Los párrafos más contundentes de la cesación del Consejo de la Judicatura

Los párrafos más contundentes de la cesación del Consejo de la Judicatura
Una guerra de alegatos y declaraciones se desató entre el Consejo Nacional de la Judicatura que preside Gustavo Jalkh y el Consejo de Participación Transitorio, a cargo de Julio César Trujillo. El Transitorio, en una resolución de 123 páginas, decidió cesar a los vocales principales de la Judicatura, que contestó con un alegato de más de 450 páginas. Esta semana se podría nombrar, solo calificando méritos, a un nuevo Consejo de la Judicatura.
11 de Junio del 2018
Redacción Plan V

Lea aquí la resolución íntegra del Consejo Transitorio sobre el Consejo de la Judicatura.

La resolución PLE-CPCCS-T-O-037-04-06-2018 es un voluminoso documento de 123 páginas, en donde se relatan las acciones y omisiones de una de las instituciones más cuestionadas de la época correísta: el Consejo Nacional de la Judicatura que preside Gustavo Jalkh. 

Leído durante cinco horas y media en el Teatro Universitario de la Universidad Central del Ecuador, el documento, preparado por los asesores del Consejo Transitorio, es un inventario de las varias quejas, cuestionamientos legales y reparos éticos que a lo largo de varios años se han vertido contra el Consejo de la Judicatura. 

El documento tiene sus párrafos numerados y estos llegan a ser 430. Al final de la resolución, hay solo tres artículos. El primero dispone la cesación de los vocales principales de la Judicatura (no menciona a los suplentes en ninguna parte), el segundo ordena notificar a los cesados para que ejerzan su derecho a impugnar la resolución y el tercero dispone a la Coordinación Técnica del Transitorio que continúe la investigación de todas las denuncias ciudadanas -algunas de ellas anónimas- que llegaron a su conocimiento.

Leído durante cinco horas y media en el Teatro Universitario de la Universidad Central del Ecuador, el documento, preparado por los asesores del Consejo Transitorio, es un inventario de las varias quejas, cuestionamientos legales y reparos éticos que a lo largo de varios años se han vertido contra el Consejo de la Judicatura.

Pero la parte más importante del largo documento se desarrolla a partir del párrafo 422, bajo el subtítulo "Resultados de la evaluación". Así en dicho párrafo se precisa que los vocales del CNJ "incumplieron sus funciones", lo que para el Transitorio ocurrió desde que fueron nombrados sin tener aptitudes para ocupar esos cargos. Para el Transitorio, cuatro de los cinco vocales tenían conflictos de intereses que les impedían ser funcionarios de la Judicatura y un quinto, Alejandro Subía, no estaba capacitado para el cargo.  Según el Transitorio, los conflictos de intereses fueron el único norte de los vocales de la Judicatura, en perjuicio del Estado de derecho.  

Según el párrafo 423, en cambio, los vocales del CNJ interfirieron en la justicia, y hay evidencia de que cometieron irregularidades en tres de sus tareas: la selección, evaluación y destitución de los servidores judiciales. Lo grave de esa conducta, señaló el Transitorio, es que los actos de la administración pública, durante el correato, no fueron fiscalizados por  autoridades independientes. 

El párrafo 424 redunda en la idea anterior, pues asegura que las acciones del Consejo de la Judicatura impidieron que las instituciones tengan los controles necesarios. 

Según el párrafo 425, la Judicatura emitió actos inmotivados, incumplió reglamentos y resoluciones. También omitió la transparencia en los concursos de ingreso a la Función Judicial. Específicamente, se precisa en ese párrafo, la Judicatura cometió irregularidades en las designaciones de fiscales, en donde no se respetaron las calificiones y se modificaron los reglamentos de manera arbitraria, en la designación de notarios en donde nombraron a quienes tenían menores puntajes y encontraron los mismos defectos en la designación de jueces. 

El párrafo 426 es rotundo al sostener que no se tomaron en cuenta los méritos de los postulantes sino favorecer intereses particulares. 

En el párrafo 427, el Transitorio sostiene que las evaluaciones que el Consejo de la Judicatura hizo de los servidores judiciales fueron básicamente cuantitativas y no incentivaron el cumplimiento de sus funciones. Así mismo, el Transitorio aseguró que jueces con muy altas notas en las evaluaciones de la Judicatura han sido encontrados en actos de corrupción. 

La polémica sobre la aplicación del error inexcusable es desarrollada en el párrafo 428 de la resolución. Ahí, tras analizar varias de las denuncias de gremios de abogados y de jueces destituidos, el Transitorio rechaza completamente que la Judicatura haya tenido en algún momento la potestad de declarar el error inexcusable y destituir a los jueces por esa causa. El Transitorio acoge el criterio de que cualquier resolución de destitución por error inexcusable que se haya tomado sin una sentencia judicial previa (es decir, todas las que tomó la Judicatura) es inválida. Esto, sostiene el Transitorio, porque se violó el debido proceso y los jueces destituidos no fueron juzgados por autoridad competente. Para el Transitorio, se violó la independencia judicial necesaria en un Estado de Derecho. 


Los cinco vocales fueron cesados pero sostiene que sus suplentes no.  Foto: Flickr Consejo de la Judicatura

Tras analizar varias de las denuncias de gremios de abogados y de jueces destituidos, el Transitorio rechaza completamente que la Judicatura haya tenido en algún momento la potestad de declarar el error inexcusable y destituir a los jueces por esa causa.

El párrafo 429 alude a la falta de transparencia y a cómo la Judicatura habría ocultado la información para evadir toda fiscalización  por parte de los ciudadanos. Entre esos hechos de falta de transparencia, el Transitorio sostiene que se hackeó el sistema de sentencias de la Función Judicial para emitir sentencias distintas a las realmente dictadas, que hay casos que no constan en el sistema de la Función Judicial y aún así han sido sustanciados, y también información inconsistente sobre el error inexcusable. Todos estos casos no fueron ni investigados ni sancionados por la Judicatura, dijo el Transitorio. 

La respuesta del CNJ

A pesar de que la semana anterior, la subdirectora nacional de Gestión de Procesos del Pleno del Consejo de la Judicatura, Alba Jácome, acompañada de tres jóvenes funcionarios (llevaban varias cajas y ella no podría sola con toda la documentación) entregó en la recepción de documentos del Edificio Centenario, sede del Transitorio, un documento de 425 páginas que fundamenta su recurso de impugnación a la resolución del Transitorio, el presidente del CNJ, Gustavo Jalkh, se mostró escéptico, en una rueda de prensa que convocó el lunes 11 de junio, de que el recurso sea acogido. Jalkh, a modo de despedida, pues esta semana el Pleno del Transitorio se ratificaría en la destitución, presentó nuevamente las cifras en las que sustenta su gestión. 

Entre sus logros, Jalkh mencionó aspectos como que "la Función Judicial está al día en el despacho de causas con una tasa de congestión de 1.6, esto quiere decir que se resuelven más juicios de los que ingresan". Destacó que, con la implementación de la oralidad en materia no penal, las causas se resuelven en menor tiempo. Según Jalkh, un juicio ordinario actualmente dura, en promedio, siete meses, cuando antes concluía en dos años y tres meses y algunos hasta en ocho años. En los juicios ejecutivos hoy tienen sentencia en cinco meses (antes eran resueltos en casi dos años) y con los procesos sumarios que terminan en cuatro meses (antes finalizaban en más de dos años). Jalhk resaltó la reducción de audiencias fallidas a menos del 4 %, a diferencia de lo que ocurría antes que era del 30 %. Con esto el Estado ahorró 45 millones de dólares. “Antes no había videoconferencias. Hoy, el 14 % de las audiencias se hacen por videoconferencia, evitando su falla y el traslado de detenidos”, explicó. También habló  de la aplicación de métodos alternativos de solución conflictos, entre ellos, la mediación, la conciliación y la implementación de la justicia de paz.

“El 30 % de los procedimientos no penales termina en conciliación y en mediación. Este es un logro extraordinario que, además, produjo 119 mil acuerdos, evitando que vayan a juicio. Eso significa un ahorro de prácticamente 47 millones de dólares”, sostuvo el saliente titular de la Judicatura.  Por lo menos 308 jueces de paz, quienes resuelven los litigios vecinales en sus barrios y comunidades, se han incorporado a la justicia. 

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Muchos de estos indicadores ya fueron mencionados por Jalkh en una entrevista con este portal el año pasado, en donde también atajó las críticas a la aplicación del error inexcusable.

Pero Jalkh no se hace ninguna ilusión sobre que podrá mantenerse en el cargo. Al respecto dijo:  “Hemos desvirtuado absolutamente todas las argumentaciones contenidas en ese informe”, pero a pesar de ello admitió que sus argumentos no serán aceptados por el Transitorio.  “En una democracia madura, a las personas se las juzga por sus acciones, no por opiniones. Hasta ahora, la razón dada por el CPCCS-T fue que existió un supuesto conflicto de interés por haber trabajado en el Ejecutivo, es decir, no se nos evaluó por nuestras acciones”.

En una rueda de prensa, la semana pasada, los defenestrados vocales de la Judicatura habían replicado, durante una hora, a las conclusiones de la resolución del Transitorio. Estos son algunos de los argumentos

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1.-Cinco horas de acusación versus media hora de defensa. Gustavo Jalkh destacó que solo tuvo media hora para defenderse de una resolución de cinco horas, y que la lectura se hizo en "un acto político" en la Universidad Central, a donde asistieron barras y opositores al CNJ. La sesión pública, pero con elementos políticos, sería "una violación al debido proceso".

2.- La sentencia hackeada. Según Gustavo Jalkh, el supuesto hackeo de una sentencia para defender al Estado es falso. Se trata, dice, del caso de un juez sancionado en 2012, aunque él se posesionó en 2013 del Consejo de la Judicatura. No habría pruebas del hackeo sino que el juez destituido firmó dos sentencias, luego de que una Corte Provincial constató que había dos sentencias en el mismo caso. Esa Corte, remarcó Jalkh, fue la que pidió a la Judicatura que actuara, y por esa razón se aplicó el error inexcusable contra el juez.

3.- La defensa del error inexcusable. Gustavo Jalkh defendió la compentencia del Consejo de la Judicatura para aplicar la sanción disciplinaria por error inexcusable. Recordó que compareció ante la Mesa de Justicia de la Asamblea y que asambleístas reconocieron que sí tenía esa competencia. En ese sentido, recordó que varios tribunales contenciosos administrativos, como el de Quito, reconoció que el Consejo de la Judicatura podía aplicar el "tipo sancionatorio" del error inexcusable. Insistió en que no es necesaria una sentencia previa contra el juez para que se le aplique la sanción disciplinaria. El Tribunal Contencioso Administrativo de Cuenca también reconoció esa competencia, al igual que la Corte Nacional de Justicia. Para sustentar sus criterios, Jalkh mencionó varios casos de jueces que fueron sancionados, como uno que dispuso el embargo de la población de Naranjal, por un problema de herencias. Otro juez de la Costa fue destituido por haber liberado sin audiencia pública al sospecho de un presunto delito de violación. Ese ex juez también fue sancionado, precisó Jalkh. En otro caso se cometió un asesinato en Quito pero un juez decidió liberar a los dos procesados y uno de los presuntos criminales sigue prófugo. Otro juez, que se demoró un año en hacer lo que debía hacer en tres días, también fue sancionado, y Jalhk sostuvo que las destituciones de ese tipo de jueces se realizaron por los atropellos que cometieron contra varios ciudadanos. Destacó que tuvo en la Asamblea Nacional el tiempo suficiente para explicar caso por caso. 

4.- El nombramiento del fiscal subrogante y otros fiscales. Gustavo Jalkh relató que en la reforma al Código Penal de 2014 se hizo una reforma que permitió al Consejo de la Judicatura hacer concursos de fiscales provinciales que no habían sido solicitados oportunamente por la Fiscalía. En primer lugar, dijo Jalkh, se hizo primero un escalafón, y en ese proceso quedó en primer lugar el actual fiscal general. En otro concurso, para fiscales provinciales, en 2016 quedó primera la fiscal Thania Moreno y segundo Gem Rhea. En 2017, en cambio se nombró fiscal subrogante por decisión del Consejo de la Judicatura y para ello se hizo una consulta a la Procuraduría. Esta institución respondió que debía ser la evaluación del 2016, la más reciente de los fiscales, por lo que nombraron a Thania Moreno como fiscal subrogante. Cuando la fiscal subrogante Moreno fue suspendida, una nueva consulta a la Procuraduría motivó que se nombre a Gem Rhea. En este caso, dijo Jalkh, el Consejo Transitorio no habría revisado las pruebas de descargo, entre las que estuvieron certificaciones de la Contraloría. Sobre los nombramientos de fiscales, sostuvo que se pretendió presentar en la Asamblea Nacional documentos falsos por lo que presentó una denuncia en la Fiscalía.

Sobre los nombramientos de fiscales, sostuvo que se pretendió presentar en la Asamblea Nacional documentos falsos por lo que presentó una denuncia en la Fiscalía.

Un informe de la Contraloría ha observado 33 nombramientos de fiscales, admitió, pero dijo que las responsabilidades serían de los directores de Talento Humano de la Judicatura y no de los vocales. Negó que se haya cambiado el puntaje de los postulantes a fiscales, sino que se modificó el umbral de 80 a 70 puntos para los postulantes a fiscales, lo que fue observado por la Contraloría. Sobre este tema, Jalkh también dijo que las recomendaciones de la Contraloría se referían a la Fiscalía y no al Consejo de la Judicatura. 

5.- La falta de independencia y los conflictos de intereses. Gustavo Jalkh aseguró que no se le ha probado los conflictos de intereses pues no había inhabilidad por haber trabajado en el Ejecutivo. Defendió la gestión de Projusticia, una entidad que con financiamiento de Estados Unidos inició la reforma judicial, en donde se preparó también Farith Simon, decano de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, quien según Jalkh sería uno de los candidatos para sucederlo en la Judicatura. Se cuestionó si el haber trabajado para Projusticia en su momento inhabilita a Jalkh. Arbito, quien también trabajó en Projusticia, defendió su carrera y su derecho a trabajar en varias organizaciones. 

6.- El nombramiento de notarios. Néstor Arbito, de su lado, aseguró que no se les advirtió sobre los nombramientos de supuestos amigos para ser notarios. Según Arbito, la simple amistad no les impide a los candidatos a notarios participar en un concurso, pues lo que se debía probar es cómo se favoreció a los amigos o parientes en los concursos. Arbito aseguró también explicó el caso de Pablo Defina, quien participó para ser notario en una de las 58 vacantes de notarías del Guayas. Arbito precisó que 65 personas aprobaron el concurso, y que Defina estaba en el puesto 52. 47 de las notarías estaban ubicadas en la ciudad de Guayaquil, donde reside Defina y al parecer estaba a cinco puestos de los puestos dentro de la ciudad. Explicó que las vacantes de notarios no son solo dentro de la capital de la provincia sino en cualquiera de los cantones. 

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7.- La autotutela. Según Arbito, todos los funcionarios públicos tienen la obligación de aplicar las normas constitucionales y también de hacer cumplir sus resoluciones administrativas. Arbito dijo que se aplicó el criterio en no más de 30 casos del CNJ. 

8.- Las denuncias anónimas. Jalkh dijo que 114 denuncias les fueron entregadas, aunque el Transitorio analizó solo 29 de ellas. En un caso, Tomás Alvear, director de la Judicatura, habría tenido una reunión con otros funcionarios en un balneario en las afueras de Quito en una fecha en la que Alvear estaba en Guayaquil. Negó que hubiera pruebas de injerencias en la Función Judicial y que en su momento nadie impugnó su participación ni su nombramiento en el Consejo de la Judicatura. 

Farith Simon, decano de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, quien según Jalkh sería uno de los candidatos para sucederlo en la Judicatura, también trabajó para Projusticia, al que el Transitorio consideró un Think tank para la toma de la justicia. 

9.- Los cinco alternos. Jalkh insistió en que los cinco alternos del Consejo de la Judicatura deben completar su periodo si son destituidos. Ellos, recordó, no fueron evaluados por el Transitorio, mientras que sí fueron llamados a la Asamblea Nacional. En su criterio, no podrían ser cesados pues nunca participaron en ese proceso. 

10.- La defensa del ingeniero Alejandro Subía. El vocal Subía, quien es ingeniero civil, admitió que no es abogado, pero defendió su experiencia en tareas de modernización y acceso de los ciudadanos a la justicia. Relató que fue director de Tecnología del Servicio de Rentas Internas desde 2008, fue asesor del Municipio de Quito, trabajó para la CAF y luego estuvo en el Consejo de la Judicatura.