El ex defensor del Pueblo en Galápagos, Milton Castillo, quien tras su paso por esa institución se quedó a vivir en Puerto Baquerizo Moreno, como abogado en libre ejercicio, denunció lo que considera una represalia en su contra por las denuncias que en el pasado formuló sobre una presunta corrupción en el sistema judicial insular. 

En una carta dirigida a la Fiscalía, Castillo explicó que hace 33 meses se le inició un indagatoria por un supuesto tráfico de influencias, mientras ejercía como defensor del pueblo en las islas, pero que ese tipo de indagatoria solo podía durar un año, a pesar de lo cual ha sido reactivada. Un notario de las Islas denunció a Castillo luego de que este hiciera públicos supuestos manejos irregulares en la notaría de Santa Cruz.

Castillo sostiene que la fiscal de Santa Cruz, Jhosmary Chuncho, ha reactivado la causa en su contra por sus críticas públicas a la Fiscalía local, por casos como la desaparición de una avioneta abandonada en la pista de la Isla Isabela, así como un proceso en el que participó sobre un delito contra la flora y la fauna, en la que el juez dispuso que se investigue el accionar de la Fiscalía. Otro caso en el que Castillo ha intervenido, y en su criterio podría motivar lo que considera una persecución de la fiscal, tiene relación con el hundimiento de la lancha de cabotaje Angy, en donde murieron varios pasajeros. 

Para Castillo, la reactivación tardía de la denuncia está relacionada con su actividad profesional en las Islas, e inclusive se ha intentado formularle cargos, sin cumplir con formalidades de ley como ubicar su domicilio. Castillo precisa que no hay elementos para acusarlo de tráfico de influencias, pues estaba cumpliendo con sus obligaciones como defensor del pueblo en la provincia insular.