Si hay un derecho constitucional que ha resultado conflictivo para el Estado ecuatoriano en los últimos 20 años, ha sido, precisamente, el derecho a la consulta previa, porque su exigencia ha fortalecido la férrea defensa que los pueblos de la selva amazónica y de los páramos han hecho de sus territorios frente a los insaciables apetitos mineros y petroleros.

Los funcionarios judiciales ahora claman por desviar la mirada acusadora de la opinión pública hacia la institución del habeas corpus y las otras garantías jurisdiccionales y proponen, si no eliminarlas, por lo menos restringirlas, moderarlas, cortarles las uñas y los dientes. Para ellos, como siempre, la calentura está en las sábanas.