El top ten de la injerencia judicial durante el correato

El top ten de la injerencia judicial durante el correato
Una reciente publicación evidencia lo que parece ser una relación directa entre los discursos del ex presidente Rafael Correa en las sabatinas y las decisiones de los jueces a cargo de procesos polémicos. Durante una década, el aparato de propaganda del Estado se acostumbró a ventilar mediáticamente las causas judiciales.
25 de Septiembre del 2017
Redacción Plan V

Se trata de diez casos en los que, al parecer, hay una relación de causa-efecto entre las declaraciones del Jefe del Estado -en ese momento Rafael Correa- y el curso que tomaron igual número de procesos judiciales.

Tras la relevación de una serie de correos electrónicos del Palacio de Gobierno, en los que el ex presidente, al parecer, basado curiosamente en los monitoreos de noticias de la prensa privada, preguntaba a sus ministros y asesores sobre el desarrollo de procesos en contra de opositores y enemigos políticos, realizada por un medio internacional, cobró fuerza el debate sobre la injerencia del Ejecutivo de Rafael Correa en la justicia durante la década que administró el país.

Las filtraciones fueron publicadas a finales de agosto de 2017 por la periodista venezolana Patricia Poleo, e incluyen intercambios electrónicos entre Correa y varios de sus funcionarios, como el  exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera; Johanna Pesántez, ministra de Justicia; Carmen Simone, viceministra de Justicia; Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura; Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional; Diego Guarderas, subsecretario de Justicia y Xavier Cazar, un abogado esposo de Johanna Pesántez.

Aunque el Gobierno correísta no ocultó nunca su intención de “meterle la mano a la justicia” y fue evidente que los equipos jurídicos del Estado concurrían a los tribunales en contra de opositores y críticos del correato, la dudas se centran ahora en presiones mucho más profundas contra los jueces, que, en algunos casos, han asegurado que se realizaban por medio del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), el órgano disciplinario de la Función Judicial, presidido por el ex secretario privado de Correa, Gustavo Jalkh.

Jalkh dijo también que los jueces serían los responsables de haberle hecho o no caso a las declaraciones del presidente Rafael Correa en sus decisiones, mientras que no menos de 40 ex jueces y funcionarios judiciales denunciaron que fueron destituidos de sus cargos por no ceder a las presiones del Gobierno en varios casos.

Jalkh dijo también que los jueces serían los responsables de haberle hecho o no caso a las declaraciones del presidente Rafael Correa en sus decisiones, mientras que no menos de 40 ex jueces y funcionarios judiciales denunciaron que fueron destituidos de sus cargos por no ceder a las presiones del Gobierno en varios casos.

En la misma línea se han manifestado varios organismos gremiales de abogados, que atribuyen a la “presión” todas las decisiones que podrían ser cuestionables, en lo que parecería un operativo para blindar a los jueces y ex jueces de cualquier acción legal en su contra por posibles prevaricatos.

Los indicios motivaron que el ex asambleísta de Pachakutik, Cléver Jiménez, quien como consecuencia de un proceso iniciado por el correísmo, se desplaza por el país con un grillete electrónico, presentara hace pocas semanas una denuncia contra Correa.

En efecto, el 14 de septiembre, Jiménez y el bloque de Pachakutik concurrieron a la Fiscalía para presentar una denuncia por una supuesta injerencia en la administración de justicia y la presunta concurrencia de infracciones como tráfico de influencias y fraude procesal, patrocinada por el abogado Ramiro Román Márquez.

“Existen acciones que cometió el expresidente, desde el 2011, cuando llamó a una consulta popular y se tomó la justicia. Las evidencias son claras. Hemos presentado esta denuncia para que Fiscalía investigue y encuentre los delitos correspondientes y se sancione a los responsables de cometer este delito no solo en contra de algunos que somos perjudicados de manera directa, sino de manera indirecta a todo el Estado ecuatoriano”, dijo Jiménez, quien ha denunciado en varias ocasiones que su caso, en el que también está sindicado el periodista Fernando Villavicencio, es una muestra más de cómo se persiguió a los opositores por medio de lo que Villavicencio no ha dudado en calificar como un “sicariato judicial”.

Los indicios que Pachakutik y Jiménez presentaron ante el Ministerio Público son, precisamente, los correos en los que Correa pregunta a sus funcionarios sobre las causas de interés político, y éstos le responden informándole sobre el estado de los procesos, sobre la conformación de los tribunales y otros aspectos. Una de las personas con las que Correa mantiene esos intercambios es el propio Jalkh, quien si bien no ha desmentido la autenticidad de los correos, asegura que en esa época  no estaba al frente del CNJ.

Para el abogado Román, los correos filtrados son un indicio muy claro que la Fiscalía debe investigar en este caso.
"Cuando tenemos indicios y medios probatorios, tenemos presunciones. Si tenemos como indicios varios correos y hay evidencias materiales, eso lo tiene que recuperar la Fiscalía, tenemos esa presunción para llamar a juicio", dijo Román Márquez.

  EL TOP TEN  

Es en este marco que se presentó, recientemente, el libro de la abogada Estefanía Chávez, quien forma parte del Observatorio de Derechos Humanos y Justicia.

El estudio, titulado “Discurso público y justicia: la injerencia de Rafael Correa en las decisiones de la Función Judicial”,  es una antología de los diez casos en los que, a criterio de la autora, es posible rastrear la larga mano del Gobierno correísta en la administración de justicia.

1.- El caso Cofiec y Pedro Delgado

Este caso se refiere al préstamo irregular que Cofiec, un banco del Estado, hizo al empresario argentino Gastón Duzac,  en diciembre de 2011, sin las garantías suficientes y sin que se logre determinar si hubo en el proceso tráfico de influencias. Duzac obtuvo del banco estatal USD 800 mil, que no pagó en su totalidad. En la concesión irregular estuvo involucrado Pedro Delgado, un primo de Rafael Correa Delgado que, con un título falso de economista, llegó a ser presidente del Banco Central y del Fideicomiso AGD no más impunidad.

En este caso, el ex presidente Correa estuvo muy interesado. Visitó en la cárcel a Omar Unda y Roberto Sandoval, dos de los procesados, y también acusó, como era habitual, al “sensacionalismo de la prensa” por la denuncia del caso Duzac. Cuando en abril de 2015 el caso tuvo sentencia, se condenó a ocho años de prisión a los implicados, entre estos, a Antonio Buñay, ex gerente del Cofiec a quien Correa no solo defendió, sino que, antes de dejar el poder, le concedió un indulto, alegando que se había “arrepentido”. En el caso también intervino Caupolicán Ochoa, abogado de cabecera del ex presidente Correa, defendiendo a uno de los sindicados.

Sobre la participación de Correa, la autora recuerda: “Correa había calificado como sensacionalista a todo el proceso y trabajo que se había emprendido para destapar la trama de corrupción que estaba detrás del otorgamiento de un crédito al señor Gastón Duzac, y había señalado que Unda y Sandoval habían sido perjudicados y habían sufrido una persecución mediática”. Sobre el indulto a Buñay, opina que “en contextos de autoritarismo existen actuaciones como éstas, que reflejan un verdadero abuso del derecho para encubrir a personas  que han recibido una condena y han sido hallados culpables por la administración de justicia”.

2.- Caso Petroecuador

La trama del caso Petroecuador, en donde denuncias del ex asambleísta Cléver Jiménez y del periodista Fernando Villavicencio, publicadas por PLANV en su momento, permitió descubrir una red de corrupción en las mas altas esferas de la estatal petrolera, en la que estuvieron involucrados Carlos Pareja, Álex Bravo, Marco Calvopiña y otros, que en su momento ocuparon cargos directivos en la empresa.

Con las revelaciones de los Papeles de Panamá, se pudo determinar que algunos de los funcionarios y ex funcionarios de Petroecuador tenían empresas en paraísos fiscales, por medio de las cuales gestionaban el dinero que, al parecer, recibían de coimas.

El proceso se inició en agosto de 2016 contra todos los presuntos involucrados, algunos de los cuales ya habían dejado el país.

Como era habitual en las sabatinas, el ex presidente se pronunció sobre el caso en enero de 2017, tomando distancia de los ex funcionarios de Petroecuador. También ocurrió que el CNJ suspendió al fiscal del caso, Segundo Tibamlombo, quien había sido cuestionado públicamente por el ex presidente Correa. Sin embargo, se impusieron a los procesados penas de entre ocho y 10 años de cárcel.

En este caso, Chávez cree que es relevante la destitución del fiscal Tibamlombo. “Los elementos del dictamen, si bien podían justificar un llamado de atención al fiscal, reflejan un problema mayor consistente en la fragilidad de la Fiscalía para proteger a las redes de corrupción”.

3.- La venta de pases policiales

El hecho de que los policías quisieran servir en sus lugares de residencia motivó la creación de un mercado negro de pases policiales, en el que se supone que se negociaron a cambio de dinero por lo menos 1347 pases policiales. En el marco del caso “Estrella Dorada”, que se inició en junio de 2015, se investigó esta irregularidad. Se estima que el mercado negro de pases movió hasta seis millones de dólares y que contó con la participación de los altos mandos de la Policía Nacional.

Para octubre de 2016, dos oficiales de policía, entre éstos, un ex comandante general de la institución de orden público, fueron condenados a 13 años por delincuencia organizada.
Al respecto, también se pronunció Rafael Correa, quien dijo que algunos de los pases podrían haber sido concedidos por “razones humanitarias”, pero para la autora, el ex presidente nunca demostró con cifras cuantos pases fueron “humanitarios” y por cuántos se cobró dinero, algo que Correa mismo admitió como ilegal.

La autora sostiene que, en este caso, “haber modificado la calidad de los participantes, así como haber desechado uno de los elementos agravantes que habían sido determinados en contra de los procesados, en la medida en que muchos de ellos se aprovecharon de sus cargos públicos para participar en la red de corrupción, da cuenta de la pobre y débil capacidad que existe por parte de los jueces para asumir un papel activo en el establecimiento de penas y sanciones para quienes han actuado al margen de la ley”.

4.- Los veedores del caso Gran Hermano

En junio de 2009, el propio presidente Rafael Correa pidió la conformación de una veeduría ciudadana que investigara los presuntos contratos con el Estado de su hermano, Fabricio Correa, que habían sido denunciados en una serie de reportajes de los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita del diario Expreso.

Para julio de ese mismo año, se selección a Pablo Chambers, José Quishpe, Edmundo Vera, Byron Maldonado y Diego Jaramillo.

El 3 de febrero de 2011, la veeduría emitió su informe en donde estableció que Correa sí conocía de los contratos, que hubo favoritismo a favor de Fabricio Correa y sus empresas vinculadas, que hubo ilegalidad en las adjudicaciones, y que habría un perjuicio al Estado en USD 143 millones.

Para el 31 de marzo, el presidente Correa demandó a los integrantes de la veeduría que él mismo propició, acusándolos de falso testimonio y perjurio. Para 2014, Chambers y Quishpe habían sido condenados a un año de prisión.

Para la autora, el ex presidente Rafael Correa “a partir de sus declaraciones y su discurso, generó una justificación, alrededor de los contratos suscritos por su hermano con el Estado, y construyó un argumento que pudiera ser considerado como un aspecto que eximía a éste último de responsabilidades”. Agrega también que “los jueces que conocieron el caso, por su parte, ciñéndose a lo que había expresado el primer mandatario, señalaron que dichas declaraciones eran, en efecto, maliciosas, porque supuestamente los veedores querían obtener un rédito político a partir de ellas y desprestigiar la imagen del presidente”.

5.- El caso de la Comisión Nacional Anticorrupción

Este caso se remonta a abril de 2016, cuando el ex contralor general del Estado, Carlos Pólit, denunció por calumnia a los integrantes de la Comisión Nacional Anticorrupción, una organización de los movimientos sociales, por supuestamente haberlo injuriado al pronunciarse sobre la acción de la Contraloría en el caso de la Refinería del Pacífico. La Comisión había denunciado un sobreprecio en el terreno en donde se planea construir la Refinería, pero la denuncia fue calificada como “maliciosa y temeraria” por lo que el ex contralor respondió con un juicio por injuria. El 19 de febrero de 2016, el ex presidente Correa defendió el pago del terreno, afirmando que se hizo de acuerdo con el avalúo catastral, lo que no es responsabilidad del Gobierno. Correa, también, defendió la condena por injuria que obtuvo Pólit contra los comisionados, que si bien fueron perdonados por el ex contralor, sí fueron sentenciados por una jueza de lo Penal.

La respecto, la autora comenta que el hecho de que Correa “se haya referido a este grupo de personas que denunciaron los actos ilícitos asociados a la compra del inmueble donde se construiría la refinería, como si ellos estuvieran arrogándose un falso espíritu de preocupación  por el destino de los fondos públicos, no es algo que deba pasarse inadvertido”. Y agrega: “las implicaciones de llamar enemigos del sistema de justicia a quienes como la Comisión Anticorrupción han perseguido e investigado casos en donde se presume la existencia de perjuicios económocos al Estado, es un aspecto que está directamente asociado a la forma en la que el discurso público socava las bases que articulan una sociedad democrática”.

6.- El caso Saraguro

El 17 de agosto de 2015, en el marco de protestas indígenas contra el Gobierno, indígenas saraguros bloquearon la carretera Cuenca-Loja, en el sector de San Vicente. El cierre concluyó con choques con la Policía y la detención y posterior procesamiento penal de 10 indígenas, contra los que se dictó auto de llamamiento a juicio el 26 de noviembre en Loja. El 31 de mayo de 2016, Amable Angamarca y Luisa Lozano fueron condenados a cuatro años de prisión por paralizar un servicio público, mientras otras ocho personas fueron liberadas de culpa.

El ex presidente Correa se había pronunciado en contra del cierre de vías el 14 de agosto de 2015, y también contra lo que denunció como una “república paralela de gente que una y otra vez es derrotada en las urnas”. “Se dicen ancestrales, se dicen representantes laborales, y se creen los dueños del mundo y sus alrededores”.

La autora comenta sobre este juicio contra los manifestantes indígenas y sus consecuencia legales que “en el marco de las protestas, es importante que no se recurra a medidas de carácter penal, para criminalizar a quienes legítimamente protestan por la adopción de leyes, políticas y acuerdos comerciales que les han perjudicado y que pueden hacerlo. No obstante, en el caso de la protesta convocada por el movimiento indígena, ocurrió justamente lo contrario”.  La autora destaca que el proceso penal fue iniciado por el propio Ejecutivo por medio del Ministerio del Interior.

7.- El caso Natkins

Este caso tiene que ver con la resistencia de colectivos de indígenas shuar a la actividad de las mineras en la zona de la provincia de Morona Santiago donde habitan. Se estima que los shuar, que serían unas 12 mil personas, viven en cerca de 220 mil hectáreas.

Es en esa zona en donde se encuentra el proyecto minero de San Carlos Panantza, concesionado por el Estado al consorcio chino EXSA, con una superficie de 42000 hectáreas.

Del lugar fueron desplazadas 35 familias, sin que se haya realizado una consulta previa al respecto. Para garantizar el acceso de la empresa china a la zona, el Gobierno despachó contingentes de policía y del Ejército, lo que produjo enfrentamientos con los moradores. El 21 de noviembre de 2016, los indígenas tomaron por asalto el campamento de la minera, y en el enfrentamiento murió un policía.

Para el 17 de diciembre, Correa condenó en su sabatina la muerte del policía. “Hay brotes de violencia en la Amazonía. Como siempre se quiere engañar a la gente diciendo que se reclaman tierras ancestrales”. El presidente dijo que no habría diálogo hasta capturar a los asesinos del joven policía de 29 años y dijo que las tierras del sitio minero no son ancestrales, que esa es una mentira, pues se trataría de tierras que pertenecían a colonos mestizos y que fueron adjudicadas por el IERAC en 1993.

Por el caso se iniciaron varios procesos, como el proceso penal contra Agustín Wachapá por el delito de “incitación al desorden público”, que motivó la prisión preventiva del dirigente, que luego logró otras medidas cautelares.

También se inició un proceso penal contra el presidente de la Junta Parroquial de Panantza, a quienes se acusó de tentativa de asesinato en el caso del policía muerto.

El Gobierno procedió también contra la fundación Acción Ecológica, que en sus redes sociales había publicado contenidos de apoyo a los indígenas.

Al respecto, la autora señala que en sus sabatinas, el ex presidente Correa empleó varios epítetos para referirse a los comuneros amazónicos, “los cuales inciden negativamente creando un clima de hostigamiento y de odio contra quienes legítimamente resisten a los proyectos extractivistas”.

8.- El caso del 30S

El 30 de septiembre de 2010, la Policía Nacional se sublevó en todo el país, pero en especial, en el Regimiento Quito de la capital. El ex presidente Rafael Correa se dirigió al Regimiento para arengar a los sublevados, quienes protestaban contra una reforma legal que, en su criterio, afectaba sus derechos laborales. Pero Correa no logró su objetivo y sus guardaespaldas lo evacuaron hacia el vecino hospital de la Policía, donde pasó varias horas retenido hasta ser rescatado por elementos del Ejército. Hubo 10 muertos y 300 heridos. Seis años después, se han abierto 74 expedientes por los sucesos de ese día, en los cuales ha habido sentencias en 49 procesos y se ha sentenciado a 222 personas por delitos como paralización de servicios públicos, sabotaje, terrorismo, intento de magnicidio, entre otros.

Uno de los casos más conocidos fue el del coronel y médico César Carrión, director del hospital policial, contra quien Correa planteó una denuncia por tentativa de asesinato al presidente. Durante el juicio hubo injerencias del Gobierno, como la que realizó el ministro del Interior, José Serrano, quien amenazó con demandar a los jueces de la causa. Para el 13 de mayo 2011 se absolvió a Carrión y a tres policías más, pero un nuevo examen en otra instancia determinó la culpabilidad de los policías pero ratificó la inocencia del ex director. Los jueces que dictaron la primera sentencia fueron destituidos.

Por otro lado, 14 policías fueron acusados de secuestro extorsivo del presidente. Al respecto de estos procesos la autora comenta: “El discurso que se ha construido desde el presidente respecto de los jueces y de que en su gobierno tendrían que ser lo mejores jueces quienes lleguen a desempeñarse administrando justicia y resolviendo los conflictos que sometan a su conocimiento, ha permitido que los jueces sean en realidad empleados como instrumentos con fines políticos, que sino se alinean a sus convicciones o planteamientos, fácilmente pueden ser removidos de sus cargos bajo el uso de figuras de este tipo”.

9.- El caso Cedatos

Un caso más reciente es el proceso iniciado, también a instancias del Gobierno correísta, en contra de la encuestadora Cedatos, que dirige Polibio Córdova. La denuncia fue formulada por la ex asambleísta y actual ministra Rosana Alvarado, el 22 de marzo de 2017, y consistió en acusar al encuestador de pretender favorecer con sus encuestas a Guillermo Lasso.

El ex presidente Correa, al comentar los resultados electorales, había dicho que “Es gravísimo lo que ha pasado. Que ni siquiera mencionaron que había un exit poll que le daba la victoria a Lenin, y trabajaron con un exit poll de una empresa como Cedatos, que todos sabemos es mafiosa y trabaja para Lasso”.

Al momento, tanto Ángel Polibio Córdova cuanto Cedatos están vinculados a un proceso por uso doloso de documento falso, con relación a las encuestas.

Para la autora “el haber vinculado a uno de los representantes de la compañía de manera prematura y en un momento en el que todavía no era posible realizarlo, hace sospechar sobre la independencia con que obran los operadores de justicia, en particular los fiscales, cuando existen declaraciones realizadas por parte del presidente”.

10.- El caso de Luis Eduardo Vivanco

En mayo de 2017, el Ministerio del Interior presentó una denuncia penal en contra del periodista Luis Eduardo Vivanco, quien en su cuenta de Twitter se había referido a una captura de droga que tuvo lugar en abril de 2014 en Manta. Vivanco se había preguntado en la red social si “¿El dinero del narco sostiene la revolución?”.

El proceso contra Vivanco continúa en la Fiscalía. Al respecto, la autora señala: “el régimen de Rafael Correa intentó limitar el derecho de las personas a opinar libremente, a través de redes sociales, a partir de la apertura de una investigación penal contra un ciudadano que en ejercicio de su derecho a emitir opiniones había procedido a emitir un tuit refiriéndose al partido de Gobierno y a los hechos que habían tenido lugar en un operativo policial”.