La mayor crisis política de España

La mayor crisis política de España
El pueblo de la Cataluña ha decidido en las urnas que los partidos independentistas vuelvan a tener mayoría absoluta en el Parlamento Catalán, y consecuentemente, el próximo gobierno sería nuevamente partidario de la creación de la República de Cataluña, y de hecho, sería Carles Puigdemont quien volvería a ser el Presidente del gobierno autonómico.
15 de Enero del 2018
POR: Romel Jurado Vargas

Doctor en jurisprudencia, ex asesor parlamentario, consultor.

No hay garantía alguna de que nuevas elecciones cambien el estado de cosas, pues subsiste el riesgo de que esta situación se radicalice".

Cataluña ha sido considerada a menudo la locomotora de la economía española, pero esa denominación está a prueba, porque 3139 de las más importantes empresas catalanas ha decido trasladar su sede social a otras ciudades del país. Desde bancos, aseguradoras, empresas de telefonía y telecomunicaciones hasta industrias alimenticias y de energía han reaccionado así a las pretensiones independentistas que puso en marcha el gobierno autonómico, presidido por Carles Puigdemont, con el referéndum del 1 de octubre de 2017 destinado a declarar la República Independiente de Cataluña.

Las empresas tomaron esta medida porque Cataluña, como Estado independiente, se convertía en un territorio sin la cobertura legal del Estado Español y de la Unión Europea, sin el mercado y la moneda que esta cobertura supone, sin la seguridad social que sostiene a los jubilados y a quienes cobran el paro, sin la protección del Banco de España para el sistema financiero, y sin muchas otras instituciones y recursos que permiten a los catalanes formar y sostener emprendimientos prósperos, así como tener una vida normal, condiciones para ejercer sus derechos y oportunidades para desarrollar sus proyectos de vida.

En el ámbito político, permitir el avance de las pretensiones independentistas significaba para el gobierno de España declarar su incapacidad para mantener cohesionado al Estado, a su territorio y a sus habitantes. Significaba permitir que dinamiten la Constitución española y que reine el caos y la inseguridad económica. Y cómo todo esto es inaceptable para cualquier gobierno y para cualquier Estado, la reacción del Presidente del Gobierno, avalada por el Congreso y el Senado, fue contundente y consistió en destituir a todos los miembros de Gobierno Autonómico de Cataluña, asumir temporalmente el control de dicho gobierno, denunciar ante las autoridades judiciales la comisión de delitos graves por parte de los políticos destituidos, e intervenir en el control de las finanzas públicas y de las fuerzas de seguridad de esta comunidad autónoma.

Sin embargo, este proceso de intervención excepcional, destinado a neutralizar los efectos nocivos de la que se consideró la mayor crisis política de España desde el retorno a la democracia, tenía que permitir lo antes posible el retorno a la normalidad, y bajo esa premisa el Gobierno de España convocó a elecciones el 21 de diciembre pasado para conformar el nuevo gobierno de Cataluña, con la convicción de que los graves problemas económicos, políticos, sociales que causo el referéndum catalán y la posterior declaración unilateral de independencia, causarían que la mayoría de ciudadanos opten por elegir a los partidos “constitucionalistas”, es decir, los partidos nuevos o tradicionales, que han defendido la cohesión del Estado Español.

Pero el cálculo realizado por el Gobierno español ha estado mucho más cercano a sus deseos que a la realidad electoral. En efecto, el pueblo de la Cataluña ha decidido en las urnas que los partidos independentistas vuelvan a tener mayoría absoluta en el Parlamento Catalán, y consecuentemente, el próximo gobierno sería nuevamente partidario de la creación de la República de Cataluña, y de hecho, sería Carles Puigdemont quien volvería a ser el Presidente del gobierno autonómico, esto es, el mismo que realizó la declaración unilateral de independencia, y el mismo que se encuentra en el exilo en Bruselas a consecuencia de una orden judicial librada por los tribunales españoles. Además, fueron electos como diputados tres personas que están encarceladas y cuatro más que también están en el exilio bajo acusaciones graves relacionadas con el referéndum y la declaración de independencia.

En este escenario, algunas voces empiezan a señalar que no les será posible a los independentistas formar gobierno, porque solo obtendrían la mayoría absoluta en el Parlamento si los diputados electos que se hallan en prisión y en el exilio pueden concurrir al Congreso y votar para la conformación de gobierno. Y esto no podrá ser, porque las autoridades judiciales no permitirán la salida de los detenidos para ejercer su cargo de diputados, y porque harán valer la orden de prisión que pesa contra Puigdemont y los otros exiliados si regresan a territorio español.

Si tales predicciones se cumplen, la única forma de canalizar un gobierno independentista sería que los detenidos y exiliados renuncien a sus cargos y permitan que otros miembros de sus partidos asuman esas curules. Eso equivaldría a descabezar el movimiento independentista y a una suerte de inmolación de los lideres que se han expuesto a “todo” por la causa que defienden. Al parecer, ni los lideres políticos involucrados ni sus partidarios consideran viable esta posibilidad, tanto por las implicaciones que puede tener para defender las pretensiones independentistas como por los efectos de fractura que pueden generar en las bases políticas y sociales que lo impulsan. Y claro, también está en juego el sentido de autopreservación de los lideres políticos y el sentimiento de fidelidad de sus partidarios.

Desde esa perspectiva, es muy posible que los independentistas profundicen las acusaciones que han hecho contra del Gobierno español, señalando que han instrumentalizado a los tribunales para judicializar los conflictos políticos que no es capaz de solucionar por las vías democráticas. Dicho crudamente, argumentarán que es la cárcel y el exilio la respuesta que España impone a los representantes de Cataluña cuando los ciudadanos eligen independentistas para formar gobierno en esa comunidad autonómica.

Por su parte, el gobierno español ya ha señalado que las actuaciones judiciales son autónomas e independientes, y que, en un Estado de Derecho, nadie puede intervenir en ellas ni tampoco incumplir las decisiones judiciales. Desde esa perspectiva, ni aún si fuese conveniente para el procesamiento político de esta gran crisis, sería admisible intervenir en la justicia o tolerar el desacato a sus órdenes.

Consecuentemente, si los independentistas no logran formar gobierno, y nadie mas tiene los votos para lograrlo por ahora, lo que habrá que hacer según las reglas aplicables es, en última instancia, repetir las elecciones hasta destrabar los bloqueos políticos. Pero esto tiene costos económicos y sociales muy altos para todos los actores involucrados, sobre todo para los ciudadanos catalanes. En este contexto, lo peor es, como la experiencia nos enseña, que no hay ninguna garantía de que nuevas elecciones cambien el estado de cosas, pues subsiste el riesgo de que esta situación se radicalice e incluso que la violencia haga presencia en las calles. Ciertamente, esta sí que es la mayor crisis política de España.