Pases policiales: las dudas sobre la teoría del caso (II Parte)

Pases policiales: las dudas sobre la teoría del caso (II Parte)
La fiscal provincial Thania Moreno se aferra y defiende la teoría del caso más grave de corrupción en la historia reciente de la Policía Nacional. La defensa de los detenidos cuestiona los vacíos y contradicción que, dicen, tiene esa teoría: que un teniente, prevalido de la cercanía con el Presidente de la República y del Ministro del Interior, mangoneó dentro de la Institución y estructuró una organización criminal bajo la vista apacible de cientos de oficiales superiores.
11 de Octubre del 2017
Redacción Plan V

Lea aquí la PRIMERA PARTE

La historia del escándalo de los pases policiales podría bien empezar luego de la revuelta policial y militar del 30 de septiembre del 2010, pero empezó antes. Los pases en la Policía implicaban, desde mucho antes, pago de dinero o favores y hasta una forma de castigo de acuerdo a designios de una autoridad. Así, se emitían pases que cambiaban la vida familiar del personal, le creaba problemas económicos de estadía y movilización. En muchos casos, los daños eran irreparables. Muchos miembros de la Policía sufrieron arbitrios por este tema. Se separaron de la familia, incurrieron en gastos adicionales, alejamiento social...

Esto causó, dicen desde el interior de la Policía, afectaciones emocionales, problemas de adicción, alcoholismo, depresión, pérdidas de armas de dotación y prendas del Estado y accidentes durante la movilización hacia o desde el lugar de reparto durante los días francos.

Entre el 2008 y el 2010 fuentes policiales reportaron un alto nivel de movilidad en sus filas. Incluso fue uno de los reclamos más sentidos durante el 30S. El entonces presidente Rafael Correa, ante los pedidos de muchos policías mientras hacía recorridos, ordenó que se reestructure el sistema para permitir que los servidores laboren cerca de sus hogares. A la par de este pedido, el presidente Correa emitió el decreto ejecutivo 632, del 17 de enero del 2011, como reacción al 30S, mediante el cual se reformó la Ley Orgánica de la Policía Nacional al disponer que el Ministerio del Interior ejerza la representación legal y extralegal de la Policía Nacional. El decreto estableció un plazo máximo de 90 días para disponer las acciones administrativas necesarias para reorganizar administrativamente la Policía. Y facultó al Ministro del Interior, por entonces el actual presidente de la Asamblea Nacional, el abogado cuencano José Serrano, para que ejecute esa reestructura mediante acuerdos ministeriales y resoluciones. Y así se ha gobernado a la Policía desde entonces.

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pases policiales fueron tramitados entre 2014 y 2015 por la Comisión Técnica de Pases. 

Precisamente el Acuerdo Ministerial 2405, del 7 de noviembre del 2011,  cambió el sistema anterior de pases y creó la Comisión Técnica de Pases, integrada por el viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior —quien la presidía—, el inspector general de la Policía Nacional, el director general de Personal, un asesor de seguridad del Ministerio del Interior (designado por el Ministro), el suboficial más antiguo de la Policía Nacional y un representante de los clases y policías. La Comisión Técnica tenía la disposición de encargarse de los trámites y autorización de pases, delegaciones, comisiones, cursos y demás actividades profesionales de la Policía que impliquen traslados. Bajo esta norma trabajó la Policía hasta cuando el 9 de mayo del 2017 se modificó la Comisión Técnica de Pases, por el proceso judicial llamado Estrella Dorada o Caso Pases Policiales. Para que esta modificación se produzca se incorporó el informe de la Contraloría DAAC-0032-2017. Según esta auditoría, que evaluó la gestión de la Comisión entre el 1 de octubre del 2012 al 31 de diciembre del 2015, en ese periodo se concretaron 82.129 pases. Solo entre el 2014 y el 2015 se efectuaron 47.223 pases.

Una de las conclusiones del organismo de control fue que existieron actos negligentes de los miembros de la Comisión, y de quien la presidía, pues se realizaron pases sin la autorización previa de los pases por parte de la Comisión Técnica (...) ocasionó que se ejecuten movimientos del personal policial al margen del Reglamento de Designación, Pases y Traslados de Personal Policial y del Acuerdo 2405, ya que al establecer procedimientos para implementar la autorización de los trámites mencionados (pases) no detectaron inconsistencias e irregularidades, como el caso de 4.700 pases, que se ejecutaron sin documentación de respaldo o justificativos que demuestren el cumplimiento de los requisitos reglamentarios. Estos fueron soportados solo con partes informativos suscritos en su mayoría por el jefe de la Sección de Designación, Pases y Traslados de la Policía (página 41 del informe). La Contraloría determinó también que "los miembros de la Comisión Técnica, los directores de Personal y los jefes de Procesos de Designación, Pases y Traslados que actuaron entre el 1 de octubre del 2012 y el 21 de julio de 2015 inobservaron normas contempladas en el Acuerdo 2405, el Reglamento de Designación y la Ley Orgánica de la Contraloría del Estado. 

El caso se empezó a investigar judicialmente en enero del 2015. Hubo previamente un cruce de acusaciones de seguimientos ilegales entre el ministro del Interior y el entonces comandante de la Policía, general Fausto Tamayo. También aparecieron pasquines de presunta corrupción que apuntaban al general Diego Mejía, subsecretario de Policía en el Ministerio del Interior, y luego comandante general, tras la salida de Tamayo. Como parte de su intensa actividad en la red Twitter, el ministro José Serrano emitió un mensaje al respecto: "Urgente, hemos encontrado red de corrupción de pases (traslados d un lugar a otro) de nuestros Policías, esto es intolerable y bochornoso" (sic). Pocos días después el cabo Milton Albacura, miembro de la Dirección Nacional de Inteligencia, DGI, emite un parte policial en el cual habla de la existencia de una red de corrupción en la Policía, liderada por alguien denominado "El duro". Este parte es elevado al teniente Marco Paredes Aldaz, jefe de la Unidad Judicial de la DGI. El oficial dirige un oficio al fiscal de Pichincha, Wilson Toainga Toainga, en el cual le adjunta el parte y le pide el inicio de una indagación previa. El proceso fue conocido directamente por la fiscal especial Thania Moreno y el equipo de investigación de la Policía, al mando del ya entonces capitán Marco Paredes. Según registros de la defensa legal de algunos de los involucrados, este oficial es quien denunció el caso a la Fiscalía, luego sería designado investigador del caso y luego devino en experto analista de la Fiscalía "para determinar responsabilidades y grados de participación de los presuntos involucrados, siendo igualmente el experto que se encargó de validar la información y depurar el listado de quienes habrían pagado por sus pases en la Dirección General de Personal".

Según la defensa legal de algunos de los involucrados, el mismo oficial que denunció el caso a la Fiscalía, luego fue designado investigador del caso y también devino en experto analista de la Fiscalía.

Casi un año después, el 29 de diciembre del 2015, se instala la audiencia de formulación de cargos, en la cual la Fiscalía acusa a 19 miembros de la Policía Nacional en servicio activo como parte de una presunta estructura delincuencial. Entre estos vinculados se encontraban ya los tenientes Alexis Cifuentes y Ernesto Montenegro. No se mencionaba al general Fausto Tamayo. La audiencia se hizo mientras en las calles aledañas a los juzgados de garantías penales de Quito, se desarrollaba un operativo policial sin precedentes para estos casos, en el cual participaron unidades de fuerzas especiales del GIR, GOE y UMO, personal de inteligencia y personal y vehículos de la Dirección de Rehabilitación Social. En esa audiencia, a pesar del cuestionamiento, por parte de la defensa de los detenidos, de los indicios y supuestas contradicciones que presentó la Fiscalía, la jueza dijo que la única verdad procesal corresponde a lo expuesto por la fiscal del caso. "Durante la audiencia se prohibió la entrada y salida de los abogados de la defensa, se saturó el lugar de personal policial y se evidenció la decisión de ordenar la detención de los procesados", dijeron los abogados de la defensa. En la audiencia, la Fiscalía afirmó que los procesados habían cobrado entre 1000 y 1500 dólares para conseguir los pases. El grupo estaba liderado por el teniente Cifuentes, alias Cifu, y había operado entre octubre del 2014 y julio del 2015. Según la Fiscalía, se trataba de una estructura asociada a delitos como tráfico de influencias, cohecho, enriquecimiento ilícito y concusión. Entre sus miembros había reclutadores que viajaban a provincias, detectaban las necesidades y ofrecían los pases a cambio de dinero. Tenían colaboradores que gestionaban los pases en la administración. 

De acuerdo a la teoría del caso de la fiscal Moreno, Cifuentes, Montenegro y otros mangonearon no solo al comandante general Fausto Tamayo sino al propio ministro del Interior, José Serrano y al ex presidente de la República Rafael Correa. Las conclusiones de la Fiscalía fueron acogidas por el juez. En la sentencia se lee que Cifuentes "oficial en el grado de Teniente, aprovechándose de su cercanía que tenía, por sus funciones, al poder político, le hace creer al señor general Fausto Tamayo que por sus gestiones había sido designado como comandante general". Es más, el teniente, dice la sentencia, impone al comandante general quién será su edecán: el coronel Eduardo Parra. Y de ahí, la estructura liderada por el teniente Cifuentes, con la complicidad de una general y comandante de la Policía, mangoneaba dentro de la policía a otros oficiales como coroneles, mayores, capitanes.... Para al defensa de los detenidos, "esa estructura se cae por sí sola, por simple lógica; pues implica que los policías actuaron de forma libre, sin control alguno, sin limitaciones, sin oficiales superiores que observen lo que hacían sus subordinados, sin personal que reclame...". Además, en ya estaba en funcionamiento la Comisión Técnica de Pases, bajo responsabilidad directa del Ministerio del Interior, que supuestamente aceptaba sin observaciones los pases que se derivaban de esta estructura corrupta dentro de la Policía. 

Otra de las paradojas, dice la defensa, es que la Policía tiene a su cargo la seguridad y orden públicos, y según la Fiscalía, aparece como una institución ausente de controles y con enormes vacíos y fragilidades, en la cual un grupo de tenientes puede hacer de las suyas con la indiferencia o desconocimiento de centenares de oficiales superiores. La Dirección de Personal de la Policía, contaba en ese entonces con un certificado ISO9000-2000 de control de procesos. Y los pases tenían., además, el análisis y filtro de la Comisión Técnica de Pases, liderada por el viceministro del Interior, Diego Fuentes. (Continuará)

  ENTREVISTA  

"Voy a acusar por lavado de activos"

Fiscal Provincial Thania Moreno

¿Cómo se logró determinar el listado de los 1317 policías en este caso?

Fácil, facilito. Porque la investigación tiene una temporalidad, octubre del 2014 hasta julio del 2015. Entonces se le pregunta al director de personal de la Policía cuántos pases se han generado, y que tenían como antecedente un parte informativo; nos dice estos.

¿Se logró determinar cómo estos policías pagaron por sus pases?

Claro, y ahora en lo del lavado de activos tengo más fundamentado. Tengo ya el informe de enriquecimiento ilícito, con testimonios y versiones. Teníamos el testimonio de un policía, quien dijo que pagó novecientos dólares al señor Herrera Mamarandi. Ahora estoy viendo todo lo que es la parte económica. Todo el mundo me decía que no tenían nada, que no está dentro de lo que es delincuencia organizada. Claro, porque era de delincuencia organizada. No se realizó ahí concurso probando infracciones, pero significa que están aperturadas las investigaciones de lavado, de enriquecimiento ilícito, que ya me llegó el informe de Contraloría y ahí sí tengo que analizar la parte financiera. Estamos en ese análisis en este momento.

¿Por qué no se han iniciado investigaciones por delitos como cohecho, concusión contra estos más de 1317 policías involucrados en la compra de pases?

Sí, a ver, están por tráfico de influencias porque a nosotros nos toca hacer investigaciones objetivas y estamos tomando versiones. Justo eso, con la línea de ver supuesto pago, el pase y el depósito. Eso es lo que estamos (haciendo) en las otras investigaciones. Yo vi que los abogados (de la defensa) nunca entendieron; es delincuencia organizada, no era concurso, pero obligatoriamente como Fiscalía me corresponde decir: aquí está el enriquecimiento ilícito. Yo escuchaba decir que la fiscal no prueba. Por supuesto que si encuentro nuevos delitos se acusará, pero ya tengo enriquecimiento ilícito, donde ya tengo un informe de Contraloría, porque a pesar de ser la titular de la acción, no puedo iniciar como Fiscalía la acción por enriquecimiento. La ley me dispone que primero debe haber informe de Contraloría.

¿Esto es contra los que pagaron por los pases?

No, para quien se enriquece en ese caso…

¿Qué otros delitos pudieran entrar?

"Como fiscal voy a presentar una queja contra los jueces de la Corte Provincial por la motivación de la sentencia, por la reducción de la pena en el caso del general Fausto Tamayo y de todos".

Lavado de activos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, sin descartar el cohecho. Otra cosa importante: ya se presentó por parte de la Fiscalía el recurso de casación, y también como fiscal voy a presentar una queja contra los jueces de la Corte Provincial por la motivación de la sentencia, por la reducción de la pena en el caso del general Fausto Tamayo y de todos. Lo del general Tamayo es algo impresionante. Mire, cómo puede un juez hacer este análisis: para absolver en este caso o ratificar el estado de inocencia de los dos mayores de Policía, el mayor Parra y del mayor Hidalgo, le dicen: a ver, estas dos personas son declaradas inocentes porque lo único que hacían es cumplir las órdenes del comandante, en lo que es llevar el pedido de un pase. Para los jueces, eso les releva de cualquier participación y por lo tanto responsabilidad. Pero para bajar la pena al comandante dicen que no, que el señor no tenía ninguna participación de jefatura, el señor cumplía órdenes del teniente Cifuentes. Se dijo que la Fiscalía había asegurado que el comandante de la Policía cumplía órdenes de un teniente, pero los jueces son los que ratifican eso. Y por eso pusieron al general Tamayo en el grado de complicidad. Pero el comandante de la Policía no podía hacer nada si no tenía el poder del teniente Cifuentes, a quien le consideran el jefe —y por eso es que le dejan la pena de nueve años—, dicen que el teniente ordenaba al comandante, pero a este, para declararle la inocencia, sí le dicen que ejercía funciones de jefe. Esto es una locura. Lleve usted este caso a un juez de afuera, y es digno de estudio. Pero esa es la motivación, y por eso en el recurso de casación veamos qué dicen los jueces de la Corte Nacional. Tanto el voto de mayoría como el voto de minoría consideraron que la fiscal sí pudo demostrar que existía una estructura delictiva. Al menos en dos instancias coinciden que sí había una estructura.

Va a presentar una queja contra los jueces para que el Consejo de la Judicatura analice y vea si es que hay alguna falla...

La teoría de Fiscalía. Si bien el teniente Cifuentes tiene ese grado y sabemos que es una institución jerárquica, un teniente no va a ordenar a un capitán, menos al comandante de la Policía. Pero vamos a ver: dónde estaba el teniente Cifuentes. Conforme lo declaró la ingeniera Mariana Pico (secretaria de la Presidencia), ella trabajaba directamente con él. No diríamos que él tenía información privilegiada, porque eso no se probó, pero a los demás policías él les hacía creer que va a hablar con el Presidente para ayudar a que sea designada tal persona. Eso sí se pudo probar, con las cooperaciones eficaces. En su momento estas se criminalizaron, como el “acuerdo oscuro” entre la Mocosa (esposa del teniente Montenegro) y la fiscal. Ahora vemos que es una técnica de investigación, no como lo criminalizaron los abogados. Revise todos los audios de los abogados de la defensa, cómo cuestionan la cooperación eficaz. Entonces el delator o colaborador eficaz dijo: el teniente Cifuentes nos dijo que gracias a él nombraron al comandante y que el comandante está muy agradecido. Porque el teniente Cifuentes me decía, llévame estos pases al comandante y sigue el procedimiento. Él lo ubica al teniente coronel Aldrin Torres, al señor Triviño, analista de pases y jefe de pases y eso lo dijeron los delatores.

¿Por qué no se procesó al mayor Francisco Saavedra y el general Edmundo Moncayo a pesar de que en el proceso consta que pidieron pases?

No se los procesó penalmente, porque de acuerdo al delator no se menciona al mayor (Saavedra). Hubo cuatro imputados en colaboración eficaz: el teniente Ernesto Montenegro, el capitán Carrera, el señor Quelal y el señor Sangucho. Ninguno de ellos menciona a Saavedra y Moncayo como las personas que estuvieron formando parte de la red. El señor Ernesto Montenegro menciona claramente cómo era el modus operandi, cuando se receptó su testimonio anticipado.

 

"Hubiese sido importante que el teniente Cifuentes nos diga si eso era efectivamente para los buses, para los sánduches; al menos en mi versión, que era reservada, nunca lo dijo."

¿Los 1317 policías lograron los pases o solo quedaron en los pedidos?

Es importante esa aclaración. Yo pido a la Dirección General de Personal que me indique, en un periodo, cuantos pases se hacen a través de un pedido de parte informativo, en este caso, de los jefes de pases. Porque de acuerdo con el reglamento ese no es un mecanismo para que se genere un pase. Me dice, son estos. Dentro de esos están también algunos (pases) que no revocaron, porque no pagaron, no dieron o porque aparecía como muy evidente. Hubo pedidos pero no todos se cumplieron. Esos en los chats decían, este no ha pagado, déjalo ahí. Los que captaban, estaban por ejemplo en la UPC y les decían si querían seguir ahí o salir o les preguntaban si tenían alguien (que quería el pase). Por eso digo que esta era una empresa en la cual cada uno cumplía una función. Y decía, que sí, que tenía cuatro amigos y entonces se hacía el negocio, pero cuestan tanto, te puedes quedar con una parte pero a nosotros, a nuestra estructura, nos das los mil dólares.  Entonces les decían (a los otros) que tienes que hacer estos pases, pero muchos no han pagado, entonces se dejaba sin efecto. Por eso se hablaba de pases irregulares. Pero ya en el tema de lavado, donde me toca ahí sí demostrar la parte financiera, ahí serán uno o cuatrocientos. En el caso de los 1317 es la información que me dio la Dirección de Personal, estos no tienen pedido de una autoridad, de un jefe y tiene que haber un informe del mismo analista de pases, sobre si es un pedido por calamidad o lo que sea. Estamos receptando versiones de estos policías, se están demorando porque se comparan con la parte financiera. Y también vemos la parte de los ingresos, cómo es que tienen sus propiedades y por eso es que me demoro y estoy haciendo una línea de tiempo, en la parte financiera, que ya no solo es de octubre a julio para evitar que en agosto del 2014, por ejemplo, se ganó la lotería y se compró tres casas, por eso hago una línea de tiempo, para que me explique de dónde obtuvieron su dinero.

¿Usted logró determinar una relación del caso con el entonces Ministro del Interior y el viceministro Diego Fuentes?

Ninguna relación. Lo que se menciona es que el teniente Cifuentes les indicaba: mira, esto es para los buses de Alianza PAIS, pero el teniente Cifuentes dice que él nunca generó un pase, cuando él sí consta. Hubiese sido importante que el teniente Cifuentes nos diga si eso era efectivamente para los buses, para los sánduches; al menos en mi versión, que era reservada, nunca lo dijo, pero ya en la audiencia de juzgamiento pudo haber dicho ante los jueces todo lo que creía conveniente, ya no ante la fiscal. Nunca lo dijo.

¿Hubo algún involucrado que mencionara al exministro José Serrano?

Mire que lo llamaron, yo no lo llamé como mi testigo. Pero lo llamaron ellos (los abogados de la defensa), llamaron al viceministro. Hubiese sido importante que lo dejen declarar, para que pregunten todo esto. A ver señor Viceministro, si usted recibió esto, porque hay la comisión de pases. No lo dejaron declarar, no fui yo, fue la misma defensa que prescindió de esos testigos.

¿Por qué no los llamó usted directamente?

Porque no era mi teoría. Porque el viceministro sí rindió la versión dentro de la instrucción fiscal. El doctor Toainga lo llamó. Para mi teoría como Fiscalía no había una relación, pero ellos eran la defensa y lo llamaron, estuvieron ahí. Pero luego prescindieron. Yo estaba contenta de que estén ahí. Si era testigo tenía yo el derecho de contrainterrogar, pero no lo hicieron. Eso se llama defensa técnica. No se trata de decir denme un medio (de información) y digo cualquier cosa.

¿Usted se reunió en algún momento con el Consejo de Generales para pedir la baja de los involucrados?

Yo me reuní con los señores generales para pedir una explicación de por qué la parte administrativa no continuaba con la investigación. Y por qué en unos casos actúan en una forma muy rápida y en otros se demoran tanto. Porque yo como fiscal he visto cómo los cogen por algo y al otro día ya están fuera de la Policía. Quería saber, como fiscal que lleva el caso, el por qué en este caso habían pasado más de dos años y no decidían nada. Ese fue mi pedido.

¿Y qué le respondieron?

Que estaba dentro de un informe del asesor jurídico, que estaban viendo si se encuadra o no en mala conducta, y que están siguiendo el debido proceso porque algunos habían apelado.

El ministro Serrano dijo que él había iniciado esta investigación en el Ministerio.

Cuando el ministro da la rueda de prensa, que es uno de los antecedentes que nosotros tenemos en la investigación, es cuando dimite el comandante. Esto fue en julio del 2015 si mal no recuerdo, pero yo tenía abierta la indagación desde enero.

¿Ustedes ya obtuvieron información previa a que el ministro anunciara las investigaciones?

Así es.

¿Y cuáles fueron los primeros indicios que llegaron a ustedes?

Una información en la cual se indicaba que algunos miembros policiales estaban haciendo mal uso de su servicio y que había una estructura por el cobro de licencias de servicio, como vacaciones y que había una persona que le dicen alias El Duro. Ahí empezamos a investigar este tema.

¿Conversaron con el ministro Serrano sobre este tema?

Con el comandante, con el ministro, con el director general de Personal, con el director general de Inspectoría, para que no haya ningún tema de que no me den la información de forma correcta.