La polémica propuesta de ley que podría blindar aún más a los políticos

La polémica propuesta de ley que podría blindar aún más a los políticos
Dos nuevas iniciativas legales del oficialismo provocan dudas y rechazo. Se trata del Código Ingenios, que reforma el esquema de protección de la propiedad intelectual y del proyecto de Ley de Datos, que podría crear un marco de opacidad que beneficie a los políticos y desnaturalice aún más el concepto del funcionario público en el Ecuador. Tras apoyarlo inicialmente, los cantautores rechazaron el Código Ingenios.
12 de Diciembre del 2016
Redacción Plan V

La presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, propuso el proyecto de Ley de Datos.

Son dos leyes que, como es habitual en la Legislatura presidida por Gabriela Rivadeneira (PAÍS), han quedado más o menos como las mandó el Ejecutivo sin mayor discusión ni análisis. 

En primer lugar, el llamado "Código Ingenios" que pretende regular todo el marco de la propiedad intelectual en el país, y en segundo, el proyecto de Ley Orgánica de la Protección de los Derechos a la Intimidad y Privacidad sobre los Datos Personales, (presentado por la propia Rivadeneira) que establece un marco de control sobre la información de las personas que consta en bases de datos públicas y privadas. 

Pero ambas normas tienen varios reparos. En el caso del Código Ingenios, hay dudas sobre los mecanismos para proteger la propiedad intelectual en el país, lo que podría afectar desde a los músicos nacionales hasta las florícolas, pasando por empresas farmacéuticas y otros sectores en los que las patentes sobre los inventos y los derechos de autor sobre las creaciones son clave. 

En el caso de la Ley de Datos, se teme que pueda convertirse en una herramienta más para blindar a la clase política, en especial, correísta, e impedir que información que pueda ser relevante y de interés público sobre candidatos y funcionarios públicos sea conocida.

En el caso de la Ley de Datos, se teme que pueda convertirse en una herramienta más para blindar a la clase política, en especial, correísta, e impedir que información que pueda ser relevante y de interés público sobre candidatos y funcionarios públicos sea conocida. 

¿Un proyecto para la opacidad?

Marcelo Espinel, coordinador general del Observatorio Legislativo, presentó varias observaciones y aportes al proyecto ante la Asamblea Nacional.

Espinel se refirió al ámbito de aplicación de la ley, y recomendó que la norma esté en concordancia con su motivación estableciendo que los derechos y obligaciones contenidos en el proyecto se hagan extensivos únicamente a las bases de datos con fines mercantiles y financieros. La observación de Espinel se debe que  estima que la norma contraría a su motivación inicial extendiendo la aplicación a todas las bases de datos de todas manejadas por entidades públicas, privadas y ONG´s.

Para Espinel, la definición de "datos personales", debe ser precisada,  pues el cuerpo normativo plantea que se considere como dato personal a la información académica y patrimonial.  Por ello, pidió a la Asamblea permitir que la ciudadanía pueda acceder y difundir esta información cuando esta está relacionada a funcionarios públicos, candidatos a cargos de elección popular y contratistas del Estado. De no establecerse esta excepción, sostiene Espinel, el proyecto normativo estaría en clara contradicción con la la Ley para la Presentación y Control de Declaraciones Patrimoniales Juradas, que establece la publicidad de las declaraciones de bienes así "se dificultaría el ejercicio ciudadano del control social al impedir que los ciudadanos conozcan si las personas que aspiran por un cargo público cuentan con la preparación académica necesaria".


Los cantantes y autores nacionales protestaron por las implicaciones del veto al Código Ingenios

Entre los datos personales en el proyecto constan aspectos como toda información que permite identificar a una persona: nombre y apellido, fecha de nacimiento, dirección domiciliaria, correo electrónico, número de teléfono, número de cédula, matrícula vehicular, información patrimonial e información académica o cualquier otra información vinculada con la identidad del titular.

La norma habla también de datos sensibles, definidos como los relacionados a la intimidad de las personas: las características físicas que revelan el origen racial y étnico, las convicciones ideológicas, filosóficas o morales, las opiniones políticas, creencias religiosas, los datos genéticos, la información referente a la salud y a la vida sexual.

Otro cuestionamiento es que el proyecto no hace distinción entre la información personal de los ciudadanos y la información de interés público, lo que podría afectar la libertad de expresión y los derechos ciudadanos a la participación y control social.

Marcelo Espinel cree que se debe permitir el tratamiento de datos sensibles cuando estos contengan información de interés público, lo que facilitaría a los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil difundir libremente las opiniones políticas de candidatos.

Espinel cree que se debe permitir el tratamiento de datos sensibles cuando estos contengan información de interés público, lo que facilitaría a los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil difundir libremente las opiniones políticas de candidatos a cargos de elección popular, promoviendo de esta manera un voto ciudadano informado y consciente.

Finalmente, el Observatorio dijo que es necesario evitar posibles arbitrariedades por parte de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, como el bloqueo de sistemas de información que no podría ser realizado por la autoridad de control sin previamente contar con la orden de un juez competente, lo que atentaría contra la libre expresión. 

"Reiteramos nuestro firme llamado a la Asamblea Nacional a adecuar este proyecto normativo no sólo acorde a las disposiciones constitucionales sino también, a los estándares internacionales en la materia que efectivamente buscan proteger la intimidad y privacidad de los ciudadanos pero sin dejar de lado la libertad de prensa y los derechos ciudadanos al acceso a la información pública y a fiscalizar los actos del poder público, todos estos elementos esenciales dentro un Estado democrático", dijo Espinel a nombre del Observatorio Legislativo. 

  ENTREVISTA  

Óscar Vela

Abogado experto en propiedad intelectual y escritor, tiene una serie de observaciones al Código Ingenios, aprobado por la Asamblea Nacional, y también plantea algunos reparos al proyecto de Ley de Datos.

¿Qué observaciones puede hacer al Código Ingenios? Desde el Gobierno se dice que se busca un incentivo a la innovación y a la generación de conocimiento nacional. 

Las premisas de las que parte el nuevo Código eran efectivamente esas, promover el conocimiento y el desarrollo científico. Pero la concepción es totalmente distinta: es más bien restrictivo y limitativo de derechos de propiedad intelectual, y sobre todo, no protege en debida forma a los titulares, que quedan sin tutela efectivo de sus derechos. En Ecuador se estableció la Ley de Propiedad Intelectual en 1998, y hay varias declaraciones, pero el punto es qué se hace para protegerlos. Una ley de propiedad intelectual debe proteger a los titulares de cualquier violación de sus derechos, la ley de 1998 sí realizaba esa protección, tanto por vía administrativa cuanto judicial. Pero aunque el Código reproduce gran parte de la normativa, y amplía nuevas modalidades para ajustarlas a la nuevas tecnologías, lo que ocurre es que la tutela está condicionada.

¿Cómo se verifica ese condicionamiento?

Por ejemplo, al establecer que se debe ponderar los derechos de las personas frente a la propiedad intelectual. Es decir, estarían en primer lugar derechos como la salud, el trabajo, entre otros. Cuando alguna persona quiera proteger sus derechos sobre un disco, digamos un cantante ecuatoriano al que le hacen copias piratas, y pide un decomiso, será muy fácil para quien lo hace alegar que no le pueden decomisar su mercadería por el derecho al trabajo. Lo mismo se puede alegar sobre el derecho a la educación, y entonces va a ser difícil que un juez cierre una finca de flores ilegales. Esa ponderación es un problema. 

Pero que pasa con caros medicamentos, por ejemplo, contra el VIH, ¿ahí se puede alegar el derecho a la salud legítimamente por encima de los derechos de propiedad intelectual?

Para eso existen las licencias obligatorias, que están en el Código Ingenios también, y en la Ley de Propiedad Intelectual. Pero si hay un medicamento que es necesario para la población, se puede declarar una licencia obligatoria, pero eso tiene lógica en temas de salud o alimentación de la población. Eso es natural y humano, pero acá se están ampliando esos criterios hasta para el derecho de autor de un libro, ¿qué emergencia nacional se puede alegar para traer obras literarias o flores al país? En cuanto a lo declarativo el código se ajusta a los estándares internacionales, pero tiene normas demasiado subjetivas. Los derechos no son susceptibles de equilibrar, hay derechos como el de la propiedad, que no pueden estar condicionados a otros. Es por eso que el Código es limitativo, pues está condicionamiento la propiedad privada de la propiedad intelectual por la concepción de este Gobierno, que ha buscado limitar derechos. 

¿Se alega desde el Gobierno también que es necesario democratizar el conocimiento, cómo hacerlo compatible con los derechos de autor?

Una cosa es democratizar el conocimiento, y otra es tener acceso público a todo conocimiento. Vivimos en una era con la mayor posibilidad de acceder al conocimiento. Antes no podías acceder ni a libros, ni a música, ni a películas de otros países, y hoy, por medio de la Internet, podemos conocer al instante. Pero eso no quiere decir que podamos violar el derecho de autor. Hay un libertinaje absoluto para acceder al conocimiento, pero ese no es un tema que necesite ser regulado. 

Otra queja es que se debe registrar ante el Estado esas creaciones...

Eso ya existía, siempre se ha registrado ante el IEPI y el Ministerio de Industrias, salvo los derechos de autor que no es necesario registrarlo. Se han extendido un poco más los controles de la autoridad, pero no hay mayores problemas ahí. El problema es que el Código no protege a los autores ni creadores. Reconoce los derechos pero no los va a proteger. Eso vamos a ver tan pronto como el Código esté en vigencia. Los cantantes nacionales, por ejemplo, con quienes he tenido discusiones, no parecen entender que no pueden defender una norma como esta por ciertos beneficios. Se acaban de dar cuenta de que es perjudicial y que va a matar su industria. 

Los medios digitales en el Ecuador somos continuamente acosados por el supuesto derecho de autor de las fotografías oficiales, ¿no hay una contradicción con estas normas que implementan en el país?

Hay que tener claro que una cosa es usar una fotografía con fines informativos y otra obtener lucros de ello. Veamos el caso de un futbolista como Cristiano Ronaldo, de quien se saca una foto para informar, eso no sería susceptible de derechos de autor. Pero si la misma foto se usa para lucrar, él tendría derecho a reclamar regalías. Ahí hay una distinción clarísima, pero acá se está arrinconando a los medios de comunicación y puede llegar el día que pidan derechos de autor a los medios de comunicación por una foto del presidente. Se debe citar al autor de la foto, en ese caso, al fotógrafo, pero no al personaje público. Pero en el Código Ingenios lo que hay es una idea socialista, que no ayuda al desarrollo porque nuevas empresas no van a venir a producir propiedad intelectual en nuestro país. En el caso de las rosas, se usa el material vegetal de cualquier empresa en el mundo, pero sino se va a poder usar ese material, muchos van a salir del negocio en el Ecuador. No sé cómo están promoviendo el avance científico con normas así. Por eso, mucho floricultores se quieren mover a Colombia.

¿Cómo empata con el acuerdo con la Unión Europea?

Hay tres o cuatro puntos pendientes de resolver con Europa y se deberá promulgar este Código a las normativas europeas. Ahí hay reparos puntuales que son la protección y la restricción de derechos. Ya se sabían los reparos de Europa pero no se aceptaron, porque en el Legislativo ya no hay discusión ni debate. Se publica lo que se quiere desde el Ejecutivo quiere como en otros aspectos. 

En el proyecto de Ley de Datos, ¿cómo ve el blindaje para los funcionarios públicos y los políticos?

Hay dos reparos, ese de la información privada de los funcionarios públicos y sus datos, que pueden ser considerados como información privada, y se estaría evitando que alguien con una cuenta con millones de dólares pueda ser investigado y expuesto. No creo que la ley es para protegernos en las redes sociales, se está legislando para evitar el acceso a la información. Otro aspecto es suspender y controlar las plataformas de redes sociales en donde pueda haber información peligrosa. Se quiere regular el libre acceso a la información. Se podría alegar que se quieren evitar las injurias, pero ese es un riesgo al que estamos expuestos todos. 

En este Gobierno ¿se ha relativizado el criterio del funcionario público como si fueran personas que siguen siendo particulares y por tanto tienen los mismos derechos que quienes no reciben sueldo del Estado? ¿Es aceptable esta visión?

Creo que no lo es. Se ha buscado blindar al funcionario público, encubrir las actividades y la real situación frente a los funcionarios públicos. Se podría encubrir casos de corrupción, el funcionario público debe estar expuesto al ojo de la sociedad, porque cuando aceptas un cargo público debes estar dispuesto a que te revisen las cuentas y los bienes, lo que se está haciendo es un encubrimiento, para un ciudadano privilegiado. 

"Cuando aceptas un cargo público debes estar dispuesto a que te revisen las cuentas y los bienes, lo que se está haciendo es un encubrimiento, para un ciudadano privilegiado".

Pero se dice con frecuencia que por ser funcionarios públicos no pierden su derecho a la intimidad ¿es un sofisma ese?

Una cosa es el derecho a la intimidad, es decir, de aspectos como su familia, sus preferencias sexuales, su religión y otros aspectos, pero tenemos el derecho de conocer quién es, con qué bienes cuenta cuando entró al Estado, con qué bienes salió, si se benefició del dinero público. No nos interesa si tiene una hija embarazada, pero lo demás es acceso a información pública. No nos interesa si es homosexual o heterosexual, pero si soy funcionario público debemos saber qué patrimonio tenía al entrar y al salir del Estado.

¿No debe interesarnos que un candidato golpee a su mujer o tenga tres hijos a los que no pasa pensión? ¿No es eso revelante para el interés nacional?

Esa es una línea que puede cruzar lo moral, si le paga a la mujer, si viola derechos, su actitud moral, eso es algo que se debe conocer, pero el periodismo a veces se ha entrometido en la vida personal sin que tenga que ver con temas de interés público. Pero la calidad moral de un candidato debe ser discutida por supuesto, no sería un tema de intimidad.

¿Y cómo podría ser un fundamentalista religioso jefe de un Estado laico?

No tendrías por qué atacar su confesión religiosa, pero supongamos que tiene relación con ISIS, ya no sería solo una creencia religiosa sino el ejercicio de una actividad ilícita y eso se debe conocer. También puede haber la posibilidad de restringir el acceso a redes sociales y es eso lo que quieren consagrar en esta norma. 

  PUNTO DE VISTA  

JUAN FERNANDO VELASCO, MÚSICO Y CANTANTE ECUATORIANO 

Juan Fernando Velasco cambió de criterio sobre el Código Ingenios. 

Hace como 2 años el gobierno de la Revolución Ciudadana planteó la necesidad de cambiar la Ley de derecho de autor vigente por el llamado “Código Ingenios”.

Inmediatamente generó preocupación en diversos sectores por lo que iniciamos múltiples acciones para, de manera democrática y participativa, construir una propuesta con la que nos sintiéramos más conformes. El camino no fue fácil; en el caso de los autores y compositores, mantuvimos reiteradas reuniones con la presidenta de la Asamblea, con los asambleístas miembros de la comisión encargada de análisis, con el IEPI (Instituo Ecuatoriano de Propiedad Intelecual), con la SENESCYT durante muchas horas a lo largo de estos meses. En varios momentos sentimos que el camino se estancaba pero, al final, rindió frutos; pudimos acordar un texto que, si bien no satisfacía todas nuestras expectativas como gremio, sentíamos que resolvía de manera apropiada algunos de los temas más fundamentales de nuestra actividad. En otros sectores de la música sucedió lo mismo; además de nosotros (autores y compositores), SARIME (intérpretes) y SOPROFON (productores fonográficos) lograron también resolver algunas de las preocupaciones más fundamentales. El siguiente paso era convencer a los asambleístas de que el nuevo código debía ser aprobado.

"La respuesta vino de arriba; al parecer hay una o dos personas muy cercanas al poder que motivaron el veto. Es por esto que hemos hecho alusión varias veces a la frase de que “el presidente ha sido mal asesorado”, cuando en realidad deberíamos decir, el Presidente seguramente no sabe lo que le han hecho firmar".

Fuimos de manera conjunta y simbólica las “dos partes” a entregar el texto final: Los autores por un lado y el IEPI y SENESCYT por otro. Nos recibió el asambleísta Raúl Abad, presidente de la comisión de Educación y Cultura quien elogió el proceso de participación y destacó la capacidad de todos para ponernos de acuerdo y llegar con esta propuesta consensuada. A pedido expreso de SENESCYT hablé en el pleno de la Asamblea para contar sobre el proceso de construcción del código y de la necesidad de su aprobación para lograr, por ejemplo y entre otras cosas, que podamos recaudar los valores correspondientes al ejercicio de nuestra actividad, uno de los más elementales derechos humanos. La Asamblea aprobó el texto y ahí debería terminar este relato.

Lamentablemente no fue así. Desde el Ejecutivo se envió un veto que prácticamente nos despojaba de la posibilidad de recaudar por el uso de las canciones en espectáculos públicos, centro mismo de la concepción de derechos de autor. De manera muy breve, el articulo 573 del código, en el texto original decía que los valores correspondientes al uso de derechos de las canciones en cualquier espectáculo público debían ser cancelados "previamente", de la misma manera que el empresario cancela por los equipos de sonido, los pasajes aéreos, la publicidad, el alquiler del local, el pago al artista, etc. El veto retira esta la obligación de hacerlo previamente, pero lo preocupante es que la estadística nos muestra que, una vez realizado el espectáculo, apenas el 5% de los empresarios realizan el pago correspondiente. Fue ante esta situación que se pidió enfáticamente poner este requerimiento. Algunos preguntarán, pero ¿es SAYCE efectivamente la administradora de las canciones que se entonarán en todos los conciertos? La respuesta es sí, en un 99% de las veces. Entonces ¿Cuál es la lógica de privarnos a los autores de esta posibilidad de recaudar? ¿No es este el gobierno de la justicia social? ¿De los menos favorecidos? ¿No son los autores y compositores ecuatorianos uno de los sectores productivos más olvidados históricamente? ¿No es el IEPI y la SENESCYT las entidades gubernamentales que deben dar un criterio técnico sobre estos temas? ¿No es la Asamblea Nacional que aprobó el texto original mayoritariamente oficialista? ¿Todas estas instancias construyeron, analizaron, discutieron y finalmente aprobaron el código, para que después sea vetado en sus capítulos más definitorios?

La respuesta vino de arriba; al parecer hay una o dos personas muy cercanas al poder que motivaron el veto. Es por esto que hemos hecho alusión varias veces a la frase de que “el presidente ha sido mal asesorado”, cuando en realidad deberíamos decir, el Presidente seguramente no sabe lo que le han hecho firmar. ¿Lo exonera eso de responsabilidad? Nosotros pensamos que no. Por eso iniciamos una campaña mediática y dimos una rueda de prensa para que sepa que las “correcciones” hechas “a mano alzada” y a último momento en este veto atentan directamente contra el funcionamiento de las entidades de gestión colectiva, mismas que son la base de la construcción de una industria musical. Es verdad que en el pasado algunas de estas entidades estaban sumidas en la corrupción total y que hoy todavía tienen problemas de funcionamiento y legitimidad, pero de ninguna manera podríamos pensar que borrarlas del mapa es la solución. En general, no hay cultura tampoco de pagar derechos y se cree que es un abuso. Cabe aclarar en este punto que nuestro reclamo no es contra de los empresarios de espectáculos, fundamentales también en la construcción de una industria musical ecuatoriana, sino con la posibilidad misma de que la actividad de creación de canciones ecuatorianas se extinga. ¿Qué joven compositor querría dedicarse a esta profesión si las posibilidades de percibir una remuneración por su trabajo son totalmente inciertas? ¿Qué es lo que sucederá? SAYCE no podrá cumplir con los compromisos internacionales adquiridos con otras sociedades de gestión de otros países y quedaremos aislados, las canciones ecuatorianas que suenan más allá de nuestras fronteras serán castigadas por este default y a los autores ecuatorianos no nos quedará más remedio que buscar asociarnos fuera de nuestro país. Por ahora, ese es el panorama…

Pero más allá del inmenso daño que supondrá esta nueva, no consensuada, autocráticamente aprobada Ley de Ingenios (aclaración necesaria para los que preguntan por qué antes la apoyábamos y hoy no), hay una frustración tal vez mayor: la de la falacia de la participación, esa que proclama la misma Asamblea y que, como cuento en mi historia, no aguantó el “plumazo” de alguien de bien arriba para echar al suelo la voluntad de muchos.

Tomado del Facebook oficial de Juan Fernando Velasco