Dos investigadores del caso León de Troya denunciaron este miércoles, 30 de agosto, graves amenazas contra su integridad. Uno de ellos es el teniente coronel José Luis Erazo. A él, fuentes humanas le informaron que había planes para atentar contra su vida, la del candidato presidencial Fernando Villavicencio y la del periodista Ánderson Boscán. Erazo informó a su vez a los mandos policiales, dijo su abogado, Stalin Raza, quien agregó que desconocen si la institución policial ha tomado alguna medida.

Otro policía que teme por su vida es el coronel Rodney Rengel. Hace tres días, dos camionetas y tres motocicletas se estacionaron en horas de la noche fuera del domicilio del oficial. Quienes estaban en esos vehículos dispararon para intimidar a Rangel y a su familia, relató el abogado. Rengel, contó su padre, fue enviado a los lugares más peligrosos del país como el barrio Guacharaca, en Esmeraldas, y el Guasmo Sur, en Guayaquil. Cuando fue trasladado a Quito, su habitación fue hallada y agentes le quitaron sus teléfonos. Ese allanamiento se dio dentro de una investigación por presunta divulgación de información reservada. 

El jurista afirmó que existe preocupación porque Villavicencio fue asesinado y Boscán se encuentra fuera del país. Y creen que ellos puedan ser las próximas víctimas. Por eso, enviaron una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

“Es por esta razón que estamos presentando esta denuncia al país para responsabilizar de la seguridad de ellos al Gobierno, a la Policía y al Estado que en lugar de dar seguridad se han dedicado a perseguir”. 

En la rueda de prensa, familiares de los dos uniformados denunciaron persecución contra los policías que investigaron el caso sobre una organización de narcotráfico vinculada a la mafia albanesa. En su informe aparece como uno de los presuntos involucrados Rubén Cherres, amigo de Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso. Ese documento fue publicado por la plataforma La Posta, donde Boscán es cofundador. Ayer, el periodista informó que había solicitado medidas cautelares a la CIDH. 

La semana pasada, la oficina de Erazo también fue allanada, dentro de una investigación por una supuesta divulgación de información reservada. Su defensa negó que los uniformados hayan difundido documentos relacionados con el caso. Diez policías ingresaron al lugar. Erazo presentó hace varios meses denuncias de amenazas, dijo su esposa. “No confiamos en la justicia (...) No quiero ser la próxima viuda”.