La polémica venta que provocó la caída del Alto Mando Militar

La polémica venta que provocó la caída del Alto Mando Militar
La venta de terrenos del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) al ministerio del Ambiente (MAE) para la construcción de un parque urbano en Guayaquil terminó por provocar la caída del Alto Mando de las Fuerzas Armadas. El Gobierno dispuso la retención de USD 41 millones que el Estado habría pagado demás por los terrenos.
05 de Febrero del 2016
Redacción Plan V

El anuncio lo hizo el propio presidente Rafael Correa por la red social Twitter. El Alto Mando de las Fuerzas Armadas, conformado por el jefe del Comando Conjunto, y los comandantes de las Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea fueron cesados luego de pronunciarse en una rueda de prensa en el Ministerio de Defensa en Quito.

El Alto Mando Militar había cuestionado públicamente la decisión del Gobierno de disponer al Ministerio de Finanzas la retención de por lo menos USD 41 millones, correspondientes al pago que el Ejecutivo hizo a la seguridad social de los militares por la compra de los terrenos en donde se construye el parque Samanes, en Guayaquil. 

El Alto Mando Militar había cuestionado públicamente la decisión del Gobierno de disponer al Ministerio de Finanzas la retención de por lo menos USD 41 millones, correspondientes al pago que el Ejecutivo hizo a la seguridad social de los militares por la compra de los terrenos en donde se construye el parque Samanes, en Guayaquil.

En una rueda de prensa en el Edificio del Comando Conjunto, en el complejo del Palacio de la Exposición, el general Luis Garzón, jefe del Comando Conjunto, dijo que "no podemos estar de acuerdo que se debiten recursos de la seguridad social de las Fuerzas Armadas porque lo prohíbe de manera expresa la Constitución en su artículo 372”.

El general agregó también que “los recursos de la seguridad social le pertenecen a los soldados en servicio activo y pasivo y a sus familias por lo que es obligación del Estado su protección y preservación”. Las declaraciones las dio junto a los comandantes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas.

Según el general, “dejamos sentado de manera clara e irrevocable que siendo el proceso de compra venta de los terrenos en los Samanes un acto jurídico con plena validez, defenderemos la posición institucional que las partes respeten el acuerdo suscrito voluntariamente por las dos instituciones, pues ningún órgano competente ha declarado lo contrario, toda vez que ese contrato no tuvo ni tiene vicio alguno”.

El ex alto jefe militar sostuvo que "las Fuerzas Armadas por su naturaleza, tradición e historia, son las primeras defensoras de la Constitución y las leyes de la República así como de los derechos libertades y garantías de los ciudadanos, como lo expresa la norma fundamental”.

Las Fuerzas Militares emitieron también un comunicado de un párrafo que dice: 

"Mensaje de las Fuerzas Armadas

Ante las declaraciones públicas efectuadas en torno al diferendo que se quiere crear respecto del pago legal y debidamente realizado por el Ministerio del Ambiente por la adquisición de los terrenos de propiedad del ISSFA en el sector de los Samanes en la ciudad de Guayaquil, queremos informar al pueblo ecuatoriano que el mando militar y los soldados de tierra, mar y aire, en servicio activo y pasivo, tenemos la obligación legal y moral de defender el patrimonio institucional del ISSFA, que constituye el presente y el futuro del personal militar y su familia".

Según un dictamen de la Procuraduría General del Estado, se debió pagar no más de USD 7 millones por dichos terrenos, que, sin embargo, fueron avaluados al precio comercial y no al catastral fijado por el Municipio de Guayaquil. Por ello, la Procuraduría emitió un documento en el que precisó que se habrian pagado USD 41 millones demás, pues la transferencia del Ejecutivo fue de USD 48 millones. La entidad recomendaba que se inciaria un proceso legal una vez que la Contraloría determinara si hubo irregularidades en el procedimiento.

Ante el malestar que se manifestaba, fundamentalmente, por medio de militares retirados, quienes son los principales pensionistas del ISSFA, el secretario de Comunicación, Patricio Barriga, reiteró el jueves la orden ejecutiva de que el dinero sea debitado por parte del Ministerio de Finanzas.

La crisis dentro de filas militares empezó a gestarse a fines de enero de este año. En un mensaje electrónico, uno de los miembros del Consejo Directivo del ISSFA puntuaba los hechos a una treintena de correos bajo el título: Información importante Samanes. Y ahí explicaba las conclusiones de la reunión extraordinaria del Consejo Directivo del ISSFA. Este fue el resumen comunicado a los oficiales y que luego se regaría como fuego en la pradera: 

El presidente del Consejo Directivo el ISSFA hizo conocer la disposición de la Contraloría (sic) en la cual se comunica que la compra "al haberse realizado en base al avalúo de la DINAC (Dirección Nacional de Avalúos y Catastros)  por un valor de 48 millones de dólares, no es válida y dispone al director del ISSFA que rectifique y corrija el error. El avalúo del Municipio de Guayaquil, realizado posteriormente sería el que legalmente cumple las condiciones del avalúo y establece un valor de 10 millones de dólares: De acuerdo a esta información, el ISSFA deberá devolver al Ministerio de Ambiente el valor de 38 millones de dolares. Se conoce que la adquisición realizó el ISSFA, cumpliendo todos los requisitos económicos, técnicos y legales, y posteriormente firmando las escrituras entre el  ISSFA y el Ministerio de Ambiente, luego legalizando los trámites en el Registro de la Propiedad. El ISSFA compra el terreno en años anteriores por un valor de 16 millones, utilizando parte de su patrimonio y es el dueño absoluto de los Samanes. El valor actual sería mucho mayor a lo pagado en el año de la negociación.

"La intención de devolver la diferencia no fue aceptada y se recomendó con la intervención de los seis miembros del Consejo Directivo, que se revise el proceso, sin permitir se afecte el patrimonio del ISSFA y  de todos los miembros activos y pasivos de las FF.AA.

"Favor difundir y respaldar las recomendaciones de los miembros del
Consejo Directivo".

La postura unánime del Directorio fue la que prevaleció y fue respaldada por el Alto Mando militar en la rueda de prensa que diera minutos antes de ser destituido por el presidente de la República, quien lo anunció en su cuenta de Twitter.

Protestas en La Recoleta 

Las protestas llegaron a las puertas mismas del Palacio de la Exposición, en La Recoleta, centro de Quito, en donde se encuentra la sede de Defensa. Un grupo de militares en retiro protagonizó incidentes y choques con simpatizantes del Gobierno.

Al evaluar el evento, el ministro de Defensa, Fernando "Corcho" Cordero, calificó como "tres chiflados" a un grupo de coroneles que encabezó la protesta, mientras dijo que cierto general en retiro era un "sabelotodo". Cordero no dió nombres, pero el único ex oficial de ese rango que se había pronunciado al respecto fue el general (r) Ernesto González.

El ministro de Defensa, Fernando "Corcho" Cordero, calificó como "tres chiflados" a un grupo de coroneles que encabezó la protesta, mientras dijo que cierto general en retiro era un "sabelotodo".

El general había publicado un libro, en donde da su versión sobre los hechos del 30S, que, para algunos, desbarataba la tesis oficial del secuestro del presidente Rafael Correa, durante la revuelta militar de esa fecha.

Al mediodía, varios miembros del Ejecutivo, como el ministro de Ambiente, Daniel Ortega, y los ministros del área económica, insistieron en la necesidad de que el ISSFA devuelva el dinero pagado en exceso. Según el ministro Ortega, no se logró un acuerdo con los representantes del ISSFA.

El ministro coordinador de Política Económica, Patricio Rivera, sostuvo que el Gobierno garantiza las pensiones de los militares, y reconoció que el Estado tiene atrasos por USD 260 millones con el ISSFA por concepto de aportes no transferidos. Rivera dijo que el Gobierno esperará un pronunciamento de la Contraloría General del Estado al respecto. Un grupo de militares resguardó la sede del Ministerio de Ambiente, al norte de Quito, mientras Ecuavisa reportó, en su informe de las 13:00, un "movimiento inusual" en el Ministerio de Defensa. 

No era la primera vez, sin embargo, que la alta oficialidad encabezada por el general Garzón salía del libreto. En noviembre del año anterior, la cúpula se hizo presente en la Corte Nacional de Justicia para mostrar su "respaldo institucional" a los ex oficiales juzgados por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos durante el gobierno del presidente León Febres Cordero.

LEA: Así fue la incursión militar en la Corte Nacional de Justicia

En aquella ocasión, la presencia del Alto Mando fue criticada tanto por los abogados de las presuntas víctimas, que llegaron a hablar de un intento de presión al poder civil, cuanto por el presidente Correa, quien dijo que había sido inadecuada. 

Con decreto 910, el presidente nombró al vicealmirante Oswaldo Fabián Zambrano Cueva como jefe del Comando Conjunto de las FF.AA, mientras que el nuevo comandante general del Ejército es el general de Brigada Luis Miguel Ángel Castro Ayala; el comandante de la Armada es el vicealmirante Angel Isaac Sarzosa Aguirre y el comandante de la Fuerza Aérea es el teniente general César Abdón Merizalde Pavón.

Reacciones inmediatas 

Mientras tanto, en Twitter, el presidente Correa publico varios trinos, en donde anunció el relevo del Alto Mando Militar. Durante unas declaraciones en el Palacio de Gobierno, el jueves 4 de febrero, Correa había anticipado que, en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, no iba a permitir que estas actuaran de manera deliberante.

Según el jurista Eduardo Carmigniani, en su columna del diario Expreso de Guayaquil, que el lío empezó el 18 de noviembre del 2015, cuando el procurador del Estado, en ejercicio de sus facultades facultad solicitó al Ministerio del Ambiente (MAE) y al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa), que rebajen el precio pagado (48 millones de dólares) por el MAE por la compra de unos predios ubicados en la ciudad de Guayaquil, sector de los Samanes, por haber sido fijado sin tomar en cuenta el avalúo municipal, lo que en opinión del procurador transgrede la ley del Sistema Nacional de Contratación Pública (art. 58).

Carmigniani discrepa de lo actuado: "el uso obligatorio del avalúo municipal solo está previsto para los casos de expropiación. Pero esta no es necesaria cuando entre entidades públicas (el MAE y el Issfa lo son) se llega a un acuerdo directo: "Para la transferencia de dominio de bienes inmuebles entre entidades del sector público, siempre y cuando llegaren a un acuerdo sobre aquella, no se requerirá de declaratoria de utilidad pública o interés social... …Se la podrá realizar por compraventa, permuta, donación, compensación de cuentas, traslado de partidas presupuestarias o de activos", dice ese mismo artículo 58.

"En todo caso, lo cierto es que la solicitud del procurador no es de obligatorio cumplimiento. Cualquiera de las partes puede rechazarla si no conviene a sus intereses, que en el caso del Issfa es el de sus afiliados. "Y si bien el MAE pudiera intentar, judicialmente, que se deje sin efecto la compra, alegando la llamada lesión enorme (que el justo precio sea inferior a la mitad del precio pagado), también es verdad que, siendo el contrato de diciembre de 2010, ese reclamo está ya prescrito por haber pasado 4 años (Código Civil, art. 1836)".

A su vez, el asambleísta y abogado Ramiro Aguilar, dijo que el presidente Correa no podía, legalmente, ordenar la transferencia de una cuenta del ISSFA al MAE, como efectivamente lo hizo, sino motivación legal ni orden judicial.

¿Se resuelve el tema con el cambio de cúpula?

Finalmente, el presidente destituyó a la cúpula y nombró una nueva. Para poner como jefe del Comando Conjunto, el mandatario dejá de lado una terna de oficiales más antiguos, dos de ellos de la Fuerza Terrestre, y uno de la Fuerza Aérea, el general Raúl Banderas, héroe de la batalla aérea del Cenepa.  Al final, ocho generales de la FT y de la FAE, con rango de general de división, quedaron fuera de las Fuerzas Armadas, y uno más de la Fuerza Naval.

Pero el estallido en las calles por parte de militares retirados y la disidencia del Alto Mando defenestrado son una muestra de que la relación de la revolución ciudadana con los militares está en una franca ruptura. Los motivos son varios. Pesa, sobre todo, la incertidumbre sobre el destino de la seguridad social militar, de la cual dependen decenas de miles de familias cuyos miembros han servido a la Institución durante décadas: Ello incluye a las viudas y a las hijos de los militares ya fallecidos. 

En octubre de 2015, el director del ISSFA, contralmirante en retiro Freddy García, hizo público lo que entre militares activos y pasivos era motivo de una gran preocupación: la millonaria deuda del gobierno. García estimó que, hasta el 30 de septiembre, el monto pendiente era de USD 263 millones, cifra que ponía en riesgo la continuidad de las prestaciones sociales de la institución y hasta el pago de las pensiones jubilares.

Entonces, apareció el ministro Cordero para tratar de apaciguar los nervios. Ofreció un plan de pagos hasta ponerse al día. Dicha oferta no se hizo pública. Se manejó entre autoridad y uniformados, de igual forma como se había venido manejando el tema de los terrenos de Samanes. Hasta cuando la situación se tornó insostenible al revelarse el intercambio de cartas entre el ministro de Defensa, Fernando Cordero y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.