El presidente Guillermo Lasso suprimió de su comunicado que bajó el plazo para la interrupción del embarazo para las niñas y adolescentes, el grupo más vulnerable. También que objetó casi la totalidad del proyecto ley. No lo menciona, pero también recoge los argumentos más polémicos del informe de minoría de la Comisión de Justicia, texto calificado como inconstitucional por organizaciones de mujeres.

Ana Benalcázar, ingeniera ambiental, asistió a la marcha del 8M y fue una de las agredidas por la Policía en Quito. Ella estuvo en el grupo que encabezó el recorrido y que llevó antorchas como símbolo de su protesta. Mientras tanto, el Gobierno justificó la represión porque las mujeres intentaron ingresar a “zonas restringidas”.

La empresa Furukawa respondió inquietudes sobre los procesos constitucional y penal que enfrenta. Sus representantes aseguran que irán a instancias internacionales en caso de que la justicia falle en su contra. El gerente Adrián Herrera dice que el abacá -la fibra que produce la compañía- debería “ser una bandera de exportación del país”. Pero, ¿a qué costo?

El texto del proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación fue modificado durante la sesión final porque no tuvo los votos suficientes. Para conseguirlos, la Comisión de Justicia redujo el plazo a 12 semanas para las mujeres mayores de edad. “No es una ley ni justa reparadora, sino una ley subastada y negociada”, consideran organizaciones de mujeres quienes anuncian demandas ante la Corte Constitucional.