Los temas clave de la agenda legislativa de la oposición

Los temas clave de la agenda legislativa de la oposición
Las distintas oposiciones, desde la derecha hasta la izquierda no correísta, tienen claras sus propuestas para la agenda de la Legislatura a la que aspiran a llegar con un bloque importante luego de los comicios generales del 19 de febrero de 2017. Fiscalización, reformas económicas, y desmontar parte del entramado legal del autoritarismo correísta son algunas de las prioridades.
03 de Enero del 2017
Redacción Plan V

Aunque la oposición llega a las elecciones generales del 19 de febrero de 2017 tan dispersa como se evidencia en la presencia de siete binomios no oficialistas, las agendas en la Asamblea Nacional de varios de los aspirantes a ser legisladores coinciden en por lo menos tres puntos clave.

La economía 

La economía es uno de ellos. Las preocupaciones de los candidatos a asambleístas de distintas tendencias políticas por la crisis económica del país, que, en criterio de muchos de ellos, se agudizará en 2017, se evidencian en propuestas en las que coinciden figuras tanto de la derecha, como Cristina Reyes, del Partido Social Cristiano, cuanto Pablo Dávalos, economista de izquierda que se postula por Pachakutik en Pichincha. También es una preocupación de la alianza del Acuerdo por el Cambio, que dirige el general (r) Paco Moncayo, uno de cuyos postulantes, Gonzalo Ortiz Crespo, la explica en sus propuestas. Desde la Sociedad Patriótica, el coronel (r) Lucio Gutiérrez, ex presidente de la República, y aspirante a asambleísta nacional, también menciona los impuestos como una de las principales preocupaciones de su agenda en caso de llegar a la Asamblea Nacional, que insiste, debe volver a llamarse Congreso.

Gonzalo Ortiz postula por la ID en Quito. 

Para Gonzalo Ortiz Crespo, quien se postula por la Izquierda Democrática en uno de los distritos del norte capitalino, la prioridad será combatir "la nefasta herencia que este Gobierno deja en lo económico, con cinco trimestres seguidos de decrecimiento del PIB, una ingente deuda externa, abultada deuda interna, crecido déficit fiscal, desconfianza generalizada, paralización de las inversiones privadas, todo lo cual se traduce en pobreza y desempleo".

Candidatos al Legislativo de todos los sectores coinciden en la necesidad de bajar impuestos, eliminar salvaguardias y crear un entorno más adecuado para la inversión extranjera. 

Para Ortiz, "aunque la iniciativa fiscal está en el Ejecutivo, habrá que trabajar con él para fomentar el empleo, mediante la eliminación de las trabas y controles a la micro, pequeña y mediana empresa; la eliminación del anticipo al Impuesto a la Renta, la derogación de las leyes que aprobaron entre Nochebuena y Nochevieja (plusvalía, universidades). Pondremos, en unión con el Ejecutivo, incentivos tributarios para las empresas que creen empleo, y contribuiremos a establecer la propuesta de Paco Moncayo de un pacto fiscal (estabilidad tributaria de cuatro años). Habrá que reformar el Código Orgánico Monetario y Financiero para establecer reglas claras sobre la contabilidad pública y los recursos que son de todo el pueblo".

Guillermo Celi encabeza la lista nacional de SUMA-CREO. 

Guillermo Celi, de SUMA-CREO, va en la misma línea. Celi, quien encabeza la lista de asambleístas nacionales de la alianza entre Mauricio Rodas y Guillermo Lasso, sostiene que es necesario promover el empleo: "los ecuatorianos tenemos una gran preocupación: no conseguimos empleo. No hay oportunidades para que los jóvenes consigan dónde comenzar su carrera profesional. Y quienes tienen un trabajo, temen perderlo de un momento a otro y no poder sostener su familia. Los asambleístas no han hecho nada para atender este problema, por el contrario, han hecho leyes que han agravado esta situación: le imponen a los jóvenes las carreras que deben estudiar, han creado nuevos impuestos que ahuyentan la inversión privada, hacen más difícil el emprendimiento. Nuestra propuesta consiste en crear y proteger el empleo de los ecuatorianos, hacer leyes que impulsen que los jóvenes puedan estudiar lo que desean, y que al graduarse consigan un empleo digno", explica en su plan de campaña.

Celi agrega que "promoveremos leyes que impulsen el desarrollo económico a través del empleo, la inversión para el emprendimiento y el puerto libre".

De su lado, la postulante por Guayas y el PSC, Cristina Reyes, sostuvo, en declaraciones para diario El Universo, que "creemos que necesitamos disminución de esta inmensa carga tributaria que el Gobierno ha generado. Dar incentivos al sector privado, generar una legislación que permita ir a sectores como agricultura, emprendimiento. Yo presenté un proyecto de ley para jóvenes, lo consensué con grupos; el oficialismo lo archivó diciendo que era discriminatorio, porque solo me refería a los jóvenes. Voy a insistir en la nueva Legislatura". Reyes dijo también que una "nueva mayoría" podría generarse en la Asamblea Nacional, que cambie el modelo impuesto por Alianza PAíS en la última década.

Eliminar los nuevos impuestos, el aumento de los ya existentes como el IVA y las salvaguardias es también un tema central de las propuestas de Lucio Gutiérrez, quien presenta como carta de presentación de sus propuestas en el ámbito legislativo las cifras macroeconómicas que logró durante su Gobierno, antes de ser derrocado. 

El economista de izquierda Pablo Dávalos correrá por Pachakutik. 

Para Pablo Dávalos, quien es catedrático de economía, también es importante la reducción de los impuestos, en especial, del IVA, y los ajustes de personal en el nivel jerárquico superior del Estado, pues, sostiene, el aumento del IVA solo afecta al consumo mientras que hay por lo menos 14 mil burócratas de alto nivel que solamente significaban una gran carga para el presupuesto en sueldos mientras que son solo "operadores políticos de PAÍS".

De su lado, el aspirante del PSC por Pichincha, el abogado y ex decano universitario Santiago Guarderas, sostiene que debe realizarse una gran reforma tributaria al inicio del periodo legislativo, pero mantener las reglas impositivas claras durante los siguientes cuatro años. Guarderas sostiene, en la misma línea que otros opositores, que se deben reducir algunos impuestos en un ajuste tributario al inicio de un eventual Gobierno del PSC, pero que durante el resto del periodo presidencial se deben evitar más cambios. Entre los impuestos que Guarderas cree innecesarios están el anticipo al impuesto a la renta y a la salida de capitales y estima que es necesario que haya seguridad jurídica para la producción y el empleo. 

La reforma a leyes antidemocráticas y represivas, como el Código Penal y la Ley de Comunicación es otro de los objetivos de los cuadros de la oposición que aspiran a llegar al Palacio Legislativo. 

La política

Pero no solo lo económico preocupa a los aspirantes al Legislativo. También lo político. Pablo Dávalos cree que el presidente Rafael Correa debería evitar participar en la campaña electoral, pues está creando un esquema de conflicto que podría afectar a los actores políticos. Para Dávalos, Correa está distorsionando el panorama electoral de una forma prepotente, en especial, al enviar proyectos como la de la Ley de Plusvalía. Correa está poniendo a los candidatos a debatir sobre sus temas, cree Dávalos, quien asegura que Correa no entiende que "es un presidente saliente y su momento ya pasó".

De su lado, Guillermo Celi estima que "en los últimos años, el Ecuador ha recibido mucho dinero, y en la mayoría de los casos, el gobierno no supo administrar correctamente nuestra riqueza, la ha despilfarrado. Vemos carreteras, hospitales y escuelas de avanzada, pero con médicos que no tienen insumos para atender a un enfermo, o escuelas que no son suficientes para todos nuestros niños y jóvenes. Haremos leyes para combatir el despilfarro y la corrupción, necesitamos asambleístas que hagan cumplir estas leyes, sin temor a los que están en el poder. El cambio que necesita nuestro país es aquel donde se administren los recursos de todos de manera transparente beneficiando a todos los ecuatorianos por igual".

Rescatar la separación de poderes, fortalecer la fiscalización desde el Poder Legislativo y crear condiciones para el fortalecimiento de la institucionalidad republicana son algunos de los objetivos de los postulantes en lo político. 

Para Gonzalo Ortiz, en lo político, es necesario que el Legislativo recupere algunas de sus antiguas atribuciones de fiscalización. "Habrá que reformar el Código Orgánico de la Función Legislativa para devolver a los legisladores la capacidad de pedir información pública de manera directa; reestablecer la facultad de una bancada legislativa de exigir la comparecencia de un ministro o de una alta autoridad del Ejecutivo; hacer que las leyes vuelvan a discutirse en el pleno, y no en comisiones adhoc, y mejorar el sistema de rendir cuentas ante el público de las acciones y omisiones de la legislatura, mediante redes sociales, medios de comunicación y reuniones periódicas con sus votantes, ampliando por supuesto la transparencia sobre los bienes que tenga cada asambleísta, sus hijos y otros familiares cercanos" propone.

Ortiz cree también que es necesario "trabajar en la lucha contra la corrupción y el fomento de la democracia. Investigaremos y haremos público el gigantesco negociado de la Refinería de Esmeraldas, lo sucedido en la Refinería del Pacífico, en los contratos con las empresas chinas y brasileñas, en el costo de las hidroeléctricas y carreteras, y canalizaremos hacia la justicia los hallazgos. Investigaré el uso de recursos públicos en las campañas de esta década".

Cristina Reyes se lanza por el PSC en Guayas. 

De su lado, Cristina Reyes afirma que "estoy segura de que los ciudadanos nunca más le darán un cheque en blanco a nadie, sabemos que esa mayoría legislativa que ofendió y que vulneró los intereses ciudadanos no va a gozar nuevamente de la confianza ciudadana". Lucio Gutiérrez, entre tanto, sostiene que es necesario realizar una serie de reformas constitucionales por medio de la propia Asamblea Nacional, y avanzar en la derogatoria de varias de las leyes represivas del correísmo. 

En lo que tiene que ver con la libertad de expresión, varios sectores coinciden en la necesidad de una reforma a la Ley de Comunicación, que van desde abolir instituciones como la Supercom, hasta mantener un esquema legal que, afirman los políticos, es necesario para garantizar "el derecho a la réplica en el país".

Santiago Guarderas cree que es necesario eliminar algunas de las instituciones del Gobierno, como la Secretaría del Buen Vivir, así como generar empleo.

La fiscalización y el quinto poder 

Lucio Gutiérrez, se dice en el PSP, podría llegar a la Asamblea para presidirla. 

Un tercer eje en el que la agenda legislativa parece encontrar coincidencias es la fiscalización y el quinto poder. Para Lucio Gutiérrez, el llamado "quinto poder" debe ser eliminado totalmente, criterio que comparte Santiago Guarderas, quien cuestiona la falta de calidad de los funcionarios de control como el contralor o el fiscal general del Estado. El diseño institucional de Montecristi es criticado por los asambleístas de oposición, quienes afirman que no se ha logrado aumentar la participación ciudadana por medio del actual esquema.

Gutiérrez, además, cree que se deben bajar las exageradas leyes de tránsito, y asegura que se deben derogar los exámenes de ingreso a la universidad y el control sobre qué estudian los jóvenes. Según el ex presidente, se debe recuperar el nombre de Congreso Nacional en el Legislativo, y devolverle las atribuciones de nombrar a los organismos de control. El "quinto poder", sostiene Gutiérrez, solo sirve para encubrir "las pillerías" que se cometen desde el poder. Gutiérrez sostiene que tiene la suficiente "madurez política" para lograr consensos en la Asamblea, y desde el PSP no se oculta la intención de Gutiérrez de llegar a presidir la Asamblea Nacional.

Gonzalo Ortiz asegura que "otra reforma sustancial que hay que hacer es la del Código Integral Penal, para despenalizar la protesta social, permitir el derecho a la asociación y a la libre expresión, eliminar las normas que violan el debido proceso, eliminar el informe previo de la Contraloría para perseguir a los delitos de corrupción", entre otros.