Monteverde, un ojo de la cara

Monteverde, un ojo de la cara
El gobierno inauguró uno de sus proyectos emblemáticos, la planta de gas en tierra, cuyo tiempo de ejecución es casi el mismo de la "revolución": siete años. En el 2007, el precio referencial de la obra era de USD 97 millones, pero fue adjudicada sin licitación en USD 263 millones. Al final, el país acabó pagando USD 570 millones, una cifra superior en USD 473 millones a la adjudicación. Se estima un retraso de tres años, pues debió entrar en operación el año 2011.
27 de Junio del 2014
Fernando Villavicencio Valencia

Informe de la auditoría hecha el 2010, por parte de Petroecuador, a los trabajos de las empresas Shi Asia y Caminosca.

El 22 julio del 2007 hubo brindis con champaña y salvas militares, los protagonistas principales, el presidente Rafael Correa, el ministro de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga y el comandante de la Marina, Homero Arellano, no podían contener su regocijo: es que el motivo no era cualquiera –al fín, luego de la “larga noche neoliberal”– se había podido torcer el cuello a la “mafiosa Trafigura”, apelativo con el cual el Presidente se refería a la multinacional que controlaba desde un barco muerto (buque flotante) en Punta Arenas, el multimillonario negocio de la importación y almacenamiento de gas licuado de petróleo (GLP), que representa al país una cifra de USD 1000 millones anuales, aproximadamente.

Informe de la Contraloría sobre el proyecto Monteverde.

Ese día, los tres personajes estamparon su firma como testigos de honor en el convenio de alianza estratégica para la construcción de la planta de almacenamiento de gas en Monteverde (Santa Elena), entre dos empresas estatales, Petroecuador y Flopec, entidad de la Marina, por un costo de USD 263 millones, para dos componentes. Con el proyecto, se podría almacenar en tierra hasta 60 mil toneladas de gas importado, dejar de pagar USD 40 millones anuales por almacenamiento en el buque flotante de propiedad de Depogas (Trafigura); además de liberarnos de onerosos diferenciales que imponía la transnacional, a cuenta de que “sólo ella” podía impedir el desabastecimiento, por tener su desvencijado buque frente a nuestra costas.

Siete años después, cuando parecía que ya nos habíamos olvidado de la megaobra, el Primer Mandatario volvió a Santa Elena, a inaugurar su proyecto estrella –que ya casi cumple la misma edad de su revolución– sólo que ahora lo hace sin brindis ni salvas, sino en medio de serios cuestionamientos por la demora en la ejecución y un sorprendente incremento de su costo (USD 570 millones), razones que motivaron a varios legisladores a solicitar a la Contraloría y a la Fiscalía, la apertura de investigaciones. Los otros testigos de honor, están hoy con distintas responsabilidades: Galo Chiriboga, dejó los asuntos aceitosos y pasó a manejar la justicia penal, como Fiscal del Estado; mientras Homero Arellano, está en un leve descanso, luego de su agitado paso por el Ministerio Coordinador de Seguridad. Y ahora ocupará la embajada del Ecuador en Santiago de Chile.

USD 307

millones adicionales a la cifra presupuestada costó el proyecto de almacenamiento de gas en tierra, Monteverde.

Paradójicamente, la emergente obra, esperada durante décadas, se inaugura en momentos en que el gobierno ha decidido sustituir el consumo de gas licuado por electricidad, reemplazando las cocinas y calefones de GLP por eléctricas, en el contexto del cambio de la matriz productiva, reducción de importaciones y focalización del subsidio.

Varias fuentes consultadas coinciden en que si los costos de almacenamiento en el buque flotante eran altos, ahora el almacenamiento en tierra, que requiere amortizar una inversión de USD 570 millones, resultará igual o más oneroso. Por ello exigen a las autoridades de control investigar el tema, y que se justifique ante el país el incumplimiento de los plazos y el exorbitante incremento de su costo.

El proyecto

La obra incluye un sistema de almacenamiento criogénico, con capacidad de 60 000 toneladas métricas, con una reserva para 20 días. Además, un muelle marítimo de 1350 metros, para la recepción del propano y butano importados. El segundo componente consta de un gasoducto de 124 kilómetros de longitud hasta la terminal de almacenamiento y distribución en Chorrillos, provincia de Guayas. Y aquí otra infraestructura de almacenamiento para 15 000 toneladas, además de una planta de envasado en cilindros, a cargo de Petroecuador.

Una historia inflamable

Desde hace más de dos décadas, Petroecuador intentó construir la planta de GLP, pero en varias ocasiones el proyecto fue suspendido, por presión de las empresas importadoras del combustible. El negocio de importación, almacenamiento y alije de gas, lo han manejado desde 1990 las transnacionales, Furnnes Wity y Trafigura. El año 2009, el representante de Trafigura confirmó en una entrevista a diario Expreso, que el costo del buque flotante Berge Racine era de USD 13 millones. Es decir, con los recursos económicos pagados por almacenamiento flotante durante 25 años, se pudo haber adquirido una flota de buques o construido varias plantas en tierra. Se estima que sólo en el período revolucionario, el país gastó en almacenamiento flotante USD 280 millones. En este contexto, una pregunta que surge es, ¿por qué el gobierno no compró ese buque, o incluso uno nuevo que no supera los USD 80 millones, mientras se construía la planta en tierra?

Cuando Rafael Correa asumió el poder en el 2007, el proyecto costaba USD 97,4 millones, según las bases del concurso declarado desierto en junio del 2007 por Petroecuador, con el argumento de que las ofertas superaban el presupuesto referencial, justo un mes antes de que se firme el pacto con la Marina. A esa fecha los oferentes fueron: Projector con USD 160 millones; Sain Construcciones de México, con USD 228 millones; Santos CMI de Brasil, con USD 243 millones; Techint de Argentina, con USD 285 millones, y OMZ Oil & Gas de Rusia, con USD 191 millones. A esa fecha, Petroecuador justificó la decisión, señalando que “había una diferencia desproporcionada entre el presupuesto referencial de USD 97,4 millones y las ofertas presentadas por las oferentes”, por lo cual el concurso pasaba a mejor vida.

USD 97,4

millones costaba el proyecto cuando Rafael Correa asumió el poder en el 2007. Luego fue adjudicado a dedo a una empresa de la Armada por USD 263 millones.

La suspensión del proceso licitatorio tenía una explicación. Para entonces, Rafael Correa, ya había tomado la decisión de entregar a Flopec, no sólo la construcción de la planta de almacenamiento y la importación de GLP, sino el traspaso del manejo de Petroecuador a manos de la Armada. Ello implicó sin duda, una alianza –esa sí estratégica– con el mando naval, que trascendía las esferas de los negocios gasíferos.

Como era de esperarse, el proyecto fue adjudicado de manera directa a la empresa de la Marina, por un costo de USD 263 millones, de los cuales Flopec invertiría USD 150 millones y  Petroecuador USD 113 millones. De esa forma se entregaron, por 20 años, a una empresa –sin experiencia, ni recursos económicos propios– dos actividades estratégicas, para las cuales Flopec, no estaba calificada.

La realidad se encargó de poner en tierra esas debilidades de los hombres del mar. El año 2011, Flopec vio hundirse sus aspiraciones empresariales como proveedor de GLP, y debió devolver el negocio a Petroecuador, frente al fracaso del contrato de provisión suscrito con la “mafiosa Trafigura”, a la cual otrora condenaron, empresa que abandonó el país llevándose un buque con gas, en medio de fragatas movilizadas y amenazas estridentes. De igual forma, la responsabilidad de Flopec en el terminal de almacenamiento concluirá con la entrada en operación de la planta; a partir de esa fecha pasará a manos de Petroecuador.

Informe de la Contraloría sobre el Proyecto Monteverde, en el cual se cuestiona que el contrato haya sido ampliado para la importanción de GLP.

Al final de esta historia, algo queda claro: la empresa militar no pudo manejar el negocio de provisión de gas ni un año y medio, de los veinte para los cuales firmó el convenio; acabó convertida en intermediaria, subcontratando todos los componentes del proyecto Monteverde, incluso el financiamiento, algo que pudo hacer Petroecuador directamente, a costos inferiores.

Subcontratista fantasma

Al inicio del proyecto, la principal firma contratada por la administración de la Marina, fue Shi Asia & Asociados. Luego de varias denuncias públicas por presuntas vinculaciones con una empresa relacionada con el hermano del Presidente, se suspendió el contrato. Meses después se creó otra pantalla empresarial, Shi Asia Monteverde, con la cual se arrancó la gigante obra. Pero, la citada compañía no pudo cumplir con la entrega de los principales componentes de infraestructura que debían ser fabricados e importados. En medio del desconcierto, Petroecuador contrató una investigación con la consultora estadounidense Hogan Lovells, la cual determinó que la matriz de Shi Asia Monteverde, domiciliada en Tailandia, había sido desmantelada, no contaba con recursos económicos, peor aun con las esferas para almacenar el GLP. Entonces, presionados por el tiempo debieron buscar los reemplazos. Una de las subcontratistas fue Santos CM, la misma empresa que el 2007 ofertó la construcción total de la planta por USD 243 millones.

El mercado de gas licuado es altamente dependiente de las importaciones. Entre un 80% y 85% del consumo es importado, la diferencia de costos es abismal: el cilindro de 15 kilos oscila en el mercado internacional en USD 20, mientras el precio nacional de venta es de apenas USD 1,60 el cilindro. En este escenario, el Estado (Petroecuador) es el responsable de la importación del GLP, que representa unos USD 1000 millones al año. Una vez ingresado al país el combustible, el Estado es nuevamente responsable del almacenamiento, antes en un buque flotante, ahora en una planta en tierra; luego tiene también la obligación de transportar por gasoductos, poliductos o al granel hasta las plantas envasadoras de las compañías privadas, cuyos costos de envasado, mantenimiento y reposición de cilindros, y transporte en cilindros, también los cubre el Estado; finalmente, el cilindro de 15 kilos llega al consumidor a U$ 1,60. El saldo al final de esta cadena es un subsidio anual que bordea los USD 600 millones. Pero en ese subsidio también se incluyen los costos y ganancias de las compañías comercializadoras.

El 99% de las actividades de envasado y distribución de gas licuado está a cargo de compañías privadas, en especial extranjeras, como Repsol y Agip. La empresa pública Petroecuador apenas abastece el 1% del mercado, pese a haber estado provista de una infraestructura de envasado y distribución capaz de cubrir el 80% de la demanda interna.

Obras rápidas y urgentes

Una de las estrategias mejor diseñadas por el gobierno fue blindarse en la coraza de la institucionalidad militar. Bajo el paraguas de la defensa de la soberanía energética, se declararon sistemáticas medidas de emergencia en el sector petrolero, todo con el aval de la Marina al mando de la empresa pública Petroecuador.

El Presidente aplicó estados de excepción –cada dos meses, más de una decena de veces– como soporte para la permanencia de la Marina. Decenas de militares tomaron el control de áreas de altísima complejidad tecnológica y económica. Su primera consigna fue la eliminación de los procesos licitatorios y su consiguiente adjudicación de grandes contratos, de forma directa y bajo la figura de emergencia. El lema era que en la revolución había que hacer todo extremadamente rápido. Así se construyen obras faraónicas, donde la rapidez no ha sido una virtud que se compadezca con la presunta emergencia nacional, que justificó la contratación directa.

Un olor que contamina

El gas de uso doméstico huele a huevo podrido, debido al mercaptano, un químico gracias al cual podemos detectar una fuga, de lo contrario volaríamos en pedazos. Pese al hedor es uno de los negocios más apetecidos que ha generado fortunas y quemado gobiernos desde hace aproximadamente dos décadas y media. Su volatilidad caldeó el escenario político al inicio del gobierno del Movimiento País. Al parecer ese tema fue el detonante para la insubordinación de oficiales de la Armada el año 2007, hecho que devino en la salida del comandante Homero Arellano, según se desprende de una carta dirigida por el alto oficial al Primer Mandatario, el 3 de junio del 2008, en la cual dice: “Como le anticipé por teléfono, considero que la salida del Contralmirante Fernando Zurita de la Presidencia de Petroecuador,  fue el epílogo de un “complot”, organizado por grupos plenamente identificados por Usted, que pretenden beneficiarse de contratos petroleros. El caso más emblemático es el del ciudadano José Dapelo y sus empresas. Como ya se ha hecho público, la primera acción que debí enfrentar, en la línea de defensa de los intereses nacionales para acabar con las mafias del gas, fue impedir la arbitraria concesión de un inmenso sector de playa y bahía a favor de la empresa Ecoterm, de propiedad de José Dapelo, para el funcionamiento de un terminal de almacenamiento de derivados de petróleo, por constituir un evidente acto de competencia en contra del proyecto estatal de construir la planta de almacenamiento de GLP. El grupo de Dapelo, su afecto Carlos Pareja, Rodolfo Barniol y otros, aupados por influencias en la Armada, y aprovechando el acto de indisciplina del Calm. Molestina, actuaron en contra de mi gestión al frente de la Comandancia General, hasta lograr mi salida”.

El entonces vicealmirante Homero Arellano, al salir de su cargo de comandante de la Marina, denunció "mafias y fuerzas oscuras" en el negocio petrolero.

Luego de la insubordinación de los altos oficiales y de los graves hechos registrados en la Base de San Eduardo, el comandante Homero Arellano y el jefe de Estado Mayor, Luis Yépez, presentaron su disponibilidad. En el evento de relevo del mando, el vicealmirante Arellano volvió a denunciar a los complotados: “Señor Presidente, hubo insubordinación, sobre la que después se encargaron de poner un telón”. “Aunque ésta sea una verdad incómoda, y más incómoda para los que trepan por caminos deleznables de baldía y ambición. Hay mafias y fuerzas oscuras que quieren apartarnos de un manejo nacionalista de los recursos del petróleo y ahora del gas”, manifestó.

Es oportuno recordar las palabras del Primer Mandatario, cuando puso la primera piedra del Proyecto Toachi-Pilatón, él acusó a grupos “mafiosos” de Guayaquil y del Partido Social Cristiano (PSC) como los responsables de levantar un escándalo en torno a la alianza entre Petroecuador y Flopec para el almacenamiento de gas en tierra, porque según el Presidente, el convenio afectaba a poderosas compañías “que han comprado a medio Petroecuador para que sean los perros guardianes de sus intereses y quieren hacer escándalo donde no existe”, dijo, refiriéndose a la transnacional Trafigura.

La razón natural no pide fuerza

Mientras la planta de gas se construyó en la provincia de Santa Elena, (Monteverde), la Refinería del Pacífico, otra de las obras emblemáticas del gobierno se levanta en la provincia de Manabí. La razón natural no pide fuerza. Desde el sentido común no se puede explicar la construcción de una planta para almacenar gas licuado de petróleo, a casi de 200 km de distancia de donde se edifica la refinería que producirá el gas que debe ser almacenado. Más preocupante aun, si se lee en el proyecto de la Refinería del Pacífico, que se contempla construir otra planta de almacenamiento de gas en Manabí. Entonces, si durante la “partidocracia“ nos lamentamos de la carencia de una planta de gas en tierra, y condenamos a los intermediarios por asaltar los fondos públicos con el buque flotante, ahora con la revolución tendremos dos plantas en suelo firme, justo cuando el régimen anuncia la sustitución del GLP por electricidad.

Sin licencia ambiental

Frente a las denuncias formuladas desde el año 2008, la Contraloría del Estado inició un examen especial a la construcción del proyecto Monteverde. El 5 de diciembre del 2012 emitió un informe, conteniendo irregularidades; en particular dos: “La construcción del proyecto se inició sin contar con la licencia ambiental; y, el Estudio de Impacto Ambiental no contempla todas las actividades de construcción del proyecto ni la  fauna presente en el sector”, y aquella en la cual se acusa de que en la línea base no se identifica “…la presencia estacional de ballenas jorobadas en la zona de  Monteverde, ni predice los posibles impactos que pueden generarse a esta especie por la presencia de buques de 300 metros de eslora y 15 metros de calado, remolcadores y alijadores en la temporada de tránsito de los cetáceos, considerando que se reportan avistamientos de ballenas entre mayo y noviembre de cada año.”

La Constraloría señaló que la construcción de Monteverde se inició sin licencia ambiental. También dijo que la línea de base no predice el impacto que tendrá la operación de los buques gigantes en la vida de las ballenas jorobadas, las cuales tienen su refugio natural en la zona.

Es necesario recordar al respecto que, mediante decreto 903 de octubre de 2003, el Ecuador se adhirió a la “Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres”, celebrada en la ciudad de Bonn, Alemania. En el mismo sentido desde 1990 –a través del Acuerdo Ministerial 146, el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca– se consideran: “protegidas por el Estado todas las especies de ballenas presentes en aguas territoriales y declárase a éstas su refugio natural en consecuencia, se  prohíbe toda actividad que atente contra la vida de estos mamíferos”.

El apéndice I del convenio, a partir del 23 de diciembre del 2002, considera a la ballena jorobada como especie migratoria en peligro. El libro rojo de los mamíferos en el Ecuador, publicado en 2011, reconoce a la ballena jorobada, como especie vulnerable. Al no contarse con el plan de manejo y con la licencia ambiental, de manera previa al inicio de las actividades de construcción, se ocasiona que los ejecutores y los contratistas carezcan del marco general de cumplimiento ambiental, del cual se generan los planes de manejo ambiental solicitados por fiscalización; del mismo modo, el no considerar dentro de la línea base del Estudio de Impacto Ambiental a la especie migratoria, impide que se planteen medidas específicas de cuidado de esta especie, durante la fase de construcción y sobre todo en la operación del proyecto.

Otro informe de Contraloría

Si bien el convenio de alianza estratégica fue exclusivamente para la construcción de la planta de almacenamiento en tierra, sin embargo, Flopec acabó estirando el documento para facilitar la importación de GLP. La propia resolución del directorio de Petroecuador, fija ese límite: “Que la construcción del sistema de almacenamiento de GLP en tierra en Monteverde, se efectúe a través de una Alianza Estratégica a suscribirse con la Flota Petrolera Ecuatoriana...”. En ninguna parte se menciona la provisión de gas. Vulnerando lo establecido en el Convenio, el 29 de diciembre del 2007, se suscribió el contrato de provisión, almacenamiento y entrega de GLP, en el marco de la ejecución de la alianza estratégica suscrita entre Petroecuador y Flopec. Como queda señalado, la alianza estratégica hace referencia a la construcción de la planta de almacenamiento de gas en tierra. Esto se puede evidenciar en las recomendaciones que realizó la Contraloría, entidad que, curiosamente, luego de cuestionar la actuación de Flopec y Petroecuador, recomienda modificar el convenio de alianza estratégica para adaptarlo al contrato; es decir un instrumento superior subordinarlo a uno inferior.

Puntualmente la Contraloría destacó: “Los contratos que se derivan de los Convenios de Alianzas Estratégicos, deben tener relación con el objeto de dichas alianzas y deben cumplir en forma estricta los  procedimientos establecidos para las contrataciones y normativa que regula la comercialización externa de hidrocarburos”. Es decir, la única empresa estatal con capacidad legal para manejar la comercialización de gas, incluida su importación, era Petroecuador, de acuerdo con lo que determina su Ley de creación y la normativa de Comercialización Externa de Hidrocarburos.

Tan fuera del camino legal estaba el contrato, que el propio gerente de Flopec, a través del oficio GGR-049-2008 de 4 de junio del 2008, planteó eliminar la citada recomendación de la Contraloría: “Es necesario reformar o eliminar esta recomendación… dejar en los términos que se encuentra redactada (la recomendación) sería quitar la garantía a las inversiones de Flopec para el almacenamiento y provisión de GLP, en razón de que en el futuro cualquier nueva administración de Petroecuador, haciendo uso de la recomendación de la Contraloría General del Estado, podría optar por efectuar un concurso o licitación internacional para la provisión de GLP, como lo establece la Ley de Petroecuador y la normativa que regula la comercialización externa…”. Más claro no canta un gallo.

Una carta firmada por el biólogo Hugo Loza denunció presuntas presiones de la Armada y exigió explicaciones al entonces gerente de Flopec.

Contratos blindados al escrutinio público

A raíz de la suscripción del Convenio con Flopec, varios legisladores y ciudadanos particulares presentaron denuncias ante la Fiscalía, que abrió una investigación sobre el caso. En uno de los documentos presentados por el legislador Cléver Jiménez, se puede advertir entre los involucrados el nombre del exministro de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga, quien suscribió el Convenio de Alianza Estratégica, en calidad de testigo de honor, y fue presidente del Directorio de Petroecuador, cuando se autorizó y firmó el contrato de construcción de la planta de gas con Flopec.  Entre las diligencias dispuestas por el fiscal de la causa, José Miguel Jiménez, consta la realización de un peritaje a la obra. Pero –en forma sorpresiva– el 12 de diciembre del 2012, el Fiscal notificó al perito Hugo Loza, que había “caducado” su nombramiento. La decisión se produjo días después de que el gerente de Flopec, Danilo Moreno, se habría negado a facilitar información y advertido con solicitar al fiscal Galo Chiriboga, que disponga la suspensión del peritaje, una vez que Loza visitara las instalaciones de Monteverde e iniciarao la compilación de información sobre el trazado del gasoducto y la construcción de la planta. Esto se desprende de la carta presentada al Fiscal Jiménez, el 16 de diciembre del 2012, en la cual Hugo Loza exige explicaciones y revela las presuntas presiones de Flopec.