Salvando a Manuela Picq

Salvando a Manuela Picq
La crónica de los dos días en los cuales los abogados de Manuela Picq y decenas de personas trabajaron intensamente para impedir que sea deportada. Tras una serie de gestiones, se declaró nulo el arresto de la periodista brasileña. El 21 de agosto, ante el limbo jurídico en que se encontraba, decidió voluntariamente volver al Brasil.
18 de Agosto del 2015
Juan Carlos Calderón / Plan V

Los alegatos para lograr la liberación de Picq tomaron en cuenta las violaciones procesales cometidas en su arresto. 

El lunes 17 de agosto de 2015 a las once de la mañana, Juan Pablo Albán y Javier Arcentales están en el parque El Arbolito, cerca del teatro Prometeo, haciendo tiempo para acudir a la Unidad Tercera de Familia, donde ha caído sorteada la acción constitucional de medidas cautelares y acción de protección en favor de Manuela Picq. La audiencia de deportación será luego de cinco horas, y tienen que lograr el milagro de que la jueza de Familia se pronuncie antes de la audiencia.

A esa hora no hay optimismo en los dos abogados de la Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), que han llegado al caso con el apoyo firme de Farith Simon, subdecano de la Facultad de Derecho de esa Universidad. Albán y Arcentales tienen también una motivación personal: son compañeros de cátedra universitaria de Manuela, quien es docente de esa universidad, una PhD en Relaciones Internacionales. Carlos Pérez Guartambel, su compañero de vida, es también parte del equipo de defensa. Pero Carlos no está a esa hora con sus dos colegas de la "San Pancho", sino en su casa de La Floresta, barrio tradicional y bohemio de Quito, concentrado en preparar la audiencia de deportación, mientras Manuela permanece en el "hotel" Carrión, eufemismo con el cual se conoce a la cárcel para ciudadanos extranjeros en tránsito de deportación. 

Catedráticos extranjeros abogaron por Picq, quien dicta clases en la USFQ. 

Desde ahí, a donde Manuela Picq fue llevada detenida por la Policía sin orden de juez ni cargo alguno, la académica y corresponsal de Al Jazzeera, la megacadena árabe de noticias por televisión, ha denunciado la situación de sus compañeros de prisión: cubanos, haitianos y gente de otras nacionalidades, 25 en total, permanecen en un lugar que acaba de ser descubierto por la mayoría de la prensa ecuatoriana, por ahora dispuesta a mirar a otro lado.

A ese sitio, cercano al mercado de Santa Clara, había llegado una pequeña movilización el domingo por la tarde, encabezada por Carlos Pérez, para apoyar a Manuela y exigir su libertad. El dirigente indígena llevaba un letrero con la frase: Manuela, te amo, y que dio la vuelta por las redes sociales. Carlos es presidente de la Ecuarunari, atacado por el gobierno, insultado por el presidente Rafael Correa con una ofensa en quichua que no se dice nunca. El duro dirigente también ha llorado en esa marcha y la fotografía de su cabeza gacha es pólvora virtual. Se perfila una historia de amor y valentía, la de una pareja que se había conocido dos años atrás en las luchas del Austro contra la explotación minera y en defensa del agua mientras ella daba talleres a las comunidades, y él se enfrentaba  a los poderes económicos y estatales, siempre juntos.


Este hotel del centro norte de Quito sirve de albergue temporal para extranjeros que van a ser deportados. 

La de ese domingo es una tarde de perros para los defensores de Manuela. La posible e inevitable deportación se perfila en el horizonte, con el convencimiento de que el gobierno usa perversamente ese mecanismo para desmoronar a Pérez Guartambel (y a Manuela), uno de los mas duros opositores del extractivismo y un líder radical dentro de la Conaie. Ya que no ha podido contra Pérez ni con persecución judicial ni con nada, pretenderían derrotarlo por amor. Separarlo de su amada, piensan algunos de sus allegados. Otros creen que no es posible pensar así, que no son tan miserables.

Pero si alguien no lo cree así, las dudas se disipan cuando desde el gobierno se dice que Carlos Pérez está casado con otra mujer y se insinúa su posible bigamia. La metida de pata es retirada de inmediato luego de la indignación en las redes: Carlos es viudo desde hace tres años. Hasta para ser miserable hay que estar informado.

Uno tras otro se suceden los ataques en las redes sociales de correístas: ataques racistas, xenófobos, machistas. Lo peor del ser humano expuesto a la luz pública en defensa de un "proyecto" que no se sabe para dónde va. Carlos Pérez y los abogados soportan todo eso y es una verdadera batalla virtual la que se libra. La lucha por Manuela está en las redes, en la calle, en la mesa del comedor. Su nombre ya es tendencia nacional en Twitter mientras se suceden los despachos internacionales mostrando con cada vez mayor insistencia la profundidad del error del gobierno.

Batalla judicial

Pero la lucha no solo desde los teclados. Albán, Pérez Guartambel, Arcentales y otros la están librando en los juzgados, ese domingo por la tarde. La mejor defensa política es una excelente defensa jurídica, eso lo sabe Albán, quien se ha jugado por la defensa en los tribunales de los derechos humanos.

Es una tarde de perros, sin embargo, porque han elaborado la acción de protección y buscan entregarla en la Unidad de Flagrancia y eso se convierte en una vía crucis. Juan Pablo Albán lo relata en su testimonio:

"Llevo casi 16 años ejerciendo la profesión de abogado y hasta hoy no había experimentado algo tan surreal como el fallido proceso de presentación de una acción de protección en favor de Manuela Picq, a punto de ser injustamente deportada del Ecuador. Hemos tratado tanto su esposo Carlos Pérez Guartambel como sus abogados, por varias horas, de interponer la garantía jurisdiccional, que según la ley es de competencia de cualquier juez incluidos los de flagrancia, pero sólo hemos terminado con una gran frustración.

La jueza de Flagrancia de turno abogada Paulina Karina Sarzosa Guerra dispuso un cerco policial en torno a sus oficinas que impidió la entrega de una acción de protección. 

"Primero se impidió por casi dos horas que Manuela (detenida en una cárcel para personas en proceso de deportación identificada con el eufemismo de "Hotel Carrión") firmara el documento. Cuando finalmente el escrito estuvo firmado, cerca de medio día, se colocó un cordón policial en la puerta de la Unidad Judicial de Flagrancia de Quito que impidió el paso de los abogados de Manuela, según se nos informó por disposiciones de la jueza de Flagrancia de Turno abogada Paulina Karina Sarzosa Guerra, anunciando que las 14:30 la funcionaria recibiría a alguien en representación de Manuela, porque en ese momento se encontraba almorzando. A las 15:40 ingresé en compañía de una de las mujeres que se encontraba en el lugar respaldando a Manuela, en un descuido de los funcionarios de la empresa ARMILED que presta seguridad privada al edificio.

"Llegué hasta la sala donde la juez discutía con un veedor de debido proceso de la Defensoría del Pueblo que le exigía que cumpla su función y nos reciba el escrito. La funcionaria afirmaba que ya se terminaba su turno (a las 16:00) y que era un tema complejo, que no iba a alcanzar a tramitar, además de sostener que la Unidad de Flagrancia no es competente para conocer garantías jurisdiccionales (mentira absoluta), golpee la puerta y al abrirse esta exigí a la juez que reciba el escrito, a lo que se negó indicando que su turno ya terminó (faltaban 15 minutos) y que no era competente; insistí y le pregunté si la negativa se fundaba en un temor a represalias por parte de sus superiores, no me respondió. Bajé a explicar la situación a Carlos Pérez y las personas que esperaban en la calle atrás del cordón policial. Decidimos esperar a que la siguiente juez de flagrancia tomara el turno, una abogada de apellido Molina. A las 16:00 nos acercamos nuevamente a la puerta, esta vez con Javier Arcentales el otro Abogado de Manuela para subir a hablar con la juez que tomó el turno. Se nos impidió la entrada por parte del personal de ARMILED bajo indicación de que la Coordinación de la Unidad de Flagrancia prohibió nuestro ingreso. Un mayor de la Policía presente en el lugar trató de interceder para que se nos permita entrar, pero a él tampoco querían dejarlo pasar. A las 16:10 el oficial de Policía logró ingresar y gestionó que se nos permita pasar. Uno de los funcionarios curiales nos hizo subir al segundo piso y nos dijo que esperáramos, que "los jueces" ya bajaban, esperamos pacientemente, también el funcionario de la Defensoría del Pueblo que siguió insistiendo que se nos reciba el escrito, no se nos dijo nada. A las 18:00 ante el anuncio de que nos retirábamos, el funcionario curial nos dijo que por favor esperemos tres minutos más, luego regreso y nos hizo subir al tercer piso, donde el coordinador de la unidad de flagrancia dijo que "los jueces" no nos recibirían pero que él nos iba a atender, luego nos anunció que lo que sea que presentáramos debía ir a la oficina de sorteos. Mañana intentaremos de nuevo en la oficina de sorteos. ¿Cómo era el slogan del Consejo de la Judicatura?.... ah cierto, "La (in)justicia es una práctica diaria".

Finalmente logran ingresar el escrito, y el lunes por la mañana son notificados que la acción de protección ha caído en la Unidad Tercera de Familia. Hacia allá se dirigen pues los dos abogados, Albán y Arcentales. Empiezan su caminar en el parque El Arbolito, Albán con terno negro impecable bajo un sol de justicia. Entonces aparece Andrés López, el periodista corresponsal de CNN para tomarle unas declaraciones. Albán accede, parte de su tarea, lo sabe, es usar la palabra con firmeza por sus defendidos. Minutos antes ha comparecido en el set de Teleamazonas, con María Josefa Coronel, y con el dedo apuntando a la pantalla ha retado al presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh  a que le demuestre que un juez de contravención no puede recibir una acción de amparo, como fue el pretexto para la demora en recibir la acción de protección. No hay respuesta de Jalkh pero Albán se enterará minutos después que el Consejo de la Judicatura ha designado a dos funcionarias de la Unidad de Derechos Humanos para que acompañen a la defensa de Manuela en los trámites judiciales. Una de ellas se llama Alexandra y efectivamente se ha preocupado de abrir puertas de secretarios de juzgado que no quieren recibir a los abogados de la perdiodista brasileña o les causan dificultades extremas como la tarde del domingo en la Unidad de Flagrancias. Pero sí resulta una paradoja que para que Manuela obtenga justicia se precise de los buenos oficios de un funcionario estatal.

El canciller encargado, Xavier Lasso, se mostró dispuesto a recibir una nueva solicitud de visa por parte de la periodista brasileña para que no sea deportada.

Mientras caminan por la Juan León Mera, hacia la Veintimilla, la defensa discute un tema de última hora: una persona con acceso al canciller encargado, Xavier Lasso, llama por teléfono a los defensores con la noticia de que Relaciones Exteriores está dispuesta a recibir de inmediato una solicitud de visa 12-10, de turista, por parte de Manuela Picq y con ello evitar la deportación. La respuesta es prudente: gracias por la gestión, pero no es una decisión que debamos tomar nosotros, sino la involucrada y su esposo. Enseguida comunican la oferta en el chat grupal que han abierto para la defensa. A uno de los abogados le parece una salida, para otros es un intento del gobierno de lavarse la cara en la internacional metida de pata  en que se ha convertido al detención de la periodista y académica. No es para menos, miles de firmas de académicos de varios países han llegado. La Embajada brasileña, de forma discreta, se ha movido fuertemente para defender a Manuela; el tema ya es un desprestigio para la buena imagen internacional del gobierno, cuidada siempre con millonario celo.

El criterio de Albán y Arcentales es que no se debe aceptar esa oferta estatal sin condiciones: la devolución inmediata de su estatus migratorio, la libertad de Manuela. Así lo comentan en el chat, en el cual aparece de inmediato un llamado de Manuela: Carlos, ven a verme.

La contraoferta es comentada al contacto del canciller Lasso, luego ya no hay más comunicaciones.

En el cuarto piso de la Unidad Tercera de Familia, la secretaria dice a los abogados que la jueza está terminando una audiencia y luego, si tiene tiempo, revisará la acción de protección. Se llenan de paciencia y le explican que se trata de un acto urgente, que a las cuatro de la tarde hay la audiencia de deportación y por tanto necesita su pronunciamiento. ¿En cuánto tiempo?: unos veinte minutos. Al rato llegan las funcionarias de la Judicatura; han estado en un juzgado de Trabajo que tiene a su cargo el pedido de hábeas corpus, que interpuso Carlos Pérez y les piden un alcance al pedido donde señalen a qué autoridad va dirigido. Una tarea más para Javier Arcentales, que no ha desayunado y muere de hambre. Las funcionarias de la Judicatura entran, carnet por delante, a hablar con el coordinador del despacho; les dicen que la jueza están leyendo el escrito pero que se demorará al menos hasta las dos y media de la tarde. Le piden agilidad, se la prometen. Así que las funcionarias deciden quedarse ahí a la espera de que la jueza se de el tiempo o haga consultas, quien sabe, mientras Albán y Arcentales caminan hasta el hotel Carrión para verse con Manuela y Carlos Pérez y tener una reunión preparatoria de la audiencia de las cuatro, cosa que no han podido hacer. Los abogados entran a la prisión de los extranjeros, en la calle Carrión y Versalles, a la una de la tarde. Unos minutos después llega Carlos; solo pueden entrar los abogados, Mientras se abre la puerta de ingreso, asoma Manuela por una ventana del segundo piso. Mueve las manos entre las rejas y el vidrio por una ventolera, sonríe ampliamente: el motivo es que en la parte de afuera está un equipo de El Comercio, el fotógrafo Alfredo Lagla y la periodista Mariela Rosero. 

Albán y Arcentales salen de la reunión cerca de las dos de la tarde. Están asombrados del espíritu de Manuela Picq: ella nos ha levantado el ánimo, dicen. Le han explicado qué se espera de ella en la audiencia, y se han repartido las intervenciones. Luego se separan, pues tienen asuntos personales que atender. 

La audiencia 

A las tres de la tarde, en la calle Roca, entre 6 de Diciembre y Reina Victoria, frente a la Embajada rusa, hay un cerco policial de unos 30 efectivos. En la vereda del frente se han colocado supuestos familiares de policías heridos en las protestas, con gigantografías de fotos de los policías siendo atendidos y con leyendas como: mamá te amo, sobrino te amo. Pocos periodistas y fotógrafos están agolpados en la estrecha entrada de la Unidad de Contravenciones cuando se registra movimiento en la calle y en la tropa: policías del GOE con uniformes negros,  fusiles automáticos y casco escoltan la llegada de Manuela Picq, en una camioneta doble cabina. Se ve una protección a todas luces desproporcionada para la menuda académica y periodista. En la puerta alguien pregunta con sorna si estará llegando el Chapo Guzmán. Nadie está a esa hora para apoyar o recibir a Manuela, que avanza sola rodeada de policías, pero levanta el brazo derecho haciendo la V de la victoria. Es llevada al tercer piso. Nadie de la prensa ha entrado, salvo los medios correístas El Telégrafo y Ecuador TV.


Con pancartas, varios manifestantes mostraron su apoyo a la periodista. 


De su lado, supuestos familiares de los policías reclamaron por las agresiones de encapuchados. 


Dirigentes del feminismo nacional reclamaron por la detención, invocando temas de género. 


Carlos Pérez, presidente de la Ecuarunari, abogó por la liberación de su pareja. 

En medio de los alborotos por entrar, a una sala con capacidad para 20 personas, la audiencia se instala. Llega Carlos Pérez un poco atrasado y saludó con Manuela con un sonoro beso en la boca.

La jueza Gloria Pinza llega y todos se ponen de pie, menos Manuela. De la parte acusadora está un representante de la Fiscalía de Pichincha, quien explica que se encuentra ahí porque la Ley de Migración dice que debe estar ahí. No oculta su aburrimiento. Del otro lado está Manuela y sus tres abogados: Carlos Pérez, Julio Sarango y Juan Pablo Albán. Entre el público están el embajador y el cónsul de Brasil. Hay un traductor que es posesionado bajo juramento, pero Manuela se rehusa a sus servicios porque entiende perfectamente el español: habla cuatro idiomas. 


Los abogados Juan Pablo Albán, Carlos Pérez Guartambel y Julio Sarango defendieron a Picq. Foto de Edú León

Antes de que hable el delegado de la Fiscalía, en primera instancia, Jaime Veintimilla, un abogado de derechos humanos, entrega un sobre a Juan Pablo Albán: ahí están todos los certificados de la USFQ y las cartas de recomendación y todo lo que puede servir para demostrar que Manuela trabaja y sirve a la comunidad ecuatoriana y que, además, no es peligrosa. Un equipo se ha encargado de recoger todo eso durante largas horas, y ahora se los ve satisfechos.

Patricio García, abogado de la Fiscalía, inicia su intervención citando varios documentos; entre ellos un primer parte policial de los sargentos Carlos Abad Masache y César Herrera donde relatan cómo la noche del 13 de agosto, cerca del Palacio de Gobierno, ayudaron a una ciudadana extranjera que estaba siendo agredida por desconocidos y la entregaron a policías de Migración que estaban por ahí. Luego García lee otro parte policial de la oficial Patricia Méndez, donde dice que habían ayudado a la ciudadana extranjera, agredida, y que luego se mostraba que la visa 12-8 estaba caducada. Luego aparece una resolución jurídica, que es leída por el fiscal, firmada por un funcionario Juan Carlos Estrella de la Cancillería, citando los motivos para cancelar la visa a Manuela. Es un documento del 14 de agosto, es decir del día siguiente. Por principio de contradicción, el fiscal entrega los dos documentos a la defensa, que los ve por primera vez.

Luego toma la palabra Pérez Guartambel. Se demora 40 minutos. En este tiempo cuenta cómo fueron agredidos, y desbarata con grandes fotos el argumento policial de que habían ayudado a Manuela. Fotos que entrega al fiscal por principio de contradicción, el funcionario las recibe pero las coloca boca abajo sobre su escritorio.

Pérez lee en su computadora portátil los argumentos sobre la ciudadanía universal, las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muestra los golpes de Manuela y los suyos, reclama por los argumentos para su detención, que nunca le notificaron la detención ni sobre el retiro de su visa, que la resolución de cancelación de visa no estaba motivada, lo cual es un requisito, y por lo tanto es un acto nulo.  Pérez se refiere a los policías que los agredieron y detuvieron como "mis hermanos", lo cual cae de sorpresa a los asistentes. Pérez habla de sueños, de poesía, de utopía universal sobre la migración, cita la Constitución...

El abogado Juan Pablo Albán evidenció que los partes policiales anticipaban la revocatoria de la visa efectivizada un día después.

El fiscal se exaspera, pide a la jueza que interrumpa al abogado y compañero de Manuela. Éste se toma unos minutos más y luego tiene la palabra Juan Pablo Albán; la jueza advierte al abogado que tiene solo 10 minutos para hablar. La sala es un horno, pero nadie se mueve. En lugar de reclamar a la jueza por el tiempo a todas luces reducido, Albán agradece. Y en una exposición sin subterfugios ni retórica demuestra cómo en uno de los partes policiales del 13 de agosto se cita la resolución de revocatoria de visa de Manuela del 14 de agosto. Se permite la ironía: son policías clarividentes. Luego lee una por una las razones legales para revocar una visa, y demuestra que su defendida no ha caído en ninguna de ellas. Le dice a la jueza finalmente que quiere confiar en la justicia, que es un proceso viciado y nulo por falsificación de documentos públicos. Termina antes de los diez minutos, sus alumnos y colegas sentados en la sala quieren aplaudir pero se contienen; Manuela lo mira intensamente con sus ojos azules.

Es el turno de Julio Sarango, quien fuera abogado de Cléver Jiménez y Fernando Villavicencio. El abogado lojano es más duro: no solo pide la nulidad de todo lo actuado, sino que habla de secuestro de Manuela Picq por parte de agentes del Estado ecuatoriano; habla de falsificación y forjamiento de documentos públicos para perjudicar a su defendida, pide que la jueza oficie a la Fiscalía para la investigación a estos funcionarios. 

Termina la audiencia. La jueza hace salir a todos y dice que aunque la ley le da 48 horas, tomará su resolución de inmediato. Afuera se escuchan gritos y tambores a favor de la periodista. Los policías se agolpan para proteger a Manuela, ella se molesta, pide que no la topen, hay un cruce de palabras. Afuera están los abogados de la defensa esperando que la jueza se pronuncie; se los nota satisfechos pero expectantes, llega Andrés Páez, el asambleísta de CREO y los saluda, dice que ha llegado, con su chompa calentador con los colores del Ecuador, para "ayudar debido a su inmunidad". 

La jueza llama  a las partes y se llena de nuevo la pequeña sala. Empieza a interrogar a Manuela: cuándo entró por última vez, dónde trabaja, qué hace, si le entregaron algún papel con la cancelación de la visa. ¿Algo más que quiera decir? Manuela habla en quichua: soy una mujer cañari le dice a la jueza y luego traduce, y pide que le digan por qué está detenida, bajo qué cargos y cuáles son los argumentos para la cancelación de la visa, que hasta ahora nadie se lo ha dicho. Habla despacio, con suavidad. sin exaltarse. La defensa entrega a la jueza y al fiscal una carpeta de pasta dura color naranja donde constan miles de firmas respaldando a Manuela.

Manuela se sienta y la jueza pide que todos se ponga de pie para oír el veredicto: no encuentra razón alguna para que ella sea deportada, y resuelve negar la deportación. Y entrega un plus a la defensa: por pedido de los abogados de Manuela se oficiará a la Fiscalía para que se investigue las actuaciones del Ministerio del Interior, de los policías, del funcionario de Migración. Aplausos, abrazos, lágrimas. Ahí adentro se oye el rugido de la calle, que se ha enterado de la resolución.

Manuela es abrazada por todos, sus abogados felicitados. El fiscal se desliza por la puerta discretamente. Ella dice que este es un triunfo de la democracia, un triunfo de todos los que la han apoyado. Es una victoria pero anuncia que debe recuperar su visa, que es algo pendiente y también que enjuiciará a quienes ordenaron y ejecutaron su agresión y arresto; Carlos Pérez está arrimado a la pared pendiente de su celular, mientras la jueza, en silencio y con el rostro adusto recibe las felicitaciones de la gente; no se la ve contenta, quizá imagine el costo de haberse jugado por la justicia y el Derecho. Menos contenta se pone cuando Andrés Páez se le acerca y le dice: suerte señora jueza, en su nuevo empleo.


Manuela Picq muestra varias expresiones en su rostro al ver a sus simpatizantes en el exterior. 

Manuela Picq sale luego de varios minutos a la puerta principal de la Unidad de Contravenciones. Está rodeada de decenas de policías, al parecer siguen queriendo protegerla. Se arma un caótico operativo para hacer un callejón policial hasta el patrullero que la llevará de vuelta al hotel Carrión, ella baja las gradas con rostro cansado, pero al ver a las decenas de personas que corean su nombre sus ojos se iluminan. Alza las manos en señal de la victoria y se deja conducir hasta la patrulla junto a Carlos Pérez. En medio de gorras, cascos y escudos solo se alcanza a ver sus manos, entrelazadas.


La periodista dio declaraciones a los medios a su salida de la Unidad Judicial.


La prensa, sobre todo privada, estuvo presente en los exteriores, mientras que a la audiencia solo se permitió medios oficiales. 

Actualización 20 de agosto de 2015: jueza negó acción de protección

Dos días despues de los sucesos reportados en esta crónica, la defensa de Manuela Picq emitió el siguiente comunicado:

"El día lunes 17 de agosto de 2015, durante la audiencia celebrada en el proceso de deportación No. 17151-2015-00685, la Jueza de la Unidad Judicial Primera de Contravenciones del Cantón Quito, Gloria Pinza, anunció en forma oral su decisión. En dicha ocasión, además de negar la deportación de Manuela Picq y ordenar su inmediata libertad, la Jueza accedió al pedido de la defensa para que se oficie a la Fiscalía General del Estado a fin de que se inicien las investigaciones en torno a las inconsistencias entre el parte de detención de 13 de agosto y el oficio de la Coordinación Zonal 9 de la Unidad de Migración del Viceministro de Movilidad Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de 14 de agosto de 2015, relativo a la cancelación de su visa.

El 19 de agosto, la jueza ratificó su resolución por escrito. La jueza ratifica su decisión de negar la deportación de Manuela Picq y ordena su inmediata libertad, estableciendo que Manuela Picq “no puede ser deportada por cuanto en el momento de su detención o arresto no se encontraba en permanencia irregular y por lo tanto tampoco se encontraba inmersa en ninguna de las cuales determinadas en el Art. 19 de la Ley de Migración” y verificando que “la detención fue ilegal en virtud de que en el momento de su arresto contaba y tiene su estatus migratorio regular, además no se le ha notificado formalmente con la revocatoria de la visa 12-VIII, la cual recién el viernes 14 de agosto del 2015 a las 09h08 se procede a cancelar, comprobándose que la detención por permanencia irregular fue ilegal y arbitraria al no tener siquiera tal situación migratoria que se describe en el parte policial; igualmente la visa se le revoca como he venido manifestando en forma reiterada al siguiente día de haber sido privada de su libertad para que se enfrente a este proceso migratorio”.

"No obstante, llaman la atención tres puntos de la decisión.

"Primero: la Jueza decide agregar al proceso un escrito y anexos presentados por el señor José Serrano Salgado, en calidad de Ministro del Interior, a pesar de que el mencionado funcionario no es parte en el proceso (las partes procesales en procesos de deportación son únicamente la fiscalía y el extranjero).

"Segundo: la Jueza eleva su decisión en consulta ante el Ministro del Interior, esto es, a la propia autoridad responsable de las irregularidades en la detención de Manuela Picq. La jueza toma esta decisión aplicando los Arts. 28 y 29 de la Ley de Migración y Extranjería. Dicha norma data de los años 70 y la consulta procedía cuando eran los Intendentes de Policía (subordinados del Ministro del Interior) quienes decidían sobre la deportación de las personas. Hoy en día, esa norma está tácitamente derogada por la Constitución y es inaplicable en virtud del principio de unidad jurisdiccional según el cual ninguna autoridad no jurisdiccional puede desempeñar funciones de administración de justicia ordinaria (art. 168.3 de la Constitución). El ministro del Interior, como autoridad del poder ejecutivo, no tiene atribuciones para revisar o revertir una decisión judicial. De hecho, en otros procesos de deportación, bajo la Constitución de 2008, la norma que obliga a elevar las decisiones a consulta del Ministerio del Interior no se ha aplicado.

"Tercero: La Jueza omite incluir en su decisión la solicitud para que la Fiscalía inicie las investigaciones en torno a las inconsistencias entre el parte de detención y el oficio de cancelación de la visa. La jueza se limita a oficiar a la Fiscalía sin incluir expresamente su pronunciamiento oral requiriendo la investigación".

Ante esta situación, la defensa de Manuela Picq presentó un escrito objetando la decisión de la Jueza de agregar al proceso oficios remitidos por el Ministro del Interior, así como también presentó un recurso de aclaración de la sentencia.

En horas de la tarde, sin embargo, su abogado, Juan Pablo Albán, informó que la jueza de la causa negó la acción de protección, aceptando los argumentos del Gobierno de que retirar la visa a un extranjero es una decisión discrecional de los funcionarios del Estado. Albán anunció que apelará esta decisión.

 

ACTUALIZACIÓN: 21 DE AGOSTO DE 2015

Picq deja el país 

En una rueda de prensa en el parque de El Arbolito, Manuela Picq y su pareja, el presidente de la Ecuarunari, Carlos Pérez, anunciaron su decisión de abandonar el país y retornar al Brasil. La periodista dijo que su salida se debe al "limbo jurídico" en que se encuentra, y anticipó que tomará un vuelo desde el Aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela a las 15:00.