La Corte Nacional prohíbe salir del país a Jorge Glas

La Corte Nacional prohíbe salir del país a Jorge Glas
El fiscal general del Estado, Carlos Baca, pidió en una audiencia de vinculación la prohibición de salida del país para el vicepresidente de la República, y arresto domiciliario para el ex contralor Carlos Pólit, quien se encuentra en Estados Unidos. Las medidas fueron aceptadas por el juez de la causa, Miguel Jurado. Baca se ratificó en que se investiga un caso de asociación ilícita en la trama de Odebrecht, siguiendo el dictamen de la fiscal Diana Salazar un delito que, en criterio de la oposición, es "menor" y no dudan en denunciar como un "tongo" político y judicial.
28 de Agosto del 2017
Redacción Plan V

No más de diez personas, con un arrugado retrato del ex presidente Rafael Correa, una bandera nacional y unas cuantas de la lista 35 estaban en la esquina de la calle Unión Nacional de Periodistas y avenida Amazonas, norte de Quito, donde se levanta el edificio de la Corte Nacional de Justicia.


Un pequeño grupo de personas llegó a la Corte Nacional de Justicia para apoyar a Glas


 

Se habían colocado en la vereda en donde, con frecuencia, los abogados que litigan en la Corte Nacional llevan barras con cartelitos, pitos y banderas a hacer presión mientras tienen lugar las diligencias. El puñado de militantes de la Revolución ciudadana de Rafael Correa y Jorge Glas habían concurrido porque, en el mezzanine del edificio judicial, tendría lugar la audiencia de vinculación en contra del vicepresidente, por su supuesta participación en la trama de sobornos de Odebrecht. A las pocas horas, y como también se ventilaba nuevamente el caso de González y otros, en que policías masacraron a asaltantes y clientes en una farmacia de Guayaquil, una barra más numerosa y organizada, con camisetas y carteles, llegó a la esquina, desplazando a los escasos defensores de Jorge Glas. 

En el interior, en una de las salas de audiencia, el fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, y su séquito de guardaespaldas, abogados, comunicadores y asistentes, se había instalado con una serie de cajas de papeles, a la mano izquierda del estrado del juez Miguel Jurado. La mesa de madera labrada estaba flanqueada por la bandera nacional y la de Quito, así como por policías de la escolta de la Corte. 


Un nutrido grupo de asesores llevó el fiscal general Carlos Baca


La defensa de los sindicados alegó que no se les había citado de manera oportuna.

El vicepresidente Glas, a pesar de su insistencia de que lo dejen defenderse ante el "Estado de derecho", víctima como se considera del fantasmal "Estado de opinión", no fue. Mandó a su abogado, Eduardo Franco, quien estuvo junto a Vicente Peralta, un letrado que se desempeñó durante el correato como subsecretario jurídico del Palacio de Gobierno.

El vicepresidente Glas, a pesar de su insistencia de que lo dejen defenderse ante el "Estado de derecho", víctima como se considera del fantasmal "Estado de opinión", no fue. Mandó a su abogado, Eduardo Franco, quien estuvo junto a Vicente Peralta, un letrado que se desempeñó durante el correato como subsecretario jurídico del Palacio de Gobierno. 

A la derecha del juez estaban los abogados de los acusados, entre privados y de oficio. Hernán Ulloa representaba al ex contralor Carlos Pólit, actualmente en Estados Unidos, a pesar de que aseguró que nadie le notificó y que fue porque se "enteró por la prensa".

Entre el público, una gran cantidad de periodistas, otro tanto de policías y asistentes de la Fiscalía, y dos políticos conocidos: el ex asambleísta y catedrático de la Universidad Andina César Montúfar, quien presentó una denuncia en contra de Jorge Glas, y la asambleísta (CREO) Mae Montaño. 

Montúfar presentó una denuncia contra el vicepresidente, y, por ello, se sentó en la mesa de la Fiscalía. Había insistido en que el dictamen de la fiscal Salazar es insuficiente, pues, cree Montúfar, hay pruebas de cuatro delitos graves. Pero cuando la audiencia se instaló, poco después de las 08:30, el fiscal general Baca pidió la palabra para aclarar que la diligencia no tenía qué ver con la denuncia de Montúfar, sino con la indagación que, de oficio, inició la Fiscalía el año pasado cuando Estados Unidos reveló parte de la trama de sobornos de Odebrecht. Por ello, y alegando su temor de que la presencia de Montúfar, sentado donde, en su opinión, no debía estar, provocara alguna "nulidad" pidió al juez que lo retiren. 

El togado Jurado, vestido de azul, aceptó con aire parsimonioso, y aunque trató de protestar, Montúfar tuvo que sentarse entre el público.

Luego tomó la palabra el fiscal, pues en ese tipo de diligencias, la batuta la lleva la Fiscalía, y tras enumerar muchos de los documentos que la fiscal Salazar había recolectado, se ratificó en el polémico dictamen de su subordinada: los personajes mencionados en las grabaciones y documentos de Odebrecht podrían haber cometido una asociación ilícita, delito que, aclaró, sigue vigente. 

Tras una larga enumeración de documentos, el fiscal general pidió medidas cautelares: prisión para cuatro de los procesados, arresto domiciliario para dos, entre ellos Carlos Polit, por su edad de 66 años, y prohibición de salida del país para Glas, al considerar que el vicepresidente de la República sigue en ejercicio de sus funciones constitucionales y por ello necesita movilidad por el territorio nacional, así como está bajo vigilancia constante de la Fuerza Pública por su investidura. 

Mientras el fiscal general leía su alegato, los policías presentes en la sala se entretenían evitando que las personas chateen en sus celulares. Un robusto agente vestido de civil amenazó con sacar a una mujer que no dejaba su teléfono.

Mientras el fiscal general leía su alegato, los policías presentes en la sala se entretenían evitando que las personas chateen en sus celulares. Un robusto agente vestido de civil amenazó con sacar a una mujer que no dejaba su teléfono. 

La defensa, en especial Hernán Ulloa, cuestionaron en duros términos la vinculación de sus clientes.

Sobre las 15:30 el juez nacional concedió las medidas pedidas por la Fiscalía, por lo que el vicepresidente Glas ya no puede abandonar el país legalmente. En el caso de Pólit, las medidas se ejecutarán si es que regresa al Ecuador, y además de su arresto domiciliario se le impuso el uso de un grillete electrónico. 

La instrucción fiscal será extendida durante todo el mes de septiembre. El abogado de Glas, Eduardo Franco, se mostró optimista de que demostrará la inocencia de su cliente, y aseguró que el segundo mandatario no piensa dejar el país. 

El dictamen de la fiscal Salazar 

Según el dictamen firmado por la fiscal Diana Salazar, habría una serie de indicios de que el vicepresidente Jorge Glas Espinel podría estar involucrado en un caso de asociación ilícita: la red de cabilderos que recibía dinero de la empresa brasileña Odebrecht para facilitar sus operaciones en el Ecuador. 

El dictamen de la fiscal, que tras indicar cuáles serían esos indicios debió pasar el expediente a su superior, el fiscal general Carlos Baca Mancheno, por el fuero de Corte Nacional del que goza el vicepresidente y el ex contralor Carlos Pólit, también investigado, establece una serie de elementos que hacen pensar al Ministerio Público que Glas estaría involucrado en la trama de Odebrecht. En la audiencia de este martes está previsto que el fiscal general argumente nuevamente en la diligencia las razones por las cuales se debe vincular a Glas. Luego, de ser el caso, el procesamiento puede conducir a una formulación de cargos en contra del segundo mandatario. 

En la audiencia de este martes está previsto que el fiscal general argumente nuevamente en la vinculación las razones por las cuales se debe vincular a Glas. Luego, de ser el caso, el procesamiento puede conducir a una formulación de cargos en contra del segundo mandatario.

La fiscal Salazar presentó una serie de "elementos de convicción", que serán argumentados por el fiscal Baca para determinar la posible participación de Glas en la trama de asociación ilícita.

Entre estos están aspectos como:

Un  Informe Técnico Pericial de Informática Forense No. CNCMLCF-LCCF-Z9-INF-2017-318-PER, de fecha 05 de julio de 2017 el cual contiene la materialización de la información contenida en la tarjeta de memoria externa, sin marca, de 8GB de capacidad que fue entregado por el cooperador 1 en el Marco de Cooperación Eficaz suscrito entre Fiscalía General del Estado y la compañía Odebrecht S.A, el cual en el Anexo No. 10 se lee Pedido de Reuniao a JG Pergunta Retorno Reuniao, Solicitao Pagamento, Solicitao a Pagamento luego de lo cual se puede apreciar una impresión de Chat que se lee Ricardo Rivera, June 22 “Ok hasta ahora JG no confirmó la reunión. Está fuera de Quito Te va a recibir el lunes o martes Ya hablé con él. Pero es urgente”. A fjs. 9943 consta la versión del señor Dr. Alexys Mera, quien en lo principal manifiesta que la persona encargada de haber realizado la negociación para el retorno de la Compañía Odebrecht S.A al Ecuador era el entonces Ministro Ing. Jorge Glas. Las imágenes se este chat, realizado en el sistema de mensajería Telegram han sido ampliamente difundidas por varios medios. 

La versión rendida por Carlos Villamarín quien en lo principal manifiesta que con respecto a los proyectos que debía ejecutar la SENAGUA era el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos quien definía que proyectos debían ejecutarse y dependiendo del financiamiento ellos disponían a que empresas debíamos llamar para los diferentes concursos. Villamarín se encuentra detenido por este caso. 

El Informe Técnico Pericial de Audio Video y Afines No. DCP21701292 que contiene la transcripción de emisiones lingüísticas de la carpeta Nombre Anexo 5F que contiene un archivo de audio y video de nombre: “Ghostbusters I”, obrante en el dispositivo de almacenamiento externo entregado por el Cooperador 1, quien indica que corresponde a dos interlocutores participantes de género masculino en cuya transcripción se puede leer la frase “ ya okey este tres cosas así rapiditas quiero que me ayudes necesito plata para la campaña de vidrio”. Para algunos sectores de la oposición, "Vidrio" sería el propio vicepresidente Glas, pues vidrio en inglés se dice glass. 

Las copias debidamente certificadas del Informe Técnico Pericial de Audio, Video y Afines No. DCP21701276 el cual contiene la transcripción de las emisiones lingüísticas contenidas en el archivo de audio de nombre “MIS”, que obra en el dispositivo de almacenamiento externo (pen drive) entregado por el Cooperador 1 a la Fiscalía General del Estado, del cual se desprende una conversación relacionada con una persona que se identifica como el Contralor y hace referencia a entregas de dinero que habrían existido entre el funcionario de Odebrecht S.A y el Contralor General del Estado, asimismo se hace referencia que Jorge Glas estaría solicitando dinero para su campaña a través de su tío Ricardo Rivera. Esta conversación también fue clave en el proceso que se sigue contra el ex contralor Carlos Pólit por supuesta concusión. Pólit se encuentra en Estados Unidos y en su contra hay una orden de prisión para investigaciones. 

La compulsa de la credencial de designación del ingeniero Jorge David Glas Espinel como Vicepresidente Constitucional de la República del Ecuador para el período 2013-2017 remitida por el Consejo Nacional Electoral. Al parecer, este documento fue incluido por la fiscal Salazar para certificar el cargo que ocupa Glas, es decir, es un formulismo legal. 

El oficio Nro. VPR-VPR1-2017-00327-O remitido por la Vicepresidencia de la República en donde se remite el listado de personas que han laborado en el despacho del Vicepresidente, constatando que la señora Olga Muentes fue parte de su despacho desde el año 2013 a la presente fecha. Designación que realiza el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social al Contralor General del Estado Carlos Polit Faggionni. Muentes es la asistente personal de Glas, quien fue mencionada por los delatores brasileños como la persona que agendaba las reuniones. 

La versión rendida por el Ing. Jorge Glas Espinel quien se identifica como Vicepresidente Constitucional de la República del Ecuador, que se desempeñó como Ministro Coordinador de las obras contratadas con empresas públicas y privadas y que jamás autorizó, finiquitó ni suscribió contratos, sin embargo acepta conocer al funcionario de Odebrecht José Santos que encabezó al equipo de representantes para llegar a un acuerdo con Odebrecht S.A para retornar al Ecuador; indica que quien estuvo al frente de Hidropastaza el señor Ciro Guzmán, que tiene dos tipos de reunión, las de su despacho y en recorrido, que a su despacho se llegaba según disponibilidad de agenda, a través de los funcionarios, que entre sus asistentes figura la señora Olga Muentes, que jamás ha delegado gestión de ninguna naturaleza a personas ajenas a su despacho, que su relación con Ricardo Rivera es estrictamente familiar, que únicamente se encontraba una vez al año, que el movimiento Alianza País es quien administra fondos partidarios, que el señor Ricardo Rivera no es parte de Alianza País, que se desvinculó de todas la empresas relacionadas con Rivera en 2007, que no recuerda haberse reunido con Alexis Arellano. Que existe una grabación de espionaje político, que la reunión fue con José Santos, que no tuvo convocatoria previa, que fue a reclamar pagos, que no decide sobre pagos que realizar a empresas, que eso le corresponde al Ministerio de Finanzas y que el funcionario de la empresa Odebrecht fue a buscar de alguna manera para que solucione el problema como parte del gobierno nacional.-

La copia debidamente certificada de Decreto Ejecutivo No. 15 de 4 de junio de 2013, en el cual se encarga al Vicepresidente Constitucional de la República la coordinación, control y supervisión del Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos y Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad.-

La copia debidamente certificada del Acta de Posesión del Contralor General del Estado Carlos Ramón Pólit Faggioni el 19 de abril de 2012.

El Informe Pericial suscrito por el Ing. Juan Sebastián Grijalva perito informático legalmente acreditado al Consejo de la Judicatura, el mismo que contiene la desmaterialización de los contenidos expuestos en la Audiencia Privada de exhibición realizada el 14 de agosto de 2017, del cual se desprende que a la máquina 13 del disco duro entregado para el caso se encuentran varias carpetas de archivo, del usuario Ricardo Rivera, entre ellas una denominada Pliegos _01, otra denominada Vicepresidenza Ecuador, y otra denominada Attachment-1, de las cuales se puede observar que tienen relación el Pliego 01 se refiere a los pliegos para la contratación especial de bienes y servicios en condiciones de emergencia de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP en relación al proceso CESE-CELEC-001-2011, cuyo objetivo de la contratación suministro e instalación de centrales termoeléctricas con una potencia efectiva de 190 MW para incorporarse al sistema nacional interconectado del Ecuador, de marzo de 2011, es decir tiene relación con sectores estratégicos; el archivo denominado Vicepresidenza Ecuador que contiene el oficio No. VPR-SG-2014-0790-O, de fecha 2 de abril de 2014, documento dirigido al señor Dr. Rafael Poveda Bonilla Ministro Coordinador de los Sectores Estratégicos, suscrito por el señor Sergio Ruiz Giraldo Secretario General de la Vicepresidencia de la República del Ecuador en ese entonces; mientras que el archivo denominado Attachment_01 hace referencia a una encuesta realizada por la firma Perfiles sobre la Calificación de la gestión del Vicepresidente Jorge Glas en Quito y Guayaquil desde el 6 de octubre del 2013 al 27 de abril del 2014, archivos que se encuentran ubicados en el computador cuyo usuario se denomina “Ricardo Rivera”.


La fiscal Diana Salazar encontró indicios de que Glas estaría involucrado en asociación ilícita. Foto: Diario El Universo

Para la fiscal Diana Salazar, se pudo haber cometido un delito de asociación ilícita, que se castiga hasta con tres años de cárcel, y Glas estaría involucrado. 

Es con estas bases que la fiscal Salazar, según se relata en la providencia respectiva, concluye que se podría haber cometido un delito de asociación ilícita, penado hasta con tres años de prisión, y, por ello, afirma que Glas "tendría participación en los hechos investigados, esto es la estructura conformada por la empresa Odebrecht S.A, ex funcionarios públicos y particulares, a través de la contratación de proyectos emblemáticos como PASCUALES-CUENCA, DAULE-VINCES, MANDURIACU, REFINERIA DEL PACIFICO, ACUEDUCTO LA ESPERANZA, y que pertenecen precisamente al sector en donde el Ing. Glas Espinel en su calidad de Ministro y Vicepresidente ejerció directa influencia en el ámbito de las funciones encomendadas facilitando así la consumación del ilícito investigado".

Las teorías del "tongo" 

Pero aunque algunos sectores de la opinión pública saludaron la "valentía" de la fiscal Salazar al sindicar a Glas, abogados como el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, criticaron que la fiscal haya concluido que Glas solo sería responsable de algún tipo de complicidad en la presunta asociación ilícita, lo que para García es un "delito menor" frente a los que posiblemente se pueden haber cometido en la trama de Odebrecht. García no dudó en hablar de un "tongo" que impida que en el futuro se pueda procesar a Glas por delitos más graves, aunque no abundó en indicios de cómo se habrían cometido. 

"Siento ser aguafiestas, pero la vinculación a Glas es una metida de dedo monumental. Un tongo de la peor laya, en el que todo concepto jurídico ha sido forzado a límites de lo irracional", escribió García, quien agregó que "A Glas le vinculan a un proceso por asociación ilícita, es decir por el delito consistente en asociarse dos o más personas para cometer otros delitos. El tipo penal utilizado para la vinculación es el contenido en el artículo 370 del Código Penal anterior, vigente hasta la entrada en vigencia del COIP. Ahí una primera luz de alerta, ¿por qué se usa un tipo penal derogado y no el vigente “delincuencia organizada” tipificado en el artículo 369 del COIP?".

El letrado dijo también que "adicionalmente dará lugar a que, en una interpretación forzada, como aquellas a las cuales nos tienen acostumbrados cuando de garantizar impunidad se trata, dirán que se aplica la asociación ilícita del COIP, ligada a delitos menores y sancionada con una pena de 3 a 5 años. Es decir, el tipo penal que se aplica normalmente para la pandilla de esquina que roba celulares y vende marihuana al detal".

García opinó también que al considerar a Glas como un cómplice "en caso de ser condenado después de tramitarse todos los recursos, Glas podrá acogerse a la suspensión condicional de la pena (art. 650 del COIP) y no pasará 3 minutos en la cárcel, ni tendrá obligación de devolver 1 centavo".

Abogados como el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, criticaron que la fiscal haya concluido que Glas solo sería responsable de algún tipo de complicidad en la presunta asociación ilícita, lo que para él es un "delito menor".

Otra medida que dividió las opiniones de los abogados fue que la Fiscalía solicitó a la Corte Nacional que pida a la Asamblea Nacional una autorización para procesar a Glas, asegurando que ésta no era necesaria. Aunque Glas había anticipado que el bloque de PAÍS iba a votar a favor del procesamiento, como en efecto ocurrió, se alegó que el tema no debía ir a la Asamblea Nacional, supuestamente porque el procesamiento no empieza hasta la formulación de cargos. Por ello,  juristas como León Roldós dijeron públicamente que el pedido no era necesario. 

La teoría del tongo encontró más adeptos el viernes 25, cuando durante la sesión convocada para conocer el pedido de la Corte Nacional, que fue aceptado por unanimidad por los 128 asambleístas presentes, se aseguró que lo que se busca es blindar a Glas de cualquier investigación por otro delito, en cuyo caso, debería solicitarse una nueva autorización que, aseguran quienes sostienen esa tesis, ya no será concedida por la Asamblea, en donde el bloque de Alianza PAÍS tiene 75 votos, cuando se necesitan por lo menos 92 para autorizar el procedimiento, lo que significa que la oposición por sí sola no puede concederlo. 

Para el asambleísta (PSC) Luis Fernando Torres, es posible que la instrucción fiscal termine desestimando el caso, y que aun cuando haya llamado a juicio, este encuentre varios incidentes. 

Mientras tanto, y a pesar de que han pasado varias semanas de su retorno al Ecuador, no se ha logrado la suscripción del acuerdo de cooperación eficaz entre el ex ministro Carlos Pareja y la Fiscalía. Aunque la defensa de Pareja había anunciado que las conversaciones estaban "muy adelantadas", lo cierto es que no se ha podido suscribir el acuerdo entre Pareja  y el Ministerio Público. Para el fiscal general, el acuerdo tendría sentido si es que Pareja aporta con información relevante, pero el abogado del ex ministro, Reinaldo Zambrano, no ha confirmado aún la suscripción de dicho entendimiento.

Pareja Yannuzzelli había formulado declaraciones en Miami ante varios medios nacionales, ninguno de los cuales las publicó en su momento por falta de pruebas, en las que comprometía tanto a Jorge Glas cuanto al ex contralor Carlos Pólit. Las declaraciones de Pareja fueron grabadas y difundidas en vídeo por medio de la red social Twitter.