La embajada de Estados Unidos resolvió mover el avispero en el Ecuador tras algunos casos y hechos que, para la misión de ese país, representan señales claras de que el Estado ecuatoriano puede sucumbir ante el embate del crimen organizado, la corrupción, el narcotráfico y la legalidad criminal. 

Las declaraciones del embajador Michael Fitzpatrick al periódico digital Primicias han causado un remezón en las principales autoridades del Ecuador en temas de seguridad y defensa. El embajador fue soltando algunas prendas a lo largo de la conversación con la periodista Adriana Noboa:

"...en este momento, a pesar de los éxitos del Estado ecuatoriano en contra de los carteles, es obvio que hay grupos dentro y fuera del país que quisieran debilitar la democracia y el Estado de derecho, corromper el sector privado y al sector público".

"Esta semana está el caso de los ‘narco generales’ y ya hemos retirado visas. No puedo mencionar nombres".

"Nadie puede esconderse detrás de una túnica judicial para cometer crímenes. Pero ya estamos investigando todos estos casos y otros como Petroecuador, compras públicas en el sector de salud, esto incluye a los jueces, abogados, funcionarios públicos o privados. Cuando tenemos evidencia e información contundente en estos casos estamos quitando visas. Y colaborando en los casos que tienen nexos con Estados Unidos, sea en lo financiero o en otras acciones tomadas en nuestro país".

Pero la frase que encierra la justificación de las denuncias anteriores se refiere a que: "cuando la sociedad no quiere participar en la defensa de su propio Estado de derecho y de su democracia ya estamos jugando a la defensiva y hay que jugar ofensivamente, para defender la democracia con orgullo y con franqueza sobre nuestras limitaciones".

Esa necesidad de despertar al país y obligarlo a "jugar ofensivamente" es lo que llevó a Estados Unidos a una intervención de esa naturaleza por medio de su embajador en Quito. Según fuentes vinculadas a la cooperación con EE.UU. en materia antidrogas, las declaraciones fueron muy meditadas y destinadas a "mover el avispero" o dar un "golpe en la mesa".

Según las mismas fuentes, la decisión de dar estas declaraciones se tomó luego de la decisión de una jueza de devolver a cuatro generales no ascendidos a la Policía Nacional. La fuente evitó relacionar esas declaraciones del embajador con el caso en específico o si se refería a ellos cuando habló de "narcogenerales".

Para la defensa de uno de los generales en esta demanda en contra de la comandante de Policía, Tanya Varela, esas declaraciones se tratarían de una presión indebida al sistema de justicia. La decisión de la jueza fue apelada por la defensa de la general Varela y debe ser resuelta por la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.

Pero otras fuentes que hablaron con Plan V a condición de reserva dijeron que el mensaje va no solo al sistema de justicia y cómo viene actuando en temas de corrupción (la salida de Ricardo Rivera, tío de Glas, las decisiones de los jueces sobre los acusados en la corrupción en los hospitales, la protección política en la Asamblea a la corrupción en el caso Saab e ISSPOL...), sino también a la Corte Constitucional y, sobre todo, al ministerio de Gobierno y a la Policía Nacional. Es la primera vez que Estados Unidos menciona directamente la existencia de una penetración del narcotráfico en la fuerza pública incluso al más alto nivel de mando, y no se conoce si el embajador haya dicho lo mismo en privado a las autoridades ecuatorianas. 

Para Estados Unidos, Ecuador y sus autoridades no están dimensionando el peligro que esto significa para el Estado y la sociedad ecuatorianas la situación de penetración del crimen organizado en las instituciones, en la fuerza pública y en el propio sistema normativo ecuatoriano. 

Aunque el embajador de EE.UU. dice que Guillermo Lasso es un gran aliado de su país en esta lucha, la situación de cooperación antidrogas no está en su mejor momento. La reunión de la ministra Alexandra Vela con algunas autoridades estadounidenses no fueron del todo cordiales, sobre todo, se dijo en el entorno de la ministra, un alto delegado de la DEA en el Ecuador habría dicho que el país debía "agradecer" a Estados Unidos por la cooperación internacional. La reacción de la ministra fue que Ecuador reconocía la asistencia estadounidense, como lo hace con todos los países del mundo, pero que eso no implicaba "hacer genuflexiones" por una "ayuda", que significa un poco más de diez millones de dólares y "aunque fuera mucho más" Ecuador era un país soberano. El impase fue zanjado por una alta autoridad del Departamento de Estado que visitó el país y propuso términos más adecuados para la relación diplomática entre los dos países. 

El gobierno reaccionó con un comunicado a las declaraciones de Fitzpatrick. Dijo, en concreto, que no hay un solo oficial general en servicio activo al que se le haya retirado la visa estadounidense y pidió al embajador de EEUU "cordialmente" que entregue información relacionada con el tema a las autoridades ecuatorianas para que sea entregada a las entidades pertinentes.

El alto mando policial ha tomado las declaraciones de Fitzpatrick con prudencia, supo Plan V, y algunos de sus miembros consideran que puede ser una oportunidad para la actual promoción al mando de demostrar su compromiso con la lucha contra el crimen organizado. 

Foto: Diario El Universo