" fue eliminado.E

12.- ¿Cuál es el impacto real del "tercer producto"?

Pero, en la práctica, ¿qué impacto real podría tener el "tercer producto" tomando en cuenta que en rigor es una consultoría extrajudicial hecha por un detective extranjero al margen del proceso legal y las investigaciones de la Fiscalía? ¿Era tan importante como para la puja por cambiarlo, reescribirlo y de plano desaparecer el documento? "En un tribunal no habría sido prueba plena", admite Mario Pazmiño, pero estima que su impacto en términos de opinión pública pudo ser tremendamente significativo para la imagen del correato. Si el "tercer producto" contenía nombres y sospechas fundamentadas, "el Gobierno hubiera tenido un problema de credibilidad. La señora de Gabela empezó a recorrer los medios, y el Gobierno empezó a sopesar entre jugarse un elemento de descrédito ante la opinión pública. Tal vez lo hubieran podido manejar judicialmente, pero no en términos de opinión pública", explica Pazmiño.

El patrimonio de algunos oficiales de la FAE se habría incrementado de manera sustancial, y las esposas de algunos de ellos se habrían comprado carros de alta gama de 70 mil dólares, cuando un general no llega a ganar cinco mil dólares mensuales.

13.- ¿Se cometió un crimen en el seno de la Fuerza Aérea? ¿Cuál fue el móvil del crimen?

Las pugnas evidentes dentro de la Fuerza Aérea por la compra, los accidentes de los helicópteros hindúes y la polémica de opinión pública así como posibles sobornos en la compra de las aeronaves podrían haber sido el móvil del crimen. "Posiblemente el general Gabela conocía más de lo que decía sobre si hubo o no comisiones pagadas en la compra de los helicópteros", explica Pazmiño, quien recuerda también que el general Gabela era un hombre "muy fregado" y muy duro al ejercer el mando, lo que le produjo confrontaciones con el general de la FAE Alonso Espinosa. 

14.- ¿Se busca un soborno en las cuentas de las 68 personas?

"La lista no tiene un criterio técnico", estima Pazmiño, sobre el listado emitido por la Asamblea Nacional. Y es que en el listado están funcionarios de la Junta de Defensa, todos los que participaron en el Comité Interinstitucional, los generales de la Fuerza Aérea, entre otros. El patrimonio de algunos oficiales de la FAE se habría incrementado de manera sustancial, y las esposas de algunos de ellos se habrían comprado carros de alta gama de 70 mil dólares, cuando un general no llega a ganar cinco mil dólares mensuales. Por otro lado, la Fiscalía está investigando tanto la compra de las aeronaves cuanto la polémica por la consultoría del argentino Roberto Mesa. Ni los jueces ni los fiscales que han investigado el tema están en la lista de la Asamblea. "Nos interesa saber la opinión de Javier Ponce Cevallos, María Augusta Calle, Pablo Romero, y por qué razón la Senain les hizo las pruebas del polígrafo a los detenidos", dice Pazmiño. 

15.-¿¨Por qué es importante el informe de la Asamblea?

Se están buscando responsabilidades penales, destaca Pazmiño, pues podría haberse ocultado la información sobre un crimen, en especial, al manipular el tercer producto. "El informe de la Asamblea es el esfuerzo más grande que se ha hecho hasta el momento para esclarecer las cosas. La veeduría también se ha enfocado en determinar con exactitud quiénes están detrás del asesinato del general Gabela", destaca Pazmiño, quien cree que se debe volver a investigar a los dos delincuentes que están detenidos. "Hay que seguir investigando, pero el aporte actual es muy significativo", precisa el coronel Mario Pazmiño.