Una transcripción de un audio en el que supuestamente hablan el agente Raúl Chicaiza y el asambleísta José Serrano pudiera dar un coletazo en lo más alto del poder. El caso no finalizará con una sentencia en el juicio del secuestro. El Gobierno, por medio de un subsecretario de la Secretaría de Comunicación, respondió con adjetivaciones contra este reportaje que no responden la inquietud de fondo: ¿el Presidente y su ex canciller sabían o no de la trama del caso Balda?

El gobierno está obligado a unirse al trabajo anticorrupción de las organizaciones de la sociedad civil, de las empresas honestas, de los sindicatos pluralistas y de los medios de comunicación que buscan más democracia. No repetir la entrega del botín político a los amigos, así sea por leves vinculaciones ideológicas, obscuras fidelidades partidistas y con empalagosos pretextos.

El presidente Moreno tiene pendientes decisiones muy duras y están a la vuelta de la esquina. Mostrarlo como un político bonachón y flojo pudiera ser contraproducente en medio de una dura transición política y económica. Y, más cuando ya ha conseguido un logro importantísimo para el futuro del país.

Lenín Moreno pudiera, a más de ordenar que se levante la confidencialidad del contrato del perito, pedir cuentas a sus colaboradores y amigos que en algún momento, quizá, conocieron del tema por distintas circunstancias o cargos: Juan Sebastián Roldán, ex secretario de Transparencia de Correa; Miguel Carvajal, ex ministro coordinador de Seguridad y Defensa; Johana Pesántez, ex ministra de Justicia de Correa; Ledy Zúñiga, exministra de Justicia; María Fernanda Espinosa, exministra de Defensa de su examigo.