San Lorenzo sigue abandonada y en crisis

San Lorenzo sigue abandonada y en crisis
A casi cinco meses de la vigencia del estado de excepción, los habitantes de San Lorenzo afirman que el comercio se ha deteriorado y la ayuda integral que ha ofrecido el Gobierno en reiteradas ocasiones no se hace presente. Al tiempo, el presidente Lenín Moreno lanzó el Plan de la Política de Defensa y Seguridad para la Frontera. Mientras tanto la ciudad sigue militarizada. Los policías no caminan solos. Surge una nueva teoría sobre cómo empezó la crisis en esa zona fronteriza.
18 de Junio del 2018
Redacción Plan V

La vía del silencio

La vía Ibarra-San Lorenzo amanece despejada y calurosa. El recorrido entre ambas ciudades dura aproximadamente tres horas en un vehículo particular. Es un trayecto sin contratiempos sobre una carretera, en su mayoría, en buen estado. El silencio solo se rompe por escasos buses de pasajeros que pasan a gran velocidad. Hay soledad en esta zona que convive con un estado de excepción impuesto desde que un coche bomba estallara en la estación policial de San Lorenzo y renovado después del asesinato y ejecución de los periodistas de El Comercio.

Y aunque la vía Ibarra-San Lorenzo es una de las principales arterias que conecta la Sierra norte con la Costa, la seguridad es una permanente interrogante. Ni con un estado de excepción en uno de sus extremos que está por cumplir los cinco meses.

Desde sus inicios en esta vía los controles militares y policiales han sido mínimos. Ni en los días de feriado cuando los turistas abundan (o abundaban) por esta arteria hay señales de más vigilancia. Es martes y cerca de las 07:00. Y el primer movimiento se registra a la altura del ingreso a la mina de Buenos Aires. Un pequeño piquete de policías permanece en esa zona desde que la mina se convirtió en los últimos meses en un salvavidas económico para migrantes extranjeros e internos como los mismos habitantes de San Lorenzo y sus alrededores.

La mañana está en su pleno esplendor. Pero el primer control militar en localizado antes de la población de Guayupe no está funcionando. Solo hay revisión en el segundo control ubicado después de Lita.

Y aunque es una de las principales arterias que conecta la Sierra norte con la Costa, la seguridad es una permanente interrogante. Ni con un estado de excepción en uno de sus extremos que está por cumplir los cinco meses.

En Lita, los paraderos de comida lucen tristes. De cuatro mesas, solo una tiene comensales. El dueño del local, un hombre musculoso en pantaloneta y camiseta sin mangas, reniega por los malos tiempos. “Antes la gente comía parada porque no había donde sentarse”, dice el vendedor mientras señala un borde de bloques que hacía las veces de asientos en sus mejores tiempos. Pero su “antes” es solo unos tres meses atrás. Desde que se impuso el estado de excepción en San Lorenzo y Eloy Alfaro, fronterizos con Colombia, los habitantes de esta zona hablan más de crisis y menos de inseguridad.

El calmado arribo a San Lorenzo solo se rompe con la imagen de cuatro tanquetas artilladas que, a toda velocidad, se dirigen hacia punto del este de la ciudad.

La eterna ciudad del comercio, hoy deprimida

San Lorenzo del Pailón, posiblemente llamado así por su calor sofocante, vive del comercio. Una actividad que se incrementó cuando el tren llegó hasta a esta ciudad en la década de los años 60. Su arribo atrajo a cientos de nuevos habitantes que trabajaron en la construcción de la línea férrea y en la estación. El comercio floreció. Pero el intercambio de productos a través del coloso de hierro solo sobrevivió hasta los años 90 hasta que la vía Ibarra-San Lorenzo fue inaugurada una década después. De ese época ha quedado un barrio de nombre Ferrocarril, un antiguo dormitorio de los trabajadores del tren. Ahora la actividad se ha volcado hacia el mar. El puerto de San Lorenzo es un eje para el comercio entre las poblaciones fronterizas de Ecuador y Colombia. El intercambio va desde electrodomésticos hasta víveres.

Según comerciantes, mucha gente abandonó el trabajo en las palmicultoras de San Lorenzo y han preferido ir a la mina de Buenos Aires, en la parroquia de Urcuquí de Imbabura. Hasta ese lugar se estima han llegado 5.000 personas de todo el país y extranjeros.

Pero esta actividad se ha deprimido más con la vigencia del estado de excepción. Lo cuentan desde vendedores, taxistas hasta autoridades. La calle Imbabura es un termómetro. Una vendedora que llegó desde Colombia hace cuatro meses hace los primeros cálculos: sus ventas diarias pasaron de USD 300 a USD 180 en sus mejores días. En su local de ropa y cosméticos recuerda que la situación se puso peor después del Día de la Madre. “Mucha gente se ha ido”.

Una cuadra más adelante, otro vendedor de ropa cuenta que las ventas solo se dan a fin de mes cuando la gente cobra. Estima que ha dejado de vender en un 60% sus productos. En pantaloneta y con un ventilador prendido en su local, se apura a atender a un abuelo que busca camisetas para sus nietos. Escucha el precio, pero se va. El negociante dice que los peores meses han sido marzo, abril y mayo. Hace poco pidió un préstamo, pero en su banco le mencionaron que hasta no se acabe el estado de excepción no podrá obtenerlo.

Relata que mucha gente abandonó el trabajo en las palmicultoras y han preferido ir a la mina de Buenos Aires, en la parroquia de Urcuquí de Imbabura. Hasta ese lugar se estima han llegado 5.000 personas de todo el país y extranjeros. Diversos testimonios hablan de extensas jornadas de trabajo, pero con mejores pagos.


La calle Imbabura es el centro comercial de San Lorenzo. Se vende sobre todo ropa. 

Un vendedor de electrodomésticos ve con mayor positivismo la presencia de los militares. Cree que ha bajado la delincuencia común y los crímenes en la zona.

Un vendedor de electrodomésticos ve con mayor positivismo la presencia de los militares. Cree que ha bajado la delincuencia común y los crímenes en la zona. Otros habitantes consultados en la zona coinciden en que ha bajado la violencia. Fuentes extraoficiales aseguran también que ante la mayor presencia de uniformados dejó de circular la droga en esta zona. Los narcotraficantes han buscado otras rutas, principalmente por la Amazonía. Eso también ha afectado la economía de la población.

De los ofrecimientos del Gobierno de hacer una intervención integral y no solo militar en la zona, los habitantes consultados dicen no ver ninguna acción concreta hasta ahora. Solo señalan la construcción de viviendas para desplazados y afectados por la explosión de la bomba en San Lorenzo. Es el plan gubernamental “Casa para todos” que prometió 200 casas para 69 familias que se desplazaron de Mataje por el temor a la violencia y a la intervención militar. Pero el martes pasado, una veintena de casas blanquecinas y sin techos estaban rodeadas de material de construcción.


Estas viviendas pertenecen al plan "Casa para todos". Es lo único que ha hecho el Gobierno desde la crisis, según testimonios de varios habitantes de San Lorenzo. 

David Cortez, abogado del alcalde Gustavo Samaniego, cuestiona: “Si ponen aquí más policías y más militares esto no va a cambiar absolutamente nada (...) En estos cinco meses, ¿qué le han dado al pueblo? Nada. Se agravó la crisis. No solo porque no se abren los karaokes, las discotecas, sino porque eso afecta también a la señora que vende comida en la noche, esa señora compra en la tienda los productos, compra al conchero, al pescador, al cangrejero. Si no hay eso, con el estado de excepción todo el mundo en la noche tiene que irse a descansar. En cinco meses ya debió haberse visto la cara del Estado acá. Hace tres semanas estuvo un delegado del Senescyt y dijo que construirán una universidad, pero ¿cuándo? No ha cambiado nada”.

Mientras tanto el Gobierno lanzó hoy el Plan de la Política de Defensa y Seguridad para la Frontera. Su objetivo es dar soluciones integrales en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro. El Plan tiene como eje la reactivación económica. En su discurso, en el Batallón de Infantería Movilizado (Bimot 13) en Esmeraldas, el presidente Lenín Moreno aseguró: “No permitiremos que grupos irregulares armados, principalmente, vuelvan a atentar contra nuestra soberanía con acciones execrables y dolorosas, como las ocurridas en los primeros meses de este año”.

Esta es solo una de las últimas declaraciones sobre este tema donde las autoridades han prometido ayudar a la zona. El 22 de marzo pasado, desde Esmeraldas, la vicepresidenta María Alejandra Vicuña resaltó “la inmediata respuesta estatal” y el trabajo “interinstitucional”.

De los ofrecimientos del Gobierno de hacer una intervención integral y no solo militar en la zona, los habitantes consultados dicen no ver ninguna acción concreta hasta ahora. Solo señalan la construcción de viviendas a la entrada del cantón.

De su parte, el Ministerio de Educación ha anunciado que destinará USD 144 millones para un plan integral en el sistema educativo en Esmeraldas. Hace dos semanas,  los niños que salieron de Mataje volvieron a sus clases. Lo hicieron un día de lluvia y el acto de inauguración fue en medio de un patio lleno de agua, donde las autoridades de la zona repartieron materiales a los menores que regresan a clases después de casi un mes. Durante ese lapso estuvieron en establecimientos en San Lorenzo. Fueron 62 en total. Un taxista que salía de Mataje contó que los profesores son de la misma comunidad, pues los antiguos maestros han preferido no volver. Los médicos ingresan al centro de salud de Mataje con resguardo militar, según ese mismo testigo.

Los policías no caminan solos

En las calles de San Lorenzo sus habitantes coinciden en algo: el incremento de policías y militares solo ha sido para cuidarse así mismos. En San Lorenzo dos de los mejores hoteles donde se hospedan los uniformados del GIR y del GOE pasan con seguridad. Hay vallas a su alrededor y las calles de estos hoteles están cerradas. “No hay habitaciones de aquí a dos meses”, aseguran sus dueños.


En este hotel que pertenece al alcalde de San Lorenzo se hospedan los agentes del GIR. Es uno de los más lujosos. 

Uno de esos hoteles pertenece al alcalde de la ciudad, Gustavo Samaniego, una autoridad que rehúye permanentemente a las entrevistas con la prensa. El único que estuvo dispuesto ha hablar con la prensa fue su abogado, David Cortez. Él describe la situación en la ciudad: “Si usted pasa por las calles de los hoteles donde están los policías, ve más policías resguardando policías. ¿Y quién resguarda a los civiles? Antes de hacer las casas que se destruyeron, ¿qué hicieron? Reparar su cuartel de la Policía”.


En este hotel también se hospedan uniformados. Vallas bloquean el tránsito en sus alrededores. 


El pasado miércoles así lució la Fiscalía de San Lorenzo durante la versión que rindió el alcalde de la ciudad dentro del proceso por delincuencia organizada que se sigue por el atentado en la estación policial. 

Los policías aseguran que no caminan solos por las calles de San Lorenzo. Siempre van en parejas. Los vehículos policiales van llenos hasta el último asiento de uniformados. “Ni a los jugos de la esquina vamos solos”, mencionó uno de ellos.  En la Fiscalía y en la Unidad Judicial el resguardo, sin embargo, solo aumenta cuando hay alguna diligencia delicada. La semana pasada, la Fiscalía vinculó a 22 personas, incluído alias Guacho, a los procesos por delincuencia organizada y terrorismo que se sigue por la explosión de la bomba en San Lorenzo. Dos anillos de seguridad, uno externo y otro al interior de las dependencias, acompañaron a los fiscales. Pero terminadas las audiencias el resguardo policial desaparecía y nuevamente fiscales y jueces de la zona quedaban sin mayor protección.

En tanto, las versiones que salen de San Lorenzo sobre el origen de la crisis de seguridad apuntan a los uniformados. Fuentes que pidieron el anonimato, contaron que alias ‘Guacho’ pidió con tanta insistencia a uno de los tres detenidos en el operativo de enero porque él habría robado al narcoguerrillero. Entonces lo necesitaba vivo para conocer el paradero de lo sustraído, posiblemente droga. Pero la Policía no pudo cumplir con esa solicitud y empezaron las amenazas que fueron aumentando de tono hasta llegar al atentado contra una patrulla de militares -hecho que dejó 4 muertos- y el secuestro y ejecución de los periodistas de El Comercio. “Ellos son los tocados, los deshonestos”, dijo un resentido habitante de San Lorenzo.

  TESTIMONIOS  

“Esto es la consecuencia de un abandono de muchos gobiernos”
Ottorino Poletto, párroco de San Lorenzo


Hay preocupación en la población, no sabe cómo será su futuro y el movimiento del narcotráfico. Está claro que muchas personas sin tener otro tipo de ocupación se sentían apoyadas por la actividad del narcotráfico. Por otro lado, ¿cuál será la propuesta del Gobierno para estas poblaciones que viven a lo largo de la frontera como Mataje?, ¿qué tipo de inversión hará el Gobierno para promover el desarrollo de todo esa gente? Lo que aconteció es la consecuencia de un abandono de parte de muchos gobiernos. Se dejó que estas actividades del narcotráfico pudieran continuar sin problemas. Sabiendo por todos que existía esa situación y sin ser tomadas medidas por parte de Ecuador y Colombia. Estos hechos han desestabilizado la vida y el equilibrio que permitía a mucha gente sobrevivir. Ahora están en incertidumbre. Atendimos a 150 familias de Mataje quienes dejaron las casas sin nadie. Salieron porque habría al parecer una amenaza del narcotráfico a la población y por otro lado fue una iniciativa de la Alcaldía de San Lorenzo que quería proteger a la gente y permitir al Ejército si en las casas había señales de gente de apoyaba el narcotráfico. La mayoría ya regresó, otros se quedaron con sus parientes en San Lorenzo.

‘El flujo de colombianos ha disminuido desde el atentado’
Christian Chávez, de la organización HIAS


Trabajamos en San Lorenzo desde hace 12 años en asistencia humanitaria a refugiados colombianos. El flujo de ellos (a Ecuador) más bien ha disminuido desde el atentado (en el destacamento policial) en San Lorenzo. En promedio al mes recibíamos a 500 personas, ahora han bajado a 300. Posiblemente se debe al temor por los hechos de violencia que se estaban dando acá. Las familias colombianas que ingresan al Ecuador ya no se están quedando en esa ciudad, ahora solo ven como un sitio de tránsito. Buscan sectores más céntricos como Ibarra en busca de seguridad. Nosotros les damos apoyo psicosocial para que se integren en el país. Provienen sobre todo del departamento de Nariño.  Con la firma de la paz en Colombia se esperaba que muchas familias decidieran regresar a su país de origen y que la violencia bajara. Al contrario sale este grupo irregular de las FARC y se crearon otros grupos, se fortalecen como sucede en Tumaco.