El "Milagro ecuatoriano" en la renegociación de contratos petroleros

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El "Milagro ecuatoriano" en la renegociación de contratos petroleros
Uno a uno los casos en los cuales el Ecuador ha reconocido más de USD 800 millones a las petroleras privadas transnacionales por concepto de indemnizaciones. ¿A quién beneficia el milagro petrolero ecuatoriano?
10 de Junio del 2014
Fernando Villavicencio

En relación con el bloque 31, en el Parque Yasuní, el gobierno afirmó que Petrobras abandonaba el área, sin indemnización del Estado. Sin embargo, ocultó la firma de un convenio en el cual se obligaba a Petroecuador a transportar su petróleo por el oleoducto privado OCP, en el cual Petrobras tiene un cupo de 70 mil barriles diarios, con una tarifa de 1,51 US/Bl, en circunstancias que el costo de transporte por el oleoducto estatal SOTE, es de 0,40 US/Bl.  Durante los 10 años del acuerdo el país reconocerá a Petrobras US 242 millones. Es decir, de una forma encubierta Ecuador acabó cubriendo las inversiones del bloque 31 que ascienden a US 260 millones, pese a que el citado bloque jamás entró a la fase de desarrollo.

USD 240

millones de dólares acabará el Ecuador reconociendo por la inversión de Petrobras.

Otro proceso de caducidad iniciado por Petroecuador, fue contra la compañía norteamericana EDC, contratista del bloque 3, por graves violaciones contractuales. El proceso estuvo en manos del Ministerio de Recursos Naturales casi un año, pero, faltando tres días para que venza el plazo de renegociación de los contratos, Wilson Pastor sacó el documento de su escritorio y perdonó a la transnacional. Simultáneamente, anunció un acuerdo para indemnizar a EDC con US 80 millones.

Lo propio ocurrió con la Compañía General de Combustibles CGC de Argentina, contratista del bloque 23, sobre la cual existió una demanda ante la Corte IDH por violación a los derechos humanos del pueblo Sarayaku. Pese a que la compañía incumplió el contrato al no haber realizado consulta previa a los indígenas; instalado pentolita en su territorio ancestral, y al encontrarse en una situación de quiebra económica en Argentina, el ministro Pastor, faltando pocos días para que venza el plazo de renegociación contractual, acordó indemnizar a CGC con US 20 millones, a pesar de que la compañía apenas ejecutó el 30% del plan exploratorio. El año 2012, la Corte IDH emitió sentencia a favor del pueblo Sarayaku, disponiendo al Estado el pago de una indemnización de apenas US 1,3 millones a las víctimas. Es decir, el incumplimiento contractual de CGC le costó al país US 21,3 millones. Un auténtico milagro.

El caso Perenco/Burlington

USD 886

millones es la cifra con la cual el gobierno ha beneficiado a las petroleras privadas por indemnizaciones.

Un caso paradigmático es el ocurrido con los contratos del consorcio Perenco/Burlington, operador de los bloques 7, 21 y Coca Payamino. Las compañías tienen una deuda con el Estado de US 440 millones por la Ley 042. En julio del 2009 –súbitamente– las contratistas abandonaron el país, el gobierno tomó a su cargo la operación, pero en lugar de aplicar la Ley, extinguir los contratos y revertir las áreas, siguió reconociendo derechos contractuales por más de 1 año, y garantizando al consorcio el porcentaje de participación en la producción de petróleo. Petroecuador vendió ese volumen de petróleo de los bloques abandonados por Perenco/Burlington, y con esos recursos, literalmente, le “dio pagando“ US 327 millones de los US 440 millones que le debían al país. Es decir, el Estado cubrió con su petróleo una deuda de dos transnacionales que abandonaron el país paralizando operaciones. Pese a la generosidad ecuatoriana, Perenco y Burlington demandaron al Estado ante el CIADI, el cual falló en primera instancia en contra del Ecuador, disponiendo el pago de US 500 millones adicionales. Sencillamente revolucionario.

La cifra gruesa de indemnizaciones con las que el gobierno de Rafael Correa ha beneficiado a compañías petroleras extranjeras, asciende a US 886 millones, sin considerar los rubros por los arbitrajes internacionales que están pendientes de resolución en el CIADI y la UNCITRAL: US 2300 millones a Occidental, US 500 millones a Perenco, y lo que se resuelva en el litigio Chevron-Texaco. Así, la versión revolucionaria del “milagro ecuatoriano“ en el manejo petrolero, sabe a publicidad engañosa.