Crónica de un Yasunicidio

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Crónica de un Yasunicidio
Es una historia en tres partes: la lucha de la comunidad kichwa de Llanchama, en el corazón del Parque Nacional Yasuní; la acción de Petroamazonas frente a las comunidades en los campos petroleros y las zancadillas puestas a la consulta de YASunidos.
12 de Mayo del 2014
Juan Carlos Calderón

Holmer Machoa, líder comunitario de Llanchama, que lidera la resistencia a la explotación petrolera en el Yasuní.

Una batalla se libra en el corazón del Yasuní. No tiene que ver con el rechazo de las firmas del Consejo Nacional Electoral a los Yasunidos, ni con las zancadillas que este colectivo juvenil y ecologista ha denunciado por parte de la autoridad electoral para hacer caer la consulta.

Esa batalla la libra Holmer Machoa Grefa y sus hermanos kichwas de la comunidad de Llanchama: Juan Machoa Otavalo, Agustín Coquinche Huatatoca, Isabel Alvarado Grefa, Brígida Córdova Condo, Henry Coquinche Alvarado, Nereida Grefa Siquigua, Ronaldo Sandiego Salazar, Neli Machoa Grefa, Alexandra Tapuy Notero, Irma Yuge Siquichoa, Juan Coquinche Alvarado, Gilberto Machoa Coquinche… Holmer porque es uno de los más activos denunciantes de las tareas que hace el Estado ecuatoriano en su comunidad.

Llanchama tiene 27 000 hectáreas de territorio ancestral y está desperdigada entre los campos petroleros 31 y 43, asignados a Petroamazonas, en el Parque Nacional Yasuní. Las 65 familias socias se reparten entre la población de Llanchama, Nuevo Rocafuerte y las riberas del río Napo. Durante dos décadas han tenido estatus legal de Comuna, pero eso cambió en aras de la explotación petrolera.

Según cuentan los dirigentes, el 22 de febrero del 2014 se dio una reunión en la comunidad entre los representantes de algunas familias y funcionarios de este gobierno. Hubo delegados de: Petroamazonas, Secretaría de Hidrocarburos, el teniente político de Tiputini, el delegado de la Gobernación de Orellana, de la Subsecretaría de Gestión Política y un abogado del Ministerio de Inclusión Social. Este último funcionario había dicho en esa reunión que “la empresa le pidió que vaya a la comunidad para que seamos Centro” porque no se podía hacer convenios ni recibir dinero ni actuar si seguían siendo comuna. Entonces el funcionario habría pedido que quienes quieran ser Centro levanten la mano y lo propio quienes quería seguir siendo comunca. “Esto viola el procedimiento consuetudinario ancestral pues las decisiones se toman en consenso y están encabezadas por el Presidente de la Comuna, no por un funcionario del Estado”. Así se formó un Centro Kichwa Llanchama y se dividió a la comunidad.

Tras la “constitución” del Centro, la estatal Petroamazonas entregó un cheque por USD 230 000 al presidente del organismo, de cuyo uso los firmantes de una carta pública dicen no haber recibido información. El pago lo atribuyeron a una indemnización o pago para que una empresa de sísmica 3D empezara a trabajar en el territorio de la comuna, lo cual los socios no habían autorizado.

Pobladores de la comunidad registraron la presencia de los militares.

Antes de ello, el 1 de febrero, se había convocado a una reunión de la comuna con algunos funcionarios públicos, “que llegaron acompañados de unos 20 militares del Batallón Montecristi armados con fusiles automáticos HK, revólveres y en esa reunión se hizo conocer a la comuna que se firmará un preacuerdo”.

Se pidió una votación, con los militares ahí 35 votaron a favor y 22 en contra. El Presidente de la comuna, Wilson Grefa terminó firmando el preacuerdo con Petroamazonas para permitir a esta empresa la realización de los trabajos de Sísmica 3D en terrenos de la comunidad. Por compensación, el Estado se comprometió a pagar 20 dólares por cada una de las 11 500 hectáreas. El pago era el 50% al inicio de los trabajos y el resto cuando se concluyera el registro y retiro de los materiales. Por los posibles impactos socioambientales Petroamazonas también impuso el pago de 20 dólares por hectárea. Pero esa “compensación”, no sería en efectivo sino en infraestructura educativa, social o deportiva de acuerdo a las necesidades de la población.A cambio, “la comunidad de Llanchama declara expresamente que ha sido debidamente informada por PAM EP, a través de reuniones de socialización del proyecto y del respectivo proceso de consulta y participación del Estudio de Impacto Ambiental, acerca de los impactos o posibles impactos que causarán o podrán causar las actividades hidrocarburíferas vinculadas al desarrollo del proyecto que realizará PAM en sus predios”. Y en la cláusula final del acuerdo “la Comunidad autoriza a PAM EP, a sus contratistas y subcontratistas, el uso y ocupación inmediata del área indemnizada para el desarrollo del proyecto y facilitará el ingreso del personal, equipos, materiales y demás instrumentos; y se compromete a no impedir, paralizar y/o obstaculizar el desarrollo del proyecto y sus actividades”.

Es un caso especial el de las comunidades de la ribera del Napo, dice el abogado Xavier Solís, un cuencano que trabaja en el Comité de Derechos Humanos de Orellana, en el Coca, atendiendo las denuncias y representación legal de estas familias indígenas y colonas, entre ellas a la Llanchama. Esta comunidad está en el ojo del huracán, en medio de los dos bloques petroleros que han movilizado a los Yasunidos y otros por su no explotación. “Desde fines del año anterior, el gobierno ha venido diciendo que todas las comunidades de los ríos Napo y Tipuntini, donde están los bloques 43 y 31, son comunidades en las cuales se ha hecho la consulta previa, de acuerdo al Art. 47 numeral 7 de la Constitución, donde dice que todas las comunidades tendrán derecho a que se les consulte de manera previa, libre e informada, sin embargo en comunidades como Llanchama, que ha venido resistiendo a la extracción petrolera desde hace varios años. En el documento que nosotros presentamos adjuntamos copias de documentos donde se puede ver claramente en la comunidad se ha dado una postura de no permitir la actividad extractiva en su territorio, porque han visto el impacto en las demás comunidades. Así decidieron y lo comunicaron al asambleísta Carlos Viteri Gualinga”, cuenta Solís.

La carta en mención fue ingresada el 30 de septiembre del 2013 a la Asamblea, dirigida el despacho de Viteri, presidente de la Comisión de Biodiversidad. Ahí se declara que ante la decisión del gobierno de explotar el bloque ITT en el Yasuní, la comunidad decidió optar por un nuevo tipo de desarrollo: proyectos de ecoturismo. Y adjuntaron una petición: “se hace necesario legalizar la tenencia de la tierra de la comunidad Llanchama, que se encuentra apostada en la zona del ITT, dada la posesión ancestral que durante décadas las personas y comunidad nos encontramos ocupando tradicionalmente”. Y adjuntaron la firma de 40 de los 65 socios, por lo cual fue una decisión de la asamblea de la comunidad.

La respuesta de Viteri fue redirigir la petición a los ministerios de Agricultura y al de Ambiente.
Solís dice que la comunidad tomó esa decisión basados en los derechos de autodeterminación que da la Constitución a los pueblos y nacionalidades indígenas y los convenios de la OIT y Naciones Unidas.
La misma carta fue dirigida al presidente de la Corte Constitucional. No obtuvieron respuesta.

En Llanchama se dieron reuniones de los pobladores para decidir sobre el ingreso de las petroleras.

Ante el silencio de las autoridades, el 2 de noviembre la comunidad hizo un pronunciamiento público, una carta abierta al pueblo ecuatoriano, a las autoridades y al Presidente de la República:
“A partir del 15 de agosto, cuando el gobierno ecuatoriano decide inconsultamente explotar el Parque Nacional Yasuní (…) empiezan a haber cambios que afectan nuestra vida, nuestra salud, nuestras relaciones comunitarias”, empieza el comunicado, que fue el resultado de una nueva asamblea de socios.

Los ríos Tiputini y Napo son las arterias por donde estos pueblos alimentan sus vidas. Los niños y jóvenes van y vienen del colegio, compran los alimentos y sacan los productos a vender, llegan a los servicios de salud. Estas vías fluviales han sido copadas ahora por grandes naves, y son rutas de transporte pesado, con potentes motores y grandes desplazamientos. Las nuevas embarcaciones circulan a altas velocidades y generan olas de hasta un metro de altura. Esto afecta más en el Tiputini, porque es angosto y con muchas curvas, lo  cual pone en alto riesgo de naufragio o colisión los botes que usan las comunidades. Sus precarios puertos se desmoronan por el peso y fuerza de las embarcaciones, y hasta los huevos de las tortugas charapas, animales del río que anidan en la zona desaparecen y con ellos la especie.

A las comunidades preocupaba y preocupa ahora la militarización del río. Por la zona andan los militares y las embarcaciones de la empresa. Circulan a altas velocidades, no tienen respeto y hacen retenes a cada instante. Los ríos están cada vez mas contaminados de gasolina y combustibles, dijeron.

Por ello, en esa carta pública, la comunidad de LLanchama  exigió, antes de que la directiva fuera cambiada, que se respete su territorio, su tierra y se respete las relaciones autónomas dentro de la comunidad, sin injerencia de las autoridades del Estado. También pidieron que se limite la circulación de grandes embarcaciones, pues “ponen en riesgo la vida, afectan al territorio y acaban con la biodiversidad”. También que “los militares se limiten a proteger a la población y no trabajen para resguardar los intereses de la petrolera, y se legalicen las tierras ancestrales, se reconozca nuestra autonomía y autodeterminación”.

El comunicado de noviembre del 2013 fue firmado por la presidente de la asamblea de socios, Nereida Grefa, por Fausto Grefa el vicepresidente y por Juan Coquiche, secretario.
Tampoco hubo respuesta.

El abogado Solís recuerda el proceso posterior a esta carta: “Los de la empresa empezaron a intervenir en la directiva de la comunidad, asesorando a la nueva directiva, que cambió a fines de diciembre, y de todas maneras lograron dividir a la comunidad. Ahora está muy dividida. El grupo que firma la carta es el que mantiene su postura y denuncia que esta decisión de entrar a la comunidad para hacer la sísmica, con los subcontratistas fue sin el consentimiento de la asamblea de la comunidad. Lo que sucedió que Petroamazonas llegó con gente de la Subsecretaría de hidrocarburos y dijeron: vamos a firmar un acuerdo para legalizar las tierras, lo cual había sido una lucha de muchos años. Firman y luego ven que el acuerdo para legalizar las tierras era una autorización para que la empresa entre a hacer la sísmica en el campo 43.

Este sector se sintió engañado, porque dieron su consentimiento para que se agilite el trámite para la legalización de las tierras y no para que entre la empresa. Esta es una práctica muy frecuente con casi todas las comunidades de las riberas del río Napo. Ninguna comunidad podrá decir si le hicieron una consulta, si vieron los planes de impacto ambiental, si les comentaron qué iba a pasar con su comunidad… Lo que se ha dado con todas las comunidades de las riberas del Napo, que están implicadas en los bloques 31 y 43 ha sido simplemente de beneficios del Estado, por ejemplo campañas de vacunación, contratar profesores, construir escuelas, ayudar a las madres embarazadas… Hay un descontento muy fuerte en el sector de la comunidad y con el otro sector no cuando los 26 000 dólares fueron depositador por Petroamazonas en la cuenta de la comunidad y empezaron a dividirse el dinero. Este procedimiento viola completamente lo estipulado por Naciones Unidas y hasta el propio reglamento que ellos crearon. Y esto porque la gente, ni expresa ni tácitamente ha aceptado la entrada de una empresa petrolera a su territorio y lo que ha sucedido con las comunidades indígenas en la ribera del Napo y Tiputini ha sido la política de los hechos consumados, una vez que entra la empresa, que ya hizo sísmica, que destruyó las chacras, los cultivos empiezan a negociar con la comunidad. Y en Llanchama fue lo mismo: cuando ya estuvo consumado, cuando se hizo ya la licitación petrolera.

“En esta situación están unas 16 comunidades en el bloque 43, y en el 31 habrá un número similar. Si se ve en el video del gobierno donde se dice que se ha hecho consulta previa por el bloque 43, lo más importante del video no es lo que dice sino lo que no dice. En qué comunidad aparece o se ve a una comunidad dando un consentimiento, y dice que en tres días visitaron a 16 comunidades, lo cual es muy difícil, porque llegar a cada comunidad toma dos o tres días de viaje. Es decir, se dice que se hizo la consulta pero no hay imagen alguna que muestre a una sola comunidad dando un consentimiento para la explotación de los campos.

Registro que deja la empresa contratista Belorusfnet, de Bielorusia, en sus trabajos en el parque.

Este no es un hecho aislado, dijeron 22 miembros de la comunidad en la nueva carta pública del 30 de marzo del 2014. “Antes de que se firme este preacuerdo, Petroamazonas nos acosaba constantemente,  cuando íbamos con nuestros botes a Rocafuerte u otros lugares, la empresa nos abordaba e interrogaba o cuando íbamos a alguna comunidad nos seguía y permanecía todo el día vigilándonos”, denunciaron.

La comunidad consideró a todo esto como una presión para que finalmente los dirigentes cedieran a la firma de los acuerdos y arranque la explotación petrolera.  Con el ingreso de las empresas subcontratistas para la sísmica 3D, los dirigentes afirmaron que lo hicieron sin un consentimiento de la comunidad para estas actividades, “ni documento legal alguno que lo permita”. Esto porque desde la primera semana de marzo del 2014,  las empresas Geo-Lago, CGG y Belorusfnet, esta última de Bielorusia, ingresaron a la comunidad para hacer la etapa exploratoria, con un modus operandi que se ha aplicado en otras comunidades ribereñas del Napo y el Tiputini: “primero hacen las exploraciones, declaran las explotaciones, construyen las instalaciones, destruyen los bosques y luego buscan el consenso de la comunidad, piden acuerdos, consultas”.

El impacto de la sísmica 3D, por más que oficialmente se diga lo contrario, es grave dentro de las comunidades. Ocasiona muerte y desaparición de las especies animales por los explosivos usados, mientras que a otros animales, como el armadillo, el sahino o la guanta, el tremor producido por las explosiones, cierra sus madrigueras. También se produce la muerte de insectos y se cierran los riachuelos. Si Petroamazonas para 20 dólares por cada hectárea donde se hace la sísmica “vale razonar si 20 dólares puede valer la vida de las especies animales y la nuestra”, dicen los denunciantes.

Llanchama ya tiene experiencia con las petroleras. Hace casi una década la empresa francesa Compañía General Geofísica, CGG, hizo un pozo de exploración en su territorio y dejo “una piscina de deshechos que con las lluvias ha rebosado en múltiples ocasiones, y prometió un monto de dólares por la construcción del pozo y del campamento de trabajadores, que nunca entregó a la comunidad. Además, realizaron la sísmica 2D, reventando literalmente la vida en las lagunas”, que los kichwas consideran sagradas, y de cuyas aguas emergió gran cantidad de peces muertos, relataron. La empresa en mención, según refiere el diario oficialista El Telégrafo, en su edición del 22 de abril del 2012, fue contratada por la empresa argentina CGC para realizar los trabajos de sísmica en territorio del pueblo Sarayacu, y “en diciembre del 2002 y enero del 204 se presentaron altercados con trabajadores de la Compañía General Geofísica. La empresa acusó a dirigentes de Sarayacu de secuestro de trabajadores y robo de materiales”. Estos hechos ocurrieron el 25 de enero del 2003 y tras esos sucesos la empresa abandonó el bloque 23 porque el Estado no daba garantías para su trabajo. Pero el conflicto con el pueblo Sarayacu continuó, pues las petroleras dejaron enterrada en diversas partes de su territorio el explosivo, pentolita, para la exploración sísmica.  Esto dio origen a las denuncias del pueblo Sarayacu y las demandas contra el Estado ecuatoriano que se resolvieron a su favor en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras una década de lucha.

Respuesta de Petroamazonas a las denuncias de pobladores de Llanchama.

A estos hechos se sumaron otros que generaban violencia en contra de quienes se opusieron a la explotación petrolera. El 11 de marzo del 2014, cuando Gilberto Machoa, miembro de la comunidad de Llanchama regresaba navegando desde San Carlos, donde se había realizado una curación, vio una quilla o basa de madera con cuatro personas, en las aguas del río Tiputini. Había una persona acostada en la balsa, por lo que Gilberto Machoa pensó que se trataba de un enfermo y por eso lo estaban llamando. Cuando se acercó lo atacaron con golpes y gritos. Le reclamaban que él era una de las personas que hacía resistencia a las petroleras, y que les hacía “la maldad”. Durante diez minutos recibió golpes e insultos de estas persona que no eran de su comunidad, tras de lo cual se fueron. Casi inconsciente logró prender el motor y llegar a Llanchama, a las siete de la noche. Ahí fue atendido por su familia.

Holmer Machoa, el dirigente visible de quienes se oponen a la entrada de Petroamazonas a sus territorios, asegura haber recibido amenazas y advertencias de la estatal y de personal de la Secretaría de Hidrocarburos. Lo acusan de dividir a la comunidad y ponerla en contra de la entrada de la sísmica al Parque Nacional Yasuní.

Una de las señales que dejan las contratistas en el Yasuní para monitorear los trabajos de sísmica.

El 25 de abril,  Petroamazonas respondió a las denuncias públicas hechas por el grupo de pobladores y enfocó sus dardos a Holmer Machoa. En una carta titulada “Sobre la carta emitida por un poblador de Llanchama”, con sello de la empresa pero sin firma de responsabilidad, se asegura que “todo lo mencionado obedece a un conflicto de intereses por parte de organizaciones y personas que pretenden tomar ventaja de las actividades que actualmente desarrolla Petroamazonas EP para oponerse (sic) a los proyectos hidrocarburíferos de interés nacional, con la finalidad de obstaculizar el desarrollo del campo 31”. Se advierte además que “las acusaciones que se realizan deberán ser objeto de prueba y Petroamazonas tomará las acciones pertinentes con el fin de salvaguardar la gestión histórica realizada por el gobierno nacional en la región Amazónica”.

En su respuesta, Petroamazonas dijo que “la persona que supuestamente cursa esta autodenominada carta pública, es un miembro de la población del Centro Kichwa Llanchama, que no tiene la representatividad a nivel de la organización. Es únicamente la directiva legalmente reconocida y, en última instancia, la asamblea del Centro Kichwa LLanchama, los legítimos representantes y voceros, como organización social representativa de sus bases.

“En la información que se remite en esta red social, insistentemente se hace referencia a que la comunidad nunca ha sido consultada sobre las actividades petroleras en el sector, sin embargo existe la relatoría del proceso de Consulta Previa para el Bloque 43, llevada a efecto por la Secretaría de Hidrocarburos y el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, debidamente documentada y registrada”. De esta forma Petroamazonas desmintió las acusaciones y rechazó las acusaciones de amedrentamiento, y conminó a quienes las hicieron a que demuestren los hechos denunciados “para que las autoridades correspondientes tomen las acciones legales a las que hubiera lugar”.