Ocho candidatos. Tres sillas en la Corte Constitucional. El proceso para renovar parcialmente al alto Tribunal continúa, una vez que se cerró la etapa de impugnaciones y se dio paso a la audiencia virtual para ventilarlas.

La presidenta de la Comisión es la abogada Vanesa Aguirre, quien dio positivo para covid y tenía evidentes síntomas gripales cuando la contactamos por teléfono. La enfermedad de la presidenta no ha demorado el proceso, que según una resolución adoptada por la Comisión Calificadora, debería terminar este 2 de febrero con la publicación de tres nombres, de las personas que deberán ocupar el cargo de jueces constitucionales.

Quiénes saldrán de la Corte es algo que se decidirá por medio de un sorteo, en donde deberán estar presentes los miembros de la Comisión.

Solamente cuatro impugnaciones se recibieron tras la publicación de los nueve seleccionados: Ana Donoso, Ximena Cárdenas, Jhoel Escudero, Richard Ortiz, Luis Fernando Sarango, Jorge Washington Sosa, Bárbara Terán, Carlos Vásquez y Salim Zaidán.

La totalidad de las impugnaciones recibidas fueron calificadas, explicó Aguirre: dos contra Salim Zaidán, una contra Bárbara Terán y otra contra Jorge Sosa. Pero tras la renuncia de Zaidán, quien desistió del concurso el pasado 29 de diciembre, solo se tramitaron dos.

En las dos impugnaciones contra Zaidán, se hacía relación a un proceso en una comisaría por supuesta violencia sicológica denunciada por una ex novia, con quien tiene una hija, y al juicio de alimentos planteado por ella ante la justicia de la provincia de Loja, donde reside. 

En su carta de renuncia, Zaidán precisó que "Las impugnaciones debían estar relacionadas con la falta de probidad, llama la atención que se califiquen impugnaciones poco serias basadas en la libre opinión expresada en redes sociales, con simples capturas de pantalla". Zaidán se refiere a que una de las apelaciones incluía toda una antología de sus publicaciones en Twitter, en donde las impugnantes creían ver a un enemigo de los derechos de las mujeres. 

Con la salida de Zaidán del proceso, quedaron solamente dos: la que presentaron contra Sosa dos abogadas de Guayaquil, y la que presentó contra Terán una abogada de Quito. 

Aguirre explicó que no es necesario que haya un reemplazo de Zaidán tras su renuncia, pues solo procede en el caso de recibir por parte de las funciones del Estado candidaturas que no cumplan requisitos. Agregó que su empeño es cumplir un calendario "apretado pero realista", en donde las siguientes etapas, tras pronunciarse sobre las impugnaciones, son tomar una prueba escrita el 17 de este mes y tomar pruebas orales entre el 24 y 26 de los corrientes. 

La presidenta de la Comisión Calificadora explica que los méritos valen 20 puntos, mientras que 40 valdrá la prueba escrita y 40 la prueba oral, la calificación será, entonces, sobre 100 puntos. 

Terán no tuvo contrincante

Bárbara Terán estrenó un nuevo look en la audiencia virtual, que fue transmitida por la cuenta de Facebook de la Función de Transparencia y Control Social. La abogada había cambiado su imagen, desde la época en que lucía pelo largo como columnista del portal colega 4 Pelagatos. Ahora lucía el pelo totalmente corto y unos lentes de aire retro, como de 1960.

Y no le fue difícil responder a la impugnación en su contra, sobre todo, por falta de contrincante. Del otro lado de la pantalla se conectó la abogada Rocío Delgado Vásconez, quien patrocina a un ex profesor de la Universidad San Francisco que fue removido tras 14 años de docencia por un visto bueno que alega una supuesta conducta inmoral. El ex profesor, un PhD graduado en Alemania, y la USFQ se han envuelto en demandas laborales, acciones constitucionales y hasta denuncias penales. 

La impugnante, una mujer mayor, tenía evidentes dificultades para concretar sus argumentos. Y según dijo Terán, era una conocida suya, pues ya era la décima ocasión en que se veían en una audiencia, dado la cantidad de procesos y recursos que el ex profesor que patrocina ha presentado contra la Universidad, a la que Terán representa en tribunales. Ya casi sin síntomas, la presidenta de la Comisión moderó un debate que, en ocasiones, parecía irse por las ramas.

Delgado se centró en algunas acciones de Terán, en su doble calidad de profesora y abogada de la San Francisco, en los pleitos judiciales contra su cliente, y mencionó aspectos como que Terán había presentado un visto bueno ya prescrito, o había enviado a una asistente suya a obtener copias de una demanda que no era calificada todavía, o que había hecho público en el sistema judicial un proceso interno contra su cliente, afectando su reputación y su carrera, con supuestas acusaciones de acoso sexual. Pero la abogada tenía dificultades para expresarse y ello era remarcado por Terán, quien calificaba sus argumentos de "confusos" y "absurdos" mientras destacaba que le había ganado siete juicios consecutivos a su rival, con aire de satisfacción.

La presidenta Aguirre tuvo que pedirle a Delgado que concretara sus acusaciones en varias ocasiones. Cuando llegó el turno de Terán, sostuvo que muchos de los papeles presentados eran "copias simples" y negó que haya ninguna violación ética al demandar un asunto ya prescrito, pues esa prescripción debe declararla la justicia a petición de una de las partes. También se deslindó del asunto de las copias de la demanda, que atribuyó a otra persona.

Y la cereza del pastel del argumento de Terán Piccioni fue decir que todo lo que motivaba la impugnación era una "vendetta" inspirada por el profesor destituido. Y puso ejemplos: resulta que como el odio no tiene límites, cualquier estudiante se puede querer vengar por las malas notas que recibió o un abogado también puede destilar odio por perder un caso y así. Queda la duda de que si Terán llega a la Corte Constitucional responderá a cualquier crítica con ese argumento de primaria: fulano me odia, zutano me tiene envidia, a mengano no le gusta mi peinado...

La presidente Aguirre preguntó a Delgado si, efectivamente, patrocinaba al profesor destituido y si conocía a Terán de casos anteriores, y ella respondió a ambas cosas que sí. 

Sosa, un ex candidato de FE que negó deber pensiones alimenticias 

Más temprano, Jorge Sosa, simpatizante y militante de la Fuerza Ecuador (FE) de Dalo Bucaram, tuvo que explicar por qué razón había omitido en su hoja de vida haber sido candidato por esa fuerza política, así como sí había o no formado parte de la Directiva. La impugnación fue presentada por Natalia Elena Roca Pogo.

Sosa fue cuestionado también porque en el sistema SUPA, que registra las pensiones alimenticias, aparecía con pagos pendientes hasta hace pocas semanas.

En el primer caso, Sosa explicó que efectivamente fue candidato a asambleísta por FE, pero no ganó y no le pareció necesario mencionar el dato porque se trataba no de un cargo ocupado, sino de una mera expectativa. Al respecto, citó varias veces una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde se precisa que haber sido candidato no le incapacita para ocupar un cargo público, lo que motivó que Aguirre le indicara que ya no era necesario repetirlo tantas veces, pues constaba en la respuesta a la demanda. Varios abogados se conectaron desde Guayaquil para defender a Sosa y apuntalar sus argumentos, aunque al sobrepasar el tiempo de 15 minutos no pudieron intervenir. 

Sobre su militancia en esa tienda política, presentó un certificado de que no era afiliado, concedido por el propio movimiento, debido, explicó a que el Consejo Nacional Electoral y su delegación en Guayaquil se demoraban 15 días en darle la certificación. Uno de los requisitos es no haber sido parte de la directiva de un partido político en los últimos diez años, documento que no presentó Sosa. 

Aunque las impugnantes mostraron en pantalla el SUPA, en donde aparecían acuerdos de pago muy recientes, lo que parecería indicar que estuvo debiendo tres años, Sosa dijo que desde agosto de 2017 tiene la tenencia de su hijo y que dejó de pagar pensión a la madre, y que lo que aparecía en el sistema hasta el año pasado era un saldo que no se registró a tiempo pero que había sido atendido en 2017. 

La declaración de Sosa, de que "investigará" a las impugnantes provocó rechazo en redes sociales, mientras ellas precisaron que Sosa debió ser demandando para que cumpla con sus obligaciones con su hijo. 

La Comisión desechó ambas impugnaciones, aunque hubo un voto salvado en el caso de Jorge Sosa, mientras se espera que el proceso concluya este 2 de febrero. Dado el delicado equilibrio de la Corte, quiénes salgan y quiénes entren podría tener repercusión en las decisiones que se toman, algunas de las cuales han motivado el rechazo del presidente Guillermo Lasso.