Una mujer, sobre todo las niñas y víctimas de violación, no pueden advertir de forma temprana un embarazo por factores psicológicos y sociales, según médicas y activistas feministas que acudieron a la Comisión de Justicia de Asamblea, en las últimas semanas. Estos colectivos se han pronunciado a favor de que no se establezca un plazo para ese procedimiento en la nueva ley para garantizar la interrupción del embarazo en casos de violación. Una ginecóloga colombiana apoyó esos criterios con argumentos científicos en un debate sobre la primera ley de este tipo en Ecuador que recién empieza.

Autoridades mexicanas han hallado a migrantes ecuatorianos en casas de seguridad de coyoteros. Pasan semanas hacinados y deshidratados en espera de que los traficantes de personas los crucen hacia EEUU. También han sido víctimas de extorsiones y secuestros. Un albergue los ha recibido en los últimos meses, pero la mayoría prefiere seguir su camino.

Al menos cinco mujeres han denunciado al pastor de una iglesia evangélica con sedes en Guayas y Los Ríos. Según las investigaciones, los feligreses -tanto adultos como menores de edad- trabajaban durante largas jornadas en siembra y construcción sin recibir una remuneración. También afirman que las mujeres, sobre todo las menores, eran víctimas de abuso sexual. La Fiscalía acusó al religioso, a su pareja y a una ayudante por trata de personas, abuso sexual y explotación laboral. En este primer reportaje se abordan las denuncias de explotación laboral.

Since 2019, Plan V followed the leads left by a report in The Guardian on the shipment of plastic waste from the United States to developing countries with poor waste management. The data revealed that Ecuador has become the third country in Latin America that imports the most of this waste, which also arrives dirty or mixed. It also ranks thirteenth among the countries that import the most waste from California. This is the U.S. state that sends the most waste in the world. Behind closed doors, there are no controls, despite existing regulations. The authorities have no answers and have given contradictory figures.