La Corte Interamericana de DDHH responde a Plan V

La Corte Interamericana de DDHH responde a Plan V
Las visiones sobre la libertad de expresión y las expresiones políticas del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras su visita al Ecuador, fueron confrontadas en el marco de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación, Colpin, realizada en Panamá durante los primeros días de diciembre.
09 de Diciembre del 2016
Redacción Plan V

El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el brasileño Roberto Caldas, visitó el Ecuador, se reunió con sus máximas autoridades políticas y judiciales, y alabó la reforma judicial emprendida durante el gobierno de Rafael Correa, de la cual dijo era la mejor "del mundo". 

El gobierno agradeció el gesto con un enorme despliegue de propaganda, pues el espaldarazo del juez brasileño, opacó aparentemente todas las denuncias de violaciones al debido proceso, la falta de independencia judicial, los fallos contra opositores, dirigentes populares y el "secuestro" de la justicia por parte del partido de gobierno, como han denunciado los gremios de abogados y activistas de derechos humanos.

Esto es lo que publicó la agencia estatal Andes, sobre la visita del alto magistrado:

"Ecuador, uno de los países del mundo que más cambió la justicia en los últimos tiempos": presidente de la Corte IDH

Quito, 14 oct (Andes) – El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Roberto Caldas, elogió la reforma judicial -implementada en Ecuador luego de la aprobación en consulta popular en 2011 de la propuesta planteada por iniciativa del presidente Rafael Correa- y la calificó como la más importante de los últimos años a nivel mundial y que debe servir como un ejemplo en América Latina.

“Yo diría que los cambios de la justicia convierten a Ecuador en uno de los países del mundo que más cambió la justicia en los últimos tiempos (…) quizá sea la más importante reforma judicial del mundo. Si no es la más importante, con absoluta certeza, es una de las más importante”, sostuvo en entrevista con ANDES.

Dijo que el país andino acogió recomendaciones de la Corte Interamericana que apuntaban a corregir algunos aspectos que se habían convertido en una especie de tradición en la justicia, como juicios políticos contra los magistrados y las repentinas destituciones de los jueces lo que violaba el debido proceso.

“El sistema de justicia en Ecuador evolucionó mucho (…) la Constitución de 2008 determina una serie de evoluciones para la justicia”, dijo sobre la conformación del sistema a través de la Corte Nacional de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de la Judicatura.

Uno de los aspectos que Caldas destaca es la reducción del tiempo de retrasos judiciales y de prescripción de las penas, no tener más caducidades en el proceso penal y una garantía de que, si se cometió un crimen, va a ser penado.

“Hay una gran reforma en términos estructurales, eso es absolutamente necesario para impartir justicia. Hay un aumento del número de jueces por habitante a términos mucho más adecuados y que buscó eliminar el retraso procesal, y se ha permitido el juicio oral, tanto penal como civil con lo que se obtiene una productividad en el poder judicial mucho mayor”, reseñó.

Todo lo anterior se traduce en seguridad y rapidez, un binomio que el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera muy importante y hacen al sistema judicial de Ecuador un ejemplo para la región.

“Eso porque la Corte Interamericana se preocupa muchísimo con los tiempos de los juzgamientos e impedir la impunidad que desafortunadamente es casi generalizado en nuestro continente. Ecuador es ciertamente el país que en las Américas está enfrentando de la mejor manera, es hoy un caso de estudio para toda Latinoamérica”, destacó.

Añadió que el éxito y la productividad de los jueces y la aplicación de un sistema informático que ha permitido la unificación de las agendas de audiencias, para los fiscales, por ejemplo, hacen el caso de Ecuador, “un sistema admirable”.

Lea el artículo original aquí.

Un panel frente a decenas de periodistas de la región

Guilherme Canela, director regional de la Unesco: el poder judicial es el último garante del derecho de los periodistas de ejercer la profesión con seguridad y pluralidad.

Roberto Caldas vuelve a aparecer en el radar de la opinión pública a inicios de diciembre, en Ciudad de Panamá. Lo hizo en un panel organizado por el Instituto Prensa y Sociedad, IPYS, y la Unesco, en el marco de la COLPIN. En el diálogo —que se dio ante periodistas de 15 países y profesionales interesados en el tema de la transparencia y la lucha contra la corrupción— participaron también Édison Lanza, relator para la Libertad de Expresión del a Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y y Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Corte Suprema de Uruguay.

El director regional de la Unesco para América Latina, Guilherme Canela,  quien moderó el encuentro, dijo que el poder judicial es el último garante del derecho de los periodistas de ejercer la profesión con seguridad y pluralidad. Que están trabajando con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con la Corte Interamericana de DDHH para proteger y promover la libertad de expresión en la región. "Cuando los gobiernos autoritarios toman el poder en cualquier parte, hacen dos cosas: disminuir la autonomía del poder judicial  y censurar a la prensa. Por eso es relevante un encuentro entre periodistas y jueces", señaló.

Luego intervino Roberto Caldas, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Caldas: "El periodismo es una gestión de derechos humanos"

"La libertad de expresión es fundamental para la democracia y la justicia en nuestra región. Voy a hablar sobre la perspectiva de la protección de la CIDH al periodismo de investigación. El propio ejercicio del periodismo es una gestión de derechos humanos. Quien escogió hacer de su profesión el ejercicio regular de la libertad de expresión, es un periodista que lo hace con profesionalismo y principios y transparencia. Por eso tenemos mucha preocupación en garantizar ampliamente la libertad del ejercicio profesional, y es la gran preocupación que tenemos para la propia democracia: que los periodistas puedan expresarse libremente, no solamente dando noticias u opiniones sino que los poderes públicos deben estar preparados a recibir las críticas, que sus defectos sean apuntados y (los periodistas) puedan seguir desarrollando sus labores. 

Roberto Caldas: la información es fundamental, especialmente en algunos momentos por los cuales pasa la democracia.

"En algunos casos, la Corte Interamericana ha decidido sobre la libertad de expresión y del ejercicio de prensa, como un acto fundamental de la democracia. En un caso reciente, del 2015, RCTV versus Venezuela, la Corte decidió el retorno del canal a su dueño. Pero también en ese caso, la Corte se dio oportunidad de analizar ciertos límites. Y yo acoté algunos problemas de límites del ejercicio de expresión. Esta tiene un aspecto subjetivo, individual, pero también colectivo, que es el derecho de toda la sociedad de recibir información. La información es fundamental, especialmente en algunos momentos por los cuales pasa la democracia. Y en ese momento, en Venezuela, cuando hubo una tentativa de golpe de Estado, gran parte de la prensa calló. Se llamó un apagón informativo, y eso es importante que sea señalado porque son límites claros. Evidentemente que todos tenemos límites, periodistas, jueces o fiscales, y ese límite es el derecho de los otros. Y por eso hay tensiones, y ya tuvimos en la Corte algunos casos, en las cuales se buscaba la máxima amplitud del derecho del periodista y la Corte entendió que había límites. Por ejemplo, casos en que periodistas fueron enjuiciados. Eso se puede hacer solamente cuando las restricciones han de estar en la ley y deben estar descritas, y solamente en casos excepcionales la jurisprudencia de la Corte puede admitir la afectación de sujetos que fueron indebidamente procesados, conforme la justicia, luego de una investigación para llegar a la verdad de los hechos. Hay un caso que fue muy analizado, el caso Memory contra Argentina, que fue el caso de una pequeña ciudad, en el cual dos periodistas habían tenido algunos procesos. Fueron al supremo, pero se mantuvieron siete de las condenas. Entonces, era un caso donde había límites.

"Otra visión importantísima que debe ser analizada por la región es la concentración de los medios. Esos límites también han sido analizados, en un caso contra Suiza. Fue el caso en que un periodista fue multado por haber filtrado elementos de un proceso judicial y hecho análisis sobre eso. En algunos momentos parece que hay una anticipación a la justicia; creo que es fundamental que se divulguen los hechos para combatir la corrupción, pero creo que tenemos que encontrar nuevas formas de hacerlo, porque muchas veces las personas fueron absueltas y declaradas inocentes, no solamente por faltas de pruebas, sino también porque probaron su inocencia. Entonces, también se puede afectar la justicia. Vamos a tener que encontrar, con pesos y contrapesos, la exacta medida, eso también para permitir que el periodismo sea ejercido dentro de su marco, que es ser el garante de la democracia, de la gente, del combate a la corrupción".

Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH


Edison Lanza, uruguayo, relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

"Quiero empezar hablando de la condena penal y encarcelamiento del periodista holandés Okke Orstein en Panamá. http://kaosenlared.net/periodista-holandes-apresado-en-panama-por-informar/. Hay un periodista que está privado de su libertad por hecho de publicar información vinculada a hechos de corrupción e información de interés público a través de un blog. La Relatoría envió una carta al estado de Panamá, primero por el hecho de que un periodista esté en prisión por haber revelado hechos de corrupción, y segundo lugar puse de manifiesto los estándares americanos en la materia, para que Panamá dé sus pasos a los acuerdos suscritos por el país, como son la Convención Interamericana de Derechos Humanos y que Panamá derogue las leyes que penalice las expresiones de interés público.

"Si los periodistas están sujetos a la amenaza penal de perder su libertad por el hecho de informar sobre aspectos de interés público, o sobre funcionarios públicos, y ven cómo sus colegas está en prisión por eso, ¿cuál es el efecto que va a tener esta situación en los demás periodistas? Un efecto fuertemente inhibitorio y autocensurador del ejercicio del periodismo de investigación. Porque si a Orstein le pasa que va a tener que pasar veinte meses en prisión, con la aflicción que supone, me puede pasar a mi. Hay una afectación para Orstein pero también para todo el periodismo en Panamá, que seguramente se está preguntando hasta dónde puede investigar y hasta dónde no. Y, precisamente, es un matiz que tengo con el presidente Roberto Caldas, creo que Memory no es la mejor jurisprudencia  de la Corte Interamericana en las sentencias sobre libertad de expresión. Hay otros casos en los cuales la Corte ha dicho que el uso del derecho penal para penalizar periodismo, expresiones de interés públic, aún cuando se cometa un error —porque los periodistas tienen derecho a cometer errores— cuando hacen periodismo de investigación. Ovbiamente errores que no sean negligencia o falsedad a sabienda que lo es. Pero todos sabemos que el periodista de investigación lo que hace es poner al descubierto información que el poder quiere ocultar. Que aquellos que pidieron el voto de la gente para administrar nuestros recursos quieren ocultar. Nos quieren hacer creer que es un favor que nos hacen los que están gobernando. Y no, vinieron a pedirnos el voto para ejercer el poder, y por tanto están sometidos a la crítica, al escrutinio y aún al error periodístico.

Nos toca vivir un momento histórico, de enormes desafíos. La democracia misma está en crisis en este momento, en buena parte del mundo y también en el hemisferio.

"Creo que tanto las cortes nacionales como la Corte Interamericana tienen que proteger el periodismo de investigación de esa manera. Obviamente, el abuso no puede ser protegido, pero muchas veces el periodista tiene acceso a información incompleta, porque alguien está ocultando esa información, y por tanto tiene que haber una regla clara en a legislación que establezca que el uso del derecho penal es desproporcionado e innecesario en una sociedad democrática. Los conflictos que puedan existir entre el ejercicio de la libertad de expresión y el honor y la reputación de los funcionarios se debe resolver de una forma distinta a la cárcel, con un derecho a la respuesta o rectificación o si hay malicia temeraria en el caso del periodista, podrá haber un juicio civil que dirima esa situación.

"Me gustaría resaltar algunos desafíos del periodismo  y los que trabajamos en la protección de derechos humanos. Creo que nos toca vivir un momento histórico, de enormes desafíos. La democracia misma está en crisis en este momento, en buena parte del mundo y también en el hemisferio. Se han sumado calamidades: los gobiernos autoritarios, los cuales lo primero que quieren acabar es con la libertad de expresión, la corrupción se ha filtrado a raudales en nuestros sistemas políticos y, nuevamente, se han quedado con las joyas de la corona. Y cuando no nos faltaba calamidad alguna, tenemos que el discurso xenófobo y racista llega al poder en varias potencias del mundo. Por tanto el periodismo y la libertad de expresión van a jugar un rol fundamental en los próximos años para la defensa de la democracia y protección de los derechos humanos. 

"Quiero, como en una lista de supermercado, marcar los desafíos que enfrenta el periodismo de investigación en la región. Primero, la violencia contra periodistas y acá la Corte Interamericana tiene un papel fundamental porque muchos de los casos de asesinatos contra periodistas —tenemos más de 200 asesinatos en cinco años—por investigar corrupción, narcotráfico, crimen organizado, y no pasa nada. Nadie va preso por matar un periodista en la región, la impunidad es de casi el cien por ciento. Y estos casos van a llegar a la Corte en los próximos meses y años. 

"En segundo lugar, el derecho al acceso a la información pública es parte del derecho del periodismo de investigación. Cuando el periodismo de investigación exige garantías para investigar, exige garantías de acceso a la información pública. Es un elemento fundamental. En tercer lugar, la protección de las fuentes periodísticas. Es un tema muy importante y lo será cada vez más en la región, incluso en Estados Unidos y Canadá. Estamos viendo cómo los jueces están pidiendo, cada vez más, información sobre las fuentes, incluso los correos electrónicos que se han usado en la comunicación con ellas. Lo otro es la protección de los denunciantes, que también tiene que ver con el periodismo de investigación.  Si los Estados buscan sancionar a aquellos que de buena fe filtran información sobre corrupción o violación a los derechos humanos, estamos generando un efecto inhibitorio en la circulación de información de interés público. Y tenemos que trabajar mucho más fuerte en la protección y seguridad en el ambiente digital. Temas como la encriptación, el cifrado, el derecho al anonimato en el mundo en línea son asuntos cada vez más importantes. La investigación de Panama Papers tuvo que ver con ello. El potencial enorme que tiene para la democracia y la lucha contra la corrupción es el hecho de que los periodistas puedan trabajar en anonimato, y el derecho a que puedan tener información cifrada y encriptada para que ningún organismo de seguridad o crimen organizado pueda interferir en la información que se obtiene.

Roberto Caldas:
"Sabemos que hay problemas muy graves en el Ecuador"

En la ronda de preguntas, una de ellas fue planteada por Plan V al  presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

PLAN V: Señor presidente: usted ha dado declaraciones políticas en su visita al Ecuador, elogiando al reforma judicial del presidente Correa a la cual calificó como "la mejor del mundo". El presidente Correa y el Estado ecuatoriano se ha querellado contra periodistas, como es el caso Gran Hermano, que está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y muy probablemente sea tratado en la Corte Interamericana. El Estado ecuatoriano persigue judicialmente a Fernando Villavicencio y Cléver Jiménez, periodista y asambleísta, luego de haber hecho denuncias de corrupción contra el gobierno de Correa; hay cientos de líderes indígenas y estudiantiles que ha sido denunciados, demandados y condenados por terrorismo por el gobierno de Correa. Muchos de esos casos llegarán a la Corte que usted preside: ¿qué garantías de justicia e independencia tienen estos casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de sus declaraciones políticas?

ROBERTO CALDAS:  "Quisiera decirle que estamos atentos, pero hasta ahora no recibimos gestiones de libertad de expresión en Ecuador. Sabemos que hay problemas muy graves en Ecuador. Otra versión completamente distinta es la que se ha planteado en la pregunta. Sí, yo hice una declaración que la reforma judicial de Ecuador es de las mejores del mundo hoy, porque Ecuador tenía jueces a tiempo parcial —imaginen lo que es eso—; en Ecuador hubo en diferentes momentos en que tuvieron impeachment de todos los tribunales supremos, constituicionales. Una situación gravísima. La Corte Interamericana ha intervenido en dos importantes casos, determinando indemnizaciones pesadas contra el Estado de Ecuador, a jueces que fueron sacados de sus puestos. La Corte Interamericana, lamentablemente recibe pocos casos. La Comisión Interamericana recibe 1600 casos al año y la Corte recibió hasta ahora solo 16 casos en este año. Lamentablemente sentimos muchos la falta de estructura de nuestro tribunal para recibir los casos en nuestro tribunal. Muchas veces, la mayoría de los casos que ingresan tienen por lo menos cinco años desde cuando se peticionaron. Por hay casos de 20 o 30 años cuando llegan a la Corte. 

"Quisiera decirles que son dos cosas completamente diferentes sobre Ecuador. La reforma judicial es una cosa. En Ecuador había 22 mil casos penales por año que llegaban a prescripción, y actualmente eso bajó a seis casos. O sea, hay mucha mayor celeridad y, por tanto, posibilidad para que la gente acuda al poder judicial. Claro que no es perfecto, pero está infinitamente mejor de lo que era. Hay ahora el juicio oral, que es una evolución que países como Brasil y otros debieran seguir. Mis expresiones fueron solamente en ese sentido, y no fue una expresión política sino jurídica. Pero también considero que los jueces tienen que garantizar la libertad de pensamiento y de expresión".