El dossier Assange

El dossier Assange
La propia Cancillería liberó la reserva sobre la documentación que había entregado a la Asamblea Nacional con relación al hacker Julián Assange, asilado desde 2012 en la Embajada del Ecuador en Londres, en Gran Bretaña. El expediente confirma lo que parecen ser una serie de irregularidades para intentar destrabar el encierro del fundador de WikiLeaks en un cuarto de la oficinas de la Embajada, así como el congelamiento de las relaciones entre el Ecuador y Reino Unido por su causa. Assange cumplió su amenaza y presentó un acción de protección contra el canciller José Valencia por el protocolo que regula sus visitas y le obliga a pagar sus gastos personales.
17 de Octubre del 2018
Fermín Vaca

Una larga puja entre Quito y Londres en la que la Gran Bretaña se ha mostrado inflexible. Una solución "creativa" para convertir a Julián Assange en diplomático ecuatoriano y sacarlo de su encierro en las oficinas de la Embajada ecuatoriana en el centro de la capital británica. Una operación de relaciones públicas del correato destinada a hacerle un guiño de ojo al progresismo internacional que vivía convencido de que el Estado abusivo del Ecuador era una revolución de izquierda. Una carrera en el Servicio Exterior ecuatoriano rápida y sin futuro. La larga y misteriosa mano de Rusia moviendo algunos hilos. 

Estas son las conclusiones que se pueden sacar de la desclasificación, decidida por la propia Cancillería, de la documentación sobre la naturalización del hacker australiano Julian Assange, protegido por el Gobierno de Rafael Correa de la justicia de Suecia -que lo buscaba por un presunto abuso sexual- y de la de la Gran Bretaña, que le había impuesto un arresto domiciliario. 

Lea aquí toda la documentación en PDFs:

Anexo 1, Anexo 2, Anexo 3, Anexo 4, Anexo 5, Anexo 6, Anexo 7, Anexo 8, Anexo 9, Anexo 10, Anexo 11, Anexo 12, Anexo 13, Anexo 14, Anexo 15, Anexo 16, Anexo 17, Anexo 18, Anexo 19, Anexo 20, Anexo 21, Anexo 22, Anexo 23, Anexo 24, Anexo 25, Anexo 26, Anexo 27,  Anexo 28

En un documental de Laura Poitras se ve como Assange pasó de estar cómodamente instalado en una mansión de la campiña cerca de Londres al claustrofóbico espacio de una oficina adecuada como dormitorio en la Embajada del Ecuador, a la que ingresó disfrazado y en medio de un operativo de sus acólitos digno de una novela de espías.

Daría así inicio la "operación hotel", en la que el Estado del Ecuador ha gastado miles de dólares en mantener y proteger al australiano, que encontró su punto más conflictivo cuando la Cancillería lo naturalizó como ecuatoriano, por el mérito de haber estado bajo protección del Ecuador durante más de tres años.

Fue la asambleísta Paola Vintimilla (PSC-Pichincha) quien solicitó a la Cancillería, actualmente bajo la dirección de José Valencia, ex embajador del Gobierno de Correa en la OEA, que le entregue toda la información sobre el polémico proceso de naturalización. Valencia contestó el 17 de septiembre de este año con un oficio que contiene un gran sello de "reservado" en la portada. El canciller entregó 28 anexos para sustentar lo que se afirma en la carta.

Esta es la carta con la que la Cancillería respondió a la asambleísta Paola Vintimilla. 

Los documentos habían sido declarados reservados, admitió el canciller Valencia, sin cumplir con las normas pertinentes, y un total de 74 fojas útiles se guardaron en el sitio más seguro del Palacio de Najas: la caja fuerte del despacho del canciller, en el quinto piso. El anexo 28 relata de qué documentos se trata. En un alcance, del 10 de octubre, el canciller informó a la Asamblea Nacional que los documentos ya no eran reservados. 

Assange, una suerte de gurú de aficionados a la internet y las computadoras, rodeado por un entorno de jóvenes geeks, se convirtió en la bandera de lucha del Gobierno de Correa, que decidió dar un golpe de efecto para contrarrestar las críticas por el autoritarismo y la persecución a periodistas y disidentes en el Ecuador tomando bajo su protección a un personaje internacional cuya página web revelaba documentación comprometedora de gobiernos y empresas alrededor del mundo. 

El documento y los anexos contienen la crónica de cómo Assange se convirtió en prácticamente el único tema de la relación bilateral entre Quito y Londres, una relación que se ha congelado por culpa de la polémica por el asilado.

Asilo en Ecuador

La ex canciller María Fernanda Espinosa habría tenido un papel clave en la trama. 

Todo empezó el 19 de junio de 2012, cuando Julián Assange remitió una carta en inglés al ex presidente Correa en la que pide asilo al Ecuador amparado en legislación internacional y regional. En la carta, que consta en el anexo 1 el australiano se queja de que su país lo ha abandonado a su suerte y que corre el riesgo de ser entregado a un estado que aplica la pena de muerte, en alusión a Estados Unidos. En la carta, Assange asegura que, aunque no hay una causa judicial abierta en su contra, lo persiguen por publicar información que "compromete a los poderosos". 

El 16 de agosto, el ex canciller Ricardo Patiño le informó al canciller británico, William Hague, que el Ecuador había decido aceptar el pedido de asilo de Julián Assange. En efecto, Assange ingresó en la Embajada del Ecuador, un edificio de oficinas en pleno centro de Londres, en un operativo realizado por sus seguidores. Llegó con una peluca y gafas. 

Ese fue el inicio de una tensa pugna entre Quito y Londres. La institución del asilo, dijo el Gobierno de Su Majestad Británica, no le incumbe pues se trata de una institución de los países latinoamericanos que la Gran Bretaña no había suscrito. Según el anexo 10, los británicos no se consideraron obligados por la Convención de Caracas de 1954, y así lo hicieron saber al Ecuador, además de brindar a nuestro Gobierno y a Assange las garantías de que la normativa europea no permitiría la extradición de Assange hacia los Estados Unidos. Sin embargo, Londres insistió en que no estaba obligado a ningún "salvoconducto" para Assange.

Assange  no está "asilado" en nuestra Embajada y ha violado su libertad condicional, por lo que no había más que conversar. Esa ha sido la postura inalterable de la Gran Bretaña, a pesar de los largos y copiosos alegatos de los abogados de la Cancillería, plasmados en varias notas verbales que los británicos responden en uno o dos párrafos.

 Assange, entonces, no estaba "asilado" en la Embajada y había violado su libertad condicional, por lo que no había más que conversar. Esa ha sido la postura inalterable de la Gran Bretaña, a pesar de los largos y copiosos alegatos de los abogados de la Cancillería, plasmados en varias notas verbales que los británicos responden -flema inglesa que le llaman- en uno o dos párrafos. La postura del Gobierno británico fue recogida en un informe del 1 de agosto de 2018 de Augusto Saa, (anexo 12) que confirma la inflexible decisión tomada por el Gobierno de Su Majestad y el hecho de que la diplomacia ecuatoriana siempre la tuvo muy clara. Sin embargo, volvieron a insistir en su postura en mayo de 2017, sin obtener modificar el criterio de la Cancillería británica. En dos ocasiones pidieron "salvoconductos" para Assange que no les fueron entregados (anexo 27). 

El ecuatoriano Assange

Recién en septiembre de 2017, relata el canciller José Valencia, Assange pide ser naturalizado como ecuatoriano, en lo que luego se confirma era una maniobra para nombrarlo diplomático del Ecuador y, con los respectivos privilegios e inmunidades que concede la Convención de Viena permitirle salir hacia Rusia. Antes, el 4 de diciembre, Assange y su abogado, el ex juez español Baltasar Garzón, entregaron un curioso documento: la renuncia de Assange a su asilo en el Ecuador y su agradecimiento a nuestro país por nombrarlo ecuatoriano y  diplomático, a pesar de que ninguna de las dos cosas había ocurrido todavía. (Anexo 13). 

El ex juez español Baltasar Garzón es el abogado de Assange en Europa.

Según el anexo 3 que envía la Cancillería a la Asamblea Nacional, Assange, cuyo verdadero nombre es Julián Paul Hawkins (el apellido de su madre, Assange es el apellido de su padrastro) nacido en Australia en 1971, ya contaba para la fecha con una tarjeta de refugiado ecuatoriana, por lo que antes de ser ecuatoriano ya fue refugiado en el Ecuador. En su pedido, Assange relata los nuevos hechos ocurridos desde su asilo en 2012, como que, en efecto, en Estados Unidos ya se abrieron indagaciones penales en su contra, así como la condena -que fue luego indultada por el ex presidente Barack Obama- de la ex soldado Chelsea Manning, quien había filtrado buena parte de la información que publicó WikiLeaks. Lo que parecían supuestos en 2012 se han confirmado en 2017, parecería ser la conclusión de la carta de Assange. 

El 11 de diciembre de 2017, los abogados de la Cancillería emitieron un dictamen jurídico (anexo 4) sobre el pedido de Assange. En el dictamen, suscrito por Juan Fernando Salazar Granja, coordinador de Asesoría Jurídica de la Cancillería, se establece que Assange cumplió con los requisitos de la Ley de Movilidad Humana y que declararlo ecuatoriano serviría para destrabar su encierro en la Embajada del Ecuador. El 12 de diciembre, con ese dictamen, se le concedió la Carta de Naturalización, sin hacerlo constar en el sistema informático Esigex y con un procedimiento "ad hoc" según confirmó la propia Cancilleria. La carta la firmó el entonces viceministro de Movilidad Humana, José Luis Jácome Guerrero. 

El 12 de diciembre, con ese dictamen, se le concedió la Carta de Naturalización, sin hacerlo constar en el sistema informático Esigex y con un procedimiento "ad hoc" según confirmó la propia Cancilleria. La carta la firmó el entonces viceministro de Movilidad Humana, José Luis Jácome Guerrero.

Antes, el 4 de diciembre, se le había entrevistado sobre por qué quería ser ecuatoriano. Assange dijo entonces, según el anexo 6 que "el Ecuador es un gran país, respetuoso de la libertad de las personas" y aseguró que "ya se sentía ecuatoriano", así como que estaba "feliz de compartir cada día con las personas de la Embajada". La felicidad de Assange se contradice con informes de los diplómaticos ecuatorianos que se han quejado de sus costumbres, de sus visitas y hasta de su higiene personal. 

Pero las gestiones habían empezado antes. Un acuerdo ministerial, que consta en el anexo 8, regula la posibilidad de que los extranjeros pidan su naturalización con un cónsul ecuatoriano en el exterior, si bien no modifica la Ley de Movilidad Humana, que establece requisitos como tener la protección internacional del Ecuador durante por lo menos tres años. De esta forma se pavimentó el camino para darle la nacionalidad ecuatoriana a Assange y prácticamente a cualquier extranjero que no se encuentre ya en el territorio nacional. Curiosamente, se pide se entreguen garantías de medios de vida en nuestro país, como cuentas o tarjetas de crédito, pero dicha información sobre Assange no aparece en el expediente. Aún así, el 14 de diciembre, la Cancillería dispuso al Registro Civil inscribir a Julián Assange como ecuatoriano. 

Al servicio del Ecuador

El proceso exprés a favor de Assange siguió a ritmo vertiginoso. Al otro día, 15 de diciembre de 2017, el flamante ecuatoriano fue nombrado diplomático del Ecuador dentro de la cuota política, como consejero de la Embajada en Londres. La meteórica carrera de Assange en nuestra diplomacia siguió a gran velocidad, pues el 19 de ese mismo mes y año fue nombrado nuevamente como consejero, pero esta vez de la Embajada del Ecuador en Moscú, Rusia. 

Pero Reino Unido debe aceptar a Assange como diplomático ecuatoriano, y la Cancillería británica se negó. Eso dio al traste con el plan de sacarlo de la Embajada en Londres con rumbo a Rusia. La Cancillería británica se negó a darle a Assange los privilegios e inmunidades de la Convención de Viena, según el anexo 19, por no ser "un miembro aceptable de la misión ecuatoriana". El 22 de diciembre, en una larga nota diplomática (anexo 20), el Ecuador insistió en su pedido. Londres se volvió a negar en un solo párrafo (anexo 21). Ante el fiasco, la carrera diplomática de Assange terminó el 29 de diciembre, cuando se le retiraron sus nombramientos en nuestro servicio exterior. 

La acción de protección de Julián Assange 

El ex juez Baltasar Garzón junto con el abogado local Carlos Poveda, presentaron una acción de protección contra el protocolo de visitas y uso del espacio de la Embajada que ha fijado el Ecuador para Julián Assange. 

El portal colega Código Vidrio reveló un nuevo "protocolo" entre Assange y el Gobierno para regular sus visitas, su comportamiento en la Embajada y sus activadades en internet. El protocolo, cuya existencia no ha sido confirmada ni desmentida por el Gobierno, precisa que Ecuador ya no le va a cubrir ningún gasto a Assange y lo obliga a tener controles médicos trimestrales -pagados por él, se aclara- para prevenir un deterioro de su salud. Las visitas también serán más controladas y Assange deberá usar el WiFi de la Embajada del Ecuador.

En una rueda de prensa en Quito, el ex juez español Baltasar Garzón, quien asegura que dirige el equipo jurídico del hacker, anunció junto con Carlos Poveda el ingreso de una acción de protección contra este protocolo. Garzón precisó que, hasta el momento, Assange sigue sin acceso a la internet y que su salud se ha deteriodado como consecuencia del encierro en la Embajada ecuatoriana. La acción de protección, que ha recaído en una unidad civil de Quito, busca evitar la imposición del protocolo contra Assange. Según Baltasar Garzón, la actual situación de Assange es "inhumana" aunque negó que él haya renunciado al asilo en la Embajada del Ecuador. 


El ex juez español Baltasar Garzón (Izq) junto al abogado local Carlos Poveda, quien presentó la acción de protección ante la justicia de Pichincha.

Garzón precisó también que desconoce de cualquier negociación de Assange con los gobiernos de Gran Bretaña o Rusia, y dijo que la decisión de nombrarlo diplomático ecuatoriano fue de exclusiva responsabilidad del Ecuador. No obstante, agregó un elemento adicional: la nacionalidad de Assange como ecuatoriano es un candado adicional para impedir que sea extraditado a los Estados Unidos, lo que es su principal preocupación desde el principio de la trama en 2012. 

El ex juez cuestionó que se hayan hecho públicos documentos personales del australiano, como su partida de nacimiento o su pasaporte, que forman parte del Dossier Assange, pero explicó que la acción de protección no apunta a la decisión admnistrativa de levantar la reserva sobre el Dossier, sino contra las restricciones que impone el protocolo, ya que no fueron consensuadas con el hacker. 

Para Garzón, si Gran Bretaña no quería que Assange fuera diplomático ecuatoriano en su país, debía nombrarlo persona non grata y expulsarlo según la Convención de Viena, pero en su lugar simplemente no le reconoció la condición y eso lo mantiene en el encierro en la Embajada ecuatoriana. 

Carlos Poveda, de su lado, dijo que espera que la justicia resuelva la situación de Assange, mientras tanto, el hacker continúa en la Embajada ecuatoriana, en una situación que no tiene salida. 

La jueza de la causa, que se ventila en la Unidad Civil de Quito, ha convocado para el 25 de agosto a las 09:00 a la audiencia, en donde la magistrada resolverá si concede o no la acción de protección.

La jueza Karina Martínez, de la Unidad Civil de Quito, ha convocado para el 25 de agosto a las 09:00 a la audiencia, en donde la magistrada resolverá si concede o no la acción de protección. Se ha designado un perito para que traduzca la intervención de Assange, quien va a participar por medio de una vídeo conferencia, hablando en inglés. La jueza dispuso citar al canciller José Valencia y al procurador general del Estado, Íñigo Salvador, así como pedir a la Embajada del Ecuador en Londres todas las facilidades para que Assange pueda conectarse. 

De ser favorable a Assange, el dictamente podría suspender las medidas de control en la Embajada del Ecuador en Londres, pero cualquier decisión es apelable ante la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Típicamente, un caso como ese puede resolverse en no menos de 30 días. 

Por su parte, en su cuenta de Twitter, Wiki Leaks presentó la acción de protección de Assange como una demanda del australiano contra nuestro Gobierno por violar sus derechos fundamentales, y recordó una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que exhortó al Ecuador a evitar que Assange sea extraditado a Estados Unidos. 

WikiLeaks dijo también que Ecuador, durante el Gobierno de Moreno, ha sido declarado un aliado de Estados Unidos y destacó la visita del vicepresidente Mike Pence a nuestro país.

Se espera un pronunciamiento del Palacio de Gobierno sobre las declaraciones de WikiLeaks y los abogados de Assange para las próximas horas, aunque este portal pudo conocer que en el Ejecutivo se teme a represalías de Rusia en caso de una eventual expulsión del hacker.