Libertad de expresión: La década por la pugna de la verdad

Libertad de expresión: La década por la pugna de la verdad
La última década ha estado marcada por el debate sobre el estado de la libertad de expresión en Ecuador. Desde el oficialismo, la Ley de Comunicación es uno de los principales avances. Pero desde los sectores académicos y periodísticos esa misma normativa es señala como el peor de los retrocesos. Pero en los 10 años de Rafael Correa en el poder hay más hechos que marcaron el rumbo de este derecho.
15 de Mayo del 2017
Redacción Plan V

1. 8 de julio de 2008

El Gobierno se incauta de los medios TC y Gamavisión de los hermanos Isaías, exbanqueros procesados por peculado bancario. El objetivo fue recuperar los ahorros de los afectados en la crisis bancaria de 1998. De ahí que el Régimen anunciara desde entonces su venta. Pero 8 años después, estos medios forman parte del aparato mediático del Estado. Incluso se han reportado cuantiosas pérdidas en el manejo de uno de ellos, GamaTV. El Presidente ha acusado a los hermanos Isaías de supuestamente amenazar a posibles compradores. El 30 de abril de 2016, insistió en que estos medios, junto a otros activos como la hidroeléctrica Sopladora y Banco del Pacífico, serán vendidos para enfrentar la emergencia del terremoto del 16 de abril de ese año. Pero aún no se ha concretado. 

2. 22 de diciembre de 2009

La Superintendencia de Telecomunicaciones cerró por tres días a Teleamazonas. Según el organismo, que ya no existe en la actualidad, la decisión se debió a que el canal difundió una noticia basada en supuestos. El hecho se dio después de una serie de cuestionamientos por parte del presidente Rafael Correa contra la estación. Uno de los hechos que irritó al Mandatario fue la entrevista del periodista Jorge Ortiz al opositor Fernando Balda donde se difundió un audio de una reunión en la que supuestamente se hablaba de los cambios de última hora en la Constitución. El 29 de agosto de ese año, en su sabatina, anunció que pediría el cierre definitivo del canal al que llamó “cloaca con antenas”. Un año después de esta sabatina, Ortiz -uno de los periodistas más polémicos y contestatarios del Régimen- renunciaría al canal.

3.  28 de febrero de 2011

El presidente Rafael Correa demandó a los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita por la publicación del libro El Gran Hermano. El texto trataba sobre contratos del Estados con empresas vinculadas al hermano del presidente, Fabricio Correa. El libro fue publicado el 19 de agosto de 2010 y siete meses después el Primer Mandatario presentó la querella por supuesto daño moral. Como reparación pidió 10 millones de dólares en una demanda inédita hasta entonces contra periodistas en Ecuador. Según el libro, los contratos causaban un perjuicio al Estado por USD 80 millones.  Los periodistas fueron sentenciados, en primera instancia, a pagar un millón cada uno como multa, por haber causado un daño a nivel espiritual al presidente. Una semana después de la sentencia, que fue apelada por la defensa de los autores, el presidente Correa retiró la demanda, sin condiciones. Después una veeduría ciudadana llegó a establecer en USD 700 millones el perjuicio para el Estado. El Gobierno decidió terminar de forma unilateral los contratos con las empresas de Fabricio Correa. Pero los veedores y los periodistas fueron procesados.

4. 20 de julio de 2011

El juez Juan Paredes condenó a diario El Universo a pagar USD 40 millones de dólares y dictó prisión de tres años para los tres directivos del medio y el articulista Emilio Palacio. El presidente Rafael Correa demandó al rotativo por publicar el artículo de opinión de Palacio titulado “No a las mentiras”. En el texto, el periodista afirmaba que el Mandatario podría ser llevado a “una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente” durante los hechos del 30S. El proceso estuvo cargado de denuncias de irregularidades. La defensa del medio sostuvo que la sentencia de Paredes no fue elaborada por él sino que llegó en un pendrive y fue elaborada por el usuario “Chucky Seven”. El juicio llegó hasta la Corte Nacional de Justicia, donde la sentencia fue ratificada. Pero el 27 de febrero de 2012, Correa decidió perdonar al medio en cadena nacional.

5. 11 de abril de 2013

El asesinato del periodista Fausto Valdiviezo es hasta el momento uno de los casos más oscuros de los últimos años y que siguen en la impunidad. Fue acribillado en su vehículo después de salir de la casa de su madre, en el norte de Guayaquil. En el 2010, había dejado TC Televisión -medio incautado por el Gobierno- por presiones. El ministro del Interior, José Serrano, atribuyó el crimen al crimen organizado y su “relación inusual” con el periodista. Fueron apresados cinco sospechosos, pero cuatro fueron declarados inocentes. Un quinto involucrado se encontraba, para la fecha del juicio, prófugo. Pero la familia siempre sostuvo que se debió a su trabajo como periodista. En los últimos años, la familia ha denunciado amenazas. Durante la campaña electoral, Serrano dijo que hay un proceso de extradición desde EEUU contra el supuesto autor del crimen.

6. 25 de junio de 2013

La Ley de Comunicación entró en vigencia esa fecha en medio de cuestionamientos. A última hora, la Asamblea introdujo en el texto los artículos más polémicos como el linchamiento mediático. Considerada como una de las leyes más restrictivas en libertad de expresión y de prensa, no hay un solo organismo internacional del ramo que no haya criticado a la normativa. Creó una estructura para el control de contenidos bajo la Superintendencia de Comunicación (Supercom) y el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información (Cordicom). Ambos han sido cuestionados por su falta de independencia. A casi 4 años de vigencia, la Supercom ha impuesto casi 500 sanciones a medios y periodistas. Entre sus sanciones más polémicas está la ejecutada contra una caricatura de Bonil, quien tuvo que rectificarla. Desde el oficialismo, la normativa es considerada un avance por ampliar los espacios para contenidos interculturales y la producción nacional.

7. 6 de agosto de 2014

La Superintendencia de Compañías decidió cerrar definitivamente al diario Hoy por pérdidas durante dos años consecutivos. Circuló durante 32 años y fue considerado como uno de los medios más críticos contra el Régimen. El medio, en un editorial, dijo que hubo un permanente boicot publicitario hacia el medio y agregó que las restricciones de la Ley de Comunicación fueron los verdaderos causantes del cierre. El Gobierno descartó cualquier influencia en la cierre del medio, al calificó como un asunto meramente “empresarial”.

8. 24 de enero de 2015 

El Presidente amenazó con revelar la identidad del administrador de Crudo Ecuador. Abrió así un nuevo episodio en su gestión: la lucha por el control de las redes sociales. Crudo Ecuador es una página de Facebook de corte satírico político. Un meme sobre las compras que había hecho el mandatario en Bélgica causó la ira de Correa. Acusó al usuario de hacer una campaña de “desprestigio sistemática con sátira e ironía” contra su imagen. Para combatirla decidió crear la plataforma “Somos Más”, que se dedicó a revelar las identidades de los usuarios en redes que publicaban contenidos contra el Gobierno. En ese espacio se reveló el rostro y fotos familiares de Gabriel González, el administrador de Crudo. González recibió amenazas y decidió suspender sus actividades por casi dos años. Esta acción del Mandatario fue criticada por violar los derechos digitales de Crudo Ecuador y demás internautas. El caso fue conocido a escala mundial gracias al comediante John Oliver.

9. 3 de diciembre de 2015

La Asamblea aprobó un paquete de 15 enmiendas a la Constitución. Entre ellas estuvo que la comunicación pasaba a ser un servicio público que se prestará a través de medios públicos, privados y comunitarios. El cambio fue ampliamente cuestionado. Incluso el relator para la Libertad de Expresión de la OEA, Édison Lanza, dijo que esa definición que no está en ningún instrumento internacional de derechos humanos. “Un servicio público es un servicio en el que el Estado de algún modo es el titular. Eso está bien para el agua, para la electricidad, para la salud y educación, pero estamos hablando de libertad de expresión, no de otra cosa. No me imagino que el Estado regule de principio a fin cómo haces una nota, qué tiene que poner el periodista y cómo tiene que publicar”, dijo en un conferencia en Quito. Pero ninguna crítica cambió el rumbo de la decisión oficialista. La Asamblea aprobó este cambio con 100 votos.

10. 12 de abril de 2016

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) lanzó el concurso de frecuencias más grande en la historia del país. 1.472 frecuencias de radio y TV salieron a licitación en pleno año electoral. El que coincida con la época de elecciones presidenciales fue una de las críticas que tuvo el proceso. Pero también hubo casos de corrupción de supuestas coimas para obtener favores en el concurso. Organizaciones temieron que con esta convocatoria se presionen a medios y periodistas. Estas denuncias se hicieron más visibles desde las radios Visión y Democracia, críticas al Régimen. Estas concursan contra organizaciones religiosas o supuestamente comunitarias. El concurso aún no finaliza y se encuentra en su segunda fase en manos del Cordicom.

 ANÁLISIS                                                                                                                                    

 

“La circulación de ideas y el debate está en una situación mucho peor”

El Gobierno nos ha llevado de un extremo a otro. Por un lado la incautación de los medios relacionados a los grupos financieros halló una realidad: las comisiones entre los grupos financieros y los medios. Salimos de esa realidad y el Gobierno toma una serie de decisiones que supuestamente están llamadas a garantizar la libertad de expresión, a evitar conflictos de interés. Pero hoy, 10 años después, el mayor monopolio de medios de comunicación lo tiene el Régimen. Entonces de los 61 medios nacionales, el gobierno tiene 20 o 21. Además ha fallado en el manejo de estos medios. Creó con mucha expectativa la idea de los medios públicos, una idea con la que en concepto estoy de acuerdo, pero ha sido incapaz en convertirlos en tales. Estos han terminado en medios gubernamentales, en panfletos oficialistas. Muchas veces haciendo una reproducción de las peores prácticas que criticaba a la prensa privada, que han terminado corregidas y aumentadas en los medios del Estado. Correa asimiló tanto que estos eran medios gubernamentales que puso al frente a su Secretario de Comunicación.

A esto le agrego la grave situación del periodismo de investigación. Ha desaparecido virtualmente de los medios tradicionales por efectos de la Ley de Comunicación y se ha trasladado a las plataformas virtuales que hoy se encuentran fuera de su alcance. Además tanto la Ley de Comunicación como el concurso de frecuencias han creando un clima de censura, control de contenidos y autocesura. Hay que señalar el papel de Carlos Ochoa en la Supercom. Una Ley de Comunicación que ya tenía tantos defectos, al ser aplicada fue todavía peor de lo esperado. El abuso y los excesos que se han cometido han complicado la libertad de expresión.

Pero hay que aclarar que este derecho no solo implica a periodistas y medios. Hemos visto actos intimidatorios a ciudadanos que no tiene ninguna presencia política y han sido amedrentados por el solo hecho de expresarse. Es el caso de Crudo Ecuador y de otras personas que han recibido tremendas represalias.

Otro factor muy grave tiene relación incluso con la publicación de libros. En este periodo se allanó la imprenta Don Bosco y se incautó todo el tiraje de los libros escritos por el narcotraficante Óscar Caranqui. Fue una medida cautelar autónoma, nadie puso la denuncia. El juez dijo que nunca leyó el libro, pero a pesar de eso ordenó la incautación. Semanas después, Caranqui apareció muerto en su celda.

Hoy la circulación de ideas y el debate está en una situación mucho peor que antes del gobierno de Rafael Correa. Este ha sido el Régimen del silencio, de la censura y autocensura.

El Gobierno ha cambiado la lógica de la comunicación por la propaganda. Hemos tenido un gobierno que ni comunica ni es transparente en la información pública sino que hace propaganda. Hay que recordar que el presidente prohibió a sus funcionarios dar entrevistas a medios. Es otra dimensiones de la libertad de expresión: la libertad de acceder a información pública. La Ley Orgánica de Acceso a la Información se ha convertido en letra muerta cuando hemos tenido, por ejemplo, esas disposiciones del Presidente que prohíbián entregar información cuando esto va en contra expresamente de la ley.

Mientras se logre una reforma de la ley, el intentar lograr nombrar un directorio con mayor pluralidad e independencia para los medios incautados podría ser una buena señal. Si el nuevo Presidente quiere enviar un mensaje claro debería pedirle la renuncia al señor Carlos Ochoa. Más allá de la aplicación y letra de la ley, su provocación permanente a los medios hace dudar de una autoridad que podría fijar con cierta distancia la ley. Él ha personificado la arbitrariedad y la falta de independencia de la Supercom. Un mensaje claro del gabinete y su disponibilidad para entregar información e ir a las entrevistas, para evitar estas prácticas tan terribles de la rectificación y de la réplica abusiva que interrumpe programación, son puntos que frente a los excesos del gobierno de Correa se podrían convertir en señales importantes del próximo presidente.

 ANÁLISIS                                                                                                                                    

 

“Debería salir la figura del linchamiento mediático de la Ley de Comunicación”

La evaluación sobre libertad de expresión tiene que ver con el modelo que se tenga en la cabeza sobre este derecho. Lamentablemente en el Ecuador sigue imperando entre algunos actores políticos, medios y entre mucha gente la visión liberal de la libertad de expresión. La visión tradicional es la que plantea que la libertad de expresión es un derecho casi limitado a los medios y a los periodistas. Es una visión reduccionista que no se compadece con lo que ahora se llaman los derechos de la información y de la comunicación que plantea que los derechos son de los ciudadanos. Yo me coloco en la mirada de tratar de entender los derechos de la comunicación, un campo heterogéneo y complejo. Desde este punto de vista, el Estado no puede limitarse a no intervenir para preservar la libertad de expresión, sino que debe intervenir a través de un sistema institucional y normativo, y desde la regulación cuando es necesario ejercer los derechos. No hay país en el mundo donde no haya regulaciones a libertad de expresión.

Pero estos 10 años nos hemos llevado por la discusión de que hay quienes tercamente creen que no debería haber Ley de Comunicación, ni institución que la aplique. Esto se evidenció en el penoso proceso electoral. En el Ecuador es un logro, un avance contar con esta ley, que a pesar de sus imperfecciones los ciudadanos tienen una garantía en ese marco normativo y en la mayor parte de veces en la actuación de las instituciones para poder ejercer sus derechos.

La libertad de expresión ha tenido avances en muchos aspectos y en otros ciertos estancamientos incluyendo la presión de quienes no quieren transitar en esa vía. En otros casos hay retrocesos. Uno de ellos es el empobrecimiento del oficio del periodismo en el Ecuador y la función social que cumplen los medios. Se debe a que entra en colisión un sistema construido sobre la base de los medios privados para los cuales  lo que interesa a sus dueños la rentabilidad económica contra otra manera de mirar el papel sobre todo desde los medios públicos y comunitarios: que es la responsabilidad y rentabilidad social. Desde ese punto de vista los que terminan sufriendo este emparedamiento es el periodista que está en el medio de los dos. Los medios privados no han apoyado el periodismo investigativo, las pocas opciones que existen se cuentan con los dedos de una sola mano y son iniciativas de los propios periodistas. No son los medios los que facilitan la investigación. Y cuando hay programas como Visión 360 de Ecuavisa o de los Teleamazonas más allá del ejercicio investigativo son puntas de lanza para enfatizar líneas editoriales y políticas de los medios. Tienen entre ceja y ceja al Estados y sus funcionarios como si no existiera nada más en la sociedad. Nunca topan a sectores de poder económico de la sociedad. Los medios privados viven de la publicidad y de esos grupos de poder. Es la lógica comercial de los medios y esto ha empobrecido su trabajo.

Se ha avanzado mucho en dar voz a actores como los pueblos y nacionalidades indígenas, organizaciones sociales montubias, afros e indígenas. A través de esta obligación de difundir contenidos interculturales que se cumple mal y a regañadientes.

También es importante que en estos 10 años, y es un mérito del presidente Correa, el que se haya logrado colocar en el tapete el rol político de los medios. Antes se auto legitimaban en un discurso de neutralidad y objetividad, de contrapeso al poder. En realidad los grandes medios son empresas privadas que se deben a esa lógica de funcionamiento y desde ese punto de vista están más cercanos al poder que lo que dicen en su discurso. El presidente Correa puso en el tapete que los medios hacen política.  Es uno de los principales hitos. El Gobierno abordó de manera frontal ese tema. Aunque a momentos ese discurso se desbordó y tuvo efectos no deseados que pudieron incidir en el quehacer periodístico y en el rol de los medios.

Y creo que esto finalmente ha permitido que, a través de la regulación, si los medios hacen política deben fundamentarlo sin afectar los derechos de las personas. Las sanciones y el control de los contenidos violentos y discriminatorios, sexistas y machistas han sido un tema permanente en estos último años. Podemos estar de acuerdo en que no todas las sanciones que se han dado sean justas o debidas, pero eso no quita que apoye el que se haya sancionado a medios, productores y espacios que violentaban derechos de distintas minorías.

Es necesario revisar las sanciones y su aplicación. En algunos casos han sanciones excesivas y que podrían ser aplicadas con mucha discrecionalidad de la autoridad.

Las personas con discapacidad han tenido objeto de un tratamiento especial con el lenguaje de señas. Ahora es prácticamente una cosa de sentido común en los medios. Esto sumó a un porcentaje importante de la población ecuatoriana como consumidora de medios.

Otro hito es la Ley de Comunicación. Pero no existe un solo observatorio ciudadano para la defensa y ejercicio de sus derechos de comunicación, donde participen periodistas, gremios, políticos y una buena representación de sectores ciudadanos. La producción musical ecuatoriana se ha difundido increíblemente más, hay una deuda en la producción audiovisual.

En la Ley de Comunicación hacen falta mejoras. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo que incorpore el artículo 10 de principios deontológicos, porque me parece excesivo y redundante. Bastaría con que plantee como mandatario que todos los medios tengan guías editoriales o códigos deontológicos. No hacen faltan que hayan 15 literales porque no competen al ámbito jurídico sino al ético. Es necesario revisar las sanciones y su aplicación. En algunos casos han sanciones excesivas y que podrían ser aplicadas con mucha discrecionalidad de la autoridad. Me parece que el monto que se cobra por las reincidencias es demasiado alto, así como en el incumpliento de los contenidos interculturales. Me parece que hay que poner más énfasis en las amonestaciones verbales, escritas y pedidos de disculpas públicas. Hay que mejorar la operatividad de la normativa que plantea el derecho a la réplica y a la rectificación. Una figura que debería salir es la del linchamiento mediático, no porque no haya linchamiento mediático, porque sí lo hay. Pero es una figura innecesaria e inaplicable. Tiene que cumplir varias condicionantes para que pueda ser aplicada, poner una figura que costaría horrores -siguiendo el debido proceso- demostrar me parece que está mal. Se corrigen esas ambigüedades o se la quita. Pero hay un segundo elemento: ya tiene la ley suficientes elementos en el resto de su texto para sancionar esos efectos negativos del linchamiento mediático.

Me parece hay que recuperar y viabilizar que se nombren los defensores de audiencias. Es una figura intermedia que quedó en el aire por un error en la técnica de redacción jurídica al no considerar el contexto jurídico ecuatorianoen el tema de quién va a pagar y de quién va a depender laboralmente los defensores.

Otro hito es el concurso de frecuencias, por más que se haya hecho de forma tardía y que coincida con época de elecciones. Fue una muy mala coincidencia. Sin embargo, pese a algunas aves agoreras que planteaban que iban a ser un mecanismo de sanción de medios, estoy convencido que no fue así. Se mantuvo mientras fue el proceso electoral. De lo que sé no hubo una sola amenaza a un medio. Pero me interesa el tema de los medios comunitarios, a cuenta gotas ya hay un red. Pero  ahora el Estado sigue en deuda para aplicar el artículo 86 de acción afirmativa para implementar políticas públicas que fortalezcan estos medios. Otro pendiente es canalizar el 10% total de los medios privados para medios locales y repartir de mejor manera la publicidad estatal.

Lo peor que se podría pensar de estos 10 años de Gobierno de Rafael Correa es que las víctimas son los medios de comunicación. Han tenido una enorme culpa en el empobrecimiento del periodismo y su función social. Y muchas veces por caer en el juego del Gobierno han preferido tomar posiciones de actoría políticas y no pensar en sus audiencias a quienes deben servir. La principal afectación se da a la ciudadanía.

Los medios públicos son un hito también en este país. Que lástima que se crearon tan tarde. Sin desmerecer la defensa de intereses cívicos en distintas épocas de los medios privados, no es menos cierto que al ser los dueños y monarcas del escenario mediático se acostumbraron a ese poder y a ser intocables. Perdiendo toda capacidad de autocrítica. Los medios públicos vinieron a remover un poco el avispero. A ratos se han equivocado pero tienen claro su meta: no es competir sino ofrecer lo que los medios privados no van a ofrecer. Eso es contenidos educativos y culturales como prevalentes.

Autocensura en los medios de comunicación siempre ha habido. No es por la ley, cambia el tipo de autocensura, pero siempre hay. Es más: autorregulación hay muy poca en los medios privados, autocensura hay mucha. El que un medio de comunicación tenga en su sala de redacción casi enquistado un abogado para que revise ciertos contenidos para que salga al aire a mí me revela dos cosas: una total falta de profesionalismo y una autocensura explícita. La Ley de Comunicación no es la culpable de lógicas y de formas de funcionamiento que efectivamente restringen ciertos contenidos y reducen la calidad y pluralidad de los contenidos. A pesar de que uno puede inclusiveno no estar de acuerdo con que algunas de las sanciones efectuadas por la Supercom, algunas no la mayoría, porque no tuvieron el suficiente fundamentoo quizá fueron forzadas , uno no puede desconocer que la Ley de Comunicación es necesaria.