Juicio a una “parodia literaria”

Juicio a una “parodia literaria”
Rafael Correa, en un juicio más para defender "su honor", no asistió a la audiencia por la demanda penal que puso contra el periodista Martín Pallares. A la misma hora, dictaba una conferencia en la ESPOL de Guayaquil. La sentencia en favor de Pallares puede catalogarse de histórica. Es el primer juicio que pierde Rafael Correa desde cuando no pudo vencer en los tribunales a Francisco Vivanco, por una demanda contra La Hora. Eso fue en el 2008. Aunque la defensa de Correa dijo que apelará, queda sentado en primera instancia que el expresidente no pudo detener la libre opinión ni el libre pensamiento de un periodista. Muchos comunicadores tomaron esta victoria judicial como propia.
03 de Julio del 2017
Susana Morán

Caupolicán Ochoa, abogado del expresidente Rafael Correa, registró el lunes 3 de julio de 2017 su primer caso perdido, al menos, en lo que se refiere a libertad de expresión. Es uno de los juristas de la era correísta que se ha caracterizado por llevar las querellas donde se pone en juego la honra de su principal cliente. Defendió, por ejemplo, a Correa en el caso por injurias contra el activista Fernando Villavicencio, el exasambleísta Cléver Jiménez y el médico Carlos Figueroa. También logró una sentencia de 15 días de cárcel contra el vicealcalde de Quito, Eduardo del Pozo, por afectar el buen nombre del entonces Primer Mandatario. Esta vez su defendido, el exjefe de Estado y actual ciudadano Correa, se enfiló contra el periodista Martín Pallares por un artículo publicado justamente un mes antes de que saliera del poder. En la audiencia, Caupolicán Ochoa calificó al texto de “parodia literaria”.

Caupolicán Ochoa, abogado del expresidente Rafael Correa, aseguró que su defendido no buscaba ni un solo centavo del periodista Martín Pallares. Pidió sacar el artículo de la página web la nota y disculpas públicas por las expresiones injuriosas y tremendamente groseras

Pero esa “parodia literaria” sobrevivió a la demanda que buscaba censurar su contenido y encarcelar a su autor. En medio de gritos, escaramuzas, insultos, amenazas entre seguidores de Correa contra los de Pallares se desarrolló la audiencia. Allí Caupolicán Ochoa pidió la pena máxima contra el periodista por haber proferido “expresiones en descrédito y deshonra” contra su cliente en la nota “Si a Correa lo sorprenden robando podría decir que estaba cuidando”. Es decir, 30 días de cárcel, además de las correspondientes disculpas públicas. Eso entre decenas de simpatizantes de Correa que en tono agresivo y portando carteles de su líder con la banda presidencial intentaron avasallar a gritos y empujones a quienes fueron a apoyar a Pallares: parientes, periodistas, amigos y los compañeros suyos del portal www.4pelagatos.com, José Hernández y Roberto Aguilar. La defensa de Pallares estuvo conformada por Juan Pablo Albán, Farith Simon y Juan Pablo Aguilar, del equipo jurídico de la Universidad San Francisco de Quito.

Lo de fondo, lo que estaba en juego era un símbolo: Correa intentaba condenar a un periodista de opinión por imaginar. Era una demanda contra la imaginación. Por eso a Caupolicán Ochoa no le bastó ni el informe pericial ni la declaración de la única testigo que llevó para que Martín Pallares sea condenado. En el primer caso, el perito verificó la existencia de la página web. En el segundo, la testigo Magali Vera narró que vio la publicación en su aplicación de Facebook en su celular. Pero durante el interrogatorio, el abogado de Pallares y experto en DDHH, Juan Pablo Albán, consiguió una respuesta de oro. “¿Su percepción sobre Rafael Correa ha cambiado después de leer la nota?”, le preguntó a la testigo, quien inmediatamente dijo “No”. En medio de las objeciones del abogado del expresidente, la respuesta quedó registrada.


Rafael Correa no asistió a la audiencia, pero sí decenas de sus seguidores. "Fuera prensa corrupta", gritaron. 


Patricia Terán, parlamentaria andina, fue una de las personalidades que llegaron a apoyar a Pallares.


La asambleísta Cristina Reyes fue una de las primeras en llegar a la audiencia.  Aquí "entrevista" con su celular al asambleísta Pedro de la Cruz, dirigente de la Fenocin y aliado del gobierno.


Las barras correístas y periodistas a favor de Martín Pallares compartieron espacio fuera de la sala de audiencia. A la derecha, el periodista Christian Zurita. Luego se denunció en redes que había sido agredido.


La asambleísta Mae Montaño también acudió a la audiencia. 

¿Por qué era importante esa respuesta? Caupolicán Ochoa sostuvo que el mencionado artículo no solo traía malicia para afectar el honor de Correa sino que inducían al lector “a que se haga una idea de delincuente” del exmandatario. Pero el texto de Pallares es una ironía de lo dicho por Correa, durante una rueda de prensa del 24 de abril de 2017. En ese espacio defendió a su exministro de Minas, Alecksey Mosquera, procesado por el caso de corrupción de Odebrecht.

Así que Pallares planteó el siguiente escenario: “Es perfectamente posible imaginar a Rafael Correa detenido por la policía saliendo por la ventana de una casa que no es la suya, con un lote de joyas en sus manos, diciendo a sus captores que no estaba robando sino que entró para regar las plantas del vecino y, como vio que había unos objetos brillantes tirados en una caja fuerte, pensó que lo mejor era sacarlos a la calle para preguntar a los transeúntes si les pertenecía o no. Y claro, también hay como imaginarlo diciendo que eso no es delito”.

Farith Simon, uno de los abogados de Martín Pallares: “Es castigar la libertad de opinión y de imaginación”.

Fue un párrafo ampliamente comentado por Caupolicán Ochoa en sus alegatos finales. Es más, pidió atención a “los giros expresivos” de la nota. Imaginar a Correa detenido por un policía, dijo el jurista, era “sin duda una expresión afrentosa”.  Esto a pesar de que sea a “pretexto de una parodia, de una metáfora, de una comparación, de un ejercicio literario”.

“¿A quién detiene la Policía?”, preguntó el abogado, quien enseguida se contestó: “A los infractores de la ley, a las personas que cometen delitos, que atentan contra bienes públicos (...) La expresión es descriptiva justamente para llevar al lector a que se haga una idea de un delincuente que está saliendo de forma furtiva y que es detenido por la Policía. Se dirá que aquí no hay acción proferida en descrédito y en deshonra de este ciudadano”.

El hoy ciudadano Rafael Correa, siguió el abogado, fue ridiculizado y “disminuida” su personalidad para que los ciudadanos piensen negativamente sobre él. “Afirmaciones maliciosas, perversas, afrentosas”. Caupolicán Ochoa pidió al juez no hacer caso a la coartada de la defensa de Pallares de apelar a la libertad de expresión, porque si bien es un derecho este termina donde empieza la honra de un ciudadano. Un ciudadano que por más público que sea, dijo, tiene la misma protección contra los ataques “ maliciosos, perversos, afrentosos”.  Por lo tanto, la libertad de expresión —agregó— no puede ser un derecho absoluto. Y para ello recurrió a casos de la CIDH, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a la Constitución.


Decenas escucharon la audiencia en el circuito cerrado. 


Fotografías, carteles y pancartas del expresidente llevaron sus seguidores. 


Martín Pallares estuvo acompañado de sus más cercanos colaboradores y amigos. En la imagen de arriba, con el periodista José Hernández.  Abajo, uno de sus abogados, Farith Simon —decano de Derecho de la USFQ— conversa con el periodista. Las fotos fueron tomadas aprovechando una pequeña abertura en la puerta de ingreso a la sala de la audiencia. No se dejó ingresar a la prensa. 

Su apasionado alegato contra la “parodia literaria” concluyó con una curiosa observación. Que este caso tenía un supuesto agravante y ese era la “publicación virtual”. Para el abogado, el que se haya difundido el artículo por internet lo vuelve de más cuidado por ser más accesible. Porque llega a celulares, a los ipads de las personas, a las casas. En fin “entra en la esfera del conocimiento de los ciudadanos mucho más fácil”. 

Era el turno de la defensa de Pallares. Antes de sus alegatos finales, Juan Pablo Albán, uno de sus defensores, denunció irregularidades en la diligencia. Como incorporar más de 50 fojas como prueba a última hora y sin que esta haya sido conocida por los juristas. Lo cual, advirtió, podría dejar en la indefensión al periodista. Otro reclamo: que el juez  Fabricio Carrasco a pesar de haber declarado “precluida la prueba”, se retractara y decidiera escuchar a una testigo de Correa que no estuvo presente en el inicio de la audiencia.

En los momentos finales de la audiencia, Albán recogió, por supuesto, la expresión “parodia literaria” y preguntó: “¿Podrá predicarse verdad o falsedad respecto a un documento que está redactado en tiempo condicional? Es decir, ¿que se refiere a hechos hipotéticos? No”.

Juan Pablo Albán, abogado de Martín Pallares: “Es público que él (Pallares) la escribió. No se puede leer esta nota desconectada del contexto como es el caso Odebrecht y el combate a la corrupción”.

Albán manifestó que el abogado del expresidente no probó ninguna infracción porque el supuesto delito de “proferir expresiones de descrédito” no fue demostrado. “Al punto que la testigo Magali Vera, al responder a una pregunta, dijo que su percepción del señor Rafael Correa no ha cambiado en lo absoluto”. “¿Cómo se ha visto perjudicado? Eso no se ha acreditado”.

Mencionó que Martín Pallares escribió una “nota de carácter especulativo” que no afirma ni niega. Se fundamentó en la redacción de la misma y el uso del condicional simple, que expresa hechos hipotéticos. “No se le ha endilgado ninguna falta, ni vicio, ni expresión afrentosa”. También es necesario, dijo, que se lea la nota en el contexto donde aparece. Y este contexto tiene que ver con los casos de corrupción descubiertos a raíz de las investigaciones de los sobornos de Odebrecht. “Es un tema crucial para todos los medios, incluso los públicos”. “No se puede sancionar el pensamiento”.

Después de cuatro horas de audiencia, acompañada de gritos e insultos de los dos bandos, el juez Fabricio Carrasco, de la Unidad Judicial de Contravenciones de Pichincha, declaró inocente a Pallares. “Se ha determinado la existencia material del artículo con el peritaje. Sin embargo del contenido del artículo no se ha hecho referencia. Se ha probado la materialidad más no la responsabilidad y por ende la existencia de la infracción”, remató. Una decisión que sorprendió, después de los numerosos fallos penales y administrativos contra la libertad de expresión en Ecuador. Farith Simon, otro defensor de Pallares, escribió en Twitter: “Impresionado por el juez, no se dejó llevar por la retórica y afán de vengaza. Hizo lo que tenía que hacer: justicia”. 

Quienes fuera de la sala de audiencias abarrotaron el espacio con gritos y empujones reaccionaron. Los correístas replicaron indignados que era una justicia corrupta, y lanzaron gritos contra la prensa. Los seguidores de Pallares festejaron alborozados y abandonaron rápidamente el complejo judicial de la avenida Amazonas. Minutos más tarde, en silencio y en pequeños grupos, quienes gritaron que Correa es su "Presidente eterno", salieron del enorme edificio. 

   Punto de vista   

Inocentes

Por Gabriel Hidalgo Andrade 

Rafael Correa ahora deberá ganar sus juicios con abogados, pruebas y argumentos reales. Ya no ganará con sabatinas, con amenazas a los jueces, ni con presiones políticas. La confirmación de la inocencia de Martín Pallares, el periodista encausado por el expresidente, muestra un nuevo momento para las libertades de expresión y para la administración de justicia.

Pallares personifica una lucha colectiva. Como él, todos somos inocentes. Todos.
La inocencia es la ausencia de culpabilidad y ésta es la responsabilidad que se genera de una determinada acción como consecuencia de una conducta. Frente a la ley, la responsabilidad de ese acto la determina un juez independiente. No la imponen por la fuerza los gobernantes en sus mítines, en sus medios de comunicación o a través de sus aparatos de control disciplinario de los juzgadores.

Los jueces dependientes al correísmo, los clientes de la revolución, no son jueces probos. Sus sentencias son espurias y no deberían ser obligatorias porque la ley injusta no es ley sino violencia, como afirmó Tomás de Aquino.

Los jueces dependientes al correísmo, los clientes de la revolución, no son jueces probos. Sus sentencias son espurias y no deberían ser obligatorias porque la ley injusta no es ley sino violencia, como afirmó Tomás de Aquino.

Correa, el correísmo y su revolución ciudadana, durante la pasada década, consiguieron imponer sentencias injustas a través de jueces obedientes que persiguieron a cualquier voz que sonara estridente para el régimen.
La inocencia, que es un principio universal del debido proceso, fue sistemáticamente violada durante toda la década correista para ensuciar la reputación de cualquier crítico al gobierno. Era culpable cada adversario que intente levantar su mirada con suspicacia frente a los dueños del poder. Pequeños y grandes objetores del correísmo, fueron agredidos en las sabatinas por un desbocado mandatario y sin ninguna consecuencia, fueron calumniados en las redes sociales por su ejército de acosadores digitales, fueron perseguidos judicialmente y hasta en otros casos fueron abiertos expedientes administrativos para conseguir sus despidos o el cierre de sus empresas.

Hubo campañas en cuentas de Facebook para exigir el despido de los funcionarios públicos que comentan el execrable delito de discrepar con los ocasionales detentadores del poder. Nadie tenía derecho a pensar diferente. Todos eran culpables. Todos éramos culpables, hasta que demostráramos nuestra inocencia. Fuimos culpables por el delito de disentir frente a un gobierno que intentó por todos los medios imponer el pensamiento único. 

Nadie podía estudiar en una Universidad que reciba fondos públicos, ganar una beca académica, merecer un contrato de obra civil u ocupar una función en el Estado sin ser obligado a enfilarse con la ideología dominante, a declarar la fidelidad absoluta al proyecto político y a negar toda forma de autonomía individual. Nadie podía ser libre, porque de serlo era acusado de malagradecido, traidor o golpista.  El correismo buscó no solo convertir a cada ciudadano en un cliente, sino en un cliente agradecido y en nuevo militante de su revolución.

Hubo campañas en cuentas de Facebook para exigir el despido de los funcionarios públicos que comentan el execrable delito de discrepar con los ocasionales detentadores del poder. Nadie tenía derecho a pensar diferente.

Hasta la comunicación sufrió la terrible invasión de esta ideología totalitaria. La embestida empezó con la educación, avanzó con la política de obras públicas y llegó hasta la administración de la justicia en todos los niveles. En cada lugar donde se diga “fuero interno” el correismo quiso sustituir por su obsesión con el “servicio público” que consiste en convertir nuestras libertades en bienes del partido en el gobierno.

Por suerte hubo periodistas, medios de comunicación, activistas por los derechos y actores políticos que se opusieron, desde sus distintas profesiones, a esta gigantesca aberración en nombre de toda una sociedad espiada con desconfianza y catalogada como culpable por el delito de criticar al oprobio totalitario.

Hubo un Martin Pallares que se enfrentó a este monstruo alimentado de egolatría que terminó siendo un patético tigre de papel. Hubo un Martín Pallares y cientos de periodistas como él  que no están dispuestos a vender su conciencia por un plato de lentejas, a diferencia, por supuesto, de otros que pasaran a la historia como los glotones clientes del correismo.
Ojalá esto traiga una avalancha de demandas por injurias en contra de todos estos poderosos que hoy se quedaron sin nada en un nuevo gobierno que ha ofrecido traer paz.

La ratificación de la inocencia de Pallares confirma también nuestra inocencia, la de una sociedad diversa que se cansó de ser insultada en nombre de la ideología única que quiso imponer el correismo.

@ghidalgoandrade