Los denunciados son el alcalde Jorge Yunda, alcalde de Quito; Freddy Merizalde, ex gerente general de la empresa La Cuadra Compañía Inmoliaria y Comercializadora -Inmosolución; Gustavo Espinel Jaramillo, gerente de Geincosolución; Guido Andrade, ex gerente de la Empresa de Agua Potable.

La denuncia es por los presuntos delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, y oferta de tráfico de influencias. En su relación de los hechos, los denunciantes relataron que el 3 de febrero del 2021, la Contraloría General del Estado efectuó el examen especial de los proyectos desarrollados a través de cuatro contratos (adjuntados en la denuncia) en el cual "determinó indicios de responsabilidad penal del personal del Municipio de Quito (en concreto, EPMAPS), la companía Geincosolution y la compañía La Cuadra-Inmosolution".

Sobre el informe de la Contraloría, dice la denuncia, se desprende que "la EPMAPS contrató de manera irregular" a las compañías mencionadas. 

"El examen antes mencionado recalca que la EPMAPS nunca fundamentó su decisión de contratar bajo un régimen especial ni para contratar directamente a la compañía La Cuadra-Inmosolución, motivo por el cual se evidencia que posteriormente las compañías Geincosolution y Cevallos Hidalgo hasta en un 95% de las obras totales a realizarse". Los denunciantes citan para esta afirmación lo que dijo el ex grente de la EPMAPS, Juan Pablo Espinosa, al diario La Hora.

Piden investigar también "la relación tan cercana que mantienen varios funcionarios del Municipio de Quito (incluido el alcalde Jorge Yunda Machado) con los funcionarios de la empresa Geincosolution" y citan varios extractos de prensa de: Teleamazonas, La Hora y 4Pelagatos.

Los denunciantes son dos abogados, representantes del colectivo ciudadano Fundación Lucha Anticorrupción: Juan Esteban Guarderas (ex abogado de la Comisión Nacional Anticorrupción) y Bernardo Jijón Nankervis.

Guarderas dijo a Plan V que el pedido de investigación se basa en el informe de Cotraloría y las declaraciones "de los gerentes que fueron renunciados por no querer procesar los pagos de los contratos que estaban siendo observados. Es el asesor del alcalde el que hacia la solicitud para hacer los pagos. Esta bien el informe de contraloria y la remoción y si no se judicializa esto no hay "castigo" para la corrupción, si el castigo para la corrupción es dejar el cargo no es suficiente". 

La Fundación, dijo Guarderas, está constituyendo una veeduría para analizar los permisos de construcción en la ciudad de Quito, permisos concedidos por la Secretaría de Territorio durante la alcaldía de Yunda, especialmente a la empresa Uribe & Schwarzkopf, señaló. 

Foto: EFE. José Jácome