El correísmo arrecia los ataques en contra de la fiscal Diana Salazar. Esto, si se puede llamar, como han denunciado personajes simpatizantes de la funcionaria, que correístas y socialcristianos pretenten "tomarse" el Ministerio Público, a través de un concurso para fiscales provinciales convocado por el Consejo Nacional de la Judicatura.

De este modo, a la fiscal Salazar se le abrieron dos frentes más de polémica y los sumó a la que ya tiene casada con el Ejecutivo, específicamente contra el presidente Guillermo Lasso. En sendos comunicados, difundidos en su cuenta oficial en la plataforma Twitter, la Fiscalía General arremetió (diplomáticamente) primero en contra del Consejo de la Judicatura, CNJ, y su presidente, Edwin Terán, y luego en contra de legisladores, a los que identificó con el correísmo o del movimiento RC5, a quienes acusó de sometar a la fiscal a un acoso político de cuatro años, nada menos.

En el primer caso, el del CNJ, la Fiscalía reaccionó a la activación del concurso para la designación de fiscales provinciales por parte del Consejo. El ministerio Público pidió, en comunicado, un proceso previo de recategorización de fiscales, algo que no se ha realizado desde hace siete años.  Reclamó que para el concurso se está considerando únicamente a los fiscales de categoría 3, dejando de lado a los fiscales de categoría 1 y 2, e insistió en la recategorización "para no vulnerar el principio de igualdad de oportunidades de los funcionarios", quienes, dijo la entidad, han esperado ocho años una opción de crecimiento laboral. La entidad advirtió, de manera educada, que velará porque este proceso se realice "de manera adecuada" y "sin vulnerar los derechos de los funcionarios".

En un nuevo comunicado, la Fiscalía denunció que legisladores del correísmo, "desde abril de 2019 hasta la presente fecha (18 de abril de 2023), la Fiscalía General del Estado ha sido objeto de hostigamiento por parte de varios asambleístas del movimiento político UNES”, dijo el comunicado de la entidad publicado en Twitter. Es decir, cuatro años de "acoso". El presunto hostigamiento se traduce en el sinnúmero de peticiones que han hecho varios legisladores de la bancada correísta de temas, incluso, reservados, dijo la institución. “Bajo el mal entendido amparo fiscalizador y el abuso del mismo, (los asambleístas) han enviado un sinnúmero de oficios con el título de requerimientos de información, en los que solicitan datos de investigaciones previas”. Con eso, la entidad ha dejado entrever que hay una injerencia de legisladores en los temas de la Función Judicial. Para la Fiscalía, hay la intención de configurar un proceso de juicio político contra la fiscal, Diana Salazar. 

La Fiscalía también indica que el ataque recibido por parte de los asambleístas del correísmo “buscan asegurar impunidad en los casos”. Los requerimientos se han convertido en una pesquisa para intentar intervenir en la justicia, aseguró.

La entidad denunció además que el presunto hostigamiento incluye "entrometerse en la vida personal de la fiscal general del Estado". Se refiere al pedido de la asambleísta de UNES, Ana María Raffo, quien ha solicitado al rector de la Universidad Central del Ecuador remita la copia de tesis de grado con la cual Salazar se graduó en la Universidad Central del Ecuador. La Fiscalía dice que la hoja de vida es pública. Un abogado, entrevistado por un medio digital de Pastaza, que dijo ser compañero de aula de Diana Salazar, dijo de ella que "era bastante ociosa. Era muy mala estudiante, bastante copiona". Este video es pasto para las llamas de las redes sociales del correísmo, que incluso han etiquetado a la funcionaria como #LaCopiona. Todo retuiteado por Rafael Correa.