Sybel Martínez, activista por los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, en nombre del la Alianza por la Niñez y Adolescencia Ecuador envió una carta pública a los asambleístas del Comité de Ética y de la Comisión Permanente de la Niñez y la Adolescencia de la Asamblea Nacional del Ecuador. Esta carta protesta por los actos públicos de la asambleísta Pierina Correa, hermana del ex presidente Rafael Correa y la más votada de la alianza UNES. Y dice así:

"Pocas veces causa tanta indignación y repudio en el país, actos como los que protagonizó la asambleísta Pierina Correa, el pasado 28 de junio de 2021, en la Plaza San Francisco en Guayaquil, donde firmó, acompañada de una niña víctima de abuso sexual infantil y su bebé, un “Acta por la Vida”, en apoyo al movimiento Pro-Vida.

"Esta situación que de por sí constituye una vulneración a los derechos al honor, la intimidad personal, familiar y a la propia imagen de esta niña madre y su hijo —quienes fueron fotografiados y video grabados en este evento proselitista— se agrava considerando que la arquitecta Correa ostenta una curul en la Asamblea Nacional y preside la Comisión Permanente de la Niñez y la Adolescencia. Por lo tanto, es su obligación conocer los derechos de las niñas, niños y adolescentes y velar porque estos no les sean vulnerados.

"El Código de la Niñez y la Adolescencia en su artículo 52, expresamente prohíbe la utilización de niños, niñas y adolescentes en actos de proselitismo político, así como «la publicación y exhibición de imágenes, grabaciones o referencias escritas que permitan la identificación o individualización de una niña, niño o adolescente que ha sido víctima de maltrato, abuso sexual o infracción penal, y cualquier referencia al entorno en el que se desarrollan». La obviedad de esta norma hace que la indignación tome las formas de repudio y gran preocupación, cuando quien la incumple tiene la enorme responsabilidad de encabezar las reformas al Código de la Niñez y la Adolescencia que actualmente se están analizando en la Asamblea Nacional.

"Son 13 niñas menores de catorce años las que día a día quedan embarazadas en el Ecuador, la gran mayoría producto de incesto. Es un país que ha respondido, hasta hace poco, con coerción y criminalización al sufrimiento de víctimas de crímenes atroces como el abuso sexual infantil y la violación.

La asambleísta Correa no estuvo sola, la acompañaba la asambleísta Geraldine Weber. Las dos asambleístas, en un acto ilegal e inhumano revictimizaron a dos niños en situación de vulnerabilidad, haciendo prevalecer sus convicciones religiosas personales por encima de sus derechos y de la protección especial y reforzada que dichos niños merecían.

"No es la primera vez que debemos hacer frente a este tipo de estridencias y confusiones en el país, ya en el 2019 en la Asamblea Nacional, este grupo autodenominado Pro-Vida, no tuvo reparo alguno en utilizar a otra niña y su hijo como “testimonios vívidos” y cruzada de su lucha anti derechos.

"En un país aconfesional como el nuestro, los sistemas de creencias religiosas no deben determinar en lo absoluto la trayectoria de las leyes ni tampoco deben ser el justificativo para evitar dar cumplimiento a mandatos jurisdiccionales nacionales o internacionales, como lo establecido en la Sentencia No. 34-19-IN y Acumulados emitida por la Corte Constitucional, que despenaliza el aborto por violación y manda a la Asamblea Nacional a aprobar una ley que lo viabilice. Perturba y confunde, entonces, que dichas creencias, que podrían apelar a la compasión como ha sido en otros países, en el nuestro sirvan de pretexto para pretender negar a las víctimas de violencia sexual —de forma expresa o velada— la mínima decencia humana, esto es, su derecho a decidir no continuar con su embarazo, cuando este sea producto de una violación.

"El debate en la Asamblea Nacional, respecto a la despenalización del aborto por violación se agotó en septiembre del 2019, hoy su obligación está en debatir el proyecto de ley orgánica para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación remitido por la Defensoria del Pueblo, sin anteponer prejuicios, creencias o dogmas de fe y velando por garantizar un trato digno, oportuno y humano a las niñas, mujeres y personas gestantes, víctimas de violación, que hayan decidido interrumpirlo. El incumplimiento de este mandato constitucional puede acarrear responsabilidades individuales o colectivas de orden administrativo, penal e incluso internacional contra el Estado ecuatoriano.

"Por lo expuesto, demandamos al Comité de Ética de la Asamblea Nacional que  evalúe y sancione el comportamiento de las asambleístas Pierina Correa y Geraldine Weber aplicando, sin favor ni temor, el Código de Ética por haber utilizado a una niña víctima de violación y su hijo en un acto proselitista ajeno a las funciones a ellas encomendades. Pedimos, también, a los miembros de la Comisión Permanente de Niñez y Adolescencia, que retiren su respaldo a la asambleísta Pierina Correa —quien en un acto de ética y decencia debe renunciar a esta dignidad— de modo que se pueda escoger a otra u otro representante de entre sus  miembros, a efectos de garantizar que dentro de la Comisión se legisle con conocimiento y neutralidad, no desde preconcepciones de índole distópicas y menos a partir de afinidades espirituales o religiosas".

Fotos: El Universo y Expreso