Los taladros petroleros ya están en el Yasuní

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Los taladros petroleros ya están en el Yasuní
En tiempo récord, un grupo de abogados, lobbystas y extractivistas conocidos prepararon el documento para que la Asamblea autorice la explotación petrolera dentro del parque Yasuní. Pero esta ya se realiza en el cercano Bloque 31, provocando la destrucción del bosque y la huida de los animales.
02 de Septiembre del 2013
Redacción Plan V

Petroamazonas opera el bloque 31, dentro del Parque Yasuní, sin haber cumplido con lo señalado en el artículo 407 de la Constitución, pese a que está integrado, tanto económica como operativamente, al desarrollo del ITT

Como una muestra de eficiencia y rapidez, a pocos días del anuncio presidencial del fracaso de la Iniciativa Yasuní ITT o Plan A, con el justificativo de que "el mundo nos ha fallado", al no apoyar con 3 500 millones de dólares para dejar bajo tierra, 920 millones de barriles de crudo pesado; un concierto de abogados, ambientalistas oficiales y extractivistas de larga data, dieron forma al pedido de autorización a la Asamblea, para que, conforme establece el artículo 407 de la Constitución, declare de interés nacional la explotación de una parte del tren estructural Ishpingo Tambococha Tiputini ITT, dentro del Parque Nacional Yasuní (PNY). La solicitud acompañada de los respaldos técnicos, fue remitida el viernes 23 de agosto por el presidente Rafael Correa a la titular de la Legislatura, Gabriela Rivadeneira. Con la misma eficiencia, la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea emitió un informe favorable, que hasta el 20 de septiembre era debatido en el Pleno.

El Art. 407 de la Carta Constitucional, redactada y aprobada durante el gobierno del Movimiento PAIS, prohíbe la explotación de recursos naturales en áreas protegidas, pero deja abierta la posibilidad de que a petición del Ejecutivo, la Asamblea Nacional o una consulta popular, revean esa condición. En esa dirección, la explotación en la Reserva de Biósfera se podría realizar mientras sigue vigente esa calificación otorgada al Yasuní por la UNESCO, y pese a que el Ecuador es suscriptor de varios convenios internacionales, los cuales prohíben la realización de actividades extractivas en áreas protegidas y territorios indígenas.

Si el pedido de autorización de Rafael Correa a la Asamblea, para explotar el petróleo del ITT, se inscribe en el marco constitucional y legal, de acuerdo con criterios de voceros del Gobierno y de varios juristas, ¿cómo entender la ejecución de actividades extractivas que viene realizando la Empresa Pública Petroamazonas en el bloque 31, dentro del Parque Yasuní, sin haber cumplido con lo señalado en el artículo 407 de la Constitución, pese a que el proyecto de producción de ese bloque, está integrado, tanto económica como operativamente, al desarrollo del ITT?

El argumento oficial de que el proyecto de explotación del bloque 31 proviene desde antes de la aprobación de la Constitución de Montecristi (octubre 2008), es calificado como deleznable por sectores ambientalistas, para quienes el momento en que Petrobras devolvió el bloque al Estado, en septiembre del año 2008, -un mes antes de que se apruebe la Constitución-, se dió por terminado el Contrato de Participación, y por ende la Licencia Ambiental aprobada a Petrobras dejó de estar vigente. En esas condiciones, las voces disidentes, acusan al Ministerio del Ambiente de haberse extralimitado y violado la Constitución, al haber ratificado y transferido el año 2009, una Licencia Ambiental inexistente a favor de otra empresa, como Petroamazonas, bajo una modalidad contractual distinta, y principalmente, con una Constitución que reconoció derechos a la naturaleza, la cual prohíbe la explotación de recursos naturales, en territorios indígenas y áreas protegidas, como es el caso del Yasuní.