Hablar de coparentalidad más allá del discurso misógino

Hablar de coparentalidad más allá del discurso misógino
Debatir sobre la coparentalidad nos demanda pensar con empatía, generosidad, amplitud, e incluso altruismo; trascender el resentimiento y el dolor individual, y reparar la dialéctica individuo-colectivo. El interés superior del niño y la niña no puede ser una frase suelta, demanda coherencia ético política, en lo más íntimo, profundo y cotidiano.
05 de Noviembre del 2018
POR: María Fernanda Solíz

Psicóloga por la Universidad del Azuay y PhD en Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es investigadora y académica. 

La discusión debe trascender del Código en tanto instru-mento jurídico, hacia las condiciones sociales y políticas que enraízan y profun-dizan las rupturas, exacerban las contra-dicciones y la impo-sibilidad de actuar con justicia más allá de la ley".

Con tristeza y distancia he mirado de qué forma el debate alrededor de la coparentalidad y las reformas al Código de la Niñez y la adolescencia, ha girado entre la misoginia y la descalificación. En ciertos momentos incluso llegué a sentir una especie de “Déjà vu”, con aquellos enfrentamientos “carnavalescos” de hombres contra mujeres en los programas de televisión nacional. En otras ocasiones sentí más bien dolor frente a la exhibición pública de historias personales repletas de una suerte de sátira exacerbada por heridas afectivo-emocionales de rupturas amorosas.

Aunque el interés superior del niño y la niña, aparece como retórica discursiva en la mayoría de los textos, no he logrado entender cómo podría aportar al interés superior del niño y la niña, un debate centrado en la descalificación pública de uno u otro progenitor,  en el trato burlón y ridiculizante, en la exhibición sin garantías de privacidad ni anonimato de tan sólo una de las versiones en las historias de disputa.

También me ha confrontado en lo más íntimo de mis convicciones ético políticas, cómo dos personas que se amaron o que tuvieron un hijo/a juntos, pueden ahora detestarse de esta manera. ¿Cómo en el mundo es eso posible?

Lo cierto es que el debate está y mantenerse al margen, sería una irresponsabilidad ética. Al igual que en muchos de los temas de gran complejidad,  que históricamente han estado en la palestra de discusión (desde la esclavitud hasta el aborto), creo que la discusión trasciende el análisis jurídico a una dimensión más bien ético política.

Desde la psicología social y política, uno de los campos importantes de estudio, pasa por la comprensión del desarrollo moral, que va más allá de la discusión legalista. El hecho de plantearse, por ejemplo, que la esclavitud fue legal pero ilegítima y que a pesar de eso existía como si fuese algo totalmente “normal”. Situación similar con el aborto, seguramente dentro de algunos años, nos resulte repudiable que el aborto haya sido penalizado en muchos países del sur geopolítico hasta el siglo XXI. 

En esta línea, uno de los autores representativos, Kohlberg, identifica al menos 3 momentos del desarrollo moral: uno pre-convencional, uno convencional y uno post-convencional. Durante las etapas pre-convencionales del desarrollo de la moral, las personas tendemos a un razonamiento extremadamente egocéntrico en el que el bien y el mal tienen que ver con lo que experimenta cada individuo por separado, no se reconocen los intereses de los otros como diferentes a los propios. De esto se deduce que lo justo es relativo, ya que está ligado a los intereses personales, y que es necesario un intercambio con los otros para conseguir que los propios intereses se satisfagan (los otros como medio, no como fin en sí mismos).

Este nivel de desarrollo pre-convencional aun cuando es característico de la infancia, puede sostenerse en la vida adulta y en muchos casos ha sido determinante de la argumentación reduccionista de grupos incapaces de ver más allá de sus interés personales, y más aún, de imponerlos como “el deber ser” o la “verdad histórica”.

La segunda etapa del desarrollo de la moral, empieza a pensar más allá del individuo, pero el egocentrismo sigue presente. Si en la fase anterior no se puede concebir que exista un dilema moral en sí porque solo existe el punto de vista propio, en esta etapa empieza a reconocerse la existencia de choques de intereses. Ante este problema, las personas que se encuentran en esta fase optan por el relativismo y el individualismo, al no identificarse con valores colectivos: “cada uno defiende lo suyo y obra en consecuencia”.

Ante esta falta de empatía se crean una suerte de fracciones impermeables que se refuerzan desde dentro y se ciegan hacia fuera, se abre un debate sordo, que solamente agudiza los puntos de quiebre, ruptura y distancia, aún más, corta la posibilidad de llegar a acuerdos mínimos. Se construyen una suerte de “enemigos” a quienes se debe atacar en el intento de consolidar y cohesionarse como grupo. Cada quien habla y obra desde su verdad, desde su experiencia personal, desde su dolor, desde sus frustraciones, válidas todas, pero fragmentadas. De la crítica a la fenomenología aprendimos que la suma de relatos individuales ciertamente no construye relato colectivo.

Es entonces que el tema de la coparentalidad es uno más, en el que la interpelación no pasa por perfeccionar uno u otro marco jurídico, sino en la posibilidad de transitar a un nivel de moral post-convencional, en el que sea posible conciliar tanto los valores colectivos como las libertades individuales, no centradas exclusivamente en el propio interés. Se trata de abrir un debate que permita la reflexión acerca de si las leyes y las normas son acertadas o no, que oriente al análisis del modo en el que la sociedad puede afectar a la calidad de vida de las personas y también el modo en el que las personas pueden cambiar las normas y las leyes cuando estas son disfuncionales.

Hablar de coparentalidad nos demanda entonces,  pensar con empatía, generosidad, amplitud,  e incluso altruismo;  trascender el resentimiento y el dolor individual, y reparar la dialéctica individuo-colectivo. El interés superior del niño y la niña no puede ser una frase suelta, demanda coherencia ético política, en lo más íntimo, profundo y cotidiano. Se trata de considerar a todas las personas como fines en sí y no como medios para llegar a un fin. Se trata de apostar por principios, y derechos que pueden ser admitidos por todas las personas que componen la sociedad, que permiten la organización de un modo justo y beneficioso para todos y todas sin excepción.

Este año, se cumplen cuatro años de que mi hijo mayor, luego de un divorcio bastante respetuoso, decidiese regresar a nuestra ciudad de origen y vivir con su padre. Como padres hemos logrado acordar desde la generosidad sin necesidad de recurrir a los juzgados: compartimos las vacaciones, los feriados, los gastos y sobre todo el tiempo del pequeño, ahora adolescente. Él sabe que tiene una madre incondicional a quien siempre puede recurrir, hablamos todos los días y nos vemos tanto como podemos. Su padre es un excelente ser humano y papá, que lo ama tanto como yo, y eso,  eso es todo lo que importa. 

La coparentalidad ciertamente no puede ser una imposición legal ni una fórmula que se aplique en todos los casos. El Código de la Niñez y la adolescencia es un marco jurídico, perfectible, limitado, que puede y debe revisarse, pero sería irresponsable no reconocer que ha mejorado la vida de miles de niños y niñas que ahora pueden disfrutar de al menos condiciones materiales mínimas, que pasan por las pensiones de alimentos, pero que no se limitan a ellas. Lo miro día a día en mi trabajo en barrios urbano marginales de la Costa y lo defiendo desde ahí. Negar las excepciones, distorsiones e injusticias también sería irresponsable, sin embargo, el camino para atender y solucionar estos casos, francamente está muy lejos del discurso individual, satirizante y descalificativo. Me atrevería a decir que la discusión debe trascender del Código en tanto instrumento jurídico, hacia las condiciones sociales y políticas que enraízan y profundizan las rupturas, exacerban las contradicciones y la imposibilidad de actuar con justicia más allá de la ley.

El cuidado material e inmaterial de nuestros hijos e hijas en tanto sujetos de derechos, sujetos políticos, nos interpela como Estado, como sociedad, como familias, pero sobre todo como seres humanos.