I. Pablo Celi: "asistimos a un montaje"

"Aquí no se ha probado nada". Con esta frase, el ex contralor Pablo Celi inició su alegato en el acto final del llamado Caso Las Torres, investigado y sustentado por la propia fiscal general, ante un tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia. Es un caso en al que la fiscal Salazar le ha dedicado su presencia permanente y el que más información ha generado la Fiscalía.

"Lo único que aquí se ha probado, continuó Celi, es una confabulación penal fraudulenta ejercida por la fiscal Diana Salazar, con una acusación sin pruebas, donde no concurren ningún elemento de un tipo penal jurídicamente insostenible. Se ah recurrido a una teoría del caso absolutamente errática, donde se parte del absurdo de un acuerdo tácito entre desconocidos, donde no hay estructura, no hay comisión de delitos finales, no existen beneficios económicos finales de ningún tipo, no existen nexos entre hechos y actuaciones. Esto no se trata siquiera de una suposición sino de una construcción malévola que pretende vincular actos administrativos legítimos. En el caso de la Contraloría, en el desvanecimiento de glosas, que ni firmé ni dispuse, se siguió un debido proceso que es competenca de la Contraloría y que no es prerrequisito de pago de ninguna factura en ninguna institución pública. 

"Se acusa sin causación, sin temporalidad, sin trazabilidad, es decir sin fundamentos ni de hecho ni de derecho. Pero lo más grave es que se acusa sin investigación mucho menos una técnica especial, como se presume. Lo que ha existido es un uso doloso de una asistencia penal internacional, la 464 del 2019, donde no consta ni Pablo Celi ni la Contraloría, donde no se refieren a ellos los procesos penales; que es usada sin autorización y transgrediendo de manera engañosa la limitación explícita que pone para su uso la justicia norteamericana. Para esto se han usado peritajes del entorno pericial próximo a la fiscal. ¿Qué podían testimoniar sino las disposiciones que tenían para armar un caso? Introdiciendo chats, reuniones y transacciones que no tienen nada que ver conmigo. Usando testimonios de condena no con testigos protegidos (sino) con hampones encubiertos a quienes la Fiscalía garantiza impunidad. 

"La carga de la prueba se la desplazó a las defensas, más allá de la ley. He tenido que probar mi inocencia con una amplísima carga probatoria y con un cotundente alegato de mi defensa la cual ni siquiera pudieron rebatir ni hacer réplica alguna. La Fiscalía no ha presentado pruebas, a lo que hemos asistido aquí es a un montaje. La sociedad ecuatoriana no está representada en la actuación de una fiscal farsante que hace un uso corrupto del cargo para perseguir por sus intereses políticos. 

II. Fiscal Salazar: "se presentaron 55 pruebas"

La Fiscal General a su vez, dijo haber presentdo 55 pruebas en las cuales se llegó a determinar con certeza la existencia de una estructura organizada, que estaba liderada desde la Contraloría, Petroecuador y la Secretaría General de la Presidencia de la República, con la ayuda de otras personas que cumplían un rol, (para) hacerse del 20% de una factura de 20 millones de dólares de la empresa Nolimit (4 millones)

Esta trama, como ya fue controlada por las autoridades norteamericanas no se llegó a establecer realmente este pago (de 4 millones de dólares), pero hay pagos chiquitos de otras facturas (del 5%) que se iban pagando en el tiempo. El señor Pablo Celi y Esteban Celi, a través de su sobrino (algo) que ahora ha sido negado, recibieron 500.000 dólares. Esos son los montos que se tienen que reparar y los cuatro millones que iban a ser de la organización.

Para la Fiscalía la investigación tiene relación con otros delitos, por ejemplo el de cohecho, que tiene una trama parecida pero es distinta, porque involucra a otra empresa pero con actores similares: el contralor general del Estado y su hermano se encargaban de desvanecer (glosas) a a cambio cobraban dinero a las empresas. Esta inforomación también nos llegó desde los Estados Unidos. Existe otra cada por lavado de activos también que se ventila en la ciudad de Guayaquil que es a raíz de la conformación de un tramado empresarial porque necesitaban entregar empresas, coordenadas de cuentas para obtener los beneficios económicos y esconder la ilicitud de estos fondos. 

La fiscal general dijo que "este es un hito en la historia de nuestro país, porque por primera vez se está juzgando en igualdad de condiciones a autoridades que se encontraban en funciones, me refiero al ex contralor general del Estado. Nadie está sobre la ley. Y todo esto ha sido posible por la cooperación, es decir por la confianza de las autoridades de justicia de los Estados Unidos tiene en la Fiscalía General del Estado.