La privatización de la salud en la revolución ciudadana

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La privatización de la salud en la revolución ciudadana
Un informe elaborado por el Centro de Derechos Económicos y Sociales evidencia cómo durante el Gobierno de Rafael Correa el sistema de salud público se ha debilitado, mientras el privado se fortalece. Las alianzas y convenios serían las causas. Los recursos públicos han ido a parar a manos de grupos de prestadores privados de salud.
23 de Noviembre del 2015
Desirée Yépez

El informe completo puede bajarse aquí.

El sistema de salud privado de Ecuador se afianza económicamente, mientras el público se debilita, resquebraja. La afirmación surge tras la información que devela el informe Privatización de la salud en Ecuador, a cargo de Pablo Iturralde.

El estudio del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) analiza la interacción de la institución pública con clínicas y hospitales en el país. Los datos son concluyentes.

El análisis revisa la concentración de capital en el sistema de salud ecuatoriano, en donde el crecimiento económico de las instituciones privadas tiene una relación directa con los recursos públicos alrededor de los convenios que realiza el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Ministerio de Salud Pública (MSP).

De acuerdo al informe, existe una tensión entre la necesidad de satisfacer un derecho social, la salud, frente a la incapacidad del Estado para proveer por sí solo la cobertura necesaria. Ante esa realidad se procede a la ejecución de convenios y alianzas con el sector privado.

En el período de 2007 a 2013 el IESS perdió nueve establecimientos de salud; paralelamente sus convenios con clínicas y hospitales privados se incrementaron en 1000%. Es decir, mientras en 2008 el IESS suscribió 27 contratos, en 2012 firmó 345 con instituciones privadas.

“En un principio era un período de transición, hasta que el Estado pueda ampliar su capacidad de cobertura. Esto se planteó en 2010, cuando se habló de universalizar la salud”, explica Iturralde. Sin embargo, el análisis indica que la tendencia no es incrementar las capacidades públicas para garantizar este derecho. Al contrario, el sector público, sobre todo lo referente al IESS, se debilitó frente a sus capacidades.

Las cifras sostienen el planteamiento. En el período de 2007 a 2013 el Instituto Ecuatoriano perdió nueve establecimientos de salud, paralelamente sus convenios con clínicas y hospitales privados se incrementaron en 1000%. Es decir, mientras en 2008 el IESS suscribió 27 contratos, en 2012 firmó 345 con instituciones privadas.

“Uno se pregunta si esto dejó de ser un período de transición o se convirtió en un modelo, en el cual la asistencia médica empieza a privatizarse”, cuestiona el autor del informe. Sucede que parte de los recursos del IESS, así como los del MSP en algunos casos –laboratorios, especialistas- derivaron en clínicas y hospitales privados.

Richard Espinosa, presidente del Directorio del IESS

Nuevamente los datos reflejan lo dicho. En 2011 el 1% de clínicas y hospitales más grandes (ver cuadro) concentraron el 21% de los ingresos que dejó la actividad de la salud. Pero, en 2012 la tendencia se incrementó prácticamente en un cien por ciento. Ocho son las empresas principales que concentraron el 40% de esas ganancias. Al mismo tiempo, el gasto social que beneficia a la población genera una rentabilidad significativa para una élite de proveedores de servicios privados de salud liderada por: Hospital Metropolitano, Solca, Hospital Clínica Kennedy, Hospital de Los Valles, Hospital Vozandes de Quito, Clínica Alcívar, Latinomedical y Centro Quirúrgico Pichincha. Así lo recoge el informe con datos obtenidos de la Superintendencia de Compañías y Valores. En números, estas entidades en conjunto registraron 500 millones de dólares en 2008. Cuatro años después, en 2012, el dinero ascendió a 1 007 millones.

El 17 de noviembre pasado, el Consejo Directivo del IESS redistribuyó el aporte de los afiliados, que en total es el 20,50% del salario. Antes 9,74 puntos iban a pensiones y salud recibía 5,71 puntos. Desde este mes será 6,06 y 9,94 puntos, en ese orden. Esta redistribución, según Richard Espinosa, presidente del Consejo Directivo del Seguro Social, es para cubrir un déficit de USD 700 millones en el fondo de salud. El IESS adeuda a los prestadores privados de salud una cifra similar. La medida ha sido rechazado por las organizaciones de jubilados y declarada ilegal por diversos expertos.

Pablo Iturralde indica que este fenómeno provoca un proceso de ‘financiarización’ de la salud. El concepto se refiere a uno de los peligros de la privatización, a través del cual una parte de los recursos se acapara por un sector privado privilegiado.

“Ecuador, a pesar del enorme esfuerzo hecho para incrementar la inversión en salud, todavía tiene una carga del gasto de bolsillo de 45%, por encima del promedio de Sudamérica”, sostiene Pablo Iturralde.

No obstante, a pesar de lo onerosos que resultarían las alianzas entre el sector público y privado, este último ha denunciado problemas en el incumplimiento de los contratos. De acuerdo a información disponible en la página web del MSP, a fines de mayo de 2014 la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador (ACHPE) denunció una crisis en los pagos por parte de esa Cartera de Estado, por lo cual amenazó con negar la atención a los pacientes derivados desde la institución pública. En ese contexto, el Ministerio resaltó el cumplimiento de los pagos respectivos y se comprometió a saldar los valores pendientes, a esa fecha de 2,4 millones de dólares. 

“Los hospitales y clínicas privadas han ejercido una estrategia de presión gremial sobre el sector público para que se pongan al día. Incluso han existido amenazas del sector privado en detener el servicio por la incapacidad del MSP de sostener la deuda que el Estado mantiene”, resalta el vocero de CDES.

En ese sentido, en el sistema de salud ecuatoriano existen tres responsables de sostener su estructura económica. En el informe se detalla que la población asume el 45% de ese rubro, por debajo del Gobierno (29%) y la seguridad social (23%). Ese rubro, asumido por la ciudadanía, es conocido como gasto de bolsillo. “Ecuador, a pesar del enorme esfuerzo hecho para incrementar la inversión en salud, todavía tiene una carga del gasto de bolsillo de 45%, por encima del promedio de Sudamérica”, sostiene Iturralde. El país está superado únicamente por Paraguay y Venezuela, países con un gasto de bolsillo de 57 y 66 por ciento, respectivamente.

Si bien entre el 2007 y el 2013 la gratuidad en la salud en Ecuador redujo en 12 puntos ese rubro, todavía es insuficiente. Además, esa disminución se debió al incremento de las contribuciones de los afiliados al IESS. Por tal motivo el país está ubicado en tercer lugar, en Sudamérica, entre las cifras más altas. Colombia (14%), Uruguay (17%), Bolivia (20%) y Argentina (21%) son los de menor gasto de bolsillo.

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millones de dinero público ingresaron a prestadores privados en el 2012.

Otro pendiente de la Revolución Ciudadana, en materia de salud, fue el cumplimiento de la Transitoria 22 de la Constitución, la cual estableció que “el Presupuesto General del Estado destinado al financiamiento del sistema nacional de salud, se incrementará cada año en un porcentaje no inferior al 0,5% del Producto Interno Bruto, hasta alcanzar al menos el 4%”. Las cifras que expone el informe de Pablo Iturralde revelan hasta 2013 se alcanzó el 2,1%. En el 2010 se incrementó en 0,3%; 2011: 0,1%; y 2012: 0,3%. La construcción de carreteras e hidroeléctricas habría desplazado la prioridad de la inversión en salud.

“En un principio la estrategia de una alianza con el sector privado es adecuada, pero lo es si se lo plantea como un período de transición. No hemos salido del modelo, se consolida, y eso tiende a deteriorarse por varios francos. El mercado no para su tendencia de concentración y una parte importante del flujo de financiamiento del sistema de salud es capturada por sectores empresariales cuando debieran servir para disminuir el gasto de bolsillo de los hogares”, concluye Iturralde. En otras palabras, hoy en día existe un rango de empresas privilegiadas que logran beneficios económicos, hecho que amplía la brecha de desigualdad, a la par que aquellas organizaciones concentran progresivamente su riqueza.