Las razones para una nueva ley antiviolencia contra la mujer

Las razones para una nueva ley antiviolencia contra la mujer
Para sectores feministas, el gobierno de Rafael Correa —considerado como "machista y misógino"— al desmantelar la antigua Ley 103 que prevenía la violencia contra la mujer, y trasladar al ámbito penal todos los conflictos de pareja, creó una serie de complicaciones innecesarias para las mujeres que quieren denunciar agresiones de sus parejas. Dos proyectos de Ley, uno de legisladores y otro del Ejecutivo, se debaten en una comisión ocasional en la Asamblea Nacional y se espera que hasta noviembre haya un informe.
11 de Septiembre del 2017
Fermín Vaca

Rocío Rosero no escatima epítetos sobre el ex presidente Rafael Correa y su postura frente a los derechos de las mujeres. Para la activista, Correa, a partir del 2010, tomó una deriva marcada por el "machismo y la misoginia" que hubiera hecho simplemente imposible un debate como el que hoy tiene lugar en la Asamblea Nacional sobre dos proyectos de Ley en los que se afronta el tema de la violencia contra la mujer. 

El pasado 24 de agosto, el presidente Lenin Moreno entregó a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica de Erradicación de Violencia de Género contra las Mujeres. Lo acompañó la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, así como varios miembros del Gabinete. 

“Rompamos las ideas que justifican el machismo y lo hacen ver como normal”, dijo, y agregó que la sociedad no puede seguir impávida ante los asesinatos de mujeres, “debemos poner fin a las muertes, a las violaciones, al acoso, al insulto”.

La propuesta del Ejecutivo contiene 44 artículos, dos disposiciones generales, dos transitorias y una reformatoria. Plantea eliminar la violencia de género, modificar los patrones socioculturales y los estereotipos.

La propuesta del Ejecutivo contiene 44 artículos, dos disposiciones generales, dos transitorias y una reformatoria. Plantea eliminar la violencia de género, modificar los patrones socioculturales y los estereotipos.

“Este proyecto es el inicio de una estrategia para erradicar la violencia en los hogares, en el trabajo, en la calle. Es hora de trabajar juntos por una sociedad donde las mujeres sean valoradas y respetadas, y así evitar los femicidios”, dijo el presidente. 

Por su parte, la ministra Alvarado dijo que el 85% de los casos de violencia en contra de la mujer ocurren durante el proceso de separación o divorcio. “Está presente sin importar la edad, independiente de la situación económica de la víctima o el victimario. Es una violencia generalizada, justificada”.

El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano se comprometió a que antes del 25 de noviembre de este año se apruebe el proyecto.

La propuesta del Ejecutivo identifica todos los tipos de violencia física, sexual, psicológica, patrimonial y simbólica, que se puede presentar en los espacios políticos, laborales, educativos, institucionales o judiciales, familiares, gineco- obstétricos,  judiciales, mediáticos y comunitarios.

También promueve la creación de un Sistema Nacional de Prevención, Atención y Reparación de la Violencia de Género hacia las Mujeres con la incorporación de entidades del Estado, del Ejecutivo y los gobiernos autónomos para la coordinación, supervisión, evaluación de políticas, planes, programas.

Además de esta norma, hay otra presentada el 17 de agosto por el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, conformado por  Mónica Alemán (AP), Marcela Holguín (AP), Pavel Muñoz (AP), Liliana Durán (AP), Dallyana Passailaigue (PSC), y Tanlly Vera de CREO.

La génesis de la propuesta

Rosero, al igual que otras dirigentes de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, han promovido el debate sobre la necesidad de un nuevo cuerpo legal que retome algunos aspectos de la derogada Ley 103. Esa norma, vigente en tiempos anteriores a la toma del poder por el correísmo y a los consiguientes cambios constitucionales, creaba un esquema de protección para las mujeres por medio de comisarías, que debían actuar con el apoyo de la fuerza pública en casos de violencia doméstica. La norma incluía aspectos como la salida de la vivienda del agresor, y otras medidas que permitían procesar los problemas de pareja por fuera del ámbito penal.

Pero en la actualidad, precisa Rosero, y gracias a las reformas legales del correato, prácticamente todos los problemas de pareja han caído dentro de la esfera de lo penal, lo que, en lugar de facilitar a las mujeres su prevención y denuncia, la han complicado.

Rosero relata que se ha tratado de un proceso de dos años, y califica como "un logro" a la discusión de los dos proyectos. El sujeto de derechos en ambos proyectos, recuerda, "son las mujeres en todas sus diversidades" y uno de los objetivos de esta nueva legislación es "ceñirse a los estándares internacionales" sobre los derechos de las mujeres. 

La activista recuerda la participación de las ex asambleístas de AP, Gina Godoy y Marisol Peñafiel, quienes sostenían que ya no es necesaria una nueva ley debido a que ya constan tipificadas en el Código Integral Penal las acciones de violencia contra la mujer. Pero a ello, dice Rosero, se respondió que el correísmo, "con trampas", logró derogar la Ley 103 y con ella las medidas de amparo y protección contra las mujeres, pues esa norma facilitaba el auxilio inmediato a mujeres en situación de violencia.

 

Según Rocío Rosero, el correísmo, "con trampas", logró derogar la Ley 103 y con ella las medidas de amparo y protección contra las mujeres, pues esa norma facilitaba el auxilio inmediato a mujeres en situación de violencia.

El proceso de socialización, en el que intervinieron por lo menos 700 mujeres, y que contó con la participación de varios abogados especialistas, fue presentada ante la Legislatura presidada por Gabriela Rivadeneira. Ahí, sin embargo, las propias asambleístas de Alianza PAÍS mostraron discrepancias, en especial, entre Gabriela Rivadeneira y Gina Godoy, pues ésta última se opuso siempre a una nueva ley sobre la materia. 

Sin embargo de estos reparos, la propuesta continuó negociándose, pues las organizaciones de mujeres creen que es necesario un esquema de protección legal. Rosero sostiene que hay varios casos de mujeres que fueron a las Fiscalías a presentar denuncias que, sin embargo, no solo que no han sido atendidas, sino que no han evitado actos de violencia e inclusive feminicios.

Rosero asegura también que es importante que los proyectos legales incluyen la necesidad de reparaciones a las víctimas de la violencia, y cree que otro eje importante de las propuestas es la necesidad de la prevención. En la actualidad, la acción y la respuesta de los operadores de justicia "es bastante deficiente", por lo que la activista sostiene que es necesaria una tarea educativa en toda la sociedad, para asegurar el respeto a la integridad y la vida de las mujeres. 

De contravenciones a delitos

Al convertir muchas situaciones de violencia doméstica que eran contravenciones en delitos, el Estado correísta, en lugar de facilitar el combate de estos casos, lo complicó. Rosero admite que no todas las situaciones de violencia en un hogar podrían encajar en la definición tradicional de un delito, ni requieren de la intervención de la justicia penal. Por ello, cree que diferenciar entre violencias que pueden ser tratadas en el ámbito de lo penal, y otras que pueden ser tratados con mecanismos de naturaleza civil. La Comisión ocasional conformada por once legisladores, deberá "tomar lo mejor de ambos proyectos", pero señala que hay vacíos, en especial, en la prevención, la protección y la reparación de las víctimas de la violencia. 

En todo caso, la nueva Ley no sería punitiva, sino que se ajustaría a las recomendaciones de Naciones Unidas, cuyo comité especializado ha recomendado al Ecuador mejorar la legislación en varias ocasiones. 

Según la Coalición de Mujeres, es necesario que la prevención de la violencia sea una política de Estado, y cree que tratar los derechos de las personas como transvesalidades ha diluido las responsabilidades del Estado. "No hay derechos de género, sino de las personas en determinadas situaciones".

Según la Coalición de Mujeres, es necesario que la prevención de la violencia sea una política de Estado, y cree que tratar los derechos de las personas como transvesalidades ha diluido las responsabilidades del Estado. "No hay derechos de género, sino de las personas en determinadas situaciones".

La criminalización de la violencia contra la mujer, que consta en el Código Penal correísta, "no ha contribuido ciertamente" a la reducción de la violencia ni ha reducido ese tipo de situaciones, pues no se ha apuntado hacia un cambio de los paradigmas. 

Rosero defiende que no se haya incluido en los proyectos de ley a las diversidades sexuales pues, aunque admite que hay discriminación contra gais, lesbianas y transexuales, asegura que se debe preparar una ley más amplia que se convierta en un Código que englobe todas las violencias por cuestiones de género y orientación sexual. 

Para la dirigente, hay "un número reducido" de hombres que son víctimas de violencias por parte de sus parejas mujeres, pero insiste en que las mujeres son las mayoritariamente agredidas. 

La crítica a las políticas

Rosero critica también a las mujeres que hacen política en el país. Muchas de ellas, dice, no se han hecho cargo de las agendas de las mujeres sino en casos muy puntuales. En el caso de correístas y ex correístas, recordó que "tenían un jerarca al que se sometieron" y criticó que ex asambleístas de PAÍS, como Paola Pabón, simplemente se adaptaron. "En el estilo más patriarcal de la política, hay mujeres que no trabajan por la igualdad, la paridad o el cambio", admite, pero sostiene que hay "una nueva era" con el gobierno del presidente Lenin Moreno, lo que ha evidenciado que mujeres legisladoras de varios sectores se hayan pronunciado. Destaca a Mónica Alemán, Tanlly Vera y otras, así como a Pavel Muñoz y al presidente de la Legislatura, José Serrano. 

Sebastián Palacios, asambleísta de SUMA.

Por su parte, el asambleísta de SUMA, Sebastián Palacios, aseguró que es importante lograr una ley que recoja las aspiraciones de las mujeres para evitar actos de violencia. Palacios, quien es parte de la Comisión ocasional que trata el tema, aseguró que se realizará una socialización de la norma hasta el mes de noviembre, en que se debe presentar un informe.

Palacios aseguró también que un tema que debería discutirse es si este cuerpo legal debe también incluir a los hombres que puedan estar sufriendo algún tipo de violencia en el ámbito doméstico, pues el articulado de ambos proyectos no hace referencia al caso inverso.