El caso de Julián Assange está en trámite ante la Justicia de la provincia de Pichincha. El hacker presentó una acción de protección por la supuesta violación de sus derechos, pero esta fue negada en primera instancia. Para su abogado, Carlos Poveda, Assange sufre violaciones a las garantías constitucionales con la imposición de un documento que restringe sus visitas, el uso de la Internet y le obliga a pagar sus gastos. El Estado, por medio del procurador y la Cancillería, asegura que no es así.