Crónica del exagerado via crucis tributario ecuatoriano

Crónica del exagerado via crucis tributario ecuatoriano
Esta es una investigación que detalla las diez primeras reformas tributarias (en realidad son más de 20) durante los años de la Revolución Ciudadana, en el gobierno de Rafael Correa. El autor, el catedrático y experto en derecho tributario, César Montaño, hace un recuento detallado de los impactos que estos constantes cambios tuvieron sobre la legislación tributaria y muestra cómo el ciudadano común terminó sobajado por el Estado.
08 de Enero del 2018
César Montaño

Desde el 2007, el Ecuador ha tenido diez reformas tributarias (una por año, en promedio), entre las que se cuenta la Constitución de Montecristi. Estas reformas triplicaron la recaudación por tributos, y pusieron mayor presión fiscal sobre los contribuyentes: en el 2007 la presión era de 11.8% y, en el 2012 llegó a 15.3%. Entre los años 2000 y 2006, el Servicio de Rentas Internas recaudó 21.995 millones de dólares y, en el período de 2007 a 2013 la recaudación sumó 60.661 millones de dólares, lo que significó un crecimiento del orden del 173%. Las reformas tributarias permitieron que el ciudadano común, tenga sobre sus espaldas, ingresos, acciones y emprendimientos, un promedio de 100 impuestos, tasas y contribuciones especiales, con las cuales el sector público en general se convierte en un pulpo recaudatorio y depredador. 

No solo eso. Las reformas tribuutarias incluyeron, además, legislaciones que pusieron al ciudadano común en desventaja jurídica con el Estado, convirtiendo a los reclamos tributarios en causas perdidas. La presión sobre la justicia llegó desde el propio Ejecutivo con cartas de funcionarios conminando a los jueces a no fallar en contra del Estado en contenciosos por tributos. Un papel determinante en este proceso de poner al ciudadano al servicio del Estado a partir de los impuestos, ha sido el de la Corte Constitucional, la cual "no ha emitido una jurisprudencia relevante, oportuna, con alto contenido técnico, ni debidamente motivada, que apunte hacia la protección de los derechos de los contribuyentes y, para concretar el respeto de la primacía constitucional, ante las demandas de inconstitucionalidad planteadas por diversos actores en contra de varias leyes de reforma tributaria, adoptadas desde el año 2007, por contener dispositivos jurídicos evidentemente violatorios de la Constitución, de tratados internacionales y, de derechos, como lo es, por ejemplo: el afianzamiento. Por todas estas consideraciones, es pertinente aseverar que, contrario a los mandatos contenidos en la propia norma suprema, en este campo, el máximo órgano de control constitucional del país, no está cumpliendo acertada ni diligentemente su histórica misión".

Los datos y la última frase corresponde a las conclusiones de la investigación llamada RÉGIMEN TRIBUTARIO ECUATORIANO A PARTIR DE LA LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA DEL ECUADOR (2007) Y EL ROL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. La investigación fue realizada por el Dr. César Montaño Galarza, jurista experto en Derecho Tributario, académico e investigador de la Universidad Simón Bolívar y exrector electo de esa Universidad. 

Este estudio presenta los aspectos importantes que han sido incorporados o modificados con una serie de reformas tributarias encaminadas en el país desde diciembre de 2007, para estimar la orientación que está tomando el ordenamiento jurídico tributario nacional. No se deja de lado la entrada en vigencia de la Constitución de la República del Ecuador de 2008. En este contexto, trata de ubicar los elementos que habrían fortalecido -económica e institucionalmente- al Estado y, aquellos que mejorarían o empeorarían la situación de los contribuyentes. Analiza además la importancia de la Acción Extraordinaria de Protección (AEP) para la defensa del derecho al debido proceso con ocasión de controversias de índole tributaria y, el papel de la Corte Constitucional en este campo. Señala el resumen de la publicación.

Este es un extracto de la investigación:

La serie de reformas al régimen tributario nacional realizadas desde fines del año 2007, ha estado fundamentada expresamente en varios principios, objetos y motivaciones que han marcado de diversa manera a cada uno de sus componentes –ya que no en todos los casos el “espíritu” de cada reforma se ha transparentado o evidenciado por medio de los articulados correspondientes-, tal como se explicará someramente más adelante, empleando para ello una perspectiva cronológica-evolutiva.

Dentro de este marco inicialmente trazado se encuentra que el primer ajuste sustancial al ordenamiento jurídico tributario nacional se concretó con la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador (LRET), que tiene las siguientes motivaciones: lograr la distribución de la riqueza, eliminar desigualdades y lograr justicia social, recaudar en mayor medida mediante la aplicación de impuestos directos antes que indirectos, establecimiento de tributos justos que graven al contribuyente considerando la capacidad contributiva, optimizar la gestión y la lucha contra la evasión y elusión tributarias, construcción de un cuerpo normativo fuerte que garantice la obtención de recursos públicos brindando estabilidad y seguridad jurídica, optimización de procedimientos de juzgamiento y sanción de delitos y demás infracciones tributarias.

Este estudio presenta los aspectos importantes que han sido incorporados o modificados con una serie de reformas tributarias encaminadas en el país desde diciembre de 2007, para estimar la orientación que está tomando el ordenamiento jurídico tributario nacional.

Posteriormente, en julio de 2008 se adoptó la Ley Orgánica Reformatoria Interpretativa a la Ley de Régimen Tributario Interno, al Código Tributario, a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador y a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, que para efectos del presente trabajo la denominaré Segunda Ley de Reforma Tributaria (2da. RT). Esta normativa se expidió con el afán de corregir una confusión establecida en la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, así mismo, en la conveniencia de establecer un régimen transitorio de condonación de intereses y multas de carácter tributario (amnistía tributaria).

Un cambio sustancial a manera de gran innovación al régimen tributario vino poco tiempo después, a través de la aprobación mediante referendo de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, norma jurídica fundamental que con su carácter normativo y de aplicación directa, reorientó la política y el régimen tributario mediante el establecimiento de nuevos principios, así como la determinación del Sumak Kawsay o Buen Vivir como la razón de la existencia del Estado y de las acciones que éste desarrolle. En este contexto, el art. 300 de la Constitución —citado más arriba— viene a ser central a la hora de comprender los componentes sustanciales del nuevo Derecho Constitucional Tributario ecuatoriano. Como derivación de esta nueva tendencia constitucional, el sistema tributario estaría dirigido a una economía equitativa y redistributiva. Cabe agregar que según Diana Arias y Carlos Marx Carrasco, “la Constitución promueve la solidaridad en aquellos que siempre han vivido acumulando y redefine a la clase media como el motor de desarrollo y solidaridad.”

La Cuarta Reforma Tributaria (4ta. RT) llegó a remolque de la denominada Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, regulación que está inspirada en tres objetos particulares, el primero, atinente a fortalecer el sistema financiero nacional y estimular el aparato productivo, tomando en cuenta para ello, los principios de proporcionalidad y capacidad contributiva; el segundo, proteger las finanzas públicas de la situación difícil de la economía mundial; y, el tercero, hacer expeditivos los incentivos que requieren los agentes de la producción nacional.

Hasta aquí, en líneas gruesas puede decirse que la 1ra. RT posee tres elementos fundamentales, el primero, la creación de impuestos; el segundo, el incremento de tarifas; y, el tercero, la creación de medidas anti elusión; mientras que la 2da. RT se enfoca en favorecer la actividad productiva y económica, en el mismo sentido se puede enmarcar a la 4ta. RT. Por su parte, la 3ra. RT concretada por medio de la adopción de la Constitución vigente, en el año 2008, incorporó al régimen de tributos nacionales, un conjunto de nuevos principios de la política tributaria.

Diez meses después de la 4ta. RT, con una carta suprema nueva, en octubre de 2009 la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP), 5ta. RT, dirigida principalmente a regular la constitución, organización, funcionamiento, fusión, escisión y liquidación de las empresas públicas no financieras. Esta normativa también ejecutó cambios al régimen tributario nacional, específicamente encaminados a equiparar el tratamiento tributario de estas empresas al que la legislación otorga a las entidades y organismos del sector público.

La sexta reforma (6ta. RT) está contenida en la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, grosso modo, esta legislación busca la redistribución de la riqueza y fortalecimiento de la recaudación directa. Está inspirada en lograr la eficiencia y la equidad en la recaudación tributaria. También se enfoca en la optimización y simplificación de la administración de impuestos fiscales; finalmente, persigue priorizar la aplicación de los impuestos directos y progresivos, de tal manera que los recursos tributarios estatales estén integrados prioritariamente por éstos.
Un nuevo cambió se dio al régimen tributario nacional a través de la séptima reforma (7ma. RT), con la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y Ley de Régimen Tributario Interno, de julio de 2010, normativa que regula la actividad petrolera e incorpora medidas anti elusión tributaria. Lo atinente al campo tributario de esta ley se sostiene en la necesidad de adecuar la normativa tributaria relacionada con los contratos de prestación de servicios de exploración y explotación hidrocarburífera.

Se observa entonces que una orientación un tanto diferente posee la 5ta. RT, pues ésta regula el régimen impositivo aplicable para todo el sector público, en especial el que corresponde a las empresas públicas.

La octava reforma tributaria (8va. RT) se materializó por medio del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), de diciembre de 2010, mediante el cual se otorga beneficios fiscales al sector productivo, fomento de tecnologías amigables con el medio ambiente, apoyo a los sectores económicos estratégicos e incentivos a la creación de empleo y la inversión productiva. Establece una serie de beneficios en forma de exoneraciones, deducciones, reducciones de tarifas, diferimientos en los pagos, incorporación a tratamientos especiales, devolución de impuestos, aplicables a varios casos relacionados con la producción, el comercio, la inversión y el régimen laboral.

Como resumen, se observa entonces que una orientación un tanto diferente posee la 5ta. RT, pues ésta regula el régimen impositivo aplicable para todo el sector público, en especial el que corresponde a las empresas públicas. En cambio, con la 6ta. RT se evidencia el ánimo de establecer mecanismos para lograr la redistribución de la riqueza y el fortalecimiento de la recaudación directa. La reforma siguiente, es decir, la séptima (2010), sirvió para regular parcialmente a la actividad petrolera, así como también para incorporar al ordenamiento tributario ecuatoriano nuevas medidas anti elusión. En el mismo año 2010, se promulgó la 8va. RT, que otorgó beneficios fiscales al sector productivo, posee normas para concretar el fomento del uso de tecnologías amigables con el medio ambiente, de apoyo a los sectores económicos estratégicos e incentivos para la creación de empleo y la inversión productiva.

Claramente, una novena reforma de índole tributaria se ubica en la llamada Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado (9na. RT) -conexa en buena parte al COPCI-, instrumento que está caracterizado por la creación de nuevos impuestos y por establecer normas dirigidas a lograr el fortalecimiento de los existentes. Esta legislación fue aprobada a fines de 2011. Aparte del interés recaudatorio de esta ley, es evidente el ánimo –solamente eso- de generar incentivos encaminados a lograr unas conductas ecológicas, sociales y económicas responsables y amigables con el ambiente, todo ello, en el marco del Buen Vivir haciendo prevalecer el interés general sobre el particular. También se evidencia el deseo de concientizar a la ciudadanía acerca de los vicios relacionados con el alcohol y el tabaco. Además, se busca el fortalecimiento del Servicio de Rentas Internas del Ecuador, como la administración tributaria más importante y consolidad a nivel nacional.

Nuevos impuestos, esta vez “ambientales”, fueron creados por medio de la 9na. RT (2011), que sirvió también para fortalecer los impuestos ya existentes.

La más reciente y última reforma realizada consta en la Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social, de diciembre de 2012, décima reforma tributaria (10ma. RT), que en términos generales está definida por el objetivo de redistribuir la riqueza y fortalecer la transparencia. Lo polémico de esta ley consiste en que los impulsores de la misma sustentaron que mediante la aplicación de tributos al sector financiero nacional, se pueda lograr la financiación del Bono de Desarrollo Humano.

Nuevos impuestos, esta vez “ambientales”, fueron creados por medio de la 9na. RT (2011), que sirvió también para fortalecer los impuestos ya existentes; en 2012, la 10ma. RT, se dicta en el ánimo de alcanzar la redistribución de la riqueza y el fortalecimiento de la transparencia, en base a la aplicación de nuevos tributos que recaen sobre las instituciones del sector financiero.

En todo caso, es dable exponer en esta parte, la preocupación existente a remolque de las reformas tributarias llevadas a cabo en el país desde 2007, respecto al derecho constitucional a la seguridad jurídica consagrado en el art. 82 de la norma suprema nacional y, a la presión fiscal vigente en el país, que a decir de voceros del régimen aún debe ser ajustada hacia arriba para colocarse acorde al índice promedio latinoamericano.

Sobre este último particular, según la CEPAL, en el 2010 la relación ingresos tributarios a PIB del Ecuador llegó a 19.7%, la tasa más alta entre los países andinos y cuarto en Sudamérica, tras Brasil, Uruguay y Argentina. Con seguridad, con los impuestos creados luego de ese año, ya habremos superado a Argentina, que poseía una presión fiscal de 19.9%.

Como se señaló al inicio de este parágrafo, las buenas intenciones plasmadas en las motivaciones, objetivos y fundamentos de cada una de las reformas desarrolladas en los últimos años, no necesariamente se han hecho realidad a remolque de las normas jurídicas que contienen y, menos aún, de las consecuencias que en el plano práctico arrojan. Precisamente, desde el siguiente punto se tratará de mostrar tanto los aspectos centrales de las reformas, como los aspectos positivos o negativos que de ellas se desprenderían, tanto para el Estado como para los administrados.

Intereses del Estado y fortalecimiento de la administración tributaria

Prácticamente todas las reformas tributarias que acá se revisan han incluido más o menos previsiones encaminadas a lograr el fortalecimiento de la administración tributaria.

Prácticamente todas las reformas tributarias que acá se revisan han incluido más o menos previsiones encaminadas a lograr el fortalecimiento de la administración tributaria, con lo cual se ha endurecido los ámbitos sancionatorio y de control. Junto a estos propósitos, también puede evidenciarse que con los cambios practicados en la legislación impositiva ecuatoriana se ha logrado una mayor funcionalidad del ordenamiento jurídico para recaudar mayores ingresos al erario público, en este plano, las reformas también han servido para concretar fines fiscalistas.

Siendo de esta manera, lo que se encuentra sobre todo en la 1ra. RT (diciembre 2007) es: incremento de la tasa de interés de mora tributaria, recargo del 20% en los procesos de determinación, aumento de sanciones por faltas reglamentarias y contravenciones, el afianzamiento, nuevos impuestos, anticipo mínimo del impuesto a la renta. Se establece la obligación de sustentar costos y gastos con comprobantes de venta válidos; se regula sobre el crecimiento patrimonial injustificado como causa para la determinación presuntiva.

En lo tocante a tarifas y nuevos gravámenes se dio el incremento del impuesto a la renta para personas naturales y para herencias, legados y donaciones; incremento de retenciones en reembolsos de comisiones, honorarios y regalías; incremento del ICE para cigarrillos; bebidas alcohólicas distintas de la cerveza; vehículos; aviones, avionetas y helicópteros; y, perfumes y aguas de tocador. Se procedió a la incorporación del ICE para videojuegos, armas de fuego, focos incandescentes, servicios de televisión pagada, juegos de azar, servicios de clubes sociales que superan los 1,500 dólares. Se eliminó la tarifa de 0% en los servicios prestados por profesionales cuyo monto no supere los 400 dólares. Se eliminó la tarifa del 25% para los contratos de prestación de servicios petroleros por reinversión de utilidades y, se eliminó también la exoneración de retenciones en pagos al extranjero en el caso de intereses. Se incorporó al régimen dispositivos encaminados a lograr mayor tributación de las instituciones sin fines de lucro.

Como otros aspectos importantes de esta primera reforma pueden señalarse, la ampliación de rangos en el impuesto –directo- a la propiedad de los vehículos, así como la derogación de la Ley de Beneficios Tributarios para Nuevas Inversiones Productivas, Generación de Empleo y Prestación de Servicios y se la subsume en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.
Esta reforma creó impuestos denominados “regulatorios”: el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), con la tarifa de 0,5%; para el sector financiero y bursátil se creó el Impuesto a la tenencia de activos en el exterior, con la misma tarifa del ISD; y se estableció un Impuesto a la tenencia de la tierra en determinadas condiciones. La reforma creó además, el denominado Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE).

En materia de fiscalidad internacional se dio la creación del concepto de “partes relacionadas” y, el establecimiento del régimen de precios de transferencia. Se introduce a los hallazgos como criterio de ingreso de fuente ecuatoriana. Fija el límite del 40% para que las personas con discapacidad puedan acceder a incentivos y beneficios tributarios; límites para el uso del arrendamiento mercantil nacional e internacional, y no deducibilidad para operaciones de lease back; límite para la reinversión de utilidades, únicamente aplicable a maquinarias y equipos nuevos.

En materia de fiscalidad internacional se dio la creación del concepto de “partes relacionadas” y, el establecimiento del régimen de precios de transferencia.

Con la 2da. RT (julio 2008) se grava con el ICE a las bebidas alcohólicas y al alcohol; se incluye como defraudación a la venta para consumo de aguardiente sin rectificar y, se amplían los rangos en el caso del ICE aplicado a los vehículos. En el campo del Derecho Tributario Internacional se modifica el denominador de la relación con la deuda externa con partes relacionadas, así en lugar de considerar el capital, se considera el patrimonio y, se establece que no será deducible el servicio de deuda por el exceso de la relación 3 a 1, establecida entre deuda y patrimonio.

En el mismo año 2008, luego de la entrada en vigor de la Constitución actual (3ra. RT), con la 4ta. RT (diciembre 2008), se establece una presunción en el sentido de que se genera el impuesto a la salida de divisas, cuando se paguen desde el exterior importaciones realizadas desde el Ecuador, así como se eliminan las exenciones del impuesto a la salida de divisas y, se incrementa la tarifa del mismo de 0,5% al 1%.

Básicamente, la 5ta. RT (octubre 2009) sirvió para que las empresas públicas tengan el mismo régimen tributario de las entidades y organismos del sector público, incluido el de exoneraciones, previsto en el Código Tributario, en la Ley de Régimen Tributario Interno y demás leyes de naturaleza tributaria (Disposición Final 2.1). También se fijaron exenciones del ISD para este tipo de empresas, así como del Impuesto a la propiedad de vehículos y, se incorporan al ordenamiento jurídico cambios sobre el IVA respecto a las empresas públicas.

Con la 6ta. RT (diciembre 2009) también se amplía los ámbitos sancionatorio y de control en manos de la administración tributaria, de esta manera, por ejemplo, respecto de los problemas de la fiscalidad internacional se incluye la presunción para considerar “partes relacionadas” cuando dos sujetos pasivos realicen compras o ventas entre ellos, superando los límites determinados en el reglamento de la ley, en relación con sus compras o ventas locales. También se incorporaron normas anti elusión para el caso de contratos de espectáculos públicos; se estableció la posibilidad de las retenciones presuntivas del IVA, principalmente para el sector de distribución y comercialización de combustibles; por último, se determinó que para la información requerida por la administración tributaria no habrá reserva ni sigilo que le sea oponible.

Un poco más adelante, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), constituye la 8va. RT (diciembre 2010).

Sobre las tarifas y nuevos gravámenes, esta modificación al ordenamiento jurídico tributario aumentó del 1% al 2% la tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas; eliminó la exoneración de impuesto a la renta para el caso de dividendos percibidos por personas naturales residentes en el Ecuador; sustituyó la tarifa 0% del IVA por la del 12% para periódicos y revistas y, para aviones, avionetas y helicópteros destinados al transporte comercial de pasajeros, carga y servicios. Se eliminó la exoneración de impuesto a la renta para el caso de dividendos percibidos por sociedades domiciliadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición, se sustituyó el método de exención por el de imputación de los dividendos, especialmente cuando los perceptores o beneficiarios son personas naturales; se limitó la tarifa del IVA 0% únicamente a los servicios prestados por artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano; limitó el uso de gastos indirectos asignados desde el exterior a sociedades domiciliadas en el Ecuador por sus partes relacionadas; limitó el uso de la deducción adicional por contratación de empleo nuevo, cuando los trabajadores nuevos que han sido contratados hayan sido empleados de partes relacionadas en el pasado.

A manera de aspectos adicionales de este reforma puede señalarse que se modifica el anticipo de impuesto a la renta dándole la figura de pago mínimo y definitivo de impuesto a la renta el mismo año, si en cada caso supera al impuesto a la renta causado; se incluyó el anticipo a los espectáculos públicos; se modificó el objeto del impuesto al valor agregado y el concepto de “transferencia”; se cambió el hecho generador del IVA, dando más precisión a los posibles momentos en los cuales se verifica el hecho generador de este importante tributo.

En el caso de la siguiente reforma (7ma.), de julio de 2010, ésta se dirigió básicamente a regular la actividad petrolera incorporando el régimen de tributación para empresas de prestación de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos, sin perjuicio de lo cual sirvió para incorporar en la normativa nacional sendas disposiciones que encarnan medidas anti elusión tributaria.

Un poco más adelante, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), constituye la 8va. RT (diciembre 2010). Este nuevo ajuste en el ordenamiento jurídico sirvió en líneas generales, para otorgar beneficios fiscales al sector productivo (por ejemplo, para las sociedades se redujo la tarifa del impuesto a la renta del 25% al 22%, gradualmente, 1% cada año desde el 2011), para el fomento de tecnologías amigables con el medio ambiente, para brindar apoyo a los sectores económicos estratégicos e incentivos a la creación de empleo y la inversión productiva. De esta manera, estas prescripciones apuntan a mostrar una cara más amable del país para atraer, sobre todo del exterior, inversión productiva antes que especulativa.

Se creó el impuesto ambiental a las botellas plásticas no retornables; así mismo, se estableció un impuesto presuntivo para el sector bananero, que toma como base las ventas en aplicación del precio oficial.

De 2011 data la 9na. RT, noviembre de 2011 (Ley de Fomento Ambiental y optimización de los ingresos del Estado), que como en los casos que acabo de referir, también posee algunos dispositivos dirigidos a fortalecer a la administración tributaria, en este sentido, con esta normativa se introdujeron en el régimen tributario especialmente disposiciones para el cobro eficiente de las acreencias del Estado.

En esta oportunidad se incrementaron las tarifas del ICE en cigarrillos y en bebidas alcohólicas y, del ISD del 2% al 5%, convirtiéndose este tributo en netamente recaudatorio y distorsionador frente a las inversiones y a las operaciones de exportación Estos ccambios también sirvieron para limitar dos cuestiones importantes, la primera, la deducibilidad de gastos relacionados con la adquisición, uso y propiedad de vehículos con avalúo superior a los 35,000 dólares y, la segunda, las exoneraciones relacionadas con impuestos sobre los vehículos híbridos y eléctricos cuya base imponible sea de hasta US$ 35.000.

Se creó el impuesto ambiental a las botellas plásticas no retornables; así mismo, se estableció un impuesto presuntivo para el sector bananero, que toma como base las ventas en aplicación del precio oficial.

Para cerrar este punto ahora refiero que por medio de la 10ma. RT (noviembre 2012) se incluyó en la legislación nacional la obligatoriedad de remitir información de las instituciones del sistema financiero directamente al Servicio de Rentas Internas de Ecuador, cuando esta administración tributaria lo requiera, lo cual ha generado enconadas críticas sobre la necesidad de protección del sigilo bancario. Quedó previsto que el mal uso, uso indebido o no autorizado de la información entregada al SRI por parte de sus funcionarios será sancionado.

A la par de estos cambios, se prohibió a las instituciones financieras trasladar las cargas tributarias a sus clientes y usuarios, de tal forma que las mismas sean asumidas por las propias instituciones financieras. Concomitantemente a esto y por fuera del campo tributario, se fijaron techos para las remuneraciones a administradores y representantes legales de los bancos. Esta reforma también cambió la tarifa al impuesto a los activos en el exterior de los bancos y creó el impuesto a los activos de subsidiarias en el exterior. Se eliminó el beneficio de la reducción del 10% al Impuesto a la Renta para los bancos; se dispuso la aplicación del 12% del Impuesto al Valor Agregado para los servicios financieros de las entidades bancarias. Finalmente, se cambió la fórmula de cálculo del anticipo de los bancos y de las sociedades financieras.

Según Patricio Peña:

"En suma, es claro entender que el eje del sistema tributario ecuatoriano se ancla en asignar prioridad a los impuestos directos y además se los plantea como progresivos. También se evidencia un objetivo de suficiencia recaudatoria. Hoy en día, el Presupuesto General del Estado se financia más con ingresos tributarios que con ingresos petroleros y se empieza a introducir a la política ambiental como instrumento fiscal, bajo la premisa de que quien más contamina, más paga y se otorgan subsidios a quien evita la contaminación". 

Me parece que esta opinión que acabo de transcribir condensa en buena medida los elementos que permiten explicar hacia donde apuntan los ajustes que el régimen tributario nacional viene experimentando en los últimos siete años, especialmente en lo atinente al empleo más intensivo de tributos que apuntan a someter a gravamen manifestaciones efectivas de capacidad contributiva, de tal forma que permitan allegar ingentes recursos al erario público, bajo la divisa de la “suficiencia recaudatoria” como principio constitucional carente de delimitaciones y, por lo tanto, riesgoso para los contribuyentes; al parecer, la suficiencia recaudatoria viene siendo entendida como la posibilidad de cubrir el gasto público en la mayor medida posible mediante la gestión de los tributos.