Debe existir el respaldo permanente al Comandante General de la Policía Nacional y permitirle libremente la toma de decisiones operativas y administrativas, sin la injerencia ministerial que hoy existe. El Ministerio del Interior fija políticas de seguridad y es órgano de apelación, pero no puede ser el que decida operativamente en las diferentes circunstancias de las acciones en territorio y de la cotidianidad institucional.