Fue el que más interrumpió y el que más cambios propuso. También el que más incomodó y el que menos acogida tuvo. Ricardo Vanegas, asambleísta por Pachakutik, tuvo una observación para casi todos los artículos del proyecto de ley para el aborto en caso de violación. Este lunes 10 de enero, la Comisión de Justicia de Asamblea se reunió para discutir el borrador del informe para segundo debate de esta normativa.

Vanegas, abogado guayaquileño, ha sido el asambleísta que más ha criticado el proyecto y quien públicamente se ha descrito como un “defensor de la vida”, en clara cercanía con grupos conservadores. Hasta el punto de presentar su propia propuesta que fue señalada por sus vacíos y por estar lejos de los mínimos estándares en materia de derechos. En ese documento, Vanegas propuso que uno de los requisitos para que una víctima de violación acceda al aborto sea presentar una denuncia contra el agresor y su declaración bajo juramento ante la Fiscalía. Aquello ha sido considerado por los grupos feministas como una barrera para acceder a un aborto, pues a las víctimas les puede tomar años en realizar una denuncia.

Pero en la sesión de este lunes, Vanegas no estuvo lejos de una nueva polémica. En su primera intervención pidió que se lea la resolución de la Corte Constitucional (CC), organismo que despenalizó el aborto en casos de violación el 28 de abril de 2021. La CC pidió a la Defensoría del Pueblo que construya una normativa y que la Asamblea la apruebe. El objetivo de Vanegas era resaltar que en el texto de la CC solo se menciona a niñas, adolescentes y mujeres como beneficiarias de la norma. Pero en la propuesta que discute la Comisión se menciona también a las personas gestantes para incluir a los grupos no binarios y hombres trans. El abogado en una intervención enredada -que solo la explicó después de que una asambleísta le pidiera que la aclare- pidió que las palabras “persona gestante” se retiraran de la ley. Enseguida hubo reacciones en Twitter. La organización feminista Surkuna publicó: “Es fundamental que la ley que norme el acceso al aborto por violación reconozca como sujetos de derechos a todas las personas gestantes”.

Es fundamental que la ley que norme el acceso al #AbortoPorViolación reconozca como sujetos de derecho a todas las personas gestantes (hombres trans y personas no binarias con posibilidad de abortar). https://t.co/GMZty30IHm

— Surkuna (@SurkunaEc) January 10, 2022

La misma jueza ponente de la CC, Carla Andrade, en una aclaración de la sentencia aclaró que esta declaró inconstitucional a la frase “en una mujer que padezca de discapacidad mental” que estaba en artículo 150, numeral 2, del COIP. “Por lo que en la actualidad la no punibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo por violación no está condicionada a la demostración de la identidad sexo genérica ni es exclusiva de una identidad de género”. El secretario de la Comisión leyó esta resolución a pedido de la asambleísta Johanna Moreira quien pidió que sea una norma inclusiva y no discriminatoria por condición de género. La propuesta de Vanegas fue rechazada.

El asambleísta ha usado los postulados de la CC a conveniencia.  Eso le increpó Alejandro Jaramillo, presidente de la Comisión, quien le recordó que hace seis meses le dijo a la Asamblea que ‘por más Corte Constitucional que sea no hay que hacerle caso’. Jaramillo interrumpió el debate para aclarar a Vanegas que la Asamblea tiene la facultad de construir una norma, basada en la sentencia, pero también con los aportes de expertos nacionales e internacionales, y de otros asambleístas.

Ese fue solo uno de los temas en los que Vanegas pidió cambios hasta el cierre de edición de esta publicación. El asambleísta sugirió que se eliminara la palabra “derecho” del texto de ley, incluso del título. El proyecto fue a primer debate con el nombre “Ley Orgánica para Garantizar el Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en caso de Violación”. “El aborto no puede ser un derecho, se ha despenalizado el delito en caso de violación. Pero el delito sigue existiendo”, insistió Vanegas. Más adelante, la asambleísta socialcristiana Geraldine Weber, que pidió estar en ese debate, aunque no pertenece a la Comisión, se sumó al pedido de cambio del nombre de la ley e hizo una propuesta que llamó la atención: “ley que no encarcele a la mujer que haya abortado”. “Cuidado se cambia la concepción y se piensa que abortar es un derecho”, argumentó Weber para ese cambio.

Las asambleístas Pierina Correa y Geraldine Weber pidieron estar presentes en la sesión, aunque no pertenecían a la Comisión de Justicia. Ambas pudieron que el aborto no sea reconocido como un derecho.

Weber no fue la única que apoyó a Vanegas. También lo hizo la asambleísta por UNES, Pierina Correa, quien pidió estar en la sesión de la Comisión, y su colega de bancada Sofía Espín. “No se puede referir en ninguna parte de la ley al aborto como un derecho porque no existe en nuestra Constitución ni en ningún cuerpo legal del mundo”, dijo Correa.  “No es parte de los derechos sexuales y reproductivos”, mencionó Espín. Pero la asambleísta Gissela Garzón (alterna de Fausto Jarrín también de UNES) aclaró que en esta norma también se está obviando que existe el derecho de las mujeres a decidir cuántos hijos o hijas tener, así como su derecho a tomar decisiones libres e informadas.

Jaramillo explicó que el título lo puso la Defensoría del Pueblo y fue aprobado por el Consejo de Administración Legislativo. Vanegas también tuvo un traspié y su propuesta no pasó en la Comisión. Finalmente, la palabra “derecho” fue retirada del título del proyecto y quedó como “Ley Orgánica que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en caso de Violación”.

La sesión de esta mañana avanzó de forma lenta. A las dos horas de iniciada apenas habían llegado al artículo 2. Pero la discusión volvió a estacionarse en otro elemento del borrador respecto al principio de confidencialidad. El texto propuesto abogaba para que se mantenga el secreto profesional sobre toda la información provista en la consulta médica la víctima de violación. La asambleísta Moreira pidió que se quitara la frase “incluso la relativa al acto de violación que produjo el embarazo” porque creía que era suficiente la aclaración final que dice: “Este principio no se contrapone con el deber de denuncia que tiene el profesional de salud conforme el COIP”. La propuesta fue aprobada, pero Vanegas pidió la reconsideración porque aseguraba que ese texto iba en contra del COIP. Es decir, insistió en su propuesta original -calificada como punitiva- pues pensaba que se estaba limitando el deber de los médicos a declarar en un proceso de este tipo. Moreira le explicó que, si bien los médicos no han presenciado el delito, están obligados a rendir una declaración en caso de que la Fiscalía lo solicite. Allí tuvo otro traspié Vanegas: casi nadie lo apoyó. Pero ninguno de sus tropiezos redujo su ímpetu de interrumpir y hablar sobre las mujeres y lo que para él son sus derechos.