Narcotráfico: las dudosas actuaciones de operadores judiciales

Narcotráfico: las dudosas actuaciones de operadores judiciales
Tres operaciones antinarcóticos, una de ellas la más importante en décadas en el Ecuador, terminaron en manos de los operadores de justicia. Fuentes vinculadas a los procesos mostraron a Plan V las evidencias que hacen dudar de la actuación de los jueces y fiscales en estos casos. En esta primera parte presentamos los casos Emperador y Fortaleza 95, y en la segunda parte la historia de Impacto 43, en la cual están involucrados también fiscales y jueces de Manabí.
05 de Noviembre del 2018
Redacción Plan V

Los casos Emperador y Fortaleza 95, resultados de operaciones antinarcóticos de la Policía Nacional y sus unidades especializadas, terminaron en manos de la justicia ecuatoriana. Estos tres casos fueron analizados por fuentes vinculadas a la investigación antinarcóticos y muestran cómo luego de las operaciones y evidencias encontradas y presentadas en los juicios respectivos, los jueces actuaron.

Fortaleza 95: la protección a los "protectores"

En la Operación Fortaleza 95 están procesadas siete personas, cuatro de ellas son parte de la Fuerza Naval. El operativo fue ejecutado el 10 de septiembre del 2017, en Puerto Bolívar, El Oro. La Policía desarticuló una organización internacional de narcotraficantes que enviaba cocaína en lanchas go-fast hacia México, desde camaroneras ubicadas en el perfil costanero de la provincia. La seguridad de esta mafia estaba a cargo de varios marinos en servicio activo, acantonados en los retenes navales Puerto Jelí y Pitahaya. Los investigadores determinaron que haciendo uso de bienes del Estado, como lanchas y armamento, los uniformados brindaban seguridad para la salida de droga a mar abierto. Fortaleza 95 capturó una tonelada de cocaína.


Operativo Fortaleza 95, cuando la Policía  mostró las evidencias capturadas. Fotos Policía Nacional del Ecuador

En marzo del 2018 los miembros de la banda fueron llamados a juicio, como autores del presunto delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Un mes y medio después se inició la audiencia de juzgamiento. La fiscalía presentó todos los elementos de convicción que confirmaban la participación de todos los procesados en el ilícito. Sin embargo, hubo sentencia absolutoria para los miembros de la Armada Nacional, y la Fiscalía ha anunciado la apelación a la medida judicial. 

Los peritos de Criminalística de El Oro demostraron que había vínculos telefónicos entre los procesados así como la veracidad de los indicios encontrados en las lanchas y en poder de los detenidos. Sin embargo, los marinos fueron sobreseídos.

Los elementos de convicción que mostró el Ministerio Público se basaron en los testimonios de los agentes policiales que aprehendieron la lancha guardacostas de la Armada en el estero Calavera. Según los testimonios ante la corte el guardacostas daba seguridad a una lancha que cargaba una tonelada de cocaína que estaba rumbo a mar abierto. En su defensa, los elementos de la Armada capturados dijeron que estaban cumpliendo órdenes de un sargento de la Fuerza Naval para trasladarse al estero Calavera, y que estaban ahí para realizar pruebas de motor de la lancha guardacostas. Pero varios testigos, oficiales de la Armada, testificaron ante el tribunal que para hacer una prueba de motor no era necesario trasladarse 40 millas náuticas desde su puesto de trabajo, Puerto Jelí, hasta el estero donde fueron capturados. 

En su testimonio, el jefe de Guardacostas de El Oro, explicó al tribunal que la lancha en mención no tenía autorización para salir a realizar pruebas de motor, ni a ninguna otra misión en ese día. Para movilizarse, debía requerir autorización del oficial de guardia, lo cual no ocurrió. Además, se dijo en el juicio que la prueba de motor bien se pudo haber hecho en el propio estero Jelí. Los peritos de Criminalística de El Oro demostraron que había vínculos telefónicos entre los procesados así como la veracidad de los indicios encontrados en las lanchas y en poder de los detenidos. Sin embargo, los marinos fueron sobreseídos. 

Caso Emperador: Gerald y su banda con los más altos contactos

El 12 de abril del 2017 se dio la operación antinarcóticos más grande en varias décadas: la operación Sol Naciente. En ella se detuvo y procesó a ocho ciudadanos, entre ellos Edison Prado Álava, alias Gerald, considerado el Pablo Escobar ecuatoriano, quien un sistema de lanchas rápidas ingresó, según la DEA, 250 toneladas de cocaína a Estados Unidos. En ese operativo también se proceso a su conviviente, Julia M. Gerald fue detenido en Colombia, por ser una operación conjunta. 


Prado Álava, alias Gerald, mientras era detenido por la Policía colombiana.

En la operación también fueron incautados USD 17'170.589 en varias caletas. 

Este caso fue reportado por Plan V en varias entregas, así cómo se hizo la vigilancia de la actuación de los jueces. Lo primero que sorprendió fue el cambio de delito penal, de asociación ilícita a delincuencia organizada, lo cual permitió a los miembros de la banda a acogerse al sistema de procedimiento abreviado para obtener penas mínimas a cambio de información presuntamente eficaz. Los investigadores detectaron una actuación dilatoria del juez de la Unidad Judicial Penal responsable del caso, ya que el 21 de septiembre del 2017 el mencionado juez recién convocó a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra Prado y otros, audiencia que se estuvo posponiendo. Sin embargo, finalmente fueron sentenciados a penas mínimas de 20 y 24 meses de prisión porque se acogieron al procedimiento abreviado.

 

Julia M. estuvo libre tres días después de que los jueces dictaran a su favor el hábeas corpus el 13 de abril de 2018. Pero fue detenida nuevamente y procesada por un segundo delito: enriquecimiento privado no justificado.

El 13 de abril del 2018, la esposa de Gerald solicitó, por medio de sus abogados, un recurso de habeas corpus. El petitorio cayó por sorteo en la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial del Guayas. Los tres jueces del tribunal calificaron el recurso como claro y preciso y se dispuso el traslado de Julia M. a la audiencia. Ahí aceptaron el habeas corpus y dispusieron su inmediata libertad. Esto fue revelado por Plan V. Además, rechazaron el procedimiento abreviado y dispusieron que se continúe el trámite por la vía ordinaria. Estos jueces fueron detenidos el 19 de abril del 2018, por investigaciones de la Fiscalía General del Estado por presunto prevaricato y, además, se dictó la nulidad de lo actuado y Julia M. fue detenida nuevamente. Semanas después los jueces en mención fueron puestos en libertad por una resolución de la Corte Constitucional en la cual se argumentó que "los jueces a nivel nacional no prevarican" como lo publicó Plan V.

Julia M. estuvo libre tres días después de que los jueces dictaran a su favor el hábeas corpus el 13 de abril de 2018. Pero fue detenida nuevamente y procesada por un segundo delito: enriquecimiento privado no justificado. El 18 de abril, en la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía sostuvo para su acusación el hallazgo de dos caletas en su casa ubicada en la urbanización Puerto Azul de Guayaquil. En una caleta exterior a la casa habían 7,5 millones de dólares y otra, en una habitación, tenía 2,5 millones de dólares. El inmueble era propiedad de la procesada y de su pareja, alias Gerald, que fue allanada en abril de 2017 en el operativo Sol Naciente. También se encontraron depósitos en una cuenta de ahorros por 232.285 dólares que no habían sido declarados. También se le atribuyó 1 millón de dólares hallados en una vivienda en Los Ceibos, barrio residencial de Guayaquil. En esa misma audiencia se recordó que esos hechos fueron aceptados por Julia M. en el procedimiento abreviado que se sometió en el proceso por delincuencia organizada.

Según fuentes vinculadas al caso, que pidieron anonimato, por información reservada se llegó a conocer que la juez que lleva la causa "se encuentra actualmente bajo presión", presuntamente, dicen las fuentes, se han hecho ofrecimientos a cambio de un sobreseimiento definitivo en favor de la esposa de Gerald. Estos ofrecimientos y presiones habrían provenido de un alto asesor de un alto cargo de la administración de justicia. La jueza se habría negado a tales ofrecimientos y llamó a juicio a todos los implicados. El juicio de este caso está convocado para este martes 6 de noviembre en Guayaquil, y lo juzgará un tribunal presidido por el magistrado Xavier Noboa Icaza, juez ponente del Tribunal de Garantías Penales, de Guayaquil.

EN LA SEGUNDA PARTE: La Operación Impacto 43 y las vinculaciones de los operadores judiciales con la red de narcotráfico.