Bitácora de una expulsión

Bitácora de una expulsión
Entre junio y julio del año 2016, el Gobierno de Rafael Correa, que había declarado la "ciudadanía universal" y quitado el visado a los cubanos, realizó una gran redada que concluyó en la deportación, a bordo de un avión de nuestra Fuerza Aérea, de 121 caribeños, que retornaron a La Habana contra su voluntad. Estos son los hechos de ese caso.
09 de Julio del 2018
Colectivo Atopia

Atopía (ατοπία) palabra griega que significa carencia de lugar (a- topos) y que expresa el sentirse desubicado. Así, por extensión, atopía también es el sentimiento de malestar, inconformidad, que los individuos pueden tener frente al presente el cual no representa aquel momento anhelado o prometido por la utopía. Desde una crítica al presente, la atopía nos anima a imaginar un posible nuevo presente, radicalmente distinto al estado actual de las cosas. La actual condición de migrantes y refugiados, es un testimonio vergonzoso del presente. Atopía es muchas voces de resistencia frente a la barbaridad de los eventos de julio de 2016.

 

Estos documentos y bocetos sirvieron para la preparación de éste texto.  Ver PDF

Una polifonía de voces de migrantes, activistas, investigadores y defensores de derechos humanos presentamos esta reflexión crítica sobre la reciente expulsión de migrantes irregularizados en Ecuador. Rememoramos los sucesos de junio y julio de 2016 que revelan la ambigüedad e incoherencias de la política migratoria ecuatoriana y que a la vez dan cuenta de las diversas formas de violencia que ejercen el capitalismo, el racismo y el patriarcado.

Se trata de un ejercicio colectivo que cuestiona el poder regulador y excluyente de las fronteras evidenciando las múltiples afectaciones que éstas tienen en la vida de las y los migrantes. Pretendemos así incidir en un cambio en la hoja de ruta de la política migratoria nacional que cada vez es más análoga al giro securitista regional y global.

El recurso a la violencia como forma de control migratorio no es una novedad en Ecuador. La inconstitucional detención y expulsión de 121 personas cubanas, entre el 6 y 13 de julio de 2016, evidenció cuán agresiva puede llegar a ser la actuación estatal frente a la migración irregularizada que reside y/o transita por el país. Estos eventos se producen en el contexto de una reacción en cadena de respuestas igualmente violentas de otros Estados en la región destapando una compleja realidad regional: el tránsito migratorio irregularizado de ciudadanos caribeños, africanos y asiáticos por el corredor migratorio que conecta a Sur y Centroamérica con Estados Unidos. Las recientes acciones estatales claramente se suman a una tendencia global de reforzamiento de las fronteras frente a población migrante y refugiada.

Hemos olvidado nuestra propia historia: la de un pueblo migrante que, por más de cinco décadas, transita por esos mismos caminos violentos y clandestinos que hoy recorren ciudadanos de países africanos, caribeños y de medio oriente para llegar sobre todo a Estados Unidos.

Ante la expulsión colectiva de migrantes cubanos han primado el silencio y la ausencia de una postura crítica frente a una nueva violación al sistema de justicia ecuatoriano. También hemos olvidado nuestra propia historia: la de un pueblo migrante que, por más de cinco décadas, transita por esos mismos caminos violentos y clandestinos que hoy recorren ciudadanos de países africanos, caribeños y de medio oriente para llegar sobre todo a Estados Unidos. Ellos y ellas, migrantes irregularizados ecuatorianos en Estados Unidos que han sostenido, mediante remesas, la economía familiar de múltiples localidades en el país y han padecido la detención y la deportación como práctica estatal en países de tránsito o destino. Los eventos ocurridos entre junioy julio de 2016 son un espejo que refleja la historia de migraciones irregularizadas, detenciones y deportaciones de ecuatorianos, una historia que aunque también es la nuestra, nos resulta poco o nada recordada.

 Voces  

"Desde que llegué sentí la discriminación"

“Soy Jorge Fernández. Nací hace 46 años en La Habana, Cuba. Llegué a Quito en 2009. Como emigrante, a lo largo de estos 7 años he trabajado en todo: he sido posillero, cocinero y hasta guardia de seguridad. Ahora estoy sin empleo. Salí de mi querido país por varias razones: ahí se respira un clima de asfixia constante y , ante el temor de represalias yo –y muchos otros cubanos– hemos optado por salir. La limitada economía cubana trae consecuencias para el diario vivir. El salario apenas alcanza para comer. Para subsistir a veces tenemos que hacer cosas que no son legales y que te pueden llevar a la cárcel. Una vida así se vuelve un calvario: acostarse a dormir pensando qué pasará el día de mañana.

Estando todavía en Cuba, me hacía estas preguntas: ¿qué será de mí el día de mañana? ¿Qué futuro hay para mi familia? Emigrar es ganar y perder. Esa sensación de libertad y descubrimiento no viene sola: a la vez la separación de la familia, de los amigos, de los seres queridos, de Cuba. Te vuelves un migrante en un país extraño al que llegas con tus costumbres y tienes que amoldarte a la realidad en la que ahora vives. Y ese no es un proceso fácil. Ver tu patria de lejos y saber que envejecen y mueren los que te dieron la vida, no tiene palabras.

Desde que llegué sentí la discriminación. Al principio fui rebelde en este país, pero el tiempo me hizo bajar la cabeza varias veces para asegurarme un plato de comida. Me di cuenta de que aquí existe un doble discurso: poco a poco ves como una puerta se abre y muchos compatriotas pueden legalizarse y trabajar dignamente, mientras muchos otros no.

"Al principio fui rebelde en este país, pero el tiempo me hizo bajar la cabeza varias veces para asegurarme un plato de comida. Me di cuenta de que aquí existe un doble discurso: poco a poco ves como una puerta se abre y muchos compatriotas pueden legalizarse y trabajar dignamente, mientras otros no".

Los eventos de julio de 2016 fueron la mayor muestra de eso. Cientos de cubanos sin documentos fueron apresados y deportados por un gobierno que promulga la ciudadanía universal en su constitución pero que hace lo diametralmente opuesto. En esos días nuestras voces no fueron escuchadas.

¡Fue una semana! ¡Una semana que pareció una eternidad! ¡Fueron días de dolor! Un dolor que no puede expresarse en palabras. Días de llanto, de noches sin dormir. Largas horas en la madrugada en las que presenciamos cómo los nuestros eran deportados a escondidas y con un exceso de fuerza policial, tratados como delincuentes. Fueron horas en las que vimos familias destrozarse, separarse, y devastarse al sentir la impotencia de no poder hacer nada. Sufrimos y atestiguamos en carne propia algo inimaginable: cómo la Constitución y la ley se violaban en este país. Pudo más el poder de un gobierno que la justicia.

Todo quedó registrado. Todo está en nuestra memoria y no podemos olvidar. Hoy muchos no saben qué hacer. Aun cuando miles se lanzaron a una travesía que ya les ha costado la vida a decenas, y otros están desaparecidos. Después de los eventos de julio, los operativos han ido en aumento propiciando un éxodo de cubanos hacia Centroamérica.

De la vida debemos aprender siempre, de lo bueno y de lo malo. Para mis hermanos ecuatorianos lo ocurrido en julio también debe ser una enseñanza: casi todos ustedes tienen a alguien que se fue o que es un migrante. Todos somos migrantes en este mundo”.

"Cuando uno emigra, muchas cosas no se sabe"

“Soy Fabián Quito Heredia, tengo 32 años, nací en Cuenca. Ahora estudio en la Universidad de Cuenca. Emigré en el año 2003. Las necesidades económicas nos invadieron a mi familia y a mí. Mi padre había salido por la chacra, pagando a un coyote. Él vivía en Nueva York. En Azogues, yo, con mi madre y mis hermanos, teníamos que pagar la deuda que mi padre adquirió con el chulquero para irse, y a la vez, sacar dinero para vivir. Eran tiempos muy difíciles, sin oportunidades de progreso en este país. Sin pensar mucho, yo también me fui.

Tenía 19 años cuando partí. La ruta fue de sur a norte. Salí de Azogues hasta Perú. Supuestamente tenía que pagar para entrar a Perú. Luego me enteré que los ecuatorianos no necesitamos ni pagar, ni de ninguna visa para entrar en ese país. Cuando uno emigra, muchas cosas no se sabe. En el camino las va aprendiendo.

"Hubo muchos momentos difíciles. La salida de Azogues. La despedida con mi madre. La incertidumbre. Asumir que eres extranjero, emigrante, que tuviste que salir así de Ecuador. Los robos en Perú. La persecución policial que viví en México. Las extorsiones en Guadalajara".

De Perú seguimos a Bolivia. Desde ahí viajaríamos en avión directo hasta México. Esa ruta no se pudo seguir. El coyote me regresó a Ecuador. Llegué a Quito, y esa vez, con visa falsa y pasaporte en mano salí en avión hasta Colombia. De ahí seguí hasta Venezuela, Panamá y finalmente llegué a México. El coyote en Quito me dio pocas instrucciones para ese viaje, solo lo organizaba hasta una parte de la ruta, luego fueron apareciendo en cada una de esas escalas otros coyotes que trabajaban juntos.

Hubo muchos momentos difíciles. La salida de Azogues. La despedida con mi madre. La incertidumbre. Asumir que eres extranjero, emigrante, que tuviste que salir así de Ecuador. Los robos en Perú. La persecución policial que viví en México. Las extorsiones en Guadalajara. Los viajes en orificios diminutos de buses o camiones. Los días lentos en una casa putrefacta mientras estuve secuestrado en Los Angeles, Estados Unidos. Todos esos momentos duros, a los que a veces no puedo ponerles palabras, se me fueron cuando me reencontré con mi padre en Nueva York. A pesar de que él partió pronto del mundo terrenal, me quedé muchos años en esa ciudad. Trabajé sin parar. Pagué todas las deudas: las de mi viaje y las de él. Enviaba dinero e incluso pude ahorrar. Me gustaba mucho vivir allá. Aprendí de la vida. Aprendí a vivir y trabajar.

Volví a Ecuador hace poco. Es muy difícil reinsertarse después de haber emigrado, sobre todo económicamente. Aquí, no hay trabajo ni oportunidades. No es un país que te acoja. No puedes ganar lo mismo que ganabas allá, a pesar de que hagas el mismo trabajo. Es un país que te cierra las puertas. Además, darse cuenta que todo lo que aquí dejaste ya no es igual, no es algo sencillo. Ahora me siento un extranjero en mi propia tierra. Tengo ganas de irme otra vez. Claro que no lo volvería hacer del modo en que lo hice la primera vez”.


Las rutas de la migración por Centro y Norteamérica y las precarias condiciones lo convierten en un viaje peligroso.

Expulsión de cubanos, una política de persecución

Los problemas de la población cubana en Ecuador no comenzaron ni terminaron con el proceso de detención y expulsión del grupo de personas en el parque El Arbolito. El 27 de marzo del 2016 en una concentración en el parque La Concepción -al norte de Quito- se alertó de los problemas de integración que enfrenta esta población en Ecuador. En respuesta, la Cancillería emitió un comunicado en el que “rechazaba categóricamente” la existencia de tratos discriminatorios afirmando que todos habían sido “acogidos e integrados positivamente”.

A pesar de ese discurso, el gobierno nacional ha implementado una serie de medidas restrictivas que impiden su regularización. A parte de la exacerbada discriminación social con la que lidian cotidianamente, desde diciembre de 2015 el gobierno les exige visa para ingresar a Ecuador solicitando ciertos requisitos económicos que en la mayoría de los casos son difíciles de cumplir por los modestos salarios de los trabajadores cubanos. Adicionalmente, se incrementó el costo de las visas que pasaron de 230 USD a 450 USD para las temporales y a 550 USD para las indefinidas.

USD 450

es el costo de una visa temporal en el Ecuador, ha subido desde USD 230. 

En mayo de ese año también se limitó el registro de títulos académicos de cubanos en la SENESCYT, que se suma a la prohibición de que investigadores y docentes participen en el programa Prometeo. Adicionalmente, desde marzo de 2016 el Consejo Consultivo de Política Migratoria prohibió el cambio de categoría migratoria para quienes hayan ingresado con visa de turista o de cooperantes. Este conjunto de medidas impuestas por el gobierno profundizan las precarias condiciones de vida de la gran mayoría de la población cubana en Ecuador irregularizándolos, marginándolos y excluyéndolos de la sociedad. Así, el número de migrantes cubanos irregularizados se ha multiplicado incrementando el riesgo de ser objeto de posibles detenciones y deportaciones.

En este contexto, el Estado, en vez de promover procesos de regularización, ha puesto en marcha una política de mayor control, persecución y detención de migrantes, tal como lo confirman los hechos sucedidos entre junio y julio de 2016.

Debido a su precaria situación, un grupo de dieciséis cubanos acudieron el 21 de junio a la embajada de México en Quito para solicitar una visa humanitaria que les permita continuar su viaje hacia Estados Unidos y poder acogerse a la Ley de Ajuste Cubano (más información sobre esta ley en línea del tiempo). Una semana más tarde 300 personas -incluyendo niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, adultos mayores y hasta familiares ecuatorianos- organizaron un campamento fuera de la embajada insistiendo en una salida diplomática. En la madrugada del 27 de junio este grupo fue violentamente desalojado por la policía nacional y forzado a trasladarse al parque La Carolina donde permaneció por más de una semana. Tiempo en el que más migrantes cubanos se sumaron, algunos en tránsito provenientes desde Guyana, Brasil y Perú.

A fin de precautelar la integridad y seguridad de este campamento, algunos representantes del grupo consiguieron una autorización del Municipio de Quito para ubicarse en el parque El Arbolito desde el 30 de junio. Mientras esperaban la concreción del ansiado canal humanitario, el grupo recibió muestras de solidaridad particularmente de otros cubanos residentes en Ecuador.

Su esperanza quedó truncada la fatídica madrugada del 6 julio de 2016. Cerca de las 03:45 de la madrugada, un operativo policial conformado por francotiradores, drones, vehículos antidisturbios, perros y 500 funcionarios, incluidas la unidad antimotines y otros grupos de fuerzas especiales, desalojó arbitraria y violentamente a cerca de 600 personas cubanas que acampaban allí desde el 30 de junio de 2016. Se trató de un supuesto operativo de control migratorio que marcó el inicio de un proceso de violación de derechos humanos y de vulneración del sistema de justicia ecuatoriano. Pese al permiso municipal vigente, el grupo armado arremetió con fuerza contra el campamento hiriendo y maltratando a los migrantes. Este operativo también confiscó todas las pertenencias de estas personas, incluyendo documentos de viaje, dinero, títulos académicos, cartas familiares, vestuario y alimentos. Para muchas personas, esas eran las únicas posesiones que tenían.

Tras el desalojo fueron detenidos 151 personas, incluyendo 4 niños, un adolescente lesionado, mujeres embarazadas, personas solicitantes de refugio, adultos mayores y personas con problemas de salud. Incluso se detuvieron a varias personas en situación migratoria regular. Los detenidos fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía sin que hubiesen cometido delito alguno y sólo después de ocho horas de incomunicación pudieron contactar con abogados defensores de derechos humanos quienes constataron tratos crueles, inhumanos y degradantes durante la detención.

Ese mismo día, a las 17:00, los abogados presentaron una acción de habeas corpus, que buscaba por la vía judicial, recuperar la libertad de los detenidos de forma ilegal y arbitraria, así como proteger su vida e integridad física. Las 151 personas debieron ser presentadas en audiencia ante un juez dentro de las 24 horas siguientes a su presentación. Esto nunca ocurrió.

Lo que sí ocurrió es que, a pesar de que la detención sin parte policial se extendió por más de 24 horas, el día 7 de julio iniciaron las audiencias de deportación. Como resultado, poco menos de 30 personas recuperaron la libertad, entre ellos los niños detenidos y sus familiares, así como algunas de las personas en situación regular. El resto de personas fueron víctimas de un planificado operativo de expulsión colectiva en flagrante violación al debido proceso y a la Constitución.

Así, entre el 7 y el 12 de julio, el Viceministro del Interior, Diego Fuentes, invocando un artículo de la obsoleta Ley de Migración de 1971, violando el principio de unidad jurisdiccional, decidió revocar alrededor de 80 sentencias de libertad emitidas por los jueces de contravención, desestimar el resto de procesos en curso, y arbitrariamente ordenó la expulsión de todas las personas cubanas detenidas.

El 9 de julio de 2016 expulsaron al primer grupo de 49 personas y el 11 de julio de 2016 a otro grupo de 26 personas. Fueron trasladados, durante la madrugada, al aeropuerto de Quito bajo un desmedido e injustificado operativo policial. Y desde ahí embarcados en aviones militares hasta Cuba. Entre los expulsados figuraban personas con sentencias de libertad; en necesidad de protección internacional a quien se les negó el derecho de no devolución; personas que no pudieron apelar de la orden de deportación; o, personas que nunca conocieron sus sentencias.

La audiencia de habeas corpus fue convocada recién el 12 de julio de 2016 cuando 45 cubanos aún permanecían detenidos fuera del plazo legal establecido. Dicha audiencia inició a las 16:00 y culminó a las 05:00 del día siguiente. Después de trece horas los jueces negaron el recurso a 44 personas sin que se pronuncien sobre la ilegal detención de los que ya habían sido expulsados. Sólo un solicitante de refugio recuperó ese día la libertad.

Ese mismo día, el 13 de julio por la mañana, concluyó el operativo de expulsión. Sin respetar el plazo para apelar la sentencia de habeas corpus, entre agresiones a familiares y abogados defensores, otro operativo desmedido trasladó a las 44 personas que quedaban detenidas al aeropuerto de la ciudad de Latacunga, a 90 kilómetros al sur de Quito. Desde ahí fueron expulsados en un tercer avión militar hasta Cuba.

151 

personas fueron detenidas en las redadas, de las que se expulsó del país a 121 de ellos.

El desalojo, la detención, el proceso de expulsión colectiva e incluso las audiencias -tanto de deportación como de habeas corpus- dan cuenta de múltiples irregularidades y de una flagrante violación al debido proceso.

Este vergonzoso operativo, el abuso de la fuerza pública y la discrecionalidad de la función ejecutiva se impusieron por sobre la justicia constitucional. Hasta la publicación de este documento, ningún juez ha querido resolver la apelación presentada al habeas corpus, dejando en impunidad la detención de 151 personas cubanas y la expulsión de 121 de ellas, separando familias, violando derechos humanos. Obstaculizando, de este modo, la posibilidad de una política migratoria que ponga en el centro a los seres humanos en movimiento y sus derechos.

Ahora bien, estos hechos, no son aislados ni atípicos en Ecuador, al contrario revelan la lógica ambigua de la política migratoria que contradice el enfoque de derechos humanos reconocido en la Constitución. Pese a que, desde el 2008, casi ninguna nacionalidad requiere de visa para ingresar al Ecuador, salvo por Afganistán, Bangladesh, Eritrea, Kenya, Nepal, Nigeria, Pakistán, Somalia y Cuba, el sistema de regularización sigue siendo excluyente, selectivo y discrecional, irregularizando a los migrantes.

A esto se suma la práctica sistemática de detenciones y deportaciones amparada en leyes vigentes. Cínicamente se continúa llamando “Hotel” al Centro de Detención de Migrantes en Quito donde se los priva de libertad por largos períodos. Estas medidas se amparan en las leyes de Migración y Extranjería de 1971 que, hasta la fecha, no han sido derogadas por la Asamblea Nacional, institución incapaz de aprobar una ley de movilidad humana acorde a la Constitución.

Estas medidas se amparan en las leyes de Migración y Extranjería de 1971 que, hasta la fecha, no han sido derogadas por la Asamblea Nacional, institución incapaz de aprobar una ley de movilidad humana acorde a la Constitución.

En el 2011 el Plan Nacional de Seguridad Integral del Ministerio Coordinador de Seguridad identificó a “las migraciones descontroladas” como un amenaza a la seguridad del Estado, centrando sus esfuerzos en tareas de inteligencia, control migratorio y persecución de los delitos denominados migratorios. Así, el Estado ha ido abandonando la comprensión de la migración desde el enfoque de derechos humanos promoviendo políticas migratorias selectivas y restrictivas.

A esta violenta práctica política de seguridad y control de las migraciones le acompaña un discurso político contradictorio. Mientras se detienen y expulsan a migrantes del país se argumenta que su proceder protege sus derechos humanos y combate al tráfico ilícito de personas. Discurso avalado por el silencio y la omisión cómplice de varias instancias del Estado: asambleístas representantes de los migrantes en el exterior, el Defensor del Pueblo del Ecuador, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y el Consejo de la Judicatura.

El despojo en el campamento de El Arbolito, la detención irregular de 151 personas, la expulsión colectiva de 121 y el consecuente éxodo irregularizado de otras tantas hacia otros países, son consecuencia de la aplicación de este enfoque de seguridad y criminalización que no ha dejado de ser parte de la gestión de los flujos migratorios hacia el Ecuador, y que se replica en otros países de la región.

Desde la realidad Regional

En nuestro continente las graves violaciones a derechos humanos en las rutas migratorias hacia el norte han sucedido de manera histórica y a lo largo de toda la región. En México desde inicios del siglo XX, y en Honduras, El Salvador, Colombia, Ecuador y Perú, desde finales de 1960, han tenido y siguen teniendo lugar violentos tránsitos irregularizados hacia Estados Unidos, configurándose una cultura e industria migratoria altamente rentable que opera entre lo legal y lo ilegal. En no pocos casos, estas dinámicas operan como parte de negocios familiares o comunitarios que habilitan proyectos migratorios, proveen empleo informal a actores locales, llegando incluso a suplir funciones del Estado al posibilitar procesos clandestinos de reunificación familiar o proporcionar seguridad en las rutas.

En las rutas hacia Estados Unidos, la región Andina se ha convertido en un lugar clave, como región de tránsito. Ecuador es un claro ejemplo de ello, desde por lo menos la década de 1970 ya era un lugar de tránsito para migrantes regionales y extra-continentales. Sin embargo, a partir de la última década dicha situación se ha intensificado. El país es un trampolín para otros destinos continentales usado por migrantes cubanos, haitianos, dominicanos, senegaleses, cameruneses, pakistaníes, afganos, entre otros. En la última década, también la región ha recibido estos nuevos flujos; además de Estados Unidos, países como Brasil, Argentina y Chile también se han convertido en lugares de destino.

Algunas condiciones nacionales e internacionales explican este hecho actual: históricas redes de tráfico, posición geográfica, economía dolarizada, globalización de los efectos de conflictos bélicos, crisis financiera de 2008 y régimen global de securitización. A eso se le han sumado, los drásticos cambios de las políticas migratorias ecuatorianas desde 2009, sus incoherencias y selectividad predominante, que han empujado o expulsado a migrantes en tránsito por el país hacia otros destinos. Esto mismo, ocurre en otros países de la región.

En noviembre de 2015 Nicaragua cerró su frontera al flujo de personas cubanas; Costa Rica hizo lo mismo pese a que consiguió un canal humanitario para 770 cubanos que viajaron directamente hacia Estados Unidos. Estas medidas provocaron el bloqueo al flujo de cubanos en Panamá.

En noviembre de 2015 Nicaragua cerró su frontera al flujo de personas cubanas; Costa Rica hizo lo mismo pese a que consiguió un canal humanitario para 770 cubanos que viajaron directamente hacia Estados Unidos. Estas medidas provocaron el bloqueo al flujo de cubanos en Panamá -al menos 4.000 personas permanecieron en albergues en la frontera de ese país con Costa Rica. En febrero de 2016, para aplacar la crisis de cubanos varados en Centroamérica, México y Panamá acordaron otro canal humanitario para que transitaran hacia Estados Unidos. Estos cierres incluyeron en algunos casos militarización, expulsiones, abusos y maltrato policial.

Dichos canales humanitarios no suponen un intento para resolver la crisis, al contrario aparecen como el último acto antes de reforzar definitivamente las fronteras. México acordó con Cuba no expedir más salvoconductos para el tránsito a partir de mayo de 2016 y se sumó, de ese modo, a la intensificación de expulsiones de cubanos irregularizados. Ese país expulsa a cientos de miles de personas cada año. Sólo en 2015 expulsó a 70.493 guatemaltecos, 50.527 hondureños, 29.150 salvadoreños y 1.281 nicaragüenses.

En mayo de 2016, Panamá también se sumó a estos procesos de externalización de la frontera de Estados Unidos, reforzando Puerto Obaldía y otros puntos fronterizos con Colombia para impedir el ingreso de migrantes. Simultáneamente, Colombia y Ecuador también levantaron sus muros. En ese mismo mes, ambos países firmaron un Protocolo de Deportaciones, mientras portavoces de ambos gobiernos confirmaron que la detención y deportación constituiría la salida a la crisis de migrantes caribeños, asiáticos y africanos en tránsito por Ecuador o varados ante el tapón de la selva del Darién.

Colombia incrementó sus operativos de detención y deportaciones con énfasis en las personas varadas en la localidad de Turbo, Antioquia, donde llegaron a concentrarse miles de personas de distintas nacionalidades. Frente a la deportación, el gobierno colombiano planteó como alternativa el “abandono voluntario”, lo que en la práctica significó escoger entre la deportación o atravesar la peligrosa ruta del Darién. Sólo en junio fueron deportadas 540 personas. Muchos otros se lanzaron a los peligros de la selva, y desde entonces se han reportado varios casos de migrantes fallecidos en la ruta.

Varios de los deportados por Colombia fueron retornados a Ecuador. Por su parte, el Estado ecuatoriano en arreglo con autoridades colombianas, efectuó en julio de 2016 nuevos operativos en hoteles en la ciudad fronteriza de Tulcán, para detener migrantes irregularizados, sobre todo haitianos.

Para agosto de 2016, el reforzamiento y externalización de fronteras ya había llegado a Argentina. El gobierno de ese país transitó de una política de movilidad humana centrada en derechos humanos a uno basado en el derecho de expulsión del Estado que concibe a las migraciones como un “problema” de seguridad nacional y de orden público. Anunció la construcción de un centro de detención para personas migrantes en correspondencia con una política de deportaciones discrecional y de control migratorio en fronteras.

Casi todos los países de América Latina han apelado al discurso de reforzamiento de control en sus fronteras, lo cual en la práctica ha contribuido a la clandestinización de los flujos, exponiendo a los migrantes a situaciones y rutas altamente peligrosas.

Así, casi todos los países de América Latina han apelado al discurso de reforzamiento de control en sus fronteras, lo cual en la práctica ha contribuido a la clandestinización de los flujos, exponiendo a los migrantes a situaciones y rutas altamente peligrosas. Esta reafirmación de fronteras extendidas desde el norte, lejos de proteger los derechos de los migrantes, se ha traducido en la criminalización migratoria, extorsiones, esclavización, detenciones, expulsiones y muertes de mujeres, hombres, niños y niñas migrantes. Se trata de un preocupante proceso de precarización y despojo de la condición humana de las personas, que entre otras cosas, desconoce las reglas de protección internacional y vulnera el el derecho a la protección de personas refugiadas. En la consolidación de este régimen nada solidario, ni los países contra-hegemónicos y progresistas han adoptado prácticas distintas que prioricen los derechos de las y los migrantes.

América Latina ha seguido los pasos de los países del norte convirtiéndose en una región con políticas migratorias regresivas; una región convertida en un estado de excepción permanente, donde la vida migrante es sopesada por la balanza de intereses políticos y económicos, y que en últimas representa un valor desechable.

Desde el contexto global

La externalización de las fronteras es un mecanismo de control que Estados Unidos y Europa vienen desplegando, en cooperación con países tapón, para la contención migratoria y seguridad fronteriza. Este mecanismo produce zonas de tránsito que moldean corredores geográficos donde se ponen en marcha formas de control similares como la detención y expulsión de migrantes irregularizados.

Expulsar es hoy el mecanismo por el cual los Estados confirman su efectividad para definir quién es parte de su orden nacional y para garantizar su seguridad frente a la amenaza de la migración irregularizada que ellos mismos producen. La expulsión no elimina la movilidad, quizá la suspenda temporalmente, pues los migrantes reactivan tránsitos inmediatos. El efecto que sí tiene es la producción de sujetos deportables que cargan la amenaza de la expulsión, provocando incluso la disuasión de su proyecto migratorio.

La producción de la irregularidad y de la deportabilidad son mecanismos estatales que confinan a migrantes a una situación de indefensión y de alta violencia.

La producción de la irregularidad y de la deportabilidad son mecanismos estatales que confinan a migrantes a una situación de indefensión y de alta violencia. Al ser parte de la externalización de fronteras, la expulsión globalmente es una forma de regulación poblacional y de negación del derecho a la libre movilidad en particular a población empobrecida de América Latina, África y Asia.

Hasta hace unos años era impensable sugerir que la externalización de la frontera de Estados Unidos compromete a toda la región, en particular a Ecuador, el país de la libre movilidad, de la no criminalización a la migración, y de la ciudadanía universal. Sin embargo, los eventos recientes confirman esa hipótesis: ante la migración irregularizada en tránsito los Estados en la región responden con la criminalización, el control y la expulsión.

Una de las estrategias más cuestionadas desde Latinoamérica y que ha sido parte de la externalización fronteriza estadounidense y europea, ha sido la estrategia de “disuasión por prevención” o el confinamiento al tránsito irregularizado a zonas inhóspitas altamente peligrosas que provocan la muerte de migrantes. ¿Acaso lo que está sucediendo ahora mismo frente al tránsito de ecuatorianos, cubanos, haitianos y africanos no nos recuerda esa misma estrategia? La gente cruza la selva del Darién donde hay mucha violencia, desapariciones y muertes. Luego transita el corredor México-Estados Unidos, donde persisten otras formas de violencia. ¿Por qué si los Estados saben de todos esos peligros, con sus políticas restrictivas, siguen confinando a migrantes irregularizados a tránsitos entre la vida y la muerte? Configurar fronteras verticales que controlen el cruce irregularizado y que expulsen a los no deseados parecería ser la lógica que cada vez más siguen los regímenes de control y seguridad migratorio en la región y en el globo.

No a la criminalización de los migrantes 

La importancia política de la migración irregularizada deriva de y es funcional a un contexto global en el que priman la desigualdad, la securitización migratoria, la configuración de zonas de tránsito o zonas tapón en los bordes extendidos de Estados Unidos y Europa y la continua tipificación de poblaciones consideradas como “amenazas” a la seguridad nacional, encarnadas en traficantes, terroristas, migrantes irregularizados e incluso solicitantes de refugio provenientes de países empobrecidos. La desigualdad entre países y al interior de los mismos ha configurado un apartheid global que confina a poblaciones a condiciones de violencia, pobreza y guerra. La vigilancia en las fronteras es crucial para perpetuar esas desigualdades globales y restringir la capacidad de las personas empobrecidas a trasladarse a otras regiones en busca de nuevas oportunidades de vida.

Es necesario comprender cómo la migración irregularizada es producida por medidas restrictivas de persecución y criminalización mientras que los tránsitos clandestinos son en realidad estrategias de subsistencia, respuestas autónomas, donde los migrantes tienen un rol activo, generando formas de contestación ante la exclusión y la violencia capitalista contemporánea producto de esa crisis sistémica.

Pongamos el ojo en el centro del problema: la producción de migrantes irregularizados y de procesos de deportación, como los eventos sucedidos en Ecuador en julio de 2016, son funcionales al proceso de acumulación capitalista y a la perpetuación del régimen del Estado securitista global. Ante el actual incremento de violencia hacia la migración irregularizada, requerimos así de voces críticas y acciones urgentes que decididamente interrumpan la reproducción de un presente donde la muerte es lo que signa el tránsito de miles de migrantes provenientes de Ecuador, de Cuba, de Haití, de países del Medio Oriente y del África en ruta a múltiples destinos continentales.

La Foto

En la foto, él se despide de ella porque en cuestión de horas él será expulsado a Cuba. Ella, luego de haber esperado en la calle, soportando el frío de la madrugada, no tiene más remedio que aceptar que así será su despedida. Lo que esa foto no revela es que ella es una mujer ecuatoriana que espera un hijo con él. El 12 julio de 2016, durante una larga audiencia de hábeas corpus, los jueces tampoco quisieron reparar en ese detalle. Su decisión arbitraria de expulsión colectiva supuso así que el proyecto vital de él, de ella y de su hijo, queden truncados.

La foto tampoco revela que, en esa misma audiencia, unas horas antes funcionarios y abogados del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, esgrimían argumentos contradictorios para justificar la detención masiva de cubanos. “Cuestión de salubridad pública”, decían. “Fue para protegerlos”, añadían; e incluso sostenían que “no están privados de la libertad, sino acogidos” posiblemente por el grupo de Fuerzas Especiales de la Policía que aparecen en la foto con arma en mano acogiéndolos para expulsarlos.
En la foto no aparecen los rostros de quienes tomaron esas decisiones. El Viceministro del Interior y sus colaboradores, por ejemplo, con sus manos agotadas de firmar resoluciones para revocar sentencias judiciales que ordenaban la libertad de más de ochenta de las personas detenidas, no constan. Hubiese sido interesante apreciar en una foto la cara –o la mueca– con la que un funcionario decide hacer caso omiso al principio constitucional de independencia judicial y, a pretexto de un artículo de la Ley de Migración, echar abajo la sentencia de un juez.

Los jueces del Tribunal de Garantías Penales tampoco están retratados. Ellos, en una larga sesión reservada, escudriñaron todos los argumentos para justificar esa detención colectiva que superó las 24 horas fijadas en la Constitución, la deportación de personas cubanas sin posibilidad de apelación, la violación del derecho a la libertad personal, a la integridad, el principio de no devolución, y, por último la negación del hábeas corpus.

Los altos mandos de la Policía y del Ministerio del Interior, quienes comandaron el operativo de detención en el parque de El Arbolito, también están ausentes. Los jueces y juezas de contravenciones que, entre jueves y domingo, aceleraron el procedimiento de expulsión, no figuran.

Los altos mandos de la Policía y del Ministerio del Interior, quienes comandaron el operativo de detención en el parque de El Arbolito, también están ausentes. Los jueces y juezas de contravenciones que, entre jueves y domingo, aceleraron el procedimiento de expulsión, no figuran. Menos aún los mandos medios del Ministerio del Interior que, cual abejas obedientes y laboriosas, transportaban expedientes desde los juzgados para que las expulsiones sean ejecutadas, haciendo caso omiso al debido proceso. Ni en esa foto ni durante el proceso de expulsión estuvo presente algún funcionario de la Dirección Nacional de Refugiados o del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Su presencia hubiese garantizado que muchas de las personas cubanas expulsadas hubiesen podido solicitar refugio en Ecuador.

Esta foto revela la injusticia, el atropello de derechos producto de acciones y omisiones de la institucionalidad estatal y de la ineficacia de las garantías constitucionales que, lamentablemente solo se quedan en el papel. Frente a la ceguera indolente, lo que nos queda es una imagen que confirma cómo las vidas de él y ella, la del niño que está por nacer, quedaron atravesadas por la brutalidad del poder. Esta patética foto muestra que los artículos de la Constitución que reconocen el derecho a migrar, la prohibición de criminalización por la condición migratoria, la igualdad de derechos, el progresivo fin de la condición de extranjero, la ciudadanía universal, quedaron en un negativo perdido, y que lejos están de haberse revelado y ser una práctica en este país.

Queda la duda de qué ocurrió con cada una de las más de cien personas expulsadas. Queda la incertidumbre de saber si los que manejan las políticas migratorias permitirán que él, que ella y que su hijo, se encuentren otra vez. Nos queda la impotencia, pero también la posibilidad de resistencia que la solidaridad brinda para juntos soportar la indignación y hacer frente a la injusticia.

¿Qué es la migración irregularizada?

Pocas veces se cuestiona el origen de la migración irregular, sólo se la naturaliza. Sin embargo, lejos de ser una condición natural, la irregularidad es producida y reafirmada continuamente por discursos, normativas, políticas y prácticas estatales que terminan produciendo la irregularidad de los migrantes. El Estado –a través de una serie de medidas restrictivas y de control– define quién puede o no acceder a una condición migratoria regular o legal. Entre esas medidas pueden constar altos costos de visados, limitaciones para legalizar títulos universitarios, requisitos de solvencia económica, contrato de trabajo, exclusiones por la nacionalidad, entre otras. Si los migrantes no las cumplen, automáticamente caen en una condición de irregularidad que precariza sus vidas y los margina socialmente. Actualmente urge revertir la irregularidad migratoria. Son los Estados los principales responsables de suscitar un cambio que modifique las restricciones migratorias, liberen los controles y garanticen el derecho universal a migrar.

Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país (Declaración Universal de los Derechos Humanos).

Material elaborado por: Javier Arcentales Illescas, Soledad Álvarez Velasco, Ahmed Correa, Francisco Hurtado Caicedo, Paola Moreno Núñez y Mónica Salmón.
Revisado por: Giovanna Tipán, Daniela Peralta, Luis Túpac Yupanqui, Margarita Velasco, Fabián Quito.

Diseño y gráficos: ACHU! Studio

Fotos: Colectivo Atopia y Pocho Álvarez

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