La advertencia que consta en el Acuerdo suscrito por el ministro Prado es categórica: no se permitirá que la eventual filtración de información comprometa los intereses del país. Obviamente, en ninguna parte se especifica cuáles son esos intereses.

Como si se tratara de una de las típicas ironías de nuestra política, en El Aromo se perpetró uno de los casos de corrupción más malolientes de la Historia nacional: se desapareció una descomunal suma de dinero público en la construcción de una refinería inexistente. Una auténtica ficción. Hasta la fecha no se conocen ni los montos reales ni el destino de esos fondos.

La situación provoca efectos que oscilan entre lo patético y lo ridículo. Por ejemplo, la total enajenación de los correístas obtusos. Hasta ahora parece que no se percataron de que, como movimiento político, están indefectiblemente asociados a la corrupción.

En un Estado patrimonialista los poderes públicos operan como mediadores entre la riqueza social y los intereses privados: se extrae de las mayorías lo que se llevan unos pocos. En este esquema, si la Asamblea Nacional es la parte angosta del embudo de la sociedad, el CPCCS es la parte angosta del embudo del sistema político. La primera es un mal necesario al que toca corregir; el segundo es un bodrio al que toca eliminar.