La Comisión Anticorrupción: ¿maliciosa y temeraria?

La Comisión Anticorrupción: ¿maliciosa y temeraria?
La campaña del Gobierno en contra de la Comisión Anticorrupción de los movimientos sociales arreció la semana pasada, con la declaratoria judicial de "maliciosa y temeraria" sobre su denuncia de un presunto sobreprecio en el terreno de la Refinería del Pacífico. Pero este es solo un episodio más de una tortuosa maraña judicial que dificulta la gestión de los comisionados.
25 de Julio del 2016
Redacción Plan V

El panorama legal para los integrantes de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNACE), se vuelve cada vez más sombrío. A las continuas trabas impuestas por la justicia y las entidades de control a sus denuncias, que fueron analizadas en una entrevista con PLANV por su coordinador, Jorge Rodríguez, se sumó la declaratoria de "maliciosa y temeraria" a su denuncia formulada por un presunto sobreprecio en la compra de un gran terreno, en el sector manabita de El Aromo, jurisdicción del Municipio de Montecristi, en donde se ha previsto construir la nueva Refinería del Pacífico, proyecto que aún sigue sin financiamiento.

Esta declaratoria abre la puerta para un posible enjuiciamiento penal de los denunciantes, en un caso similar al del ex asambleísta Cléver Jiménez, y sus asesores Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, quienes fueron procesados y sentenciados luego de que una denuncia sobre los hechos del 30S fuera calificada de la misma manera. El presunto delito de "calumnia judicial" podría llevar a los comisionados a la cárcel. 

La eventual acción legal recaería en contra de los comisionados María de Lourdes Arboleda, Bayron Celi, Simón Espinosa Cordero, Isabel Robalino Bolle, Germán Rodas Chávez, Jorge Rodríguez Torres, Ramiro Román Márquez, Julio César Trujillo, y Juan Fernando Vega, quienes firmaron la denuncia original. 

Fue el propio vicepresidente de la República, Jorge Glas, quien, tras el revés judicial sufrido por los comisionados la semana pasada, llamó al enjuiciamiento de los miembros de la Comisión, contra cuyas denuncias ya se había pronunciado en ocasiones anteriores. 

Fue el propio vicepresidente de la República, Jorge Glas, quien, tras el revés judicial sufrido por los comisionados la semana pasada, llamó al enjuiciamiento de los miembros de la Comisión, contra cuyas denuncias ya se había pronunciado en ocasiones anteriores.

Según un reporte de Fundamedios, Glas narró que un juez decidió declarar a una denuncia de la Comisión referente a sobreprecio en la compra del terreno para la construcción de la Refinería del Pacífico como “maliciosa y temeraria”. Por eso, hizo un exhorto para que actúen: “Por favor, los abogados de la Refinería del Pacífico, que acudan a la Corte, como corresponde, a defender la honra. Esta es la construcción que quieren hacer en la próxima campaña electoral, hablar de corrupción. Falsedad”, dijo Glas. 

Según Fundamedios, Glas no señaló quién es la víctima de este supuesto atentado contra la honra. Sin embargo, acusó directamente a Jorge Rodríguez, vocero de la Comisión, de mentir, en búsqueda de una candidatura a las próximas elecciones. “Yo rechazo profundamente esto. A este señor Rodríguez yo lo conozco porque lo había entrevistado cuando tenía mi programa de televisión. Muchas veces dedicado a denigrar, insultar y calumniar a los funcionarios de Gobierno”, dijo. “Hay que rechazar las mentiras. No se puede utilizar las mentiras para hacer política y vamos a defender la honra como corresponde ante la Corte”, finalizó el vicepresidente.

Pero desde la Comisión, sus acciones tienen otra lectura. Para los comisionados, ellos están actuando "en cumplimiento de la normativa constitucional, que obliga a los ecuatorianos a denunciar actos de corrupción, facultándoles el derecho de asociación y participación en los actos de interés público", por lo que han "investigado proyectos emblemáticos que comprometen dineros de las arcas públicas del Estado".

La CNACE tiene su propia metodología, que consiste en realizar sus investigaciones con sus propios recursos, y luego presentar las denuncias ante las autoridades competentes de manera que sean estas las que lleven a cabo las investigaciones. 

El caso del terreno en El Aromo

La CNACE presentó su denuncia, sobre posibles hechos de corrupción, sobre la adquisición de los terrenos para la construcción de la Refinería del Pacífico. Se trató de la tercera gran denuncia de este tipo. 

Para denunciar este presunto sobreprecio, la Comisión tuvo como sustento documentación oficial: informes de la Contraloría, certificados de avalúo, resoluciones, estudios, contratos, entre otros. Para la Comisión, se presume el cometimiento de cohecho, sin descartar la existencia de un posible peculado, esto en virtud del contenido de los informes de la Contraloría, que al momento de concluir sus exámenes, omite señalar indicios de responsabilidad penal por una serie de hechos irregulares, principalmente, que el terreno a inicios del 2009 haya tenido un valor de USD 21.265 y a la fecha de su compra (diciembre de 2009), en menos de un año, haya sido negociado sobre la posible falsificación de un certificado del Municipio de Montecristi que lo valoraba en poco más de trece millones de dólares.


Vista actual del terreno en la localidad de El Aromo, cerca de Montecristi, Manabí, donde se construiría la refinería. 

Según la Comisión, el terreno de la Refinería del Pacífico, a inicios del 2009 haya tenido un valor de USD 21.265 y a la fecha de su compra (diciembre de 2009), en menos de un año, haya sido negociado sobre la posible falsificación de un certificado del Municipio de Montecristi que lo valoraba en poco más de trece millones de dólares.

Aunque la venta se concretó por la mitad de ese avalúo (USD 6 ́373.500), sin que haya existido justificación alguna para el pago de esa cantidad. Entre los presuntos responsables estaban el propio contralor general del Estado, Carlos Pólit Faggioni, máxima autoridad de la institución fiscalizadora del Estado, la ex ministra de Ambiente y actual asambleísta, Marcela Aguiñaga, miembros del Directorio de la Refinería del Pacífico, y representantes de la consultora que recomendó la adquisición de los estudios.

Para la Comisión, esta denuncia tampoco tuvo un mínimo de investigación, y por el contrario, el Fiscal General solicitó nuevamente el archivo de la misma en aplicación del principio de oportunidad, por presumir la inexistencia de delito. En términos sencillos, el principio de oportunidad significa que la Fiscalía no debe gastar sus recursos en investigaciones en las que no haya indicios sólidos. 

El 20 de julio se llevó a cabo la audiencia cuyo juez ponente fue Marco Maldonado Castro, quien aceptó la petición de archivo, declarando extinto el ejercicio de la acción penal. Adicionalmente declaró la malicia y temeridad de la denuncia.

Esto, a pesar de que la defensa de la Comisión insistió en que se habrían cometido un posible peculado -si bien este no ha sido señalado por la  Contraloría en su informe- y un caso de cohecho, ambos delitos que atentan contra los intereses del Estado y en los cuales no se podría aplicar el principio de oportunidad

El juez motivó la malicia de la denuncia argumentando que las intenciones de la Comisión son netamente políticas y que buscan aprovechar el ambiente preelectoral. Esta valoración estaría terminantemente prohibida para un juez. La temeridad se calificó dado que los hechos denunciados, según el Juez, no son constitutivos de delitos, y por el contrario, buscan desacreditar a las personas involucradas.

Manduriacu y el presunto sobreprecio en la construcción del proyecto hidroeléctrico

El primer caso que la CNACE denunció ante el Fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, fue un presunto sobreprecio en la construcción de la hidroeléctrica Manduriacu, bajo las figuras del peculado y cohecho. La CNACE convocó a los medios de comunicación a una rueda de prensa en la que se dio a conocer parte de las irregularidades que contenían los informes públicos de la Contraloría.

La denuncia menciona al prefecto de Pichincha Gustavo Baroja, al ex Ministro de Electricidad Miguel Calahorrano Camino, y a varios funcionarios de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), así como de las empresas Hidroequinoccio, Odebrecht y Tractebel Caminosca.

Pero tres meses después de interpuesta la denuncia, el fiscal Chiriboga remitió el expediente fiscal a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) solicitando la aplicación del principio de oportunidad para el archivo definitivo de la denuncia, ya que para él, no existieron elementos para presumir la existencia de un delito. 


La central de Manduriacu, ubicada en Pichincha, también es motivo de polémica. 

Así, sin investigaciones que sustentaran el criterio del fiscal general, se llevó a cabo una audiencia en la Corte Nacional, ante el conjuez Roberto Guzmán Castañeda, quien el 7 de marzo de 2016, dispuso a la Fiscalía General del Estado, la realización de investigaciones exhaustivas de los hechos denunciados.

Sin embargo, y por petición de la Fiscal General subrogante, Cecilia Armas, el 10 de marzo, el juez Luis Maneces Enríquez Villacrés, dejó sin efecto el fallo de Guzmán y declaró la extinción del ejercicio de la acción penal, ante lo cual el 11 de marzo los abogados patrocinadores de la comisión, presentaron una petición de revocatoria del auto resolutorio de Enríquez. El juez rechazó esta petición el 17 de marzo, disponiendo adicionalmente que se oficiara a la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, para que se iniciaran acciones legales pertinentes en contra de los abogados de la comisión.

De su lado, el  gerente general de la CELEC, Luis Ruales Corrales, presentó una queja por error inexcusable ante el Consejo de la Judicatura, en contra del juez Roberto Guzmán quien dispuso la realización de investigaciones al Fiscal General, ante lo cual se le abrió un expediente disciplinario administrativo, que concluyó finalmente el 11 de julio de 2016, con la suspensión de su cargo por diez días sin derecho a percibir remuneración.

Así las cosas, la denuncia fue archivada definitivamente el 17 de mayo por los jueces de la Corte Constitucional Wendy Molina Andrade, Ruth Seni Pinoargote y Alfredo Ruiz Guzmán, quienes inadmitieron a trámite una acción extraordinaria de protección presentada como último recurso.

La denuncia por un posible sobreprecio en Manduriacu fue archivada definitivamente el 17 de mayo por los jueces de la Corte Constitucional Wendy Molina Andrade, Ruth Seni Pinoargote y Alfredo Ruiz Guzmán, quienes inadmitieron a trámite una acción extraordinaria de protección presentada como último recurso.

La persecución judicial

Pero no solo que se archivó la denuncia, sino que la respuesta de los funcionarios involucrados fue responder con demandas en contra de los comisionados.  La denuncia de la Comisión fue presentada el 07 de octubre de 2015, y el sábado 10 de octubre, en el enlace sabatino, el Vicepresidente Jorge Glas, dedicó alrededor de 30 minutos a desprestigiar a los miembros de la CNACE, y a desconocer el derecho de asociación, de tener una identidad colectiva, de fiscalizar actos públicos y ejercer derechos de participación ciudadana, según estiman los abogados de la Comisión.

Para la Comisión, las declaraciones de Glas alentaron a varios funcionarios a presentar denuncias contra los comisionados.

La primera querella fue presentada en la Unidad Judicial Penal con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, por parte de señor Moisés Obando Rosero el 28 de septiembre de 2015 por presuntas calumnias en contra del coordinador de la CNACE, Jorge Rodríguez.

Para los abogados de la Comisión, esta causa se encuentra legalmente prescrita, dado el paso del tiempo desde que se cometió la supuesta infracción, y en vista de que Obando Rosero no llegó a citar oportunamente con la querella a Rodríguez, lo cual hubiera evitado la prescripción. 

El 27 de junio, el juez Salgado Serrano (que por sorteo conoció la causa), negó el pedido de prescripción presentado por la defensa de Rodríguez el 22 de junio de 2016. Por este motivo, se presentó una denuncia por error inexcusable en contra del juez Serrano, ante el Director Provincial del Consejo de la Judicatura, lo cual quiere decir que será investigado por haber incurrido en una posible arbitraria inobservancia de una norma procesal que no da lugar a interpretaciones, constituyéndose así el error inexcusable, estiman los abogados de la Comisión. 

Posteriormente, y a pesar de no haber sido siquiera mencionado en la denuncia, el 13 de octubre, comparece ante un juez de garantías penales de Pichincha, Esteban Albornoz Vintimilla, actual ministro de Electricidad, para presentar otra querella por presunto delito de calumnias cometido en la rueda de prensa, reclamando como indemnización por concepto de daños y perjuicios no menos de un millón de dólares.

Para los abogados de la Comisión, esta segunda querella inobserva disposiciones básicas de validez procesal, ya que no cumple con los requisitos fijados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), para denunciar delitos cometidos mediante medios de comunicación.

Inicialmente, la juez que avocó conocimiento de la causa fue Cecilia Medina Niama, pero hasta la fecha, el proceso ha pasado por ocho jueces.

El 21 de febrero los miembros de la CNACE dieron contestación a la querella, solicitando a la juez Yadira Marisol Proaño Obando, una vez que aperturó el tiempo de prueba, la práctica de varias diligencias investigativas que fueron concedidas el 12 de mayo.

La defensa de Albornoz, solicitó mediante escrito presentado el 13 de mayo, la revocatoria de ese auto de la juez Proaño Obando, aduciendo impertinencia, a lo cual la juez contestó que no era la etapa procesal oportuna para calificar la prueba, y que por el contrario, debía precautelarse el derecho a la defensa de las partes, ratificándose en el contenido de la providencia.

En ese momento avoca conocimiento de la causa el juez  Freddy San Martín Jordán, y declara la nulidad de todo lo actuado a partir de la providencia de 12 de mayo.

La defensa de la CNACE presentó la correspondiente apelación al auto de nulidad del juez San Martín, y fue convocada a audiencia el lunes 11 de junio en la Corte Provincial. El tribunal que presidió la audiencia estuvo integrado por los jueces Carlos Figueroa Aguirre, Leonardo Barriga Bedoya y Miguel Narváez Carvajal. La resolución de este tribunal fue la de inadmitir el recurso de apelación, confirmando el auto de nulidad.

Los jueces que han conocido la querella del ministro Albornoz son Cecilia Medina Niama (hasta 14 de octubre de 2015), Vicente Ribadeneria, como juez encargado (desde 19 de octubre), Catalina del Rosario Sánchez Mena (desde 26 de octubre de 2015, hasta 24 de enero de 2016), Luz María Ortiz, Gloria Esperanza Pinza Ramírez (desde 25 de enero de 2016), Yadira Marisol Proaño Obando, Freddy San Martín Jordán (desde 15 de junio) y actualmente Karen Matamoros (desde 29 de junio de 2016).

A raíz de esta denuncia, precisa Jorge Rodríguez, la Superintendencia de Compañías, le inició un proceso de auditoría a una compañía de su propiedad, que terminó con la revocatoria de la licencia de funcionamiento de la empresa, por lo que se encuentra en proceso de liquidación.

A raíz de esta denuncia, precisa Jorge Rodríguez, la Superintendencia de Compañías, le inició un proceso de auditoría a una compañía de su propiedad, que terminó con la revocatoria de la licencia de funcionamiento de la empresa, por lo que se encuentra en proceso de liquidación.

Por otro lado, días después de que Albornoz presentara su querella, el Prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, el 14 de octubre demandó ante un juez de lo civil un supuesto daño moral en contra de todos los comisionados, estableciendo una cuantía de tres millones de dólares. La demanda fue presentada en contra del coordinador de la comisión, Jorge Rodríguez Torres y del comisionado Germán Rodas Chávez.

Este proceso no prosperó debido a que nunca llegó a citarse completamente a los comisionados con el contenido de la demanda. Hay que resaltar que Baroja, en rueda de prensa se refirió a los miembros de la agrupación como “brutitos y estupiditos” asegurando que se habían equivocado en sus acusaciones.

La denuncia de irregularidades en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT)

La segunda denuncia presentada por la CNACE  reveló una modalidad en la adjudicación de concursos para la provisión de placas metálicas de identificación vehicular, en donde nuevamente se sospecha de posibles abusos de fondos públicos, en la adquisición de placas ofertadas por un valor que triplicaba la media internacional.

El fiscal que dirige la investigación de esta denuncia es Diego Correa Quevedo, fiscal de la unidad de delitos contra la administración pública, quien ha despachado varias diligencias, tales como el reconocimiento del lugar de los hechos, la recepción de versiones, la remisión de documentación pertinente por parte de instituciones del Estado, entre otros. El trámite de la denuncia se encuentra en la etapa de investigaciones previas que tienen el carácter de reservado. Para la Comisión, el accionar del fiscal que lleva el caso es correcto, pues ha dado paso a todos los pedidos formulados para esclarecer los hechos.