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18 de Febrero del 2019
Historias
Lectura: 17 minutos
18 de Febrero del 2019
Redacción Plan V
Memorias del ultraje judicial

Foto: Consejo de la Judicatura

La Mesa Verdad y Justicia fue conformada por el Consejo de la Judicatura Transitorio, a instancias de la consejera Angélica Porras.

 

"El equipo técnico de la Mesa fue amenazado de muerte. Y yo les decía que no sabía a quién tener miedo: si al pandillero que te está robando un celular o a los pandilleros que se robaron la justicia, porque actúan como verdaderas mafias. Creo que estamos poniendo el dedo en la llaga. El sistema judicial debe muchísimo al Ecuador, y para sacar de la justicia a estos pandilleros de cuello blanco, a lo mejor nos toque pagar mucho, pero no debemos renunciar a esa pelea; si los ecuatorianos no tenemos un sistema judicial que nos garantice la seguridad jurídica para las personas sin poder, siempre vamos a tener un Estado autoritario": Paúl Jácome.

Paúl Jácome pasó un año en la cárcel acusado de un delito que no cometió en el 30S. Es ingeniero ambiental pero por la persecución y el desprestigo al que lo sometió el aparato de propaganda del gobierno de Rafael Correa, fabrica cerveza artesanal. Nació y vive en Pujilí, y desde que fue nombrado presidente de la Mesa Verdad y Justicia, viajó todos los días a Quito para presidir las reuniones y garantizar la rigurosidad del Informe de la Mesa Verdad y Justicia. Tiene tres libros escritos, dos sobre política y un poemario, que fue escrito en la cárcel. Fue acusado de agresión terrorista por haber ingresado sin autorización al edificio de una universidad pública. Pagó prision todo el año 2014, y salió en libertad, junto a dos de sus compañeros, Edwin Lasluisa y Javier Cajilema, en la navidad de ese año. Cuando pidieron rebaja de pena por el tiempo transcurrido, les concedieron nueve días. Lo hizo la entonces ministra de Justicia, Lady Zúñiga.

Este es es el testimonio de Paúl Jácome:

"El informe final de la Mesa Verdad y Justicia, conformada por el Consejo de la Judicatura Transitorio, se ratifica en que hubo persecución política en el Ecuador en el periodo de gobierno de Rafael Correa (2007-2017). Esta persecución tiene que ver con dos aspectos centrales, dice Paúl Jácome, presidente de la Mesa: la cuestión estructural y la parte sistemática. En lo estructural, el Informe sostiene, con base en evidencias testimioniales y documentales, que Correa fue estructurando un Estado autoritario para silenciar a la disidencia y oposición; en función de un proyecto económico que era la imposición de la nueva matriz productiva. Esto obligaba a disciplinar a la sociedad ecuatoriana. Ese disciplinamiento exigía a ajustar las estructuras del Estado hacia un modelo autoritario, y este se fundamentó en pilares centrales: la construcción de un regimen opresivo y represivo, un Estado de propaganda y la imposición de lógicas tecnocráticas. 

"En cuando al Estado represivo y policiaco, las evidencias llevan a la creación de la Secretaría Nacional de Inteligencia, en el marco de un aparato de Inteligencia, para ponerlo al servicio de la política del gobierno. El tema de la Senain fue un vital en las investigaciones extrajudiciales, y en la persecución y hostigamiento de las víctimas. A la par de esto se daba la construcción del enemigo. Para subsistir políticamente, el correismo apeló a la construcción de enemigos permanentes a los cuales combatir. Estos "enemigos" aparecieron ante la opinión pública como muy peligrosos frente a un Estado víctima, casi indefenso, frente al poder de la crítica ciudadana y la organización social. Entonces, el Estado era víctima frente a estos "furiosos" defensores de derechos humanos o periodistas o movimientos sociales. Eso estaba acompañado por el Estado de propaganda. Y un tercer brazo era el judicial. El uso de la justicia no solo como instrumento del gobierno y sino como palanca para imponer un contenido ideológico: la imposición de acusaciones como saboteadores, terroristas y la criminalización de la protesta social y de la libertad de expresión. Así, se asimiló a las organizaciones sociales y gremiales como organizaciones delictivas y al ejercicio de la protesta y demandas populares como actos criminales.

La ficción del golpe de Estado del 30S debía ser justificada ante la opinión pública y presentar a los culpables, los líderes de ese fallido golpe de Estado.

"Todo esto se concentró en la estructura del Estado autoritario, que era comandado por el presidente de la República, y sus mandos subalternos, como los ministros de Estado y el aparataje del Estado de propaganda para sembrar una idea preconcebida frente a los opositores. Lo que se hizo con la oposición fue deshumanizarla. De esa manera se buscaba que los demás justifiquen las persecuciones y la represión. 

"A partir del 30S recrudeció el Estado autoritario. Desde entonces se dispararon los juicios por sabotaje y terrorismo. Antes de esto los hubo, como una forma de magnificar el reclamo de la gente. La misma Constituyente del 2008, por remendar los abruptos de Correa concedió amnistia a los defensores de la naturaleza. Fue el reconocimiento de los excesos del Estado; pero el año 2010 el 30S significó una línea divisoria hacia un rostro más autoritario y prepotente. El 30S permitió la legitimación de esa legislación reaccionaria para la aplicación de delitos como sabotaje, terrorismo o ataque a la autoridad. La ficción del golpe de Estado debía ser justificada ante la opinión pública y presentar a los culpables, los líderes de ese fallido golpe de Estado. Para ello había que judicializar el proceso. Hasta ese momento en el sistema judicial había ciertos resquicios de resistencia. Para imponer su verdad judicial, era necesario meter las manos en la justicia. Para ello funcionó el Estado de propaganda: para justificar la toma de la justicia se hizo una campaña previa de que la justicia era inoperante, como la responsable del incremento de la inseguridad en el país. Ahí aparecieron ministros, policías, a denunciar a los jueces que liberaban a los delincuentes. Esto para no vincularla al 30S, para desmarcarla. Fue una campaña de desprestigio a los jueces. 


Patricia Ochoa, viuda del general Jorge Gavela, durante una reunión con Paúl Jácome.

"A partir de estos hechos que pueden ser reales, pero se instrumentalizó ese elemento, sensible para la opinión pública y "por el bien del país", se dijo, vamos a meter la mano en la justicia y vamos a la consulta popular (mayo del 2011). Ese fue otro punto de quiebre en el comportamiento de la justicia. Cuando el Ejecutivo se toma el Consejo de la Judicatura, y una vez que se imponen a los amigos del presidente de la República, empieza el reclutamiento de jueces y fiscales, alineados políticamente con Correa y con eso el Estado represivo se complementa. Es decir, si alguien era declarado inocente por la justicia, pese a que Correa y el aparato de propaganda lo declaraban culpable, entonces ese juez estaba afuera y era sancionado, y si el juez cumplía lo ordendo en las sabatinas, ese juez era promovido. Entonces durante estos años no tuvimos jueces que actuaran  como garantistas de la Constitución de la República, del Estado de Derechos y de la ley, sino jueces que buscaron hacer méritos frente a Correa y las sentencias eran trofeos para el aparato de propaganda y la gestión política del gobierno, en lugar de cumplir con su deber.

"El Consejo de la Judicatura que se estructuró a partir de la consulta popular del 2011, estaba integrado por personajes cuyo origen era el poder Ejecutivo.  Hubo una fase transitoria y en este se consolidaron lo pasos para el Consejo definitivo y Gustavo jalkh, nada menos que secretario particular del Presidente, se entronizara. Entonces aparece el banco de jueces elegibles, banco que se alimentaba solo con jueces cuyo mérito era ser alineado con el poder. Así, lejos de cambiar la justicia, lo que pasó fue que las prácticas de corrupción y persecución recrudecieron.

En la Mesa Verdad y Justicia recogimos 1435 denuncias de violaciones al debido proceso y a los derechos de protección y humanos de las víctimas de la justicia correísta. Nos impusimo procesos rigurosos, con la ayuda de la academia, de expertos y organizaciones de derechos humanos. Así, los casos se redujeron a algo más de 300. Pasaron por un filtro, que consistía en llenar una ficha digital en el portal del Consejo, donde se subía un caso. Para que este pueda ser certificado como un hecho de persecución política, exigía al denunciante algunos datos y que se señale en cada etapa del proceso judicial cuál derecho fue vulnerado. Exigimos que se carguen documentos PDF para que se respalde su denuncia. Eso cumplió una buena parte de los denunciantes, y otro segmento no cumplió con los requerimientos exigidos. Se hizo la selección de 300 casos y otros se nos quedaron por no llenar la información completa, como los casos de Cléver Jiménez y Pepe Acacho, y estamos planteando una segunda etapapara que estos casos sean tratados. 

"Luego se abrió una etapa de audiencias públicas y reservadas. Y con el mismo testimonio de las víctimas se recrearon los patrones de esta persecución sistemática. Es decir, descubrir cómo la justicia fue actuando en la persecución. Estos patrones fueron: falta de tutela efectiva, detenciones ilegales sin boletas ni pedidos de jueces, allanamientos sin orden judicial, falta de juez competente, testimonios únicos y testigos descalificados por favorecer la versión del acusado. La justicia ecuatoriana nunca pudo desvanecer la duda razonable, se ejecutaron sentencias en base a presunciones, sin certezas, sin desvanecimiento de la duda. Hubo testigos falsos, pertitajes falsos, manipulados y montados. Encontramos un entramado, tejido por depredadores de la justicia.

A policías vinculados al 30S se les pedía coimas desde 3000 hasta 5.000 dólares, para no ser involucrados en el informe fiscal. Los que no pagaron ese dinero fueron llevados a juicio y se les pedía coimas entre los 7.000 a 15.000 dólares, luego si no pagaban, en segunda instancia se pedían hasta 70.000 dólares.

"Si las supuestas pruebas y evidencias de los delitos eran provistos por la Fiscalía, era potestad de los jueces aceptar o no. Estamos hablando entonces de una situación que engloba a todos los operadores de justicia. En este informe encontramos serios indicios de corrupción, pero además la constatación de que nunca se reformó la justicia y los peores defectos, los más perversos, recrudecieron. 

"Dentro de estos patrones, se menciona el tema de las coimas. Esto fue denunciado el 27 de diciembre del 2018, en una de las audiencias, en la cual a policías vinculados al 30S se les pedía coimas desde 3000 hasta 5.000 dólares, para no ser involucrados en el informe fiscal. Los que no pagaron ese dinero fueron llevados a juicio y se les pedía coimas entre los 7.000 a 15.000 dólares, luego si no pagaban, en segunda instancia se pedían hasta 70.000 dólares. Había un pliego tarifario. Esto está registrado en una audiencia reservada, en caso en San Pedro de Cañar, donde pasó algo igual: los testigos que declaraban en favor de los acusados eran declarados como cómplices y encubridores, y para sacarlos de  ese delito debían pagar dinero. Eso está demostrado. 

"La gran reflexión de todo esto es que aún no me explico de dónde las víctimas sacaron tanta fuerza para resistir estos diez años de represión y persecución. Esta destruyó familias y  personalidades. Cuando uno escuchaba en las audiencias que una pareja se divorció de la otra porque estaba encarcelada, no me imagino a esa persona en la cárcel, con todas esas presiones. Lo perverso es que las vícitimas encarceladas por un delito que no cometieron, en su desesperación culpaban a sus parejas de no hacer nada para sacarlas de la cárcel. Cuando esa no era responsabilidad de su pareja. Esa fue la perversidad, que los familiares de las víctimas llegaron a asumir que era su culpa el que no pudieran salir de la cárcel. Pero eran hormigas frente a un elefante, contra todo un sistema, un entramado de poder y corrupción; y eso fue demoledor para las familias, para la salud de las personas: hay vidas destruidas, hay proyectos de vida destruidos. Eso no se va a reparar jamás, pero sí es importante que el Estado ecuatoriano, el presidente y las instituciones asuman que hubo persecución política, para que esto no se vuelva a repetir.

"Me quedo con el sabor amargo de la justicia. Puede que sea utópico que pensemos en tener una justicia ideal, libre de presiones, favores políticos, intereses particulares y corrupción. Pero el sistema judicial en el Ecuador está totalmente corrompido. Creo que pedir de a buenas que la gente cambie, que los jueces rompan ese comportamiento asqueroso, es como un sueño de El Quijote. Pero no debemos renunciar a eso. Quienes hemos sufrido la persecución política somos los llamados a establecer perfiles para el comportamiento de una nueva justicia. Cuando pusimos la denuncia para que se investiguen a 14 jueces de la Corte Nacional de Justicia, se activó la persecución. El equipo técnico de la Mesa fue amenazado de muerte. Y yo les decia que no sabía a quién tener miedo: si al pandillero que te está robando un celular o a los pandilleros que se robaron la justicia, porque actúan como verdaderas mafias. Creo que estamos poniendo el dedo en la llaga. El sistema judicial debe muchísmo al Ecuador, y para sacar de la justicia a estos pandilleros de cuello blanco,  a lo mejor nos toque pagar mucho, pero no debemos renunciar a esa pelea; si los ecuatorianos no tenemos un sistema judicial que nos garantice la seguridad jurídica para las personas sin poder, siempre vamos a tener un Estado autoritario. 

El informe que vamos a presentar tiene el aval del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, la primer universidad de posgrado del Estado.

"El nuevo Consejo de la Judicatura no puede hacerse de la vista gorda sobre los 495 jueces que denunciamos por sus actuaciones durante la era correísta. La Judicatura debe dar explicaciones al país. Ellos tienen los mecanismos de investigación. Este no es un nuevo escándalo sino un reto histórico: deshacer todas las argollas que tienen secuestrada a la justicia ecuatoriana y empezar a limpiar por la cabeza. 

"El informe que vamos a presentar tiene el aval del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, la primer universidad estatal de posgrado del Estado. Una vez presentado el informe, el siguiente paso es buscar que el Consejo de la Judicatura haga circular este documento por todo el país. Vamos a hacer que este informe llegue a la Presidencia de la República, a la Corte Constitucional, a la Corte Nacional de Justicia, a la Fiscalía, a las universidades, a todo el Estado ecuatoriano, para que sea debatido. El país tiene que debatir sobre esto, porque no es una anécdota más. Estamos demostrando documentadamente patrones de comportamiento de la persecución política a través de la justicia.

"Como víctimas haremos divulgación de nuestra verdad sobre estos diez años de justicia correísta. Nuestra desventaja es que no tenemos enlaces sabatinos para, por capítulos, dar al país la verdad de lo que pasó. Esta es una memoria, una memoria histórica y debe ser conocida por el país, para los que dicen ahora: no pasó nada y demos vuelta a la página. Debemos dar a la gente la verdad; porque esas sentencias fueron falsas, construidas sobre pruebas, evidencias y testigos falsos. Queremos justicia, verdad y reparación integral. Y la principal reparación es que estos hechos no se repitan, y para que esto suceda, como una forma de reparación, la justicia ecuatoriana debe reestructurarse; los códigos y leyes represivas deben ser eliminados y deben reconocerse, material y humanamente, los daños causados a las víctimas".

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