Drogas: la injusta imposición de Estados Unidos a Colombia

Drogas: la injusta imposición de Estados Unidos a Colombia
Contra toda evidencia científica, el gobierno de Trump culpa a Colombia de un aumento en el consumo problemático de cocaína que en realidad se debe a dificultades internas de su país.
09 de Julio del 2018
Ricardo Vargas* /RAZONPUBLICA

Las exigencias

El aumento de cultivos de coca en Colombia y la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos crearon las condiciones para que Washington exigiera unilateralmente la reducción de la oferta y se restablecieran las aspersiones con glifosato.

Pero esta nueva exigencia tuvo algunos antecedentes:

  • En septiembre de 2017, Trump amenazó a Colombia con quitarle la certificación como país que coopera en la lucha contra las drogas;
  • En marzo de 2018, Estados Unidos logró ampliar el acuerdo bilateralsobre drogas con Colombia y allí se estipuló que el país debería reducir las áreas de coca en un 50 por ciento en cinco años.

De esta manera el gobierno de Trump presionó al gobierno colombiano para que erradicara forzosamente grandes extensiones de coca. Tanto así que exigió como indicador de éxito del programa de sustitución de cultivos la eliminación previa de los arbustos.

En cumplimiento del acuerdo, el Ministerio de Defensa se propuso erradicar 50 mil hectáreas en 2017. Por su parte, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y la Alta Consejería para el Posconflicto se propusieron erradicar manualmente una cantidad similar de hectáreas mediante la promoción masiva de pactos de sustitución.

Según los funcionarios de estas entidades, los resultados se miden sobre la base del número de familias que firman programas de sustitución y, en seguida, lo que eso representa en términos de hectáreas erradicadas. Todos insisten en mostrar esta última cifra porque de ella depende la renovación anual de los apoyos de Estados Unidos y la ayuda eventual para proyectos de más largo plazo.

Esta situación llevó a un crecimiento exponencial de los “acuerdos colectivos”, mediante los cuales el Gobierno pretendía garantizar los proyectos productivos de miles de familias después de que se acabaran las ayudas monetarias iniciales.  

Oficialmente, cerca de 120.000 familias reportaron a las autoridades 90.000 hectáreas para octubre de 2017. Pero en la realidad, para abril de 2018 solo 34.000 familias habían recibido apoyo alimentario y habían reportado un total de 30.000 hectáreas de coca. De esa cifra, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) había podido verificar apenas 7.000 hectáreas, lo que muestra la debilidad institucional del Gobierno colombiano.

Las causas, según Estados Unidos


Presidente Juan Manuel Santos junto a Donald Trump. Foto: Presidencia de la República de Colombia

En los departamentos donde más se fumigó, los cultivos de coca aumentaron.

El pasado 25 de junio, en el marco de la presentación del más reciente informe de la Oficina Nacional para el Control de la Política de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP), Estados Unidos evaluó el comportamiento de Colombia en materia de control de cultivos ilícitos.

Washington considera que hay 209.000 hectáreas sembradas, es decir un 11 por ciento más que en 2016, cuando estimaba que existían unas 188.000 hectáreas. En consecuencia, la producción potencial de cocaína habría aumentado otro 18 por ciento, pasando de 772 toneladas métricas en 2016 a 921 en 2017.

Bajo esa medición -que fue unilateral y cuya metodología no fue muy clara- Washington considera como causas del aumento de los cultivos:

  1. La suspensión de la erradicación aérea hace tres años y la decisión de no erradicar en zonas controladas por las FARC mientras avanzaba el proceso de paz.
  2. El bloqueo a la erradicación manual adelantado por los cocaleros en algunas zonas del país.
  3. La transferencia de cultivos a parques naturales y reservas indígenas, en donde es más difícil la erradicación.

Bajo estas consideraciones marcadamente políticas, el director de la Oficina para Política Antidrogas Jim Carrol, dijo que “esperaba que Colombia usara todos los métodos a su alcance, entre ellos la aspersión aérea, como estrategia para enfrentar el problema”.

Argumentos errados

Ante ese panorama internacional era de esperar que algunos sectores políticos e instituciones  (como la Fiscalía) pidieran volver a las aspersiones aéreas, aunque exista evidencia de su ineficacia:

  • Aunque la aspersión se redujo de 100.548 hectáreas en 2012 a 47.503 en 2013, los cultivos de coca en ambos años ocuparon las mismas 48.000 hectáreas.
  • En ese mismo período se repite una paradoja: en los departamentos donde más se fumigó, los cultivos de coca aumentaron, mientras que en aquellos donde la aspersión se redujo los cultivos también disminuyeron.

También ha sido notoria la ausencia de una estrategia internacional por parte del presidente Santos para centrar la discusión en torno a la distinción entre coca y cocaína y para refutar desde la academia la tesis sin sustento que correlaciona el aumento de áreas de coca en Colombia con el uso problemático de drogas en Estados Unidos.                                                                                                                                               

Los cálculos de la DEA 

En un informe de octubre de 2017, la DEA argumentó que la tendencia a consumir cocaína en Estados Unidos venía en aumento desde el 2013 y que esto se debía al aumento de los cultivos de coca en Colombia.

Puede leer: Estados Unidos y su propio problema de drogas.

A partir de datos como el precio, la pureza e indicadores de consumo como las emergencias hospitalarias y las muertes por uso de cocaína, la entidad encontró que el problema se venía agravando desde hacía cuatro años:  

- Con respecto a los precios, en efecto se observa una tendencia a la baja, puesto que ellos pasaron de un pico máximo de 220 dólares por gramo en 2014 a 202 en 2015 y a 165 en 2016, cifra cercana a la que existía en 2008.

-Por su parte, la pureza aumenta desde 2013 hasta llegar a niveles no alcanzados desde 2007.  

  

Gráfica 1. Precios (por gramo) y pureza de cocaína en 2007-2016 en Estados Unidos. Fuente: DEA National Drug Threats Assessment 2017.

-Para medir el consumo, el informe propone dos indicadores:

  • Cifras sobre demanda en el último año frente a los recién iniciados en el consumo: se muestra una tendencia al alza a partir de 2013, que alcanza niveles superiores a los de 2007;
  • Test positivos de orina en sitios de trabajo, que también tienden a aumentar desde 2013.

Gráfica 2. Nuevos usuarios y tests de uso de cocaína en Estados Unidos 2007-2006. Fuente: elaborado a partir de DEA National Drug Threats Assessment 2017.

Pero por otra parte la DEA apela a cifras de otras entidades para mostrar que el número de muertes por intoxicación derivada de usos relacionados con cocaína aumentó desde 4.404 –el nivel más bajo desde 2005– a 6.784 casos en 2015. De aquí, según la DEA, se seguiría que el uso de la cocaína venía en aumento; y a renglón seguido saltó a la conclusión de que ese aumento se debía a la mayor disponibilidad de cocaína procedente de los cultivos de Colombia. 

Pero el problema no es ese

Usando datos de las muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos desde 2000 a 2015, recogidos por el Sistema Nacional de Estadísticas Demográficas, un grupo de investigadores médicos calculó la tasa anual y el número de muertes totales asociadas con la cocaína, y de estas muertes las asociadas solo con cocaína, es decir sin ligar su uso con opioides y aquellas donde el consumo de cocaína estuvo ligado con uso de opioides.

Gráfica 3. Muertes por sobredosis de cocaína en Estados Unidos 2000-2015. Fuente: elaborado con información de McCall Jones, Baaldwin y Compton en“Recent increase in cocaine-related overdose deaths and the role of opioids”

Los resultados de este ejercicio son contundentes: la cocaína asociada con muertes por sobredosis de opiáceos aumentó de 0,37 a 0,91 entre 2000 y 2006, y luego declinó a 0,59 en 2010, para volver a 1,36 en 2015, que es la actual tendencia con características dramáticas.

Mientras tanto, la cocaína asociada con muertes por sobredosis, pero que no está relacionada con mezclas de opioides, aumentó de 0,89 a 1,59 entre 2000 y 2006, para luego mostrar una tendencia sostenida a la baja que alcanzó 0,78 en 2015.

En conclusión, los opioides –en primer lugar la heroína y opioides sintéticos– han jalonado la tendencia al alza de la cocaína que suele asociarse con las muertes por sobredosis. Esta situación guarda una relación directa con el gran aumento de la oferta de heroína (y que hoy en día procede principalmente de México) y la fabricación ilegal dentro de Estados Unidos del opiáceo sintético conocido como Fentanyl.

Estados Unidos oculta su responsabilidad


Firma de los Acuerdos de Paz. Foto: Embajada de Colombia en Bélgica

De los datos anteriores se puede concluir lo siguiente:

  1. Para establecer una correlación entre el aumento de cultivos de coca en Colombia y el uso problemático de drogas en Estados Unidos, la DEA sólo toma en cuenta la sumatoria de uso de cocaína sin opioides y cocaína usada con opioides sintéticos, es decir, sin diferenciar rigurosamente las dos modalidades de consumo.

Este tipo de manejos les permite presentar imaginarios dramáticos de muertes por sobredosis que se le endilgan directamente a Colombia por ser productor del 92 por ciento de la cocaína que entra a Estados Unidos.

La aceptación por parte de Colombia de la injerencia de Estados Unidos abre un obstáculo más para el cumplimiento del Acuerdo de Paz.

  1. Con ese tipo de presentación, Estados Unidos elude la responsabilidad respecto de las muertes por sobredosis, que recae directamente sobre las instancias de salud y control de medicamentos en Estados Unidos y los organismos de inteligencia -incluyendo a la misma DEA- para establecer qué sucede con la producción ilegal de Fentanyl dentro de ese país  o con el desvío de opiáceos sintéticos legalmente usados como medicamentos.
  2. La situación anterior se relaciona directamente con el modelo neoliberal, que impide la intervención del Estado y permite que las grandes empresas y distribuidores sean quienes tengan la responsabilidad de determinar comportamientos irregulares en el uso o demanda de las medicinas bajo control.

Ese sistema permite un enriquecimiento exponencial de estas empresas, que se están lucrando de la dramática situación en que han caído sectores empobrecidos y marginados de Estados Unidos que recurren a este tipo de consumo.

  1. Mientras que efectivamente se observa un aumento de consumo de cocaína a partir de 2013, la tendencia de los usuarios sin ligar opioides sintéticos no resulta comprometido dramáticamente en casos de sobredosis, sino que se mantiene una relativa tendencia a la baja.

Es decir, los nuevos usuarios de cocaína están desarrollando un conocimiento en su uso, de modo que no se ha dado un aumento de su demanda por tratamiento u hospitalización. Mientras tanto, como se mostró, resulta alarmante el uso de cocaína ligado con heroína (speed ball) u opioides sintéticos.

  1. Esto quiere decir que la culpa que Estados Unidos le atribuye a Colombia oculta su propia responsabilidad de prevenir y manejar la reducción de daños en el consumo de drogas.
  2. Y para rematar, los medios de comunicación colombianos suponen que toda la cocaína producida en Colombia va para Estados Unidos, lo que legitima el discurso de Donald Trump de que Colombia “no ha hecho lo suficiente”.

Un oscuro panorama

Todo indica que Estados Unidos volverá al tema de las drogas como principal referente en materia de seguridad y de relaciones con Colombia.

A pesar de la evidencia científica, es muy probable que Washington imponga una lectura unilateral al uso problemático de las drogas para ocultar así su propia responsabilidad en tomar medidas preventivas de cara a la epidemia de drogas sintéticas producidas tanto en Estados Unidos como en laboratorios de China o de México.

La aceptación por parte de Colombia de la injerencia de Estados Unidos abre un obstáculo más para el cumplimiento del Acuerdo de Paz. Más aún si sumamos las voces domésticas cuya visión de la paz consiste en la prevalencia del uso de la fuerza por parte del Estado.

La perspectiva no es alentadora para el país en general y mucho menos para quienes viven en los territorios cocaleros.

* Investigador asociado del Transnational Institute (TNI) con sede en Ámsterdam, trabajó para el CINEP entre 1988 y 1998, autor de varios libros y capítulos sobre narcotráfico, seguridad y proceso de paz, ex asesor en temas de seguridad en la Secretaría de Gobierno del Distrito durante 2015.