El expediente Chevron

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El expediente Chevron
Cincuenta años después de la llegada los primeros taladros de Texaco, las consecuencias de la explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana han dado lugar a una controversia legal millonaria, donde el Ecuador ha gastado USD 40 millones en abogados y ha perdido varias demandas.
03 de Octubre del 2013
Fernando Villavicencio y Belén Palma

Por la sentencia desfavorable en el caso Chevron II, el Ecuador podría tener que pagar un aproximado de 102 millones de dólares.

Los temores de Carondelet

Aunque la campaña “La mano sucia de Chevron”, pretenda posicionar un sello mediático y político de fortaleza del gobierno, tras los biombos de Carodenlet se esconden miedos y temores, por las consecuencias directas e indirectas que podrían generar fallos adversos, no sólo de Chevron, sino de otros procesos, igualmente preocupantes, como Occidental, Perenco, o incluso las advertencias de sus aliados chinos frente a eventuales acciones internacionales.

Mientras el Gobierno trata de reconstruir esta parte del caso, varias son las inquietudes que ha presentado el asambleísta zamorano Cléver Jiménez en torno a la problemática entre el país y Chevron-Texaco. El legislador ha solicitado al presidente Rafael Correa que aclare cuáles son las estrategias que ha dispuesto la presidencia para precautelar los bienes públicos en el extranjero ante un eventual embargo que podría ejecutar la justicia norteamericana en cumplimiento de la sentencia en el caso Chevron II, que obligaría al Ecuador a pagar un aproximado de 102 millones de dólares. Según el legislador, el Pacific National Bank de Miami estaría en peligro de embargo, además de los depósitos del Banco del Pacífico de Ecuador que se encuentran en esa sucursal extranjera.

Informe del abogado Paúl Reichler sobre interceptación de correos electrónicos a demandantes en caso Texaco.

Plan V pudo confirmar las preocupaciones de altos funcionarios del gobierno y de la Procuraduría del Estado, respecto a la ejecución del Laudo en cualquier Estado o Corte Federal en los Estados Unidos a partir del 8 de julio de 2013; así como las acciones de ejecución que se podrían iniciar sobre bienes que no estén sujetos a inmunidad de embargo y ejecución bajo la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera. Para el gobierno, el incumplimiento del fallo podría tener los siguientes efectos: la anulación del proceso conocido como Oxy II; argumento para levantar la suspensión de la ejecución del laudo, o la fijación de una caución para el mantenimiento de la suspensión.

La preocupación al más ato nivel, originó que se emitieran alertas para asegurar activos y cuentas bancarias en EE.UU., así como exportar petróleo FOB e importar CIF, proteger los barcos de Flopec, aviones del Estado y cuentas de Ep Petroecuador y Banco Central. Especial interés tiene la suerte del avión Airbus 330-243 de Tame Ep, que cubriría la ruta Quito-Nueva York, aunque al encontrarse bajo la figura de leasing, se protegería de cualquier acción judicial.

De igual manera Jiménez ha solicitado, tanto al presidente Correa, como al procurador General del Estado, Diego García Carrión, que aclaren la participación del bufete de abogados Foley Hoag, que preside el prestigioso abogado Paul Reichler, en el polémico juicio de Chevron.

Según el asambleísta, el bufete Foley Hoag y su representante Paul Reichler no sólo formarían parte de la defensa del Ecuador, sino que también estarían aliados a la compañía Chevron, como cliente de la multinacional, por lo que las estrategias de defensa podrían verse seriamente afectadas, al no existir lealtad parcial en el caso. Entre la información que maneja el asambleísta Jiménez, se encuentran datos estrictamente relacionados a la preocupación expresada por parte de funcionarios del gobierno ecuatoriano, al enterarse de que la firma Foley Hoag, desde el 2009, maneja ciertos intereses de Chevron. Hechos que habrían sido confirmados con el propio abogado Reichler.

Por su parte Foley Hoag y, en especial, Paul Reichler habrían expresado su total apoyo a los intereses del Ecuador, resaltando las colaboraciones de análisis puntuales para efectos de verificación de estrategias y acciones futuras en los procesos legales para enfrentar a la empresa petrolera. 

Para Jiménez, esto sólo podría significar un doble juego de intereses, pues Foley Hoag maneja los temas más importantes en relación a problemáticas internacionales como el conflicto con Colombia por las fumigaciones con glifosato. Según el asambleísta, Reichler habría convencido a Rafael Correa de dejar insubsistente la demanda planteada en La Haya.

Esta inquietud, es una de las tantas que ha formulado el legislador de Pachakutik, quien asegura además, que la falta de lealtad jurídica y ética de Reichler y Foley Hoag, surge en un marco preocupante de violación de la privacidad y la soberanía, al ordenarse mediante la acción RICO, desarrollada en Nueva York, la supervisión de correos electrónicos y material privado del equipo de defensa de los demandantes de Lago Agrio por presuntas acusaciones de corrupción.
    
Los pedidos de revelación de información han sido utilizados por todas las partes involucradas en el pleito en reiteradas ocasiones. La orden actual, dada por el juez estadounidense Lewis Kaplan que preside el caso, pretende obtener las direcciones IP de las cuentas de correos electrónicos de ciudadanos ecuatorianos vinculados a la defensa frente a Chevron-Texaco.

Esta acción constituye un riesgo para el Ecuador que se encuentra prácticamente sometido a la moción de un juez extranjero. Mientras tanto, medios como The Guardian ya han hecho pública la noticia que relata el acceso de Chevron a más de 100 cuentas de email de activistas ambientalistas, periodistas y abogados involucrados en la disputa legal, lo que ha desembocado en una demanda por parte de Chevron a más de 50 personas que forman parte de la defensa de Lago Agrio, aduciendo que son parte de una conspiración para estafar a la petrolera.

Organizaciones como Electronic Frontier Foundation (EFF) y EarthRights Internacional (ERI) han advertido de los efectos intimidatorios que estas acciones pueden causar en los demandantes, mientras que la estrategia acometedora de Chevron ha logrado que el frente del Gobierno Nacional adopte una posición a la defensiva, pero a la vez temerosa de la información que éstos puedan revelar para desmantelar un sistema judicial corrupto que cambie la percepción pública del caso.