A pesar de ciertos progresos, las acciones de los actores políticos de la democracia, gobernantes y dirigentes políticos, no han podido situarse a la altura de lo que muchos esperamos de la vivencia democrática.

Haile Selassie, monarca de Etiopía, encontraba un grave peligro en la prensa escrita: acostumbrarse a ella podía “crear el hábito de leer y de ahí no hay más que un paso al hábito de pensar, y ya se sabe la de disgustos, sinsabores, tormentos y quebraderos de cabeza que esto acarrea”.

Cierto es: las fallas en el sistema judicial, las deficiencias en la policía y las falencias burocráticas no se inauguraron con el correísmo. Tampoco los prejuicios y la discriminación. Pero ¿qué hizo el régimen aliancista para superarlos? ¡Gran conquista antimachista referirse a “las y los”! ¡Gran avance de los derechos humanos denominar “PPL (personas privadas de la libertad” a los reclusos! La revolución de lo políticamente correcto sería, a lo mucho, la de los Aps.

Los legisladores están regidos por una ley específica, la de la Función Legislativa. Regularlos con la Ley de Comunicación equivale a normarlos con una ley ajena. Alejarlos de su esfera específica es un atropello inconcebible en una democracia que, se supone, es un régimen inscrito en el estado de derecho.