¿Una Ley de Comunicación descafeinada?

¿Una Ley de Comunicación descafeinada?
La Asamblea Nacional aprobó, con 75 votos, las reformas a la Ley de Comunicación. Mientras para los activistas de la libertad de expresión las reformas se están quedando cortas, desde el correísmo se insiste en la necesidad del control mediático y de la supervisión estatal de contenidos de los medios.No se descarta un veto -que podría ser parcial- del Ejecutivo. Cineastas, publicistas y activistas comunitarios mantuvieron la protección legal.
17 de Diciembre del 2018
Fermín Vaca

Las reformas a la Ley de Comunicación fueron aprobadas la noche del 18 de diciembre de 2018 en la Asamblea Nacional, y pasarán a consideración del Gobierno, que podrá vetar total o parcialmente lo aprobado por el Legislativo. Así las cosas, es posible que la Ley orgánica reformada esté en vigencia en el primer trimestre del próximo año. Con 75 votos se aprobó este informe, que deberá ser enviado al Ejecutivo para su sanción. El correísmo más ortodoxo, que controla cerca de 30 votos, solo logró 25 votos en contra y siete abstenciones. 

Entre las principales reformas están la supresión de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), entidad del Estado cuestionada por haber ejercido control mediático a las órdenes del Gobierno correísta, y el traspaso de la mayoría de sus atribuciones al Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom), organismo también creado en el correato que se pretende reformular, para aumentar la cantidad de sus integrantes. 

Entre las principales reformas están la supresión de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), entidad del Estado cuestionada por haber ejercido control mediático a las órdenes del Gobierno correísta, y el traspaso de la mayoría de sus atribuciones al Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom).

Originalmente, y por sugerencia del Gobierno, las competencias de la Supercom iban a pasar a la Defensoría del Pueblo, pero en los últimos minutos del debate en la Comisión legislativa se decidió que queden en el ámbito del Cordicom. El objetivo de la reforma del Gobierno era que la Defensoría ejerza un patrocinio de acciones judiciales que puedan presentar los supuestos afectados por los medios de comunicación. La Defensoría se podría convertir en juez y parte, ya que también podía otorgar medidas cautelares a favor de los querellantes. Esto, para la asambleísta (CREO-Loja) Jeannine Cruz podría significar que la Defensoría se convierta en juez y parte. 

El informe plantea también la obligatoriedad de que las sanciones pecuniarias contra los medios de comunicación sean revisadas, sin perjuicio de las acciones legales adicionales que se puedan tomar. La Supercom tendría hasta seis meses más de vida jurídica, de acuerdo con las propuestas del informe para segundo debate. Se discutió también la obligatoriedad de tener título de periodista para ejercer en los medios, lo que fue cuestionado por defensores de la libertad de expresión y, en cambio, defendido por organismos de defensa gremial. Este tema quedó en la ley sin modificación.

El debate duró más de seis horas e intervinieron en él 32 legisladores. La mayoría de quienes defendieron el texto original se enfocaron más bien en destacar la necesidad de proterger a los productores de publicidad y audiovisuales del país, pues la Ley obliga a transmitir sus contenidos. También, a lo largo del debate, se defendió que se mantenga en las frecuencias de radio el 33% de asignación de espectro para los medios "comunitarios", con el argumento de que tales radios son necesarias por razones culturales para las etnias indígenas y afroecuatorianas. 

Durante el debate, Cristina Reyes (PSC) pidió incorporar que "Se renovarán por única vez las concesiones de frecuencia de radio y televisión, previo al informe jurídico y técnico sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los respectivos contratos de concesión y cuyo plazo haya vencido previo a la fecha de promulgación de la presente Ley en el Registro Oficial", mientras que Ximena Peña (PAIS) sugirió que "Los medios de comunicación social de carácter nacional no podrán pertenecer en más del 49% de su paquete accionario de forma directa o indirecta a organizaciones o compañías extranjeras domiciliadas fuera del Estado ecuatoriano ni a ciudadanos extranjeros, salvo aquellos ciudadanos extranjeros que residan de manera regular en territorio nacional". 

El proyecto de Ley, durante el debate, sufrió algunas presiciones, como mantener la prohibición de la publicidad de bebidas alcohólicas de cualquier grado. Productores de cerveza nacional habían pedido que se permitiera publicitar sus productos en los medios masivos. 

Antes del debate, fueron recibidos en comisión general voceros de algunos colectivos. Para Apauki Castro de la Conaie, “el espectro radioeléctrico no es infinito ni tampoco tiene propietarios, sino concesionarios, razón por la cual el Gobierno debe implementar políticas públicas para el real cumplimiento de la repartición de frecuencias.  La comunicación nos pertenece a todos”, por lo que defendió el porcentaje de frecuencias para las radios comunitarias. 

Ana María Acosta, en nombre de los medios de comunicación popular, rechazó la renovación automática de las frecuencias de radio y dijo que se deben mantener los concursos previstos en la Ley. 

Mariana Andrade, de la Corporación de Productores y Promotores Audiovisuales del Ecuador, rechazó que el informe reducía  del 60% al 40% el espacio para la producción audiovisual nacional. En este reparo obtuvo, durante el debate, el apoyo del correísta Pavel Muñoz, por lo que al final se mantuvo el 60%. En el mismo sentido se pronunció Rafael Barriga, quien dijo que se debe promover el cine nacional.

Roberto Manciatti, de los canales regionales, cuestionó la obligación legal de presentar hasta un 5% de contenidos interculturales.  Por su parte, Kleber Chica, de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusores, pidió que “nunca más haya la presencia de organismos de represión como la Supercom, ni los concursos antitécnicos para la entrega de frecuencias”.

Rechazo a cualquier cambio

Pero las propuestas de reforma están lejos de contentar a todos los actores. Desde el correísmo y sus aliados ideológicos en ciertos sectores de la academia, sigue siendo necesario el aparataje de control mediático establecido en el Estado y controlado por el Gobierno de turno. 

Varias políticas correístas, en especial del bloque de la Revolución Ciudadana (RC) se han pronunciado radicalmente en contra de cualquier intento de reforma a la Ley. Así, para la asambleísta  Marcela Holguín, las reformas debieron dar más derechos a la ciudadanía y no simplemente ir hacia lo que le parece el extremo contrario de la ley anterior. Para Gabriela Rivadeneira, lo que se busca es "vaciar" la Ley, lo que no solo "obedece sólo a intereses de grupos de poder económicos enraizados en corporaciones mediáticas, sino que conlleva la naturalización de la violencia".

De su lado, Marcela Aguiñaga, también del bloque correísta señaló que "eliminar la figura del linchamiento mediático, es normalizar que se juzgue y ofenda indiscriminadamente a una persona, sin que exista una reparación a sus derechos. Asesinan a un hombre en los suburbios de Guayaquil, y los titulares nos dicen que “Murió por droga”, las autoridades no lo han confirmado, pero ya lo sentenciaron por provenir de un hogar humilde. Esto solo abona a la criminalización de la pobreza y a dejar en indefensión a la gente más sencilla de la Patria. Hay otros que proponen mostrar el rostro de las personas detenidas por presuntos actos delictivos. Suena retóricamente vendible y electoreramente rentable, sin embargo, esto no resuelve los problemas de delincuencia, sino que violenta el principio de inocencia y fomenta el punitivismo penal, cosa que poco le importa a algunos a víspera de elecciones".

Aguiñaga también ha cuestiona otras reformas como "eliminar la opinión como parte de los contenidos comunicacionales regulados por la Ley de Comunicación es allanar descaradamente el camino a quienes a pretexto de que la opinión responde a un criterio personal, la han usado para alterar la verdad, desinformar, confundir, insultar e injuriar; mientras la ciudadanía confía en que el medio de comunicación informará de manera objetiva y sin sesgos".

"La comunicación no es ni debe ser vista como un negocio, ni como el medio para denostar y perseguir a adversarios políticos o saciar vanidades. Queremos una ley que nos proteja a todos, que no legalice la violencia, ni normalice las ofensas", agregó. 

 

"La comunicación no es ni debe ser vista como un negocio, ni como el medio para denostar y perseguir a adversarios políticos o saciar vanidades. Queremos una ley que nos proteja a todos, que no legalice la violencia, ni normalice las ofensas", estima Marcela Aguiñaga del correísmo. 

Por su parte, el académico Hernán Reyes, de la Universidad Andina, precisó que "¡Asco de medios! Y ahora que se "bajaron" las sanciones en la reformas a la Ley de Comunicacion ¿quien podra defender la imagen de esas miles de mujeres violentadas que son convertidas por este periodicucho en objeto de burla?", a propósito de una portada reciente de diario Extra que no fue de su agrado. Reyes agregó: "Sigue este periodicucho haciendo de las suyas ¿y si a alguna familiar de  los asambleístas que votarán por las reformas que "mochan" la Ley de Comunicacion le sucede lo que el perverso titular insinua? ¿Seguirán llenándose la boca con que hay que defender la "libertad de expresion"?

De su lado, el socialista Víctor Granda aseguró que "ahora Lasso con toda desfachatez propone que se reforme la Constitución para que como banquero puedan ser dueño de un medio de comunicación. ¿Qué canal de televisión o sistema radial proyecta comprar?", se preguntó. 

Las reformas son insuficientes y no se descarta el veto 

Para César Ricaurte, de Fundamedios, en cambio, las reformas se quedan cortas en algunos aspectos. Aunque destaca que la eliminación de la Supercom y del esquema de sanciones puede ser positiva, cuestiona que las atribuciones hayan pasado al Cordicom cuya conformación no garantiza que sea un órgano independiente de presiones políticas. Para Ricaurte, hay otros aspectos que son especialmente cuestionables si se analizan a la luz de los estándares internacionales. Por ejemplo, el artículo 42 establece la obligatoriedad de tener un título para el ejercicio periodístico, cuestión que ha sido rechazada en varias instancias internacionales de derechos humanos. Ricaurte cree que el debate sobre el tema de la profesionalización no debe seguir constando en la Ley de Comunicación, pues no es una ley de ejercicio periodístico. El Estado, estima Ricaurte, no puede imponer una barrera al ejercicio de la libertad de expresión como sería la obligatoriedad del título profesional. "La situación se ha empeorado", en el texto de reformas que se propone, señala Ricaurte.

Sobre el clima político que se percibe en torno al tema, Ricaurte cree que no hay entendimiento adecuado sobre los estándares internacional de la materia, y, por el contrario, percibe un alineamiento con los sectores gremiales. No descarta, en esa medida, un veto parcial del Ejecutivo, pues se deberían proponer articulados alternativos en varios temas. La nueva Ley, reitera Ricaurte, debe cumplir con los estándares internacionales y se debe evitar que la ley quede "como una colcha de retazos", pues varios sectores han presionado sobre sus intereses particulares. 

 

La nueva Ley, reitera César Ricaurte, debe cumplir con los estándares internacionales y se debe evitar que la ley quede "como una colcha de retazos", pues varios sectores han presionado sobre sus intereses particulares.

La posibilidad de la derogatoria de la Ley de Comunicación todavía puede estar en el tapete, señala Ricaurte, ante el debilitamiento del proyecto político de Alianza PAÍS. Se debería empezar la discusión desde cero, con una ley que sea un marco de la libertad de expresión sin tantos detalles, precisó el director de Fundamedios. 

Otro de los actores ha sido el director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP), Francisco Rocha. Rocha cree que la ley y la estructura de control mediático son inconstitucionales. El presidente, sin embargo, ha abierto un espacio para la reforma, al presentar un proyecto en donde se tomaron hasta 16 insumos. Rocha cuestiona que la Ley trate de salarios de periodistas, así como la cuestión de la profesionalización, que se ha incluido en el artículo 42. Para Rocha, se debe analizar un Estatuto del periodista, pero estas normas deben respetar los convenios internacionales, como una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que cuestiona el requisito del título. Rocha cree que se ha agregado de manera inadecuada los temas de defensa profesional, lo que ha provocado una confrontación innecesaria. El director de la Aedep destaca que la Ley está vigente, pero destaca que no debe tener temáticas que puedan restringir derechos. Recuerda el caso del vicepresidente Otto Sonnenholzner, quien se ha definido como comunicador más que como periodista, pues es economista de profesión. 

Sin embargo, destaca como valioso que se hayan eliminado las sabatinas, así como la supresión de la Supercom, a la que considera una oficina de persecución y sanción de los medios. Al eliminar esa agencia gubernamental, muchas de sus atribuciones pasan al Cordicom y también tiene reparos sobre su integración. Trece personas integrarán ese Consejo, cinco de los cuales no tendrán votos. 

Para Rocha, los espacios de interculturalidad que deben ser considerados en el cinco por ciento de la programación, necsitan ser replanteados. Los adjetivos calificativos que hay en la ley, como la calidad y el interés público, son cosas que aún quedan pendientes en el debate de la norma. "El compromiso de los medios y los periodistas es no callar", recuerda el titular de la Aedep.

Sobre la correlación política en el Parlamento, Rocha estima que el único bloque que está en una línea dura es el de los correístas, mientras que bloques como CREO han propuesto la derogatoria. Cuestiona un proyecto que consideró "radical" por parte de Izquierda Demócratica, y no descartar que el Ejecutivo intervenga con un veto parcial una vez que se termine el debate parlamentario. El veto, para Rocha, podría tener relación con aspectos como el artículo 42, la Ley del cinco por ciento y otros aspectos que tendrían acogida en el Gobierno.