El patinazo en la OEA

El patinazo en la OEA
Un nuevo intento de Ecuador por afectar la Relatoría para la Libertad de Expresión y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue bloqueado en Asunción, Paraguay, durante la Asamblea General de la OEA. Incluso el hasta entonces condescendiente secretario general, José Miguel Insulza, tuvo una posición en contra de la propuesta ecuatoriana. Aquí el relato de los hechos.
16 de Junio del 2014
Mauricio Alarcón

Desde inicios de 2012 el gobierno de Ecuador impulsa un supuesto proceso de reforma y fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, basado en algunos puntos. El primero, el malestar que el gobierno ecuatoriano siente con la Relatoría para la Libertad de Expresión. El segundo, la incomodidad que sienten con la localización en Washington de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, la inconformidad con el financiamiento de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque los principales donantes del sistema son Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.

Estas incomodidades se han manejado políticamente a partir del primer día, a través de las Asambleas Generales de la OEA. Se inició con la Asamblea General de 2012, en Cochabamba, Bolivia, a la cual incluso fue el presidente  Rafael Correa a dar un discurso en contra del Sistema Interamericano. La Asamblea de 2013, que tuvo lugar en Antigua, Guatemala, donde una vez más quisieron arremeter contra el sistema. Y ahora, con la Asamblea de 2014, en Asunción, Paraguay.

El tema principal de la Asamblea General de la OEA fue Desarrollo con Inclusión Social. Pero Ecuador insistió en obtener una resolución sobre las reformas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Paralelamente, el gobierno impulsa lo que se denomina Conferencias de Estados Parte de la Convención Americana de Derechos Humanos (obviamente excluyendo a Estados Unidos y Canadá) con el objetivo de, supuestamente, profundizar en el fortalecimiento del Sistema Interamericano. Se han realizado tres Conferencias previas a la que tuvo lugar en Haití el pasado 26 y 27 de mayo, de la que salió una Declaración que consta de 12 puntos resolutivos. http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2014/05/Declaraci%C3%B3n-Ha...

De ellos los que más preocupación y malestar causan a las organizaciones de la sociedad civil del continente son:

  • La insistencia en el cambio de sede de la CIDH;
  • La propuesta de consagrar procesos de censura previa a los informes de las Relatorías y de la Comisión; y
  • La imposición de un código de conducta para el accionar de los relatores.

Finalmente, agradecen y acogen la propuesta de que la Comisión Interamericana tenga su sede en Haití. Un país que aún no supera los efectos del devastador terremoto de 2010, uno de los países más pobres del mundo (puesto 145 de 177 países en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU) y uno de los países con mayores problemas de corrupción (puesto 163 de 177 países en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional).

Con estos antecedentes llegamos a Asunción. La agenda de esta Asamblea General de la OEA no contemplaba entre sus puntos discusión alguna sobre la situación del Sistema Interamericano. El tema principal era “Desarrollo e Inclusión Social”, y se pensaba, como siempre, discutir sobre la situación de los pueblos afroamericanos e indígenas, de la comunidad GLBTI en las Américas, entre otros. Sin embargo, para sorpresa de muchos representantes de sociedad civil y Estados, Ecuador llegó con una agenda puntual y propia de ingresar nuevamente a la discusión el tema de la reforma al Sistema Interamericano, con la Declaración de Haití bajo el brazo.

Las reacciones no se hicieron esperar.

La propuesta de algunos Estados de reformas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos parecen tener un carácter regresivo.

José Miguel Insulza

En el conversatorio de la sociedad civil con el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, una ciudadana hondureña le preguntó cuál era su posición ante el evidente intento de Ecuador y otros países por nuevamente reabrir el debate sobre el SIDH, con la clara intención de debilitarlo. Insulza sorprendió a todos con una respuesta contundente: hay que continuar fortaleciendo el Sistema pero de manera real, no discutiendo propuestas que parecerían más bien tener un carácter regresivo en materia de derechos humanos. Recordó que la CIDH ya llevó adelante reformas a su normativa de funcionamiento y que era necesario dar tiempo a ver los resultados reales de las mismas. Finalmente, fue enfático en señalar que el cambio de sede de la Comisión no era posible, primero, porque la Secretaría Ejecutiva de la misma trabaja con la Secretaría General de la OEA cuya sede es la ciudad de Washington D.C. y segundo, porque para que ello tuviere lugar, los Estados deberían reformar la Carta de la OEA respetando los procedimiento de aprobación de instrumentos internacionales. Tanta claridad sorprendió a los participantes del evento, pues por primera vez se obtenía de Insulza una respuesta tan directa al respecto.

El Embajador Milton Romani de Uruguay, a propósito de su participación en un evento público convocado por organizaciones de la sociedad civil del continente, manifestó que el proceso de discusión sobre el fortalecimiento del Sistema Interamericano terminó en la Asamblea General Extraordinaria de mayo de 2013. Señaló que a criterio de su país el debate tuvo punto final ahí y fue una consecuencia de la buena actitud de la Comisión Interamericana, que tuvo la virtud y la sabiduría de escuchar a la sociedad civil y a los Estados parte para llevar adelante un proceso de reformas. Pero no solo eso, también se refirió a las reuniones de Estados parte como “espacios informales de diálogo” donde se discutía sobre la universalización y la sede de la Comisión, hasta que Ecuador, amenazó con abandonar el SIDH si es que no se discutía también sobre el funcionamiento de las relatorías. En dicho aprovechó además para aclarar que él ha vivido en carne propia los beneficios del Sistema Interamericano, pues salvaron a él y a su familia cuando se encontraban en Argentina como perseguidos políticos de la dictadura uruguaya.

En el marco del mismo evento la Presidenta de la Comisión Interamericana, la jamaiquina Tracy Robinson, evidenció su preocupación por las nuevas acciones de nuestro país y sus verdaderas intenciones. Comentó al público que en abril de 2014 la CIDH había dado paso a una de las demandas de Ecuador, la creación de una Relatoría Especial para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que había invitado a los Estados a aportar a un fondo que permita la puesta en funcionamiento de la misma. Robinson aseguró que hasta el día de hoy el fondo está en cero.

En el discurso inaugural de la Asamblea General, Insulza ratificó ante los Estados lo que había manifestado a la sociedad civil. La respuesta de Ecuador fue inmediata, pues con minutos de diferencia el Presidente Correa contestaba, al punto de señalar que las declaraciones de Insulza eran insulsas.

Y así, Ecuador llegó con un proyecto de resolución basado en la Declaración de Haití. Sin embargo fueron los propios países miembros de Unasur quienes manifestaron que este tema no formaba parte de la agenda y por lo tanto no tenía objeto abrir su debate. Se llamó entonces a una reunión urgente de Unasur cuyo resultado fue la modificación del proyecto inicial, convirtiéndolo en una propuesta de cinco puntos que serían discutidos, y posiblemente aprobados, por la Comisión General.

La propuesta estaba suscrita por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. En sus puntos, reafirmaba el compromiso de los Estados con el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos; saludaba los esfuerzos realizados por los Estados de promover la universalización de la Convención e invitaba a continuarlos; solicitaba al Secretario General de la OEA que hiciera consultas directas a los Estados que no son parte del Pacto de San José y presente un informe al Consejo Permanente de la OEA; resolvía trabajar conjuntamente con la CIDH para realizar sesiones itinerantes de la Comisión, fuera de su sede principal; y planteaba la creación de un fondo único que financie al Sistema y sus relatorías.

En definitiva, de doce puntos de la Declaración de Haití, pasamos a cinco puntos, con una intencionalidad claramente distinta, lo que incluso se evidenciaba en el lenguaje del texto propuesto. El punto resolutivo que más preocupación causó a la sociedad civil presente en Asunción fue el relacionado a la creación de un fondo único, pues a simple vista su objetivo era afectar a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

Ya en Comisión General, una vez instalada la sesión, una nueva sorpresa. Costa Rica había presentado otra propuesta de resolución sobre el mismo tema. Al existir dos resoluciones contrapuestas, el debate se habría podido empantanar. Pero Costa Rica declaró que su delegación y los Estados que apoyaban su propuesta estaban dispuestos a retirar su proyecto de resolución, siempre y cuando el lenguaje del proyecto de Unasur se ajuste a lo que buscaban: el real fortalecimiento del Sistema Interamericano.

Se abrió el debate entre los Estados. Nadie se espero que se extendería por dos días. Los cuatro primeros puntos se evacuaron el primer día, y el quinto, el más polémico, en el segundo. Finalmente, el proyecto de resolución cambió de manera sustancial. ¿En qué? Es fácil comparar la propuesta de Ecuador con el resultado final.

En el punto uno, se busca reforzar el compromiso de los Estados con el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el proceso de reflexión sobre el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este aprobó sin mayor problema, pues es claro el objetivo que se persigue, que no es solo una aspiración de los Estados sino también de la sociedad civil.

Ecuador presentó la Declaración de Haití, de 12 puntos, como proyecto de Resolución; la Unasur apoyó sólo 5 puntos y les bajó el tono. La Asamblea aprobó una propuesta mucho más moderada.

En el punto dos, la propuesta de Ecuador era saludar los esfuerzos realizados por los Estados encargados de promover la universalización de la Convención y continuar realizando reuniones de acercamiento y diálogo con todos los Estados No Parte (que no han ratificado la Convención) sobre las posibilidades para avanzar en la universalización. En definitiva, como señaló en su cuenta de Twitter Camilo Sánchez, Coordinador de Investigaciones de la organización colombiana De Justicia, una “auto felicitación de la gira de Patiño por el Caribe”. Tras una larga discusión entre los países del Alba que defendían su “auto elogio” y otros países como Canadá y Estados Unidos que señalaban que el texto no decía nada y no contenía obligación alguna, llegó el consenso. La versión final se aprobó expresando el beneplácito por los esfuerzos realizados por los Estados, en la promoción de la universalización de la Convención Iberoamericana e invitarlos a profundizar el acercamiento y diálogo con todos los Estados No Parte sobre las posibilidades para avanzar hacia la universalización de la Convención.

En el punto tres, la propuesta ecuatoriana iba en el sentido de solicitar que el Secretario de la OEA realice consultas directas sobre los desafíos de los Estados No Parte del Pacto de San José, y presente un informe al Consejo Permanente de la OEA para promover soluciones técnicas y jurídicas para su plena participación en el Sistema. Tras la discusión respectiva, esto cambia y se aprueba en base al rol que corresponde a la autoridad de la Organización. Entonces, se solicita al Secretario General hacer consultas directas con los Estados No Parte, en general, no limitados a un punto específico, y que presente un informe al Consejo Permanente. La diferencia es sustancial en señalar no soluciones sino sugerencias, lo que significa ayudar y no imponer, apoyar y no obligar.

En el punto cuatro la propuesta señalaba la necesidad de trabajar conjuntamente en aras de que se realicen sesiones de la CIDH fuera de la sede. ¿Algo nuevo? En lo absoluto. La Comisión ha llevado adelante período de sesiones en países como Guatemala y Paraguay. Actualmente la Corte Interamericana también realiza períodos de sesiones en ciudades latinoamericanas. Todo parte del compromiso de los Estados en dar las facilidades respectivas para que esto ocurra. Hay discusión pero el consenso es claro y se lo plasma en la redacción final: continuar apoyando a que se realicen algunos períodos de sesiones fuera de la sede e instar a los Estados miembros a que inviten a la Comisión a realizar dichas sesiones. México, Uruguay, Paraguay, Chile, Haití y Panamá formalizan sus ofrecimientos para los siguientes períodos de sesiones.

Por último, el punto cinco, el que generó mayor discusión. De la propuesta del fondo único, que para muchos buscaba desfinanciar a la RELE, pasamos a encomendar al Consejo Permanente de la OEA a que invite a la CIDH a mantener un diálogo específico sobre las relatorías de la Comisión a la luz de los principales desafíos de la región para la plena vigencia de los Derechos Humanos. Dicho diálogo podrá incluir la identificación, en conjunto con la Comisión y otros actores relevantes, de propuestas concretas para lograr el funcionamiento adecuado de todas las Relatorías, incluyendo la posibilidad de crear un fondo para la recepción de contribuciones voluntarias a fin de seguir atendiendo sus actividades. Un cambio sustancial con el que nadie podría estar en desacuerdo.

¿Dónde está el triunfo que intenta adjudicarse el gobierno de Ecuador? De la Declaración de Haití con doce puntos polémicos, pasamos a la propuesta de Unasur con cinco puntos de los cuales uno sólo causaba malestar, para finalmente llegar a una resolución que promueve el fortalecimiento real del Sistema Interamericano. Países como Uruguay, Costa Rica, México o Panamá han dejado en clara su posición hacia las propuestas de Ecuador que se resumen en “¿Cambio? Sí, pero no así”.

Aunque algunos creen que este proceso, ahora sí, ha llegado a su fin, Estados, sociedad civil y usuarios del Sistema Interamericano, tenemos que permanecer alerta. Al parecer el gobierno de Ecuador seguirá luchando para lograr “cambios” en el Sistema, y así satisfacer lo que parece ser el capricho de un presidente al que simplemente no le gusta que la Comisión Interamericana levante la voz para defender y proteger los derechos que los ecuatorianos no tenemos garantizados dentro de nuestro país.

La versión oficial y un millón para la Corte

En un comunicado oficial que incorpora varios temas, el canciller Ricardo Patiño dijo, como conclusión de lo actuado por el Ecuador, que nueve países de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) presentaron un proyecto de resolución, en sintonía con la propuesta del Ecuador para el fortalecimiento del Sistema. En ese sentido, subraya que existe un consenso entre los Estados Parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, respecto de su necesaria universalización, para lograr un justo y equilibrado balance entre el derecho y las responsabilidades de todos los estados miembros de la OEA.

“Se ha ratificado lo que se aprobó en Washington, hay que buscar el financiamiento por parte de los Estados miembros de la OEA y no de otros Estados de nuestro sistema. Ya hay una decisión de la Comisión para que las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se hagan en Estados Parte, hay cinco países que han propuesto candidatura. Es un primer paso”, dijo Patiño.

Según la Cancillería ecuatoriana, la Resolución consolidó los acuerdos alcanzados por la Unasur y las Conferencias de Estados Parte de la Convención.

En ese sentido, también manifestó que “se ha planteado la importancia de tener una nueva concepción sobre la OEA, darle una nueva visión, para que se enfoque más a los temas de desarrollo, que son fundamentales para todos los países. En lo que tiene que ver con el SIDH, por primera vez se comienza a dar pasos significativos para una verdadera transformación del Sistema”, expresó.

Ecuador impulsó, junto a Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, una resolución que consolidó, en el marco de la OEA, los acuerdos alcanzados en Unasur y en las Conferencias de Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dijo la versión de la Cancillería.

La propuesta contiene elementos importantes en cuanto a la revisión del actual sistema de relatorías de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para lograr que el mismo garantice los principios de interdependencia e indivisibilidad de los Derechos Humanos.

Además, se ha aprobado que, en el marco de la OEA, se inicie el debate para la creación de un Fondo para recibir las contribuciones de la CIDH y de este modo evitar que las contribuciones voluntarias condicionen las actividades de ese órgano.

Adicionalmente y en estricta coherencia con el compromiso de Ecuador con la protección de los Derechos Humanos, en la Asamblea General de la OEA el canciller Patiño anunció una donación, sin ningún tipo de condicionamientos, de un millón de dólares para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, destacando que es hora de avanzar en el fortalecimiento del órgano jurisdiccional del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.