Aunque el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas habla de 250 mil armas legales, la mayoría de ellas en manos del Estado, fuentes internacionales sostienen que más de 400 mil armas estarían circulando en posesión de la población civil en nuestro país, según cifras de 2017. La cantidad de armas con permiso de los civiles no parece haber variado de forma significativa por lo menos desde 2005, según pudimos establecer consultando las estadísticas de la época.

Estos son los entretelones del debate que se dio en la Asamblea para reformar la tenencia y porte de armas en el COIP. Asambleístas relacionados con sectores ganaderos, empresariales y hasta con la importación de armas promovieron los cambios. La discusión tuvo como telón de fondo la falta de datos.

La protección ciudadana es una tarea vertebradora de toda comunidad política; es un bien público sine qua non. En teoría, el Estado debe garantizarla y para eso necesita el monopolio del uso de la fuerza. En la práctica, no siempre ocurre así, porque el Estado carece de capacidades infraestructurales para lograrlo. Sin servicios básicos ni bienes públicos como la protección ciudadana, no hay soberanía posible. La legitimidad del Estado nace de ahí y la lealtad del ciudadano también.

Asumir un papel político de segunda categoría, es lo que han vuelto a hacer las universidades ecuatorianas, que se manifestaron públicamente en contra del último decreto presidencial sobre la tenencia y el porte de armas.